miércoles, 17 de mayo de 2017

El voto en falso del PP / Ángel Montiel *

Era previsible. El Grupo Parlamentario del PP votó a favor de la supresión de los aforamientos de los diputados autonómicos porque, al final de todo, en esto quedó el pliego de condiciones de C's para justificar su particular ´abstención técnica´, con la que facilitó la continuidad del Gobierno de los populares con otro presidente, distinto al que había pactado esto mismo y una cincuentena más de puntos al inicio de la legislatura. 

Con la misma temeridad que entonces, el PP se sumó a esta propuesta de C's, encaminada a hacer dimitir de su cargo de diputado regional a PAS. Una nueva patada hacia adelante, pues la supresión de los aforamientos exige la reforma del Estatuto de Autonomía, ley orgánica que debe ser refrendada por las Cortes. Y ahí estamos.

Las primeras noticias capitalinas sobre el refrendo de esa decisión de la Asamblea murciana son (ya digo que previsibles) que el PP se opondrá a dar el visto bueno a la reforma propuesta por la mayoría absoluta del arco parlamentario murciano, tan absoluta que no contiene ni un solo voto en contra. El PP, en Madrid, pretende negociar con C's la validación de esta reforma sobre los aforamientos en Murcia, exigiéndole que traslade a las Cortes el mismo modelo para Andalucía, comunidad en la que el partido naranja también sostiene al Gobierno, socialista en este caso. 

De esto no se habló en Murcia cuando el PP decidió entregar todos su votos, incluido el del propio PAS, para liquidar el privilegio de que los diputados dispongan de una instancia superior en la Justicia a la común de los mortales, sea cual sea el motivo de la imputación por la que se vean afectados. 

En esta tesitura va a ser interesante constatar la actitud del PP en la Región. Si Rajoy se opone a refrendar una reforma estatutaria que viene avalada por su partido en Murcia, los populares de aquí debieran expresar su protesta con la misma energía que se supone que pondrían para denunciar un ninguneo similar en el caso de que en la Moncloa habitara un presidente de cualquier otro partido. En teoría, el PP no debería permitir que el Gobierno central tumbara una reforma del Estatuto murciano avalada con su voto. 

El presidente López Miras, el votante PAS y el resto de ese Grupo Parlamentario debieran ponerse en vanguardia de una reivindicación que han avalado sus 22 diputados soberanos. Y es que si no se muestran activos para convencer a Rajoy de que convalide el mandato de la Asamblea tendremos que pensar que el PP murciano vota en falso, es decir, lo hace a sabiendas de que lo que aprueba será después suspendido por su propio partido en la instancia política superior. 

Tendríamos que concluir entonces que el PP no cree en lo que vota o lo hace obligado por sus intereses circunstanciales al margen de las propias convicciones que difunde como opción política. Y eso sería enormemente grave. Tan grave como permitir que en Madrid le revoquen una decisión parlamentaria en la que cuantitativamente tiene más peso que el conjunto de la oposición. 

López Miras, pues, debería plantarse ante Rajoy para que se dé prisa en la supresión de los aforamientos. El je, je póngalo usted, amable lector.


(*) Columnista


La marcha del juez Velasco, mala noticia para la Justicia / José Oneto *

Alegría contenida en el Gobierno; respiro en la Fiscalía General del Estado,  y sobre todo,  en la Fiscalía Anticorrupción de Manuel Moix, cuyo cese, junto con el de Maza,  han pedido casi la totalidad de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, que además, ha terminado por reprobar al ministro de Justicia Rafael Catalá… Todo ese clima, es el que este miércoles, se podía palpar de la salida, dentro de dos semanas, del Juzgado Central  número 6 de la Audiencia Nacional del magistrado Eloy Velasco.

Velasco, antiguo director general de Justicia de la Generalitat valenciana durante la Presidencia de Eduardo Zaplana y de Francisco Camps, es el magistrado que  más odia el Gobierno, y está investigando los dos grandes casos de corrupción del PP en Madrid: el ”caso de la Púnica” y el “caso Lezo”, dos de los mayores casos de corrupción en el gobierno madrileño en el que hay de todo: organización de banda criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos,  blanqueo de capitales, fraude, falsificación de documentos,  financiación ilegal del partido en el poder, corrupción en los negocios y un largo etcétera.

Especialmente grave y escandaloso, es el caso que ha sido bautizado como “Operación Lezo”, que cada día que pasa, tiene repercusiones más sorprendentes e inesperadas, en casi un centenar de posibles implicados,  teniendo en cuenta que siguen las investigaciones y las sospechas de personajes que durante muchos  años han estado a la sombra de Aguirre, González y Granados. Por otra parte, la aparición en las grabaciones de personalidades sorprendentes, con mucho poder, con mucha capacidad de influencia y con muchas posibilidades de desviar, a través de muchos vericuetos, el camino de las investigaciones, y de los investigados, dan al caso un morbo especial.

Por eso, la marcha el día 1 de Junio del juez Velasco del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional (un Juzgado en el que estaba destinado Manuel García Castellón)  para pasar a ser miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, elegido junto con Enrique López, por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, ha producido tanta alegría en muchos, aunque, de hecho,  puede complicar y mucho, los dos principales casos de corrupción que se siguen investigando.

