El paro alcanza ya a 130.755 murcianos ante la pasividad del gobierno regional de Valcárcel

MURCIA.- En marzo, 130.755 murcianos se encontraban en paro (70.393 hombres y 60.362 mujeres, 1.312 personas más respecto a febrero) ante la falta de medidas eficaces de estímulo para el empleo por parte del gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel, un 23,48% más que hace un año, y casi ocho puntos (7,91%) también más que la media nacional actual, cifrada en el 15,57% de la población activa española, según las cifras del Ministerio de Trabajo recogidas por la agencia NEM.

De esas cifras, 24.503 personas desempleadas eran trabajadores extranjeros, 3.804 comunitarios y 20.699 extracomunitarios.

También la Región de Murcia es la única española en la que desciende en marzo la contratación en términos interanuales (4,81%) pese al aumento del 12,08% en España, aunque aquí se mejora muy ligeramente en Industria y Construcción pero se empeora en Agricultura y Servicios, ante la pasividad del consejero Sotoca (en la imagen) como responsable político más directo del desastre.

Los contratos basura (un 90,89% de temporales) siguen imponiéndose al empleo de calidad (9,11% de indefinidos) del que tanto cacarea el gobierno murciano del PP, tan ajeno a la ansiedad de los ciudadanos sin expectativas de volver a trabajar a corto y medio plazo y a los jóvenes murcianos sin horizonte de encontrar una ocupación estable.

En la Región de Murcia apenas uno de cada diez parados tienen muchas posibilidades de salir del desempleo, según sostiene el propio Ministerio de Trabajo.

El responsable de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Mariano García, lamentó que el paró se haya vuelto a incrementar un mes más en la Región por encima de la media nacional.

“Los datos del mes de marzo demuestran que somos los peor preparados para salir de la crisis porque tenemos el dudoso récord de ser los que más paro acumulamos en el último año, a la vez de tener una menor empleabilidad”.

Mariano García recordó que llevamos tres años siendo la Región donde más se incrementa el paro mientras el Gobierno regional sigue “viéndolas venir, derrochando el dinero público en propaganda y sin tomar medidas efectivas para poner remedio a esta situación”.

La supuesta corrupción socialista va tomando cuerpo en Los Alcázares

MURCIA.- La empresa Garcerán Construcciones S.L. era un chollo para altos cargos y destacados funcionarios del Ayuntamiento de Los Alcázares. Y éstos, a su vez, eran un chollo para la firma constructora. Unos se beneficiaban de los otros, y los otros de los unos, en una especie de relación simbiótica económico-política que habría permitido enriquecerse a todos ellos.

'La Verdad' desveló las conclusiones de informes realizados por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), que han sido incorporados a las diligencias del 'caso Ninette', que apuntan a que el ex alcalde socialista Juan Escudero, el concejal de Urbanismo Alfredo Blanco y el secretario municipal ya jubilado, Diego Sánchez Gómez, todos ellos imputados, habrían realizado diversas reformas en sus viviendas o negocios, incluso tres chalés en el caso de Diego Sánchez y sus dos hijos, cuyo coste, en todo o en parte, no habrían abonado a la constructora Garcerán Construcciones S.L.

Ello no implicaba, sin embargo, que la firma citada, propiedad del también imputado Valero Garcerán, trabajara gratis.

Esta empresa era concesionaria de buena parte de las grandes obras municipales, como la construcción del nuevo edificio consistorial y de un aparcamiento municipal, el cuartel de la Policía Local y de Protección Civil, la ampliación de la Casa de la Juventud, el nuevo Teatro municipal..., y supuestamente se dedicaba a hinchar las facturas para cargar al Ayuntamiento el coste de las obras realizadas al ex alcalde Escudero, al edil Blanco o al ex secretario municipal Sánchez.

Como era el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, otro de los supuestos miembros de la 'trama Ninette', quien tenía que dar el visto bueno a esas facturas infladas, pues éstas pasaban el filtro sin problemas.

Si tales eran las conclusiones de los especialistas de la UDEF-BLA, a similar resultado llegan los inspectores de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), organismo dependiente de Hacienda, que también están trabajando en el caso. Así, un informe de la Delegación Especial de Murcia, remitido a finales del año pasado al Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, insiste en las obras que garcerán Construcciones S.L.

Realizó para Aurora de la Concepción Martínez Zapata, mujer del ex alcalde socialista, concretamente adecuando un local diáfano para la habilitación de una academia de enseñanza y una residencia escolar, por importe de 273.418 euros.

Pese a que esas obras habrían estado finalizadas en el año 2001, no existe en la contabilidad de la constructora ni una sola factura librada a la esposa del entonces alcalde y sólo en el 2002 aparece una factura, por importe de 88.325 euros más IVA.

Y, además, sólo existe constancia de que de ese dinero se abonaran realmente unos 30.000 euros, ingresados en una cuenta de La Caixa, "pero del resto no existe prueba alguna, ya que tampoco fueron objeto de contabilización cuando supuestamente se realizaron y no se declararon en las liquidaciones del IVA, siendo además todos ellos anteriores a la fecha de la factura", según los inspectores de Hacienda.

Serían, así pues, más de 240.000 euros los que Escudero y su esposa no habrían abonado, supuestamente, a la constructora, aunque ésta, según los informes policiales, los habría acabado cobrando mediante el sistema de inflar las facturas por las obras municipales que estaba realizando.

Por lo que se refiere al arquitecto municipal Mariano Ayuso, el informe de Hacienda desvela que éste también hizo reformas en dos locales comerciales, pertenecientes a una de sus sociedades, que habría acometido garcerán Construcciones S.L. y cuyo coste ascendía a 623.021 euros. Además, la constructora también emite facturas por importe de 125.000 euros al despacho de arquitectura de Ayuso, en concepto de "asesoramiento en instalaciones de edificios".

Pues bien, lo que han comprobado los inspectores fiscales es que Garcerán Construcciones S.L no llega a cobrar el total de 833.488 euros que le debía Mariano Ayuso y que la constructora se limita, en su libro de cuentas, a eliminarlos del balance de cuentas de pasivos.

A ese 'regalo' se suma la transferencia de cuatro parcelas por parte de la sociedad Promociones y Construcciones Nárcega S.L, también propiedad de Valero Garcerán, a una mercantil, Dekema Bull S.L., cuyo 50% pertenece presuntamente a Mariano Ayuso, aunque está a nombre de su cuñada y supuesta 'testaferro', Inmaculada Camacho Escudero.

Esas cuatro fincas estaban valoradas en más de 4,3 millones de euros y sólo existe constancia de que Dekema Bull llegase a pagar 1,8 millones. Los 2,5 millones restantes no habría llegado a cobrarlos Construcciones Nárcega, por que lo, teniendo en cuenta que Ayuso tenía presuntamente el 50% de Dekema Bull, el regalo recibido se habría elevado esta vez a algo más de 1,2 millones de euros.

Tal y como lo refieren los inspectores de Hacienda, "resulta que la empresa Nárcega transfiere de forma gratuita su patrimonio a Dekema Bull SL, en la que participa Inmaculada Camacho y en la que, según datos anteriores, resulta estar asimismo participada por el arquitecto municipal y otros".

Los presuntos regalos millonarios realizados a Mariano Ayuso por la firma adjudicataria de grandes proyectos municipales en Los Alcázares son los que llevan a Hacienda a exponer que "se aprecian indicios suficientes para presumir que estamos ante un presunto delito de cohecho", por el que señala al constructor Valero Garcerá, al arquitecto municipal Ayuso y a su cuñada, Inmaculada Escudero, también imputada en el 'caso Ninette'.

Además consideran que Valero Garcerán ha podido incurrir en un delito contra la Hacienda Pública, por importe de 319.148 euros, por el dinero que una de sus sociedades, Garcerán Construcciones, dice haber prestado a otra, Construcciones Nárcega, cuando lo cierto es que la primera empresa no recoge en s contabilidad dichas entregas en efectivo.

Miopía o miedo / Enric Sierra

Lo contó este diario el sábado. Un periodista del diario británico The Times fue avaro en su valoración del juego del equipo de Pep Guardiola ante el Arsenal y lo puntuó con un 6,5 sobre 10. La crónica colgada en la versión digital del rotativo recibió comentarios de los usuarios que discrepaban con la versión dada por el periodista. Los lectores advertían que habían visto otro partido distinto al del cronista del diario y consideraban que el fútbol desarrollado por el Barça fue excepcional.

Con anterioridad a internet, este tipo de interacción entre los lectores y los diarios no se daba y para la posteridad sólo quedaban las crónicas periodísticas. Ahora, la historia de ese partido dirá que, a pesar de lo contado por los expertos, el público quedó encandilado con el juego barcelonista. Habrá más versiones de una misma realidad, cosa que enriquecerá la visión de lo sucedido.

Hay destacadas voces del periodismo partidarias de cortar de raíz este tipo de participación de los lectores aduciendo que no aportan nada y que llegan a dejar en mal lugar a los propios medios que acogen estos comentarios.

Son voces que hablan desde la miopía periodística o desde el miedo a perder el protagonismo logrado gracias a las dificultades que la población general tenía de acceder a los exclusivos púlpitos de los medios de comunicación.

