MURCIA.- El columnista Ángel Montiel revela hoy en su columna habitual de 'La Opinión', versión digital, que el consejero y fiscal Manuel Campos era una suerte de talismán para los imputados del Gobierno regional y del PP y que Valcárcel, a su marcha, recomendó a Garre mantenerlo a toda costa en el gabinete 'por seguridad jurídica'.
Bajo ese eufemismo, Montiel ve una forma de hilo directo con la Fiscalía aunque, a su juicio, Campos acabó siendo una especie de coleguilla de los imputados al estar en excedencia y poder asesorarles en cada momento, sabiendo, como sabe, las claves internas del Ministerio Público.
Cuando mañana miércoles se reincorpore a su plaza de fiscal en Murcia hay expectación sobre como le reciben sus verdaderos colegas tras saber hoy por Montiel que "iba y venía con chismes de un lado a otro y evaluaba con algunos de los
imputados de dentro y de fuera del Gobierno la evolución de los casos, o
bien advertía sobre nuevos movimientos judiciales o de investigaciones
que afectaban a este alcalde o a aquella alcaldesa. Todo de manera
discreta y confidencial".
Por seguridad jurídica / Ángel Montiel
Mantén a Campos porque te dará
seguridad jurídica”. Es el curioso consejo que le ofreció Valcárcel a
Garre para indicarle que el fiscal era uno de sus intocables. El
pretexto no puede ser más rebuscado, pues la Comunidad Autónoma, que es
la primera empresa de la Región, dispone ya de los servicios jurídicos
más dotados y competentes que los que pueda contar cualquier otra
institución o entidad. Por esa regla de tres todos los consejeros
debieran ser fiscales, jueces o abogados. En realidad, la permanencia y
continuidad de Manuel Campos en el Gobierno se debe al interés de
Valcárcel por mantener una fuente de contacto con la Fiscalía en estos
tiempos convulsos plagados de desagradables sorpresas para los confiados
administradores de los recursos públicos.
El propio Campos era consciente del papel que le tocaba, e iba y
venía con chismes de un lado a otro y evaluaba con algunos de los
imputados de dentro y de fuera del Gobierno la evolución de los casos, o
bien advertía sobre nuevos movimientos judiciales o de investigaciones
que afectaban a este alcalde o a aquella alcaldesa. Todo de manera
discreta y confidencial. En su día hasta propició un almuerzo con
Valcárcel y el fiscal jefe. Por esto, su paso desde Presidencia a la
consejería de Obras Públicas, cuando el intercambio de la vara de mando
entre Valcárcel y Garre, lo celebró casi como una liberación y lo
interpretó como la consecuencia de un reconocimiento a sus capacidades.
El nuevo presidente le daba una oportunidad como gestor de altura para
la que su condición de fiscal no era lo importante.
Es curioso que ahora haya caído precisamente porque Garre desconfiaba
de la seguridad jurídica del acuerdo que el consejero pretendía cerrar
con Sacyr, el grupo mayoritario y voz cantante de la concesionaria del
aeropuerto. El presidente no veía suficientes garantías en un plan
consistente en que la empresa empezaría a asumir el préstamo, que ahora
paga la Comunidad como avalista del mismo, con cargo a los supuestos
beneficios de la gestión del aeropuerto tras cinco años de carencia en
ese compromiso.
Garre no es fiscal, pero es abogado, y también sabe algo sobre seguridad jurídica.