Hay que recordar que hace solo unos días, en una entrevista concedida a Carlos Segovia en El Mundo, Velasco anunciaba que había pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. “No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un concurso”, matizaba añadiendo que no había nada imprescindible cuando le preguntaban por lo que suponía dejar casos importantes empantanados.

“Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor. Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo lo grande como podrían ser”. En el fondo, insinuaba que había pedido un cambio de destino por falta de medios en su Juzgado. Aunque su paso por la Sala de Apelaciones es un paso importante para llegar a Magistrado del Supremo, una de sus legítimas aspiraciones profesionales.


(*) Periodista y economista


Ojo con la trituradora anti corrupción / Melchor Miralles *

Asistimos a un vendaval de investigaciones judiciales sobre casos de corrupción. Afectan al PP en diferentes Comunidades, al PSOE en Andalucía, a los convergentes y colegas en Cataluña. Lo que viene siendo a los que gobiernan. Es un tsunami, porque durante años ha habido barra libre, y se lo han llevado crudo a braga quitada, que escribiría Umbral, no ha habido pudor, han sido impúdicos e insaciables, y el personal se ha cansado, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Justicia se han puesto manos a la obra, y esto es un no parar, un sin vivir.

Está bien que policías, guardias civiles, jueces y fiscales sean implacables. Pero ojito que la cosa se va a veces de madre, y en un Estado de Derecho, todos, absolutamente todos los ciudadanos, sin excepción, al margen de que hayan podido cometer delitos horribles, tienen derecho a un juicio justo, lo cual conlleva una investigación previa atinada. Y aquí, como en otros sitios, a veces se le da carácter de hecho probado a informes policiales porque sí, y las FCSE se pueden equivocar, y se equivocan, como nos sucede a todos, y entre ellos, como en todos los oficios, también hay corruptos, y negligentes al servicio de intereses inconfesables.

El último episodio, la investigación o imputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la inmediata reacción del órgano jurisdiccional competente aclarando que no hay imputación alguna y que solo existe un informe de la Guardia Civil que no contiene suficientes elementos inculpatorios es una advertencia más para todos respecto al cuidado que hay que llevar en este terreno. En las horas que pasaron desde que se hizo público el informe de la UCO hasta que el juez advirtió que no había pruebas para abrir una investigación contra la presidenta madrileña se puso en marcha el ventilador y el personal, político y civil, se lanzó a degüello. No me habría gustado estar en su pellejo.

Cuesta un minuto destrozar una reputación y puede que no de una vida para restituirla. Y no es solo Cristina Cifuentes, hay más casos, en estos asuntos de corrupción a mansalva y en muchos otros. Y las FCSE y la Justicia no pueden envolverse en la causa necesaria de la lucha contra la corrupción para convertirse en una trituradora indiscriminada y que valga todo. Es esencial respetar las normas del Estado de Derecho.

No hay duda de que el PP ha hecho muy mal las cosas, y hay un cúmulo de pruebas que acreditan que se ha financiado al margen de la ley, y que muchos dirigentes del partido han actuado de modo inaceptable y se han enriquecido y han posibilitado el enriquecimiento de los amiguetes, a costa en buena medida de dinero del erario, o sea, de todos. Como hay pruebas respecto al PSOE con los ERE en Andalucía y respecto a los convergentes y el 3% o mucho más en Cataluña. Pero ello no justifica la barra libre, la trituradora a destajo.


(*) Periodista


Atraco perfecto a la Comunidad de Madrid / Pablo Sebastián *

Hay que reconocer que lo de Valencia en tiempos de Camps y Barberá no estuvo nada mal pero lo ocurrido bajo la presidencia de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la Comunidad de Madrid ha sido el atraco perfecto, una obra de arte de la delincuencia organizada contra bienes públicos. Una parte en beneficio de las fraudulentas campañas electorales del PP de Madrid pero la parte del león, o de las insaciables ranas de la ciénaga madrileña, para los bolsillos de los jefes de la banda, sus compinches y allegados de todo tipo y calaña.

No han dejado títere con cabeza ni palo del flamenco sin tocar en este gran butrón que comenzó con el Tamayazo -la compra de dos diputados para que Aguirre llegara en calesa a la Puerta del Sol- y que se extendió por todos los campos de la gestión del gobierno autónomo, empresas públicas y pueblos madrileños.

Y conste que las operaciones Lezo, Púnica y Gürtel son solo parte de un todo completo que se esconde en los concursos públicos que duermen reflejados en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid (el BOCAM) bajo cuyas alfombras figuran las empresas concesionarias de contratos públicos de los últimos años en los que se hicieron trampas y pagaron comisiones a los políticos corruptos e intermediarios encartados, a los que écheles usted ahora un galgo.

Mucho ha ido saliendo. Desde el Canal de Isabel II, buque insignia de la flota de fantasmales empresas latinoamericanas pagadas a precio del oro, hasta Bankia (con la inestimable ayuda de los Blesa y Rato), Telemadrid, la Plaza de Toros de las Ventas, el Palacio de Deportes con sillas y videomarcadores (y lo que habrá caído a los amplios bolsillos de los estadios de Bernabéu y Manzanares) y empresas como Arpegio, Avalmadrid, etcétera, etcétera.