Temen que alguien de esa plebe sepa más que ellos y les saque los colores aflorando alguno de los errores que también cometemos los periodistas o contradiciendo impresiones que hasta ahora eran únicas e inapelables.

Recientemente el Consell de la Informació de Catalunya (CIC), organismo que vela por el cumplimiento del código deontológico de los periodistas, algo así como el Santo Grial de la profesión, encargó que se estudiaran los comentarios en las noticias de los medios digitales.

La conclusión que hace el CIC del estudio sufre de uno de los males que el periodismo debería evitar: la generalización. Se dice que los comentarios son malos y que habría que abolirlos porque no aportan nada. Solo les faltaba añadir algo así como "no vaya a ser que estos freakys nos quiten el pan de la boca".

La participación de los lectores en los medios digitales serios va mucho más allá de los comentarios. Además, las opiniones inapropiadas que se vierten son una minoría y un equipo de moderación los retira o evita su publicación. El resto son comentarios que, sin ser periodísticos, sirven muchas veces como fuente de nuevas informaciones tras la comprobación y contraste que conlleva el oficio del periodista.

Por tanto, que nadie se preocupe, trabajo no va a faltar. Al revés, hay más aunque no lo sepamos ver. El periodismo se debe adaptar y no enrocarse en un conservadurismo impropio de una profesión vanguardista. El público quiere opinar, ser protagonista y contar historias. Renunciar a esa nueva fuente informativa sí es inapropiado.

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100405/53901289278.html

Un particular presenta la petición para registrar el nombre 'Bancaja CAM'

ALICANTE.- El viernes 20 de noviembre de 2009 el Consell salía en defensa de la solidez de las cajas de ahorro valencianas. La intervención se producía en medio de la polémica surgida tras las declaraciones del vicepresidente económico, Gerardo Camps, que apenas dos días antes había abogado por una fusión de Bancaja y CAM tras indicar que la entidad alicantina entraría en pérdidas este año.

Las declaraciones desataron una avalancha de críticas políticas, empresariales y sindicales. Pero también tuvieron otra consecuencia hasta ahora desconocida: la Oficina Española de Patentes y Marcas recibió ese día una solicitud para registrar la marca Bancaja CAM, según 'El País'.

La petición procede de un particular domiciliado en La Pobla de Vallbona (Valencia) que debió ver más que posible la eventual fusión -a la que las dos cajas de ahorros valencianas se han opuesto por activa y por pasiva- y que también confía en sacar ventaja por solicitar el registro del nombre de las dos entidades antes que nadie.

La solicitud está en fase de tramitación y ya ha recibido cuatro oposiciones (impugnaciones), según el expediente. Las oposiciones se concretaron entre el 17 y 18 de marzo y dentro del plazo de tres meses tras publicarse la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

La petición se realizó para las actividades de "seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. Servicios bancarios".

Las solicitudes de marcas y patentes esconden, en ocasiones, propuestas sorprendentes e incluso insólitas. Cualquier motivo es bueno para intentar aprovechar el tirón de un personaje o de una situación, y tratar de asegurar algún beneficio futuro con el registro de una marca.

El modelo económico de Valcárcel se hunde y sepulta en el paro al 22,47% de los murcianos

CARTAGENA.- El responsable de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Mariano García, afirmó que “en año y medio de crisis se han derrumbado 13 años de modelo insostenible de Valcárcel. El último año y medio hemos tirado por la borda el crecimiento de los últimos 13 años, ya que la tasa de paro actual es del 22,47 frente al 20,93 del año 1997”.

Para el diputado socialista en estos años pasados “se construyó un castillo de naipes sin cimientos que se ha derrumbado bruscamente. Valcárcel, alentó un modelo insostenible y ahora tenemos unas cifras de paro insostenibles”, recoge 'Teleprensa'.

Indicó que desde el 2º trimestre de 2008, la tasa de paro de la Región de Murcia es superior a la media nacional y cada trimestre ha ido aumentando más la brecha con el resto de España.

Los datos hablan por sí solos: Del 6,6 por ciento de paro en 2007, pasamos al 22,5 en el cuarto trimestre de 2009, superando en casi 4 puntos a la media nacional y aumentando la diferencia respecto a la Unión Europea.

Igualmente, durante el último año, esta situación ha perjudicado por igual a hombres y mujeres, mientras que la tasa de paro juvenil ha aumentado casi 12 puntos, situándose en el 37,7 por ciento.

En cuanto a la tasa de paro de los inmigrantes que es más del doble que la de los trabajadores españoles, situándose casi en un 40 por ciento.

“Somos la Región donde más se incrementa el paro y el Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, oculta esta cruda realidad, consecuencia de su modelo de crecimiento, que ha enriquecido a unos cuantos pero que se está llevando por delante a miles de trabajadores”, denunció.

Concluyó que “no se puede afrontar la crisis esperando a verlas venir, presentando planes vacíos, aparentando hacer algo y repitiendo promesas que nunca se cumplen”.

Se reduce la flota pesquera murciana ante la indiferencia de Valcárcel

CARTAGENA.- El diputado regional socialista, Bartolomé Soler, reclamó hoy al Gobierno regional medidas efectivas de apoyo al sector pesquero que eviten la reducción de la flota. La falta de rentabilidad de este sector esta llevando a muchos armadores, como los de las cofradías de Pescadores de Águilas y Cartagena, a reducir sus embarcaciones.

En una moción presentada por el diputado socialista en la Asamblea Regional el pasado mes de enero, que no ha sido admitida a trámite, urgía la necesidad de que la Consejería de Agricultura y Agua, con la participación de las Cofradías de la Región, elaborará un documento que sirviera de referencia para recabar medidas de apoyo al sector y que permitieran compensar las consecuencias económicas derivadas de la nueva reglamentación comunitaria, según 'Teleprensa'.

Asimismo, proponía que la Consejería de Agricultura planteará, a través del MARM, ante las autoridades comunitarias, la necesidad de fondos adicionales al Fondo Europeo de la Pesca, que posibilitaran ayudas directas al sector, tendentes a minorar los daños derivados de la reducción del esfuerzo pesquero.

Igualmente consideraba necesaria la elaboración de un Programa de ayudas con fondos propios para inversiones en los buques pesqueros de nuestra Región.

Bartolomé Soler recordó que cuando el Partido Popular llegó al gobierno de la Región, el sector pesquero empleaba a 1.274 trabajadores. Diez años después, la ocupación había descendido a 564 empleados, un descenso del 126 %.

La edad media de los ocupados es de 45 años, hecho que indica un envejecimiento de quienes se dedican a esta actividad laboral. A los datos anteriores hay que añadir que el 80% de quienes faenan en el mar consideran que su empleo carece de futuro; que su confianza en el sector es escasa y, más de la mitad, desean cambiar de actividad; circunstancia que comparten los armadores de los barcos.

La considerable reducción de la flota, en cada una de las modalidades y en todas las Cofradías del litoral murciano, especialmente Águilas y Cartagena y la elevada edad media de la misma, que se encuentra entre las tres menos renovadas de España, concita un panorama desalentador tal y como manifestaba el Patrón Mayor de Cartagena a finales del pasado año 2009.

Con esta desalentadora situación, el presidente de la Comunidad Autónoma ha propuesto, ante el Comité de las Regiones de la Unión Europea, que las ayudas comunitarias sean concedidas solamente a pescadores y armadores que cumplan las Normas de la PPC (Política Pesquera Común) y que ejerzan su actividad de forma respetuosa con el medioambiente. “Propuesta que compartimos pero, a nuestro juicio, insuficiente para encarar los problemas del sector”.

Este año entra en vigor el nuevo Reglamento de Control y parte del Reglamento de Medidas Técnicas del Mediterráneo, que conllevará nuevas actuaciones en el desarrollo de la observancia de la pesca, así como las nuevas disposiciones de reducción de cuotas de capturas del atún rojo.

Por ello, a juicio del diputado socialista se hace necesaria la urgente adopción de medidas que ayuden a los pescadores murcianos a adaptarse a la nueva reglamentación europea y que eviten la reducción de la flota.

La Policía se emplea en Murcia para perseguir el blanqueo de dinero

MADRID.- Una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal que, desde hace cinco años al menos, venía operando en las zonas costeras y áreas metropolitanas de Murcia y Almería, ha sido desmantelada por efectivos de la Policía Nacional, adscritos a la autoridad judicial y por las brigadas especializadas del citado Cuerpo, según ha confirmado hoy la Agencia Tributaria tras quedar levantado el secreto sumarial de las actuaciones.

Una veintena de personas han quedado imputadas, de momento, por su presunta participación en una trama organizada para blanquear capitales de procedencia ilícita y, en consecuencia, defraudar a la Hacienda Pública, aunque no se descartan nuevas implicaciones de residentes en la provincia de Madrid antes de que concluya la instrucción de las actuaciones judiciales, según la agencia NEM.

Las investigaciones llevadas a cabo han servido, además, para detectar la emisión de facturas falsas por parte de diversas empresas relacionadas con el sector de la Construcción y operaciones de compra-venta escrituradas muy por debajo del valor real de mercado que, en realidad, es el que se había satisfecho y en metálico.