Y luego las obras públicas del famoso tren de Navalcarnero que nunca llegó a su destino y las obras del Metro, autovías, carreteras comarcales, tranvías locales, pisos de protección oficial, terrenos públicos y servicios de Sanidad, Educación, limpieza, seguridad y otro gran etcétera, en el que hay que incluir licencias y dineros a los medios de comunicación que estaban al servicio de Aguirre, sus andanzas y empeño en derribar a Mariano Rajoy del liderazgo del PP nacional.

Porque, por simplificar, lo de Bankia les parecía poco y ellos querían tocar poder nacional para ir a por el Banco de España, y puede que más adelante y sin complejos a por la Reserva Federal de los EE.UU., el banco central USA con sede en Fort Nox. De ahí que guionistas de Hollywood deberían estudiar una producción titulada ‘De Madrid al Cielo’ si es que Almodóvar y Segura no se atreven a plantearse una coproducción o una serie televisiva de los Soprano de Madrid.

Y ella, la lideresa liberal Esperanza Aguirre nunca supo nada del Tamayazo ni de las aventuras de González, Granados, López Viejo y demás artistas de su gobierno y partido en esta extraordinaria función del ladroneo regional.

Y si la ‘pobre’ Aguirre no sabía nada de la bacanal que se celebraba a su alrededor pues imagínense el hoy asombrado Mariano Rajoy quien puede que conociera el Tamayazo desde su entonces despacho de vicepresidente del Gobierno de Aznar. Como en 2007 fue informado del asalto al tren de Navalcarnero en un tiempo en el que se le oyó decir: ‘todo lo que usted me cuente de Ignacio González me va a parecer poco’.

Y así fue y así les va a todos ellos mientras decenas de ranas de la ciénaga de Aguirre, como si de una plaga bíblica se tratara, inundan los medios y la vida política nacional y se enseñorean en el Congreso de los Diputados donde le cantan coplas de ciego a los ministros de Justicia e Interior, Zoido y Catalá, que tan contentos están.


(*) Periodista


Los réprobos / Ramón Cotarelo *

Lo que le faltaba al gobierno y a su partido es juntar a las partidas de corruptos, delincuentes y presuntos delincuentes, incompetentes y meapilas, ahora una de réprobos. Y ya la tiene: un ministro, un fiscal general y uno anticorrupción reprobados por todo el Parlamento a excepción, claro, de ellos mismos. 
 
La reprobación es una figura política, moral, carece de efectos jurídicos y los réprobos conservan sus cargos porque cumplen el requisito legal esencial de contar con la confianza de su superior. Enseguida se ha formado la jerarquía del mando: el anticorrupción cuenta con la confianza del general, que cuenta con la del ministro, que tiene la de Rajoy. Y Rajoy cuenta con la confianza ¿de quién? Curiosamente de ese mismo Parlamento que ahora reprueba a su ministro (y sus subalternos) y que, si quiere ser coherente consigo mismo, tendrá que reprobar también al propio Rajoy.

En esa reprobación se encuentra la izquierda. Si gana las primarias Sánchez, el PSOE parlamentario pasará a pedir la dimisión, o sea, la reprobación de Rajoy. Esa reprobación, votada por toda la oposición menos C's se impondría y Rajoy no tendría más salida que dimitir o convocar elecciones anticipadas. Por supuesto, esto no sería así si ganara las primarias Susana Díaz o si, perdiéndolas, el grupo parlamentario socialista se rompiera con una cantidad de diputados negándose a la moción de censura; y según cuántos fueran. Si esto sucediera, pasar a la moción de censura tendría un valor político y simbólico, pero tampoco jurídico, al no alcanzar la mayoría absoluta.

La izquierda no puede seguir cediendo terreno porque, al final, aquí se reimplanta un régimen autoritario. Gobierna el país un político bajo sospecha que lo gobernó casi autocráticamente con mayoría absoluta en la Xª legislatura, que se negó a someterse al control parlamentario durante el año que estuvo en funciones y ahora sostiene que le asiste un poder de veto sobre la legislación del Parlamento que, a su juicio, altere el presupuesto. 
 
Como es patente, a un gobierno así le parece anecdótico tener un ministro y dos fiscales superiores reprobados por el Parlamento. La idea de la responsabilidad política para la derecha es como la del maligno. Aquí no dimite nadie que se haya calzado un puesto de poder desde el que manipular, favorecer los intereses del grupo, enriquecerse, hacer sus chanchullos, porque entonces padece la seguridad jurídica de la empresa. La empresa de un partido político, presunta asociación de malhechores, que se ha infiltrado en las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de sus ilícitos fines.

El contenido de las grabaciones de Ignacio González, figura de comic, en las que reconoce que algún día lo trincarán con una flema casi estoica revelan el espíritu de esta mafia: la responsabilidad política es una quimera; solo se dimite cuando te llevan ya esposado. Cosa difícil porque en este reino del hampa, los fiscales están para proteger a los delincuentes e impedir que se los procese; los abogados del Estado para defenderlos contra ese mismo Estado y los jueces para hacer y decir lo que interesa a los que mandan, quienes han llegado a mandar por robar y para robar.

La única posibilidad de que los réprobos comprendan que una justicia de réprobos solo puede ser reprobable es apelar a su conciencia. Un ministro de Justicia no puede mandar un mensaje privado de ánimo a un presunto delincuente. Un fiscal no puede tomar decisiones que se revelen como entorpecedoras de la recta justicia. O ¿sí, pueden? Eso depende de su conciencia, y cuando esta es tan ancha para sí misma como estrecha para sus adversarios, en verdad, no cabe contar con ella.

Un gobierno compuesto por ministros cuestionados o reprobados y un presidente bajo sospecha, ¿con qué autoridad se enfrenta y trata de resolver el conflicto catalán? Y todavía peor si quien ha de enfrentarse al tramo final de la hoja de ruta independentista es ese mismo gobierno, pero en funciones. 

Esto es lo que se llama visión política. 

La de una izquierda enzarzada en su cainismo que no ha comprendido el meollo de la cuestión: la derecha va a la confrontación y la polarización porque no cree en la democracia como solución pactada de conflictos; cualquier apoyo que se le preste en ese sentido, aunque sea invocando intereses sublimes, como el de la nación (o quizá por ello) será un paso hacia la destrucción de la democracia. De esa democracia de la que depende la izquierda y que esta debiera fortalecer mediante su unidad de acción por encima de intereses y dogmas. 
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales / A. R. Mendizabal *


Miércoles de subasta de re­no­va­bles y de inicio de aná­lisis de ofertas por Banco Popular, que se lleva las por­tadas de la prensa eco­nó­mica, mien­tras la ge­ne­ra­lista le da todo tipo de vueltas al in­tento fre­nado por el juez de cazar a Cristina Cifuentes en la co­rrup­ción del PP ma­dri­leño, que pro­duce to­ne­ladas de ti­tu­la­res. 

Otros ejes de ac­tua­li­dad: el aviso del Gobierno a Atlantia de que ne­ce­sita au­to­ri­za­ción para la opa de Abertis en lo que res­pecta a au­to­pistas y a Hispasat; Euskaltel compra Telecable y se con­vierte en gi­gante del norte; el Govern ca­talán se in­clina por el 1 de oc­tubre para su re­fe­rén­dum; los can­di­datos a pri­ma­rias del PSOE si­guen su cam­paña tras la trau­má­tica ca­tarse del de­bate, y Susana pre­senta este miér­coles su pro­grama a cuatro días de ur­nas. 

Las go­teras en la pre­si­dencia de Trump au­men­tan, y cada nueva fil­tra­ción es peor que la an­te­rior. Otra noche caó­tica en EEUU sin poder res­pirar tras la re­ve­la­ción de la in­for­ma­ción clai­si­fi­cada sobre te­rro­rismo pa­sada por Trump a Rusia. The New York Times ha vuelto sobre el caso de la des­ti­tu­ción del di­rector del FBI James Comey: es­cribió un me­mo­rándum tras en­tre­vis­tarse con el pre­si­dente en fe­brero y anotó que le pidió que ce­rrara el caso del asesor de se­gu­ridad Michael Flynn que había te­nido que di­mitir por ocultar sus vínculos con el Kremlin: Espero que lo dejes es­tar’. 

Y no sólo eso: Trump le pidió tam­bién a Comey que es­tu­diara la ma­nera de en­car­celar a pe­rio­distas que pu­bli­caran in­for­ma­ción cla­si­fi­cada. Ya cir­cula con cierta sol­tura en la prensa y entre con­gre­sis­tas, y no sólo de­mó­cra­tas, la pa­labra fa­tí­dica: ‘impeachment’. Editorial en The Wall Street Journal, to­davía sobre lo de ayer: ‘La lengua suelta hunde pre­si­den­cias: el caso del pase de in­for­ma­ción cla­si­fi­cada a los rusos muestra el precio de la pér­dida de cre­di­bi­lidad de Trump’. Editorial en The New York Times sobre lo de hoy: ‘¿Ha in­cu­rrido Trump en obs­truc­ción de la Justicia?’. 

Así re­cibe la prensa bri­tá­nica el ma­ni­fiesto con el pro­grama la­bo­rista para las elec­ciones del 8 de ju­nio. Daily Mail: ‘El plan de Corbyn para llevar al Reino Unido a la quie­bra’. The I: ‘El fuerte giro a la iz­quierda de Corbyn: el ma­ni­fiesto más ra­dical de los la­bo­ristas desde los años 80 con pro­mesas de más im­puestos para gastar 48.000 mi­llones de li­bras’. The Times: ‘El subidón de im­puestos de los la­bo­ris­tas, en rui­nas: el plan se que­dará miles de mi­llones más corto que lo que se pre­ten­de’. 