Entre esas personas imputadas, o que puedan serlo más adelante, se encuentran empresarios de ambas provincias, así como empleados de banca y oficiales de notaría, sin cuya necesaria cooperación presuntamente no se podrían haber consumado los supuestos delitos que se les imputan.

Todas parecen haber sido participantes o colaboradores en operaciones inmobiliares fraudulentas por medio de sociedades instrumentales insolventes sobre las que cargar las plusvalías generadas en ficticias operaciones de compra, en claro perjuicio del Erario público y en beneficio de los verdaderos compradores posteriores y de los vendedores iniciales.

Denuncian la presencia de autoridades, ejército e himno en las procesiones

MADRID.- España es un Estado aconfesional pero, cada año, las procesiones de Semana Santa se realizan con la presencia de cuerpos del Ejército o de la Policía Nacional, del himno nacional y el apoyo de las autoridades políticas.

Este año no ha sido una excepción y, durante estos días, en diferentes puntos de España se ha podido ver la presencia del Ejército, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional participando en actos religiosos como las procesiones de imágenes religiosas, denuncia el Observatorio de la Laicidad en un comunicado.

Los representantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado o del Ejército suelen participar porque, previamente, han sido nombrados "hermanos mayores" de una cofradía o hermandad católica.

Sin embargo, aunque las procesiones sean actos religiosos no oficiales, "la presencia de estos funcionarios en tales actos se hace en calidad de tales y uniformados como funcionarios del Estado", critica esta asociación.

En algunas ocasiones incluso se utiliza el himno nacional para la salida o entrada de dichas procesiones, en contra de lo establecido legalmente en el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, que regula el uso del himno nacional.

Y todas estas actuaciones suelen acompañarse de la presencia de distintas autoridades, especialmente locales en tales actos, alcaldes y corporaciones municipales.

El Observatorio de la Laicidad recuerda que toda estas acciones vulneran el principio de neutralidad del Estado y ponen en evidencia una confusión entre el Estado y una creencia particular, en detrimento de otras creencias o convicciones.

"Las personas a título personal pueden y tienen derecho a manifestar sus convicciones sean religiosas o no, pero los funcionarios, las instituciones y las autoridades no pueden, en cuanto tales, apoyar con su presencia una opción particular, sin atentar a la aconfesionalidad del Estado y su neutralidad ante las distintas opciones de conciencia que pueda tener la ciudadanía".

Sin embargo, con estas actuaciones, "el Estado parece apostar y privilegiar una determinada opción religiosa, olvidando que es la organización política de toda la ciudadanía", dice el Observatorio.

Para esta asociación, esta situación, además de recordar a actitudes medievales y nacionalcatólicas, pueden confundir a la ciudadanía que, además, sufraga con sus impuestos la presencia de fuertes contingentes del Ejército en estos actos.

Por todo ello, el Observatorio pide que se elimine la participación de los representantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que éstos no acepten y anulen los nombramientos religiosos como "hermanos mayores" o similares, que se impida el uso del himno nacional en las procesiones y que se regule la presencia de las autoridades y funcionarios que participan en estos actos de manera oficial.

AVA denuncia nuevos desplomes de rocas en la playa del Hornillo, en Águilas

ÁGUILAS.- La Agrupación Vecinal Aguileña AVA-Foro Ciudadano de Águilas advierte públicamente a aguileños y visitantes, al tiempo que denuncia la situación ante las autoridades competentes, del alto riesgo para la integridad física de las personas que suponen la caída de piedras y los desprendimientos de tierra y rocas que continúan produciéndose sobre la Playa del Hornillo, en Águilas.

El pasado mes de enero, AVA ya advirtió del peligro existente, por medio de un escrito presentado en el Registro Municipal en el que se urgía a la adopción inmediata de medidas que conjuren el riesgo existente.

Un mes después, el Ayuntamiento respondió a la Agrupación reconociendo la existencia del peligro e indicando que iba a realizar un estudio técnico de la situación de la ladera de la playa, y que había pedido a la Demarcación de Costas eliminar la zona de talud que amenazaba desprenderse.

A su vez, Costas pide al Ayuntamiento que lleve a cabo obras que debería haber ejecutado la empresa “Hacienda El Hornillo S.L.”

En definitiva, mientras la zona continúa siendo peligrosa para la integridad de las personas, por cuanto siguen los desprendimientos y el embate de las olas ya ha socavado de forma alarmante la pared rocosa sobre la que se asientan edificaciones urbanas, las autoridades municipales y estatales se limitan a encargar informes y a culparse entre sí del problema.

A la vista de la actitud de las distintas Administraciones implicadas en el tema, AVA-Foro Ciudadano de Águilas advierte de que serán responsabilidad de las mismas los accidentes que puedan producirse y que, en dicho supuesto, como agrupación vecinal con personalidad jurídica propia ejercerá las acciones que le permite la ley contra quienes resulten responsables por dejadez, acción u omisión en la situación que se denuncia.

Como prueba del elevado índice de riesgo que tiene la Playa del Hornillo, miembros de la Agrupación Vecinal Aguileña han elaborado y distribuido un reportaje fotográfico de denuncia donde se aprecia que han vuelto a producirse nuevos desprendimientos de rocas y piedras, siendo ya muy precaria la uniformidad y compactado de la ladera, que amenaza con derrumbarse en varios tramos.

AVA considera absolutamente insuficientes por ineficaces las medidas de protección adoptadas por la Jefatura de Costas, que se limitan a vallados parciales de la playa, que ya está inutilizada para el uso público en sus dos terceras partes, y a la colocación de carteles advirtiendo a los usuarios del peligro.

Dada la urgencia del problema AVA ha acordado dirigirse de inmediato, cursando sendos escritos de denuncia, a la Consejería de Política Territorial, Ministerio de Medio Ambiente y, nuevamente, al Ayuntamiento de Águilas, instando a la adopción de medidas que conjuren definitivamente el alto nivel de riesgo existente en la Playa del Hornillo, lugar muy frecuentado en época estival por aguileños y visitantes, y que la zona pueda volver a utilizarse como valor ambiental, recurso de ocio local y reclamo turístico.

IU en Totana denuncia obras chapuceras en el Plan de Obras y Servicios de 2009

TOTANA.-"Los oscuros procedimiento de adjudicación de las obras en el Plan de Obras y Servicios de 2009, ofrecen unos desastrosos resultados a tenor del estado en los pavimentos de caminos", según la nota de prensa, hecha pública por el Grupo Municipal de IU + Los Verdes en Totana.

Más de 12 millones de pesetas, ha invertido el Ayuntamiento de Totana en pavimentar el Camino del Mazarronero, cuyo asfalto se está descomponiendo a un mes escaso de su terminación, ante la pasividad de los responsables políticos y la impotencia de los vecinos y agricultores de la zona.

“De esta forma, administran nuestros impuestos los concejales del Equipo de Gobierno, presidido por Martínez Andreo, que expulsó a la oposición de la Mesa de Contratación, para que no observara los desmanes e irregularidades que se cometen con total impunidad, a cuenta del bolsillo de los totaneros…”, manifiesta el concejal de IU + Los Verdes, Juan José Cánovas.

Las “chapuzas” son generalizadas en las obras municipales, cuyo procedimiento de contratación se limita a adjudicar siempre a las mismas empresas, las obras en licitación. Son varios los vecinos que han llevado las quejas al Grupo Municipal de IU, manifestando su indignación ante la descomposición del asfalto antes de que haya pasado un mes de la finalización de las obras, cuyo coste sobrepasa los 73.500 euros.

“Las asistencias del alcalde, Martínez Andreo y Juan Morales a las corridas de toros en Almería, al final las pagan los ciudadanos de Totana con sus impuestos y sufriendo obras de pésima calidad, por un coste excesivo…”, concluye Cánovas.

El consejero Sotoca le toma el pelo a la Asamblea Regional

CARTAGENA.- El consejero de Educación, el manchego Constantino Sotoca, le está tomando el pelo a la Asamblea Regional de Murcia, donde nunca ha comparecido a instancias de la Oposición para dar explicaciones y sí para la autocomplacencia ante las preguntas de su propio grupo parlamentario, el del PP.

Los socialistas le acusan por acumular notables retrasos en los pagos a adjudicatarios de servicios, proveedores e, incluso, a los propios centros educativos para sus gastos ordinarios de funcionamiento, como el comedor o el transporte escolar, según comunicado del PSRM-PSOE.

La mayoría de los compromisos contraídos para mantenimiento en el primer trimestre de 2010 todavía están pendientes de satisfacer por parte del departamento que dirige Sotoca, quien, además, ya tiene incoados procedimientos en los tribunales penales por su arbitaria actuación en cuestiones de personal y empleo, presuntamente irregular, de fondos comunitarios.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista desea su comparecencia en la cámara autonómica para que Sotoca explique los retrasos en los pagos y la no llegada de los fondos aprobados a nuestros centros educativos.

La Inspección de Trabajo sólo levantó en la Región, 400 actas por trabajadores irregulares, hasta marzo

MURCIA.- Las inspecciones de trabajo en la Región de Murcia se incrementaron en un 43% en el primer trimestre del año 2010, hasta completar las 2.419, respecto al mismo período de 2009. Pero tan sólo se levantaron 405 actas de infracción a las empresas inspeccionadas por no dar de alta a sus trabajadores en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, con datos de la agencia NEM.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia, otras 27 personas que están percibiendo prestaciones por desempleo, se detectó que realizaban una actividad remunerada simultáneamente. Y 59 extranjeros, estaban sin permiso de trabajo en regla.

Los sectores en los que se ha volcado la citada inspección entre enero y marzo, incluso de noche y días festivos, han sido Construcción (681), Comercio (380), Agricultura (300), Hostelería (235), Servicios (182), Industria (129), otros sectores (164) y empresas intersectoriales (348).

El PSOE y el PP preparan un pacto contra la corrupción política

MADRID.- El PSOE y el PP están preparando medidas para luchar contra la corrupción política ante la multiplicación de escándalos, informa este jueves el diario El Mundo.

"PP y PSOE están a punto de alcanzar un pacto anticorrupción", escribe el periódico que citó a los responsables de los dos partidos encargados de poner en marcha el texto.

El pacto, que luego será sometido al Parlamento, prevé una serie de medidas para luchar contra los delitos financieros entre políticos y funcionarios. Varias medidas se refieren a las licitaciones y particularmente prevé sustituir por técnicos a los políticos que ocupan las carteras de urbanismo y que deciden los proyectos de infrastructuras.

Como consecuencia del 'boom' registrado en España en los últimos 15 años en materia de construcción e infraestructuras, se reprodujeron los escándalos por enriquecimientos personales de políticos locales y regionales.

El martes, Jaume Matas, ex presidente balear y ex ministro del PP, fue acusado de 12 delitos que podrían acarrearle 64 años de prisión y fue dejado en libertad con una fianza récord de tres millones de euros.

Las escrutables opciones renovables de Iberdrola

MADRID.- A veces parece que los caminos de algunas compañías son como los designios del Señor: inescrutables. Sólo parece. Si se examinan con detenimiento, se observa que simplemente tratan de obtener máximo beneficio con cuantos recursos estén al alcance. Cosa legítima en este sistema, por otra parte, aunque se disfrazan para nuevos negocios, continuando con prácticas tan bíblicas como que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, según 'Cuarto Poder'.

Es el caso de la potente eléctrica Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha aprovechado el tormentoso y reciente cónclave en Bilbao para, entre escaramuzas con ACS, lanzar un mensaje inequívoco que revela que la empresa que se proclama líder mundial en energías renovables sigue dispuesta a realizar un macroproyecto urbanístico que eliminará la penúltima zona virgen de la costa mediterránea española: la zona del cabo Cope, junto a Águilas (Murcia).

Se trata de un área que fue espacio protegido hasta que el Gobierno regional murciano lo desclasificó con su ley del Suelo de 2001. Inmediatamente, se lanzó a la palestra el proyecto Marina de Cope para urbanizar “suavemente” cientos de hectáreas con miles de viviendas, decenas de hoteles, algunos campos de golf, un gran puerto deportivo, etcétera. Uno de esos proyectos faraónicos costeros cuya paralización debemos agradecer a la tan crisis económica. Y del que ya está hecha la ruinosa autopista de peaje Cartagena-Vera.

El proyecto no salió de la nada. El principal propietario de terrenos en esa zona que fue parque regional era Iberdrola, desde antes de la protección y de la desprotección. Resulta que la eléctrica pretendió en los años setenta del siglo pasado construir una central nuclear en Cope, junto al cabo y a la marina. Por eso posee allí cuatro millones de metros cuadrados.

Aquella central nuclear no salió adelante gracias a la decidida oposición de vecinos de Águilas y organizaciones ecologistas, que consiguieron que Iberdrola abandonara el proyecto hacia 1975. Pero no abandonó los terrenos. Un cuarto de siglo más tarde, el Gobierno regional murciano, inmerso en su particular enladrillamiento de la costa, lanza el proyecto de Marina de Cope, tras desclasificar el suelo que fue parque regional durante unos años. A Iberdrola se suman en el empeño la valenciana Bancaja y la murciana Cajamurcia. Entre las tres disponen de las tres cuartas partes, calculan las organizaciones ecologistas, de los 22 millones de metros a urbanizar.

“Marina de Cope es un proyecto muy bonito y en ello seguimos”, citaba el pasado día 25 un diario regional a Sánchez Galán en Bilbao. Cinco días más tarde, el 30, la Dirección de Comunicación de la eléctrica cuenta en nota de prensa que “Iberdrola Renovables ha comprado a Caja de Ahorros de Murcia y a varios empresarios locales el 50% de las acciones de que éstos poseían de la empresa Energías Renovables de la Región de Murcia” (ERRM), con lo que aquélla se hace con el total del capital de ésta. Mera coincidencia, ERRM fue fundada en 2001, el mismo año que entró en vigor la ley regional del Suelo que desclasificó los terrenos de Marina de Cope.

La nota precisa que Iberdrola Renovables es la primera empresa en el desarrollo de esas energías en España y “líder mundial en su sector”. De Marina de Cope no dice nada. Quizá porque ERRM no opera en la costa sino en Yecla y Jumilla, también en Murcia. Sobre Cope, fue suficiente con las palabras de Sánchez Galán del día 25. Quizá los caminos de Iberdrola no sean tan inescrutables como los de otras compañías.

La filial inmobiliaria de la CAM oferta inmuebles en la costa con descuentos de hasta el 60%

ALICANTE.- Mediterranean, la filial inmobiliaria de Caja Mediterráneo (CAM), lanza hasta el 31 de mayo una campaña de promoción inmobiliaria en la costa con descuentos de hasta el 60%, financiación de hasta el 100% y la posibilidad de alquiler con opción a compra desde 200 euros al mes, según informó la entidad financiera en un comunicado.

Además de la compra, una parte de los inmuebles ofertados cuentan la posibilidad de alquiler con opción a compra, mediante la cual se puede acceder a la vivienda, sin entradas ni compromisos, y luego se puede ejercer la opción de compra en un plazo de hasta siete años.

Esta fórmula permite a los clientes estudiar la zona, comprobar si la vivienda se ajusta a sus necesidades y decidir. Además, el comprador se puede beneficiar del descuento sobre el precio final del 100% de las cuotas de alquiler satisfechas durante los dos primeros años.

El yacimiento ibérico de El Cigarralejo es declarado BIC

MURCIA.- El BORM de hoy recoge la disposición de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se declara Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de zona arqueológica, el yacimiento ibérico de El Cigarralejo, en Mula.

La citada orden viene justificada por la necesidad de proteger y conservar el patrimonio existente, su relevancia y valor, y por la necesidad de garantizar su integridad dentro del contexto que lo alberga, lo que ha motivado el desarrollo de investigaciones arqueológicas desde hace 70 años, cuya divulgación científica forma parte imprescindible de la historiografía del mundo ibérico.

El conjunto se pone de manifiesto, a través de los restos conservados, la complejidad de la comunidad allí establecida, con la particularidad de tratarse de uno de los pocos asentamientos ibéricos en los que se documenta simultáneamente el poblado, la necrópolis y el santuario, y que además ha aportado una de las colecciones más importantes, tanto por su variedad como por la riqueza de los materiales, que lo convierte en punto de referencia básico para el conocimiento de la religiosidad, ritual funerario, política y economía de la sociedad ibérica, reza la orden del BORM.

Entre los factores a tener en cuenta para su consideración como Bien de Interés Cultural, destaca que la unidad topográfica que comprende responde a una selección estratégica del territorio para el asentamiento de comunidades a lo largo de diferentes etapas culturales (Edad del Bronce, época ibérica y romana) y su ubicación en una vía natural de comunicación, como es el río Mula.

Escandalosa subvención municipal a la Agrupación Vecinal Aguileña

ÁGUILAS.- La Agrupación Vecinal Aguileña AVA-Foro Ciudadano de Águilas comunica a sus asociados y a la opinión pública en general que, tras solicitar una ayuda económica de 2.550 euros para realización de actividades culturales y de carácter social, todas ellas gratuitas, el Ayuntamiento de Águilas ha decidido concederle una subvención de cien euros.

AVA se acogió en su día a la convocatoria municipal de subvenciones realizada por las Concejalías de Cultura, Servicios Sociales y Sanidad para “apoyar y promover el asociacionismo en Águilas, así como las iniciativas culturales, sociales, formativas y de tiempo libre que proporcionen la participación ciudadana” y que van destinadas “a las asociaciones culturales y sociales aguileñas que se encuentren legalmente constituidas y debidamente inscritas en el Registro Municipal de Entidades Sin Ánimo de Lucro”, según indican las bases publicadas.

Cumpliendo todos los requisitos, AVA solicitó ayuda económica para la realización de un total de diez actividades a lo largo del año en curso, en las que podrían participar alrededor de un millar de personas, para lo que pedía una ayuda de 2.550 euros. La decisión municipal ha sido de otorgarle una subvención de 100 (cien) euros.

Esta Agrupación Vecinal se reserva su opinión, absteniéndose de valorar la resolución municipal y de realizar comentario alguno al respecto; que los aguileños saquen sus conclusiones.

Para general información de sus asociados y de los ciudadanos en general, AVA da a conocer el listado completo de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento en la citada convocatoria, que reparte un total de 25.000 euros.

Juan Hernández Calvo: 100 euros.