Financial Times: ‘Los la­bo­ristas pro­meten un au­mento de im­puestos de 49.000 mi­llones de li­bras para fi­nan­ciar un enorme im­pulso de gas­to’. The Daily Telegraph: ‘Impuestos, deuda, gasto: Corbyn es Hugo Chávez do­pado con es­te­roi­des; el ma­ni­fiesto la­bo­rista ‘llevaría a Gran Bretaña a la quie­bra’ con una deuda de 250.000 mi­llones de li­bras y la mayor carga fiscal desde los años 50’. The Independent: ‘Los la­bo­ristas ad­miten que con­ge­larán los be­ne­fi­cios so­ciales de los con­ser­va­do­res’. 

CORRUPCIÓN
El País: Cifuentes ve mo­tivos po­lí­ticos en la acu­sa­ción de co­rrup­ción: el juez Velasco des­carta imputar a la pre­si­denta tras el in­forme de la Guardia Civil sobre una con­ce­sión en la Asamblea de Madrid (F.J. Pérez, Ó. López-Fonseca y J.J. Gálvez). ABC: Varapalo del juez y la fis­calía a la UCO al des­au­to­rizar sus acu­sa­ciones a Cifuentes (Luis P. Arechederra y J. Chicote). La Razón: La UCO pide imputar a Cifuentes en la Púnica y el juez lo re­chaza. Otro ti­tu­lar: Cifuentes: ‘Actué con­forme a la le­ga­li­dad’: ase­gura que el in­forme de la Guardia Civil ‘son una re­la­ción de jui­cios de valor sin ningún fun­da­mente ju­rí­di­co’. Otro ti­tu­lar: La opo­si­ción en bloque re­prueba a Catalá, Maza y Moix. Estrella Digital: De OHL a Cifuentes, cerco sobre Madrid: Púnica, Lezo, todos los casos con­cu­rren en la fi­nan­cia­ción del PP (Domingo Labrador). 

El Mundo: El Congreso re­prueba a Catalá y a la cú­pula fiscal (Marisa Cruz). Otro ti­tu­lar: La UCO pide in­ves­tigar a Cifuentes y el juez lo re­chaza: la Guardia Civil sos­pecha que la pre­si­denta be­ne­fició a Arturo Fernández a cambio de fi­nan­ciar al PP; Velasco cree que no par­ti­cipó en los he­chos (Pablo Herraiz, Quico Alsedo y Roberto Bécares). Otro ti­tu­lar: El PP de Madrid tuvo una ‘contabilidad so­te­rrada’ (Esteban Urreiztieta). Otro ti­tu­lar: Imputados Villar Mir y a la mujer de Ignacio González en 'Lezo' (Marisa Recuero). El Plural: Los ri­vales de Arturo Fernández des­velan ma­ni­pu­la­ciones en la ad­ju­di­ca­ción de la ca­fe­tería de la Asamblea (Natalia Castro). Esdiario: El in­forme de la UCO contra Cifuentes se filtró des­pués de que el juez lo re­cha­zara (Ana Isabel Martín). El Confidencial: Púnica: Cifuentes planta cara a la Guardia Civil tras re­cabar el apoyo de juez y Fiscalía (David Fernández). 

Vozpopuli: UCO dice que González era 'partícipe di­recto' en la Caja B del PP de Madrid (Ángela Martialay y Diego Molpeceres). Otro ti­tu­lar: El PP de Aguirre pagó más de un mi­llón en negro a pro­vee­dores en la cam­paña de 2007. El Español: Cifuentes contra las cuerdas por la sos­pecha de que pagó los fa­vores que Arturo Fernández hizo a González y Aguirre (Daniel Montero, Carlota Guindal y Alejandro Requeijo). El Independiente: González desvió 400.000 euros de la Comunidad para cam­pañas del PP (Margarita Batallas). Otro ti­tu­lar: El em­pre­sario Daniel Mercado, en el eje de la trama que 'enmascaraba' los gastos ile­gales del PP (José Luis Sevillano). Otro ti­tu­lar: El en­torno de Cifuentes no des­carta 'fuego ami­go': ‘Es todo muy raro’ (Cristina de la Hoz). Libertad Digital: La di­rec­ción del PP usa el in­forme de la UCO para dar un toque de aten­ción a Cifuentes (P. Montesinos). Otro ti­tu­lar: Cifuentes: ‘Soy una per­sona hon­rada, que nadie se deje in­to­xi­car’. 

INFORMACIÓN NACIONAL
Público: Observatorio con­tinuo de JM&A: La co­rrup­ción hunde la marca del PP en toda España y le arre­bata 1,64 mi­llones de votos (Carlos Enrique Bayo). Otro ti­tu­lar: Entrevista con Pedro Sánchez: 'El 21-M se elige entre el mo­delo de Díaz, que tiene dos can­di­da­tu­ras, y el mo­delo de la mi­li­tancia que li­dero yo’ (Manuel Sánchez). El País: Entrevista con Patxi López: ‘Somos la al­ter­na­tiva al PP, no te­nemos que pactar con Podemos’; 'No hay riesgo de es­ci­sión pero sí de caer en la irre­le­van­cia' (A. Díez y R. de Miguel). Otro ti­tu­lar: Antonio Banderas aban­dona su pro­yecto cul­tural en Málaga por el 'trato hu­mi­llante' re­ci­bido (Esperanza Codina). El Mundo: Ruta con los fieles de Pedro Sánchez: ‘Susana Díaz es una puña­lada, le gusta a mis amigas del PP’ (Rodrigo Terrasa y Alberto di Lolli). Otro ti­tu­lar: Más de 1.000 sin­di­ca­listas firman un ma­ni­fiesto de apoyo a Sánchez (Luis Ángel Sanz). Esdiario: El boicot de Podemos a Antonio Banderas le cuesta a Málaga mi­llones de eu­ros. 