Simpatizantes del Real Madrid: 100 euros.

ADOCA Asoc. Deportiva Ornitológica: 100 euros.

AVA: 100 euros.

HACIA: 300 euros.

Asociación Musical Águilas Filarmonía: 100 euros

Peña Cultural Flamenca: 800 euros

Ginés Asensio Chapapría: 800 euros.

Cofradía de Pescadores: 3.800 euros

Barranco de los Asensios: 1.000 euros

Asaja: 300 euros

Hosteaguilas: 300 euros

Murga Ciegos Perdíos: 200 euros.

Asociación de Vecinos de Tébar: 1.000 euros

Milana Bonita: 500 euros.

Asociación de Radioaficionados Banda Ciudadana: 250 euros.

Arrecife: 400 euros

Ángel Juárez López: 250 euros

Patronato Musical Aguileño: 2.900 euros

Hermandad Virgen del Rocío. 250 euros

Asociación Deportivo Ornitológica Virgen de los Dolores: 200 euros

Asociación Cultural Amigos del Ferrocarril: 150 euros.

Asociación Fotógrafos José Matrán: 800 euros

Asociación contra el Cáncer: 2.700 euros

Iglesia del Buen Pastor: 200 euros

ADIA: 900 euros

Cáritas del Carmen: 200 euros

Águilas Down: 900 euros

AFEMAC: 900 euros

Asociación Alzheimer: 900 euros

Vida Activa: 900

Residencia de Ferroviarios: 500 euros

Asociación Psicólogos: 200 euros

Hospitalidad de Lourdes: 400 euros

Amas de Casa: 1.000 euros

AMIA: 400 euros

Lactancia Feliz: 200 euros.

(La relación es del propio Ayuntamiento e incluye a una asociación que denominan HACIA pero que supuestamente es ACIA (Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas)

Puntos de fricción / Mateo Peñaranda

Cuando las barbas de Matas veas pelar... Valcárcel ponte a temblar

Las investigaciones de la corrupción del PP balear han llegado a Mazarrón como las del Levante almeriense han llegado hasta Águilas. La Región de Murcia sigue en el centro de mira de la Policía y los fiscales anticorrupción en espera de la añorada señal de 'Ahora, adelante'... cualquier lunes o martes de primavera.

Tanto es así, que el representante de una organización de la sociedad civil murciana, desalentado tras tanta denuncia de supuesta corrupción más que evidente y sin respuesta aparente, ha recibido de la instancia competente la respuesta de 'Todo a su tiempo mi querido amigo', dirigiéndose a alguien que ya no confía ni en este delegado del Gobierno y solo algo más en el anterior a la vista de tan escasos resultados para tanta sinvergonzonería desatada y sin control.

Otros murcianos de bien aseguraban desde el otoño que para marzo Valcárcel se vería mucho peor que Matas pero esta es la hora de que, aparentemente, aquí no se mueve una hoja mientras nuestra corrupción institucional se jacta en privado de tener bien amarrada a la Justicia murciana, aún sin haber logrado asumir sus competencias por la resistencia del Estado de ponerlas en manos de un político tan dudoso como nuestro presidente, también observado desde Bruselas hace más de un año por cuenta de la OLAF a instancia de parte.

Lo que pasa, me dicen aqui en Madrid, es que las investigaciones no se centran solo en el entorno de San Esteban sino que tienen su hijuela cartagenera con fuerte dosis de corrupción urbanística supuesta y que vienen muy alentadas desde Murcia por dos abogados incansables en su lucha contra el crimen organizado de guante blanco: De Ramón y Mazón, dos perlas de muy diferente extracción pero con el objetivo común de poner entre rejas a los bribones que se ríen de los ciudadanos con total impunidad hasta la fecha.

La perseverancia de ambos en denunciar el abuso del poder, desde la perspectiva correctora del Estado de derecho, es lo que viene haciendo que los obligados a actuar no se duerman o se paren desbordados por otras corrupciones en otros confines. Atentos a sus movimientos y logros, aparentemente pequeños, porque la cosecha de ambos no está cayendo en saco roto y más pronto que tarde el supuesto honorable quedará convertido en el villano que es y siempre ha sido.

Mientras un caos laboral se apodera de nuestro aparato productivo, más del 40% de nuestros jóvenes abandonan sin acabar la Secundaria, La Caixa pinta para Murcia un panorama más que desolador y que obligará a emigrar, nuestra clase dirigente, apestada en el resto de España (nadie quiere fusiones con Cajamurcia y desde el PP de Alicante (no el PSOE de Toledo) nos señalan como quienes riegan campos de golf con agua del trasvase Tajo-Segura) hay quien se lo está llevando crudo tomándonos por tontos al resto de los murcianos.

¿Cómo explica el consejero Cerdá todo el dinero público dado al magnate cartagenero Alfonso García, el consejero Cruz al tal Carabantes (sucesor de Trinitario Casanova) o al intermediario de la Paramount, en Dubai; el INFO de Valverde y Sardina a Polaris (lista de papeles y en su recta final concursal), el consejero Sotoca a Miguel del Toro o la consejera García a Aeropuerto de Murcia S.A. (si es que puede finalmente), cuando la crisis se apodera de la Región por un caos laboral?

El presidente de nuestro Parlamento, como su colega balear, y nuestro presidente de la Comunidad Autónoma, como su ex par de las islas, no pueden ser ajenos, en absoluto, a tal estado de saqueo y es de suponer que comiencen a temblar ante el giro de la Judicatura ante semejante burla del sistema y el maltrato institucional al común de los mortales. Europa no puede tolerar una España arruinada por la rapiña desde el poder y es la que está exigiendo la depuración que ya notamos en Valencia, Baleares, Cataluña o Madrid.

Es de verdadero escándalo que se siga dando dinero público - ahora tan escaso para tanta necesidad- a murcianos que se van a Marruecos a cultivar un tomate que compite con el de Mazarrón y Águilas en los mercados europeos. O a las empresas del ladrillo, que han traído la pobreza a una quinta parte de los murcianos sino más.

Tampoco se entiende bien que un quebrado Servicio Murciano de Salud quede al albur de una empresa dirigida por otro político instalado sobre fundadas sospechas de corrupción aunque no sea el único.

Este mes hay quien se ha preguntado en este blog si el defensor del pueblo murciano, Ruíz Abellán, puede presentar factura de la boda de su hija en un hotel de 'Polaris' y si el ex consejero y ex director del INFO, Patricio Valverde, puede hacer lo propio con la de los muebles de su nueva casa de 'Monte Príncipe' .

Que algún ciudadano se plantee estas cuestiones en voz alta significa que el armazón está podrido y lo percibe aquel observador de la realidad circundante.

Y sirva el final para dejar patente el comportamiento del tándem Saura-Tovar con el ex delegado del Gobierno, Ángel González, desde que lo consiguieron echar del cargo.

El catedrático fallecido es cierto que, en ocasiones, se reportaba a quien políticamente no debía pero sí se debía en virtud de su biografía. Nada que no haga el actual y hasta el mismo Saura sin la más mínima consideración a Zapatero; por cierto, a quienes los amigos del presidente de la Confederación, Zorita, han llamado por las calles 'Hijo de puta' sin que nadie de 'los suyos' le defienda.

Pero me consta que Zapatero tiene tomada buena nota de todo y sabe también qué entidad de ahorro financió los autobuses para que los regantes-agitadores murcianos hiciesen bulto en Valencia para complacencia del cuestionado señor Camps, el amigo de Valcárcel para la estrategia hídrica, y los tres en raya si añadimos a Jaume Matas y las investigaciones de los grupos especializados de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hay tema... y esperanza. Sin duda.

MANIFIESTO POR LA JUSTICIA DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN

El juez Baltasar Garzón ha ejercido una justicia de forma continuada y valiente durante veinte años en la Audiencia Nacional, comprometida con la defensa de los derechos humanos en España y en el mundo contra dictadores, terroristas, corruptos y enemigos de la democracia.

El juez Baltasar Garzón ha sido uno de los principales promotores del desarrollo en España del principio de Justicia Universal.

El juez Baltasar Garzón es víctima de una campaña promovida por sectores de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias, con una sorprendente connivencia de algunos sectores progresistas.

El proceso contra el juez Baltasar Garzón es en realidad un juicio sumario contra los defensores de la Democracia, la Justicia y los Derechos Humanos y a favor de la impunidad de crímenes muy graves de carácter internacional.

El juez Baltasar Garzón está siendo juzgado por una sala del Tribunal Supremo en la que la mayoría de sus miembros juraron lealtad al Movimiento Nacional del franquismo.

Una sentencia adversa al juez Baltasar Garzón, tras agotar las instancias judiciales españolas, acabaría probablemente con una superior sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español.

El juez Baltasar Garzón representa el modelo de justicia basado en la defensa de los Derechos Humanos conforme con su Derecho Internacional que millones de ciudadanos y víctimas reclaman en todo el mundo.

Ya en 2008 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Estado español la derogación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977.

Este caso vuelve a demostrar la necesidad de la Justicia Internacional. Incluso España, el país que intentó procesar al dictador Pinochet, es incapaz de juzgar su propia dictadura. Y quien lo intenta, es juzgado por ello.

Firma en esta dirección de la Plataforma de Apoyo al Juez Garzón

http://www.congarzon.com/#cf_field_5

El abogado Mazón se acerca peligrosamente a Valcárcel y al Cristo de Monteagudo

MURCIA.- La Sala de Lo Civil y Penal del TSJ de Murcia ha reclamado informe al Fiscal Superior, que tiene de plazo un mes para contestar, sobre la competencia y el fondo de la querella presentada por el periodista José Juan Cano Vera y el abogado José Luis Mazón, por el caso de la 'Balsa Jenny', contra dos consejeros del Gobierno regional a la fecha de aceptación de la donacion de la propiedad de la finca donde se ubica la citada balsa.

Al mismo tiempo ha recibido el decreto de la Fiscalía Anticorrupcion por el que se archivó en su día la denuncia derivada por el Fiscal Jefe del TSJ de Murcia, en base a que no quedó acreditado suficientemente la perpetracion del delito, según se informa desde el despacho del letrado.

De prosperar la pretensión de los querellantes y, por elevación, las presuntas responsabilidades penales podrían alcanzar finalmente al mismo presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, con un procedimiento muy parecido al que se ha seguido en Baleares para incriminar al expresidente Jaume Matas, lo que presta a esta querella un relieve considerable ante sus eventuales repercusiones.

Por otra parte, y según informa igualmente el bufete del abogado murciano, la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso para la retirada de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús, más conocida como Cristo de Monteagudo, de su actual ubicación sobre un Bien de Interés Cultural (BIC) propiedad del Ministerio de Economía y Hacienda.

La citada Sala emplaza al Ministerio para que le remita antes de cinco días, o recurra en contrario, el expediente desestimado por silencio administrativo para la retirada del espacio público de un símbolo religioso.

Alertan de que el precio del porcino cae un 10% en el último mes

VALENCIA.- Organizaciones del sector alertaron hoy de que las cotizaciones del porcino han descendido para los ganaderos un 10 por ciento en el transcurso del último mes hasta situarse en unas cifras "muy preocupantes para el futuro" de muchas explotaciones de la ComunidadValenciana, según informó hoy la asociación sindical en un comunicado.

De una cantidad de 1,15 euros/kg animal vivo se ha pasado en estos momentos a 1,04 euros/kg animal vivo en el transcurso de la última semana. Los precios del porcino en el resto de países europeos "contrastan" con los del Estado español, pues hay diferencias "sustanciales" como en Portugal, +52 por ciento; Alemania, +27 por ciento; Países Bajos, +21 por ciento; Dinamarca, +11 por ciento; Francia, +5 por ciento; e Italia, +1 por ciento.

En estos momentos, y "debido a la crisis", indicó el sindicato, "se estima que un 20 por ciento de las granjas de la Comunidad Valenciana se mantienen inactivas porque las empresas integradoras no entran animales para que los ganaderos realicen los servicios de cría y engorde".

"El problema es que el sector porcino encadena crisis tras crisis en los últimos años", subrayó.

La primera se inició en 2007 por el "encarecimiento de los piensos que disparó los costes de producción", señaló una organización, que explicó que "una vez estabilizadas las cotizaciones de los piensos, la crisis económica general ha provocado una recesión del consumo en España y un retroceso de las exportaciones".

Se insiste en "poner en marcha, de forma urgente, una serie de medidas por parte de la Administración estatal y autonómica para salvar a un sector relevante para la economía de la Comunidad Valenciana, pues es el segundo, tras los cítricos, con mayor importancia en la Producción Final Agraria".

Entre las medidas reclamadas por el sindicato, se encuentra la de estimular el consumo mediante campañas de promoción debido a que la crisis económica "ha provocado un retroceso en la compra por parte de los consumidores españoles a pesar de que el Ministerio de Medio Rural alardea de una situación favorable y una recuperación de los márgenes, así como la necesidad de un contrato de integración pues la mayoría de las granjas funcionan bajo ese sistema y no existen un contrato-tipo en el cual figuren las obligaciones del integrado y de la integradora".

También se reclama la "adopción de un periodo máximo de pago", pues la Ley de Morosidad determina que el plazo de pago a falta de pacto entre las partes, sea de treinta días tras la fecha que el deudor haya recibido la factura o solicitud de pago. Actualmente, "algunas integradoras pagan de 90 a 120 días, incumpliendo claramente la ley", denunció.

Otras medidas que solicita el sindicato pasan por el "aumento" de las subvenciones al coste del seguro de recogida de cadáveres o por la "transparencia y limitación" de márgenes comerciales ya que "se requiere una clara y visible identificación del origen hasta el consumidor final, además de la publicación de una Ley de limitación de Márgenes Comerciales para garantizar un incremento de precios razonable entre el productor y el consumidor que eviten situaciones abusivas".

En la Comunidad Valenciana existen un total de 1.180 explotaciones de porcino con un censo que ronda la cantidad de 1.315.000 animales, según el Registro de Explotaciones Ganaderas de 2009. El sector porcino representa el 67 por ciento del total de la cabaña ganadera de la Comunitat Valenciana.

La provincia de Castellón concentra el 58 por ciento de las explotaciones, la de Valencia el 36 por ciento y la de Alicante el 6 por ciento.

El PSRM pide un plan de saneamiento del SMS

CARTAGENA.- El responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que pide la elaboración de un Plan de Saneamiento Económico y Financiero del Servicio Murciano de Salud (SMS).

El objetivo es garantizar el reforzamiento y la sostenibilidad del sistema sanitario público y solucionar de manera definitiva el déficit acumulado.

Carpena explicó que el Servicio Murciano de Salud, desde que en 2002 se concretaron las transferencias sanitarias, viene arrastrando un considerable déficit presupuestario. A diciembre de 2008 superaba los 500 millones de euros, de los que más de 370 millones correspondían, en esa fecha, a deudas con proveedores.

Solo en tecnología sanitaria se deben más de 202 millones de euros, lo que sitúa a Murcia como una de las comunidades autónomas más endeudadas de España, según FENIN (Federación Española de Proveedores de Tecnología Sanitaria).

Dicha situación económica supone, entre otras cosas, un importante aumento de la morosidad, de los más elevados de todas las comunidades autónomas. La media nacional de días de pago a los proveedores está en 269 días, mientras que en nuestra Región la media alcanza 529 días.

Esta situación de morosidad, además de incumplir la Ley de Contratos del Sector Público, de 2004, que fija el plazo de pago en 60 días, supone la obligación de pagar intereses de demora, aumentando la deuda a liquidar; además, según indicó el diputado socialista ha afectado de manera importante la viabilidad de cientos de empresas, pequeñas y medianas de la Región, con una importante reducción del empleo.

De hecho, CROEM ha intervenido públicamente en numerosas ocasiones para que las empresas cobrasen lo que se le adeuda en el plazo más breve posible.

Como prueba de esta situación, desde julio de 2009 solo se ha pagado a los farmacéuticos el 80 % de su facturación hasta fin de año y también se congeló el pago a los Centros hospitalarios concertados, aplazando el pago para el año 2010, “con lo que supone de hipoteca del presupuesto y generando una especie de círculo vicioso que acarrea más deuda y más déficit cada año”.

El Servicio Murciano de Salud realizó hace unos meses distintas operaciones bancarias (tipo confirming) de cara a garantizar el pago parcial de determinadas facturas que se presenten al cobro desde el mes de diciembre de 2009, sin embargo no aporta soluciones definitivas para la deuda acumulada hasta esa fecha.

El reciente Pacto por la Sanidad, firmado entre el Ministerio y los consejeros de todas las comunidades autónomas tiene como objeto realizar medidas de racionalización del gasto en la sanidad pública, aunque no asumirá el déficit acumulado.

Por eso, Domingo Carpena añadió que como garantía del cumplimiento de los objetivos, actuaciones y actividades del Servicio Murciano de Salud, especialmente, para el reforzamiento del sistema sanitario público y la sostenibilidad del mismo, y con la intención de disminuir el déficit arrastrado, bajar los periodos de morosidad, solucionar las dificultades en muchas empresas proveedoras y ofrecer solvencia económica de cara a las compras e inversiones futuras, “se hace necesario e imprescindible elaborar estrategias económico-financieras y adquirir compromisos políticos que sirvan de una manera definitiva para solucionar este problema que amenaza a nuestra sanidad pública”, según recoge 'Teleprensa'.

El proyecto 'Aula XXI' de Valcárcel deja sin ordenadores a 16.000 estudiantes de la Región

MURCIA.- El secretario de Educación del PSRM, Sebastián García Tomás, señaló hoy que “el Gobierno Valcárcel condena, sin mostrar el más mínimo escrúpulo, a dieciséis mil escolares murcianos a no disponer de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al negarse, una vez más, a poner en marcha programas del Gobierno de España”. García Tomás resaltó que Valcárcel “hace prevalecer sus intereses políticos en detrimento de las necesidades educativas de nuestros escolares”.

El socialista García Tomás destacó que “tan injusta, e injustificable, ha sido esta decisión del gobierno regional, que ahora ha aprobado otro proyecto estableciendo unas aulas digitales que son, prácticamente idénticas a las del programa del Ministerio de Educación, pero de alcance mucho más reducido pues al final pretende hacer con 40 aulas lo que había rechazado hacer con 700”.