CATALUÑA
La Vanguardia: El 1 de oc­tu­bre, la fecha más pro­bable para el re­fe­réndum de in­de­pen­den­cia: Puigdemont tiene pre­visto anun­ciar la pró­xima se­mana el día de la con­sulta des­pués del acto de Madrid (Josep M. Calvet). Otro ti­tu­lar: El Gobierno pide pa­ciencia por los co­lapsos de El Prat: el de­le­gado atri­buye el pro­blema al au­mento de pa­sa­jeros y a la se­gu­ri­dad. Otro ti­tu­lar: Puigdemont y Junqueras acuerdan no acusar a CDC en el caso Palau. Otro ti­tu­lar: La que­rella contra Borràs por dar pasos para com­prar urnas para el re­fe­réndum in­cluye pri­sión. Economía Digital: El Banco Europeo de Inversiones sale en au­xilio de Colau: el BEI con­cede un cré­dito de 125 mi­llones de eu­ros, con los cuales se podrá le­vantar una cuarta parte de las pisos de al­quiler so­cial que pro­metió la al­cal­desa (Josep Maria Casas). Expansión: Guindos ase­gura que ningún in­versor in­ter­na­cional ve fac­tible la se­ce­sión (J. Orihuel y D. Casals). 

ECONOMÍA Y EMPRESAS
El País: El Gobierno ana­li­zará la opa de Abertis para de­cidir si veta la venta de Hispasat (Camilo S. Baquero). Otro ti­tu­lar: Euskaltel compra Telecable por 686 mi­llones de euros en plena di­ges­tión de la ga­llega R (Pedro Gorospe). El Correo: Euskaltel cierra la compra de la as­tu­riana Telecable por 686 mi­llones de euros (Manu Álvarez). Otro ti­tu­lar: 11% más de in­gresos fis­cales en Euskadi: re­ca­cu­dados de enero a abril 403 mi­llones más que en 2016. El Economista: La ley de Transición, la úl­tima oca­sión de España para li­derar de nuevo la energía verde. Otro ti­tu­lar: Las firmas re­do­blan la in­ver­sión en se­gu­ridad tras el ci­be­ra­ta­que: las com­pañías de an­ti­virus gana 7.200 mi­llones en Bolsa en 3 días. Otro ti­tu­lar: Los ana­listas es­peran que Atlantia eleve su oferta por Abertes. Otro ti­tu­lar: Zegona, se­gundo ac­cio­nista de Euskaltel tras vender Telecable: se des­prende de esta firma por 701 mi­llo­nes. 

Vozpopuli: Atlantia no ha ha­blado con el Gobierno es­pañol por la OPA de Abertis ni tiene pre­visto ha­cerlo (Raúl Pozo). Otro ti­tu­lar: La guerra de la fi­bra: Vodafone es­pera llegar a 24 mi­llones de ho­gares en 2020, casi igual que Telefónica (Rubén Arranz). Otro ti­tu­lar: Una hor­miga es­pañola pro­tege a Hollywood de los pi­ratas en Internet: 3ants (Liliana Ochoa). Cinco Días: La compra de Telecable por Euskaltel ace­lera la con­so­li­da­ción del sec­tor. Otro ti­tu­lar: Acciona, única grande que se des­cuelga de la subasta de re­no­va­bles (Carmen Monforte). El Confidencial: El cupo vasco y la crea­ción de un IVA au­to­nó­mico rompen la co­mi­sión de ex­pertos sobre fi­nan­cia­ción de las CCAA (Carlos Sánchez). ABC: El Ejecutivo lanza una ad­ver­tencia a Atlantia tras la opa sobre Abertis; el mer­cado re­cibe con ti­bieza la oferta plan­teada por la ita­liana. OKdiario: Los ac­cio­nistas de re­fe­rencia de Telefónica dan un ul­ti­mátum a Pallete: ‘Tienes un año’ (Borja Jiménez). 

SECTOR FINANCIERO
Expansión: Santander, BBVA y Bankia, in­tere­sados en Popular (S. Arancibia y R. Lander). Otro ti­tu­lar: Unicaja fija el 15 de julio como fecha lí­mite para salir a Bolsa. El Mundo: Guindos lanza a Bankia a la puja por Banco Popular (César Urrutia). El Confidencial: BBVA, Santander y Bankia acuden a la cita de Guindos para com­prar el Popular (Agustín Marco). El Economista: La gran banca, in­tere­sada en una ope­ra­ción con el Popular. Cinco Días: Bankia y BBVA, en los puestos de ca­beza para com­prar Popular (Á. Gonzalo). Otro ti­tu­lar: Linde ex­pe­dienta a cuatro bancos por opacos pero oculta su iden­tidad (Juande Portillo). Otro ti­tu­lar: La Finca de­bu­tará como so­cimi en el MAB en sep­tiem­bre. La Vanguardia: Guindos irrumpe en la subasta del Popular con la op­ción de Bankia (Lalo Agustina). ABC: BBVA, fa­vo­rito para ab­sorber Popular en la puja con el Santander y Bankia (María Jesús Pérez y Moncho Veloso). 