Sebastián García Tomás añadió que “a la discriminación con respecto a los escolares de otras regiones que antes suponía el no participar en el programa “Escuela 2.0”, se suma una nueva discriminación dentro de la Región.Pues con el proyecto de Valcárcel, 30 municipios no tendrán ningún aula digital en 5º de Primaria, y en 13 municipios sólo contarán con una. Habrá municipios donde sólo algunos jóvenes participarán en este proyecto, mientras que la mayoría se quedarán al margen, incluso dentro del mismo colegio”.

García Tomás, recordó que nuestra Comunidad está en los peores puestos de los principales indicadores educativos, y se preguntó una vez más “por qué los chicos y chicas de la Región no pueden disponer de los mismos medios para su formación que los de otras comunidades autónomas vecinas”.

El secretario de Educación del PSRM, instó a Valcárcel a que “recapacite, y se ponga en la piel de las madres y padres de nuestra Región que verán cómo sus hijos no podrán formarse en las mismas condiciones que el resto de españoles. Valcárcel debe invertir en educación y dejar de despilfarrar el dinero de todos los murcianos y murcianas”.

García Tomás criticó también el hecho de que la puesta en marcha del Plan alternativo de Valcárcel haya sido poco transparente, “pues la convocatoria no se ha publicado ni en el BORM ni en el portal educativo y, aunque en la resolución se establece un baremo, no se ha publicado ni la relación de centros solicitantes, ni la puntuación obtenida por cada uno de ellos”, según 'Teleprensa'.

Iberdrola Renovables compra el 50% de Energías Renovables de Murcia

MURCIA.- Iberdrola Renovables anunció el martes la compra a Caja de Ahorros de Murcia y varios empresarios locales del 50% de las acciones que éstos poseían de la empresa Energías Renovables de la Región de Murcia (ERRM).

La filial de renovables de Iberdrola no desveló el importe de la transacción.

Iberdrola Renovables, que ya era el máximo accionista de esta empresa con la mitad del capital, adquiere así la totalidad de la primera empresa eólica de la región de Murcia.

Energías Renovables de la Región de Murcia, creada en 2001, dispone de una potencia instalada de 140 megavatios (MW) y tiene seis parques eólicos en funcionamiento, según datos de Iberdrola Renovables, según informa la agencia británica Reuters.

La Consejería de Educación margina a los colegios e institutos de Águilas respecto a "Aula XXI"

ÁGUILAS.- La Agrupación Vecinal Aguileña AVA-Foro Ciudadano de Águilas critica duramente la decisión de la Comunidad Autónoma, ejecutada a través de la Consejería de Educación, de no conceder a ningún instituto ni colegio aguileño la posibilidad de participar en el proyecto piloto ‘Aula XXI’.

"De forma inexplicable, Águilas ha quedado al margen de dicha experiencia piloto regional, según la información facilitada por la propia Consejería, siendo así el único municipio de la comarca del Guadalentín que no dispondrá de la infraestructura tecnológica que, por el contrario, sí les ha sido concedida a Lorca, Puerto Lumbreras, Mazarrón y Totana: conexión inalámbrica, pizarra digital, cámara de documentos, libros digitales y, además, un ordenador portátil para cada alumno", dice un comunicado de AVA.

La Agrupación Vecinal Aguileña ha decidido enviar de inmediato un enérgico escrito de protesta al presidente de la Comunidad Autónoma, así como el consejero de Educación, Formación y Empleo, exigiendo una explicación de los motivos por las que han sido rechazadas todas las solicitudes de adhesión al citado proyecto y que en su día fueron presentadas por varios centros educativos aguileños.

"Esta incomprensible decisión de la Comunidad Autónoma supone que los aguileños queden excluidos del citado plan, en el que sí podrán participar más quinientos alumnos de quinto curso de Primaria y otros quinientos de primero de la ESO pertenecientes a cuarenta centros de una veintena de otros municipios murcianos, entre los que se encuentran todos los que integran la comarca del Guadalentín excepto Águilas.

También resulta triste y sorprendente el enorme fiasco del Ayuntamiento de Águilas y el endeble peso específico de su concejal de Educación, al no haber sabido respaldar los proyectos presentados por sus centros educativos", continúa la nota.

" La bochornosa marginación a que ha sido sometida Águilas, al no incluirse ninguna solicitud aguileña al citado proyecto, choca con el manifiesto interés mostrado por la Comunidad Autónoma para volcarse en aquellos municipios a los que se les ha permitido integrarse en el proyecto: así, las aulas seleccionadas de los colegios elegidos ya han sido dotadas de conexión inalámbrica y de la red eléctrica adecuada para soportar la conexión simultánea de los ordenadores. Además, la Consejería ha formado a 300 profesores (ninguno de ellos pertenece a centros aguileños, naturalmente) en nuevas tecnologías y en el uso de los recursos didácticos facilitados", concluye.

Lo que nos llevamos a la boca / Gustavo Duch Guillot *

Si atendemos a los comunicados de, por ejemplo, la Asociación Médica de EEUU, deberíamos asegurarnos de que cada uno de nosotros y nosotras estemos bien lejos de la exposición a los pesticidas. Según dicen, “existe incertidumbre acerca de los efectos de la exposición prolongada a dosis bajas de pesticidas. Los sistemas de supervisión actuales son inadecuados para definir los riesgos potenciales relacionados con el uso de pesticidas y con enfermedades relacionadas con pesticidas. (…)

Teniendo en cuenta esta falta de datos, es prudente limitar la exposición a pesticidas y usar los pesticidas químicos menos tóxicos o recurrir a alternativas no químicas”. Pero caminamos en el sentido contrario, porque, además de la exposición directa que sufren muchas personas, por ejemplo, trabajadoras y trabajadores agrícolas, todos, poco o mucho, acabamos tragando alguna clase de pesticidas transportados por los alimentos que contienen transgénicos, cuando tenemos –como recomienda la asociación– una alternativa, mejor dicho, un derecho, muy sencillo: disponer de comida libre de transgénicos.

En la actualidad, dos de los transgénicos más extendidos llegan, aunque sea en bajas dosis o como residuos, a nuestros platos. Soja bañada de un pesticida llamado glifosato y maíz que incorpora una toxina letal para los insectos.

La soja –no la confundamos con la usada en la alimentación asiática– nos llega desde el cono Sur de Latinoamérica y especialmente de Argentina, y su rasgo transgénico la hace inmortal a dicho pesticida; por lo tanto, se le riega y se le riega con esa sustancia. Aunque aquí no consumimos esa soja directamente, es la base de la alimentación de nuestra ganadería intensiva y un ingrediente importante de la comida industrial, donde la encontramos en forma de lecitina en la bollería, las salsas, las papillas, etc. ¿Y qué ocurre con los seres humanos que entran en contacto directo con el glifosato, como ocurre en muchas poblaciones de esas regiones?

Los datos empíricos son claros: malformaciones embrionarias, enfermedades dérmicas, respiratorias y aumento de casos de cáncer. Y en el laboratorio, cuando se estudia con animales, hay ya numerosos y rigurosos estudios muy preocupantes que han determinado, por ejemplo, que el glifosato puede inhibir el cese de la reproducción de una célula en ensayos sobre el erizo de mar; que la aplicación de glifosato sobre fuentes de agua con anfibios en desarrollo destruía el 70% de la biodiversidad de anfibios y el 86% en renacuajos; que hay una estrecha relación entre Linfoma No Hodgkin (un tipo de cáncer) y el glifosato; y, por último, los más conocidos estudios dirigidos por el doctor Gilles-Eric Seralini, de la Universidad de Caen en Francia y asesor de la Comisión Europea, que demuestra en unos trabajos publicados en la revista Scientific American que tal sustancia produce la muerte de las células embrionarias, placentarias y del cordón umbilical, dando origen a malformaciones, teratogénesis y tumores.

El mismo Dr. Seralini alerta, en un reciente estudio publicado en International Journal of Biological Science, sobre qué le pasa a los animales de experimentación alimentados con maíz con las toxinas Bt antes mencionadas: a los tres meses en los análisis de sangre encuentra un aumento de grasa en sangre, de azúcar y problemas de riñones y de hígado. Este maíz, aunque sólo está aprobado para alimentar ganado, lo tenemos más cerca. En España hay 100.000 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz transgénico. La contaminación de este maíz a los cultivos convencionales o ecológicos para el consumo humano está demostrada. Saquen ustedes la conclusión.

Y ahora la Comisión Europea ha aprobado un nuevo cultivo transgénico, la patata. Al igual que el maíz y la soja (mayoritariamente de Monsanto, al igual que el glifosato requerido) se trata de un cultivo para usos industriales y piensos. Basf, propietaria de la frankenpatata, aspira a ganar unos 20 millones de euros al año. La modificación genética, esta vez, no tiene que ver con pesticidas, se trata de hacer más aprovechable su almidón, pero lleva, como alertan las organizaciones ambientalistas, genes resistentes a los antibióticos. ¿Y para qué le sirven en este caso? En el campo para nada. Sólo son utilizados como marcadores para localizar los genes modificados en los laboratorios. Pero, en cambio, si entran en la cadena alimentaria favorecerán la creación de resistencia de las bacterias a esos antibióticos. Y perderemos un recurso médico.