Capital Madrid: DIA, Cellnex, Técnicas Reunidas, Acerinox y los ban­cos, ob­je­tivo de la es­pe­cu­la­ción ba­jista: los ‘hedge funds’ aprietan en el Ibex 35 tras el asalto a los 11.000 pun­tos., y el in­versor par­ti­cu­lar, in­de­fenso, no con­sigue re­cu­perar sus aho­rros más pre­ciados (Quesada Vargas). Otro ti­tu­lar: El Popular de Saracho des­pierta más cu­rio­sidad que in­terés en el sec­tor: CaixaBank, por BPI, y Sabadell, por TSB, man­tienen las dis­tan­cias ante la ope­ra­ción (José Luis Marco). Vozpopuli: Los fi­na­listas de la puja por Popular fi­chan a Deutsche Bank, BofA y Morgan (Jorge Zuloaga). El Español: Bankia se cae, por ahora, de la puja que arranca por el Banco Popular. Bolsamanía: Fainé li­bera 4.000 mi­llones de Criteria a tiempo para la subasta de Popular (Rubén J. Lapetra). 

OPINIÓN
Editorial en El País: ‘Catalá, re­pro­bado: el Gobierno no puede per­mitir que se cues­tione la in­de­pen­dencia de la fis­ca­lía’. Berna González Harbour en el mismo dia­rio: ‘¿Y si rompen una foto de Irene Montero?’. Josep María Castellà Andreu: ‘Los re­fe­rendos y la Comisión de Venecia: el uso de con­sultas di­rectas debe ser per­mi­tido sólo donde está pre­visto por la Constitución o una ley en con­for­midad con ella’. Otro edi­to­rial: ‘Crímenes contra la prensa: la es­piral de vio­lencia con­vierte a América Latina en una de las re­giones más pe­li­grosas para los pe­rio­dis­tas’. Editorial en El Mundo: ‘Dos de­nun­cias que avalan el tra­bajo de Football Leaks’. Otro edi­to­rial: ‘La co­ne­xión rusa pone a Trump en el pre­ci­pi­cio’. Editorial en ABC: ‘Reprobaciones ar­bi­tra­rias’. Otro edi­to­rial: ‘La UCO tiene que dar ex­pli­ca­cio­nes’. 

Editorial en El Español: ‘La co­rrup­ción per­sigue a Cifuentes’. Juan Carlos Bermejo en Vozpopuli: ‘Ni par­tido, ni so­cia­lista, ni obrero, ni es­pañol’. Juanma Lamet en Expansión: ‘Tres mo­delos eco­nó­micos para un mismo par­ti­do’. Ángel Solano-García en Nada Es Gratis: '¿Una re­forma para sal­varnos de re­petir elec­cio­ne­s?'. Luis Aparicio en Invertia: 'Un Estado de Bienestar de mi­lagro con los que tra­ba­jan: re­sulta casi mi­la­groso cómo man­te­nemos nuestro ac­tual Estado del Bienestar y cómo mu­chos creen que es po­sible au­men­tarlo hasta el in­fi­ni­to'. Editorial en La Razón: ‘Los errores de Trump salen ca­ros’. Otro edi­to­rial: ‘Seguridad Vial: tra­ta­miento para los re­in­ci­den­tes’. Editorial en La Vanguardia: ‘Preocupación por la Guardia Urbana’. Otro edi­to­rial: ‘Otro nuevo y grave tro­piezo de Trump’. Editorial en Cinco Días: ‘La in­tensa agi­ta­ción cor­po­ra­tiva en las te­le­cos’. 


(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2331 

martes, 16 de mayo de 2017

Entre 30 y 50 bandas criminales organizadas operan en la Región de Murcia, según el Ministerio del Interior


MURCIA.- Entre 30 y 50 bandas criminales organizadas operan en la Región de Murcia, igual que en Sevilla y Tarragona, según el Ministerio del Interior. En la colindante provincia de Alicante esa cifra aumenta a entre 50 y 100, al igual que en Valencia, pero en Almería sería entre 20 y 30 al igual que en Albacete.