Estas son algunas de las hipótesis de los efectos sobre nuestra salud. Pero me queda uno. Miren, a medida que los transgénicos avanzan, desaparecen las pequeñas fincas productoras de alimentos diversos y de calidad. La soja arruina a las chacras y tambos y en Argentina han de recurrir entonces a alimentarse de carne producida intensivamente, siempre menos saludable que la producida extensivamente, sin nada más que sol y hierba. Y en España el avance del maíz significa la desaparición del pequeño hortelano y hortelana, y nos queda comer lechugas y tomates (porque no hay mucha más variedad) producidos bajo plásticos con mucha química encima.

¿Son los transgénicos la solución contra el hambre? Si no están destinados para el uso humano, está claro que no. Y si cuando nos los comemos nos pasa como a los ratoncitos, ¿por qué no se prohíben? Nuestra mesa está gobernada por Monsanto, Basf y compañía.

(*) Gustavo Duch es editor de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’. Autor de ‘Lo que hay que tragar’. Diario 'Público'.

El PSOE no se olvida de los trabajadores fijos 'discontinuos'

MADRID.- El PSOE no se olvida de los más de 400.00 trabajadores españoles fijos discontinuos con insuficiente cotizaciones sociales, fundamentalmente en la agricultura y la hostelería, y la mayoría afincados en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Canarias, en estos momentos de crisis y desea posibilitar legalmente su acceso a las prestaciones por desempleo, según recoge la agencia NEM.

La insuficiente cotización de estos trabajadores a la Seguridad Social aconseja ahora a los socialistas solicitar a su propio Gobierno un estudio para identificarlos y posibilitar que puedan acceder a la prestación por desempleo con un mínimo de cuatro meses de contribución al mantenimiento del sistema desde los 180 días, si se computan las horas extras, que siempre suelen hacerse en la temporada.

La actual incertidumbre viene retrasando, sobre todo en la hostelería, la recluta de personal por parte de las empresas, tal como ya sucedió el año pasado, al igual que las reducciones de jornada ante una menor demanda como efecto directo de la crisis económica, lo que se traduce en muchas menos horas por las que poder cotizar empleadores y empleados.

Diego de Ramón alerta a Anticorrupción sobre las adjudicaciones 'a dedo' a una empresa de Miguel del Toro

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón ha alertado a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, y tambiérn lo ha puesto en conocimiento del Fiscal General del Estado y del CNI (a efectos de seguridad nacional), sobre posibles casos de corrupción política en materia de contratación administrativa, y otras actividades presuntamente delictivas, en la Región de Murcia "por falta de transparencia y legalidad".

Según ese escrito, y tras comparecer ante el Tribunal de Cuentas con el fiscal del mismo, José Ángel Serrano Herráiz en expediente abierto por "irregularidades graves" y "presuntamente delictivas" a la Consejería de Educación por adjudicaciones de obras millonarias a determinadas empresas, entre ellas 'Trimptor', de la que es titular el presidente de la CROEM y vicepresidente de "Cajamurcia", Miguel del Toro (en la imagen), sin cumplir ningún trámite de contratación administrativa, el letrado se apoya en el dictámen 215/2008 del Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia.

Pero, igualmente, en otros quince dictámenes del citado Consejo por omitir al interventor y con reconocimiento de obligaciones o gastos.

De Ramón denuncia la "contratación a dedo", con modificaciones presupuestarias posteriores como denominador común, no justificadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, de dos colegios (Lorca y Pozo Estrecho) con la empresa 'Trimptor'.

El letrado pide se dé traslado de las actuaciones al fiscal del Tribunal de Cuentas para que las pase a los tribunales penales "por indicios de responsabilidad criminal" al conculcar derechos constitucionales de terceros por "falta de concurrencia y publicidad en la contratación" alegando un supuesto interés público "que favorece siempre al contratado".

En su escrito a Anticorrupción, De Ramón pone en su conocimiento que no se tienen en cuenta a la hora de esas contrataciones a dedo, cuando los órganos de emisión de dictámenes con facultades de supervisión administrativa "indican que van contra la normativa de contratación, como el Interventor General, que fiscaliza los pagos en materia presupuestaria, los Servicios Jurídicos Generales y el propio Consejo Jurídico de la Región de Murcia".

A juicio del citado letrado, "no basta con invocar el interés público, contraviniendo totalmente la ley" y llega a afirmar en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, que "se han dado presupuestos de hechos tipificados en el Código Penal", excluyendo aquellos que dieron su informe en contra, como el Interventor General.

Finalmente, Diego de Ramón pide la relación de empresas que, de forma continuada y repetida, han obtenido en los últimos diez años "ayudas, subvenciones y donaciones a fondo perdido" por parte del INFO, y aquellas que "han obtenido recalificaciones de más de 40 millones de m2", entre ellas la Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como "qué empresas en los polígonos industriales de los Ayuntamiento del mismo color político que el Gobierno regional, desarrollan con carácter continuado, naves, planes industriales, etc, además de la empresa 'Zincsa", de Cartagena".

Carta abierta a un policía local de Cehegín / Santos López

Estimado señor:

La casualidad ha hecho que hace menos de una hora, usted y yo, hayamos vuelto a cruzar unas palabras. Nada anómalo, si tenemos en cuenta que usted es policía local en mi pueblo, Cehegín, y yo soy un ciudadano del mismo. La anomalía, aquello que me trae a relatar lo que sigue, viene como consecuencia de la percepción que uno ha tenido tras el mencionado cruce de palabras.

En una sociedad libre, democrática, nada encorsetada en modos del pasado, la función de un policía es la de ayudar al ciudadano. Evidentemente, el policía, dadas las características de su profesión, tiene a mano una herramienta de disponibilidad inmediata que no tiene el ciudadano de a pie, como es la de formular denuncias que incluso puedan ir acompañadas de multas, todo ello, con la inmediatez citada.

Grosso modo, esas son algunas de las características que acompañan su quehacer; en ningún caso, tiene usted en su mano el prohibir todo aquello que le venga en gana, y mucho menos, el hacer mofa de la reacción de un ciudadano cuando éste, libremente, sin infringir norma alguna, prefiere cerciorarse de la información que cree, aunque sea erróneamente, no ser suficiente respecto del pequeño problema suscitado.

El escenario, en el que se ha desarrollado la pequeña, para mi importante, anécdota que da pie a este comentario, se sitúa en la Plaza de la Verja de nuestro pueblo. Un amigo y quien escribe, tratábamos de llegar a casa, tras una mañana de ruta ciclista, cuando al llegar a esa altura, un compañero suyo nos indica que habíamos de girar hacia la plaza de toros, dando un giro de 180º respecto de la trayectoria que pretendíamos seguir. Todo ello, como consecuencia de la procesión católica que en esos momentos pasaba por ese lugar.

Le indico a su compañero que nuestra casa está muy cerca, nos bajamos de la bici, e iniciamos la marcha a pie hacia nuestra dirección, aún sabiendo que podríamos toparnos con la procesión y, por tanto, no poder seguir.

Lo malo de todo esto, ha sido su irrupción: cuando su compañero, con mucho sentido común, nos estaba dejando hacer, va usted y se acerca, he percibido que con cara de pocos amigos, pero eso entiendo que es muy subjetivo, para increparnos, o mejor, increparme a mi, ya que mi compañero tal vez por no ser de este pueblo, prudentemente, se ha detenido para ver que ocurría, y aunque yo le decía que pretendía ver si era posible pasar, puesto que la curva me lo impedía, usted ha insistido y ha echado mano de la mofa y el sarcasmo para dirigirse a mi.

Le informo, que tras dar la vuelta, y entrar por la primera bocacalle que hemos tenido a mano, hemos comprobado que lo que se veía desde nuestra posición era el final de la susodicha procesión.

Por tanto, para usted ha primado más la prohibición que la información. Insisto, a usted, la sociedad, le paga para informar no para prohibir, sobre todo cuando los hechos, como el que relato, no dan pábulo a prohibición alguna. Obviamente, le hablo desde mi condición, y lo digo a boca llena, de ciudadano cívico que procuro, y creo no desviarme jamás, cumplir fielmente con todas las normativas sociales de las que nuestra sociedad se ha dotado para una convivencia cívica en la cual primen el respeto y la tolerancia.

En fin, esa ha sido la pequeña anécdota que nos ha tocado vivir, hace poco más de una hora. Antes de terminar, quisiera conectar, aunque sólo sea de pasada, lo relatado, con el artículo anual que Javier Marías escribe en El País Semanal sobre como las huestes católicas, por Semana Santa, se hacen dueñas de la calle e interrumpen toda actividad ciudadana con todos los recursos sociales a su servicio.

Javier Marías, suele terminar su artículo reflexionando sobre qué ocurriría si cualquier otra Asociación, que no fuese la Iglesia, tratase de controlar por una semana toda una ciudad, el suele hablar del centro de Madrid, teniendo a su servicio todos los recursos humanos del Ayuntamiento, el cual se nutre, económicamente, y ha de estar a disposición de católicos y no católicos.

Santos López Giménez

Pd: esta carta ha sido escrita a las dos de la tarde de hoy, 28 de marzo.