Según los datos de Interior, 444 grupos organizados se encontraban activos en el país el pasado año.  La mayor parte de ellos se dedican al narcotráfico, según el informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) difundido la pasada semana por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Durante una comparecencia en el Congreso, el representante del Ministerio apuntó que 115 de estas organizaciones mueven cocaína; 103, hachís; 40, marihuana; y 25, heroína.
Se detectaron 52 bandas especializadas en los robos con fuerza; 39, en las estafas; 30, en los robos con violencia; 24, en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual; y 16, en el blanqueo de capitales.
Un primer esbozo del mapa del crimen organizado de España apunta a las grandes ciudades (Madrid y Barcelona) y a las zonas turísticas (Málaga, Cádiz y Alicante, por ejemplo) como los grandes puntos de concentración de estos grupos porque se camuflan mejor, según El País.
Así, y según el mapa adjunto, ese crimen organizado se concentra en Madrid y Barcelona junto a todo el arco mediterráneo aunque más aliviado en Baleares, Gerona y algo menos en Huelva, Granada, Almería y Castellón.
La Galicia interior, Castilla-León, Asturias, Álava, Guipuzcoa, Alto y Bajo Aragón así como la Cataluña interior son las zonas españolas donde, como máximo, existen por lugar un máximo de diez bandas criminales organizadas al igual que Cuenca, Jaén y Extremadura.
Por contra, la Galicia occidental, Vizcaya, Cantabria, La Rioja, Navarra y Zaragoza tienen de veinte a treinta grupos al igual que  Toledo, Ciudad Real, Córdoba y las islas Canarias.

El estado del Mar Menor hace disparar la demanda de alquiler en otras playas como La Manga y Campoamor


CARTAGENA.- El lamentable estado del Mar Menor con la consiguiente retirada de las banderas azules de todas sus playas en los términos municipales de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar ha provocado ya el éxodo de potenciales veraneantes murcianos hacia otras playas mediterráneas cercanas como La Manga, Cabo Palos, El Mojón, Torre de la Horadada, Dehesa de Campoamor, La Zenia y Torrevieja y, en menor medida, Mazarrón y Águilas.

Ese estado penoso del Mar Menor ha hecho disparar la demanda de alquiler en esas otras playas. Concretamente en la Dehesa de Campoamor esa demanda ha aumentado un 100% y prácticamente desde Semana Santa es casi imposible poder alquilar un apartamento aunque todavía no se ha agotado la oferta en cuanto a chalés.
Algo parecido se ha notado en La Manga aunque la mayor oferta impide hablar de agotamiento de apartamentos pero el incremento de solicitantes de alojamiento percibido ha sido muy notable respecto a años anteriores.
Seguirían en preferencias alternativas Torre de la Horadada y El Mojón, donde se han cerrado ya muchos tratos de alquiler, con entrega de cantidades de reserva incluso, con veraneantes que este año optan por el mar Mayor después de su experiencia del último verano en el mar Menor y las evidecias de que la situación no es mucho mejor este año.
El episodio trascendido de Los Alcázares donde decenas de personas que se bañaron en la laguna sufrieron afecciones en la piel parece haber quedado en la memoria colectiva de cara a un proceso de decisiones que ha ido cristalizando en el momento del año que se decide las fechas y el lugar de vacaciones veraniegas.

El estado de la Contraparada deja muy en evidencia al alcalde Ballesta, según 'Ahora Murcia'

MURCIA.- Ahora Murcia ha destacado hoy la corresponsabilidad del Gobierno municipal del PP en el "penoso estado de la Contraparada". La formación municipal ha realizado esta afirmación tras conocerse que Fiscalía va a investigar el estado de este emblemático espacio del municipio de Murcia.

La portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales, ha recordado que "al poco de comenzar la legislatura, el alcalde Ballesta anunció a bombo y platillo el Plan de la Huerta. Un proyecto al que no paran de hacer referencia Ballesta y el concejal de Urbanismo y Huerta, Navarro Corchón, pero del que no vemos ningún fruto dos años después".
La concejala señala que "supuestamente el citado Plan de la Huerta comenzaba con numerosas actuaciones en la Contraparada, pero la única realidad es, al cabo de dos años, que su estado es aún peor. Una situación insostenible que ahora vive un nuevo y lamentable episodio con la investigación de la Fiscalía".

Hacienda cifra en la Región el déficit final de 2016 en el 1,62% del PIB

MADRID.-La Región de Murcia (1,62%), es una de las comunidades autónomas que registra una cifra de déficit superior al objetivo fijado en 2016.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública cifró en 48.166 millones de euros el déficit del ejercicio 2016 a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, lo que supone el 4,32% del PIB y, por tanto, el cumplimiento de la meta fijada por el Gobierno para el ejercicio 2016, que fue del 4,6% del PIB, con una desviación positiva de 0,3 puntos. 

Andalucía (0,65%), Asturias (0,49%), Baleares (0,41%), Canarias (0,33%), Castilla-La Mancha (0,72%), Castilla y León (0,62%), Galicia (0,54%), Madrid (0,63%), Navarra (0,67%), La Rioja (0,52%) y País Vasco (0,71%) establecieron su objetivo de estabilidad presupuestaria.
Por el contrario, las comunidades autónomas de Aragón (1,08%), Cantabria (1,47%), Cataluña (0,93%), Extremadura (1,61%), Murcia (1,62%) y Valencia (1,53%) registraron cifras de déficits superiores al objetivo fijado.
Así figura en el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2016, elaborado por el Ministerio de Hacienda, en el que se detalla que el déficit a considerar asciende a 48.166 millones, el 4,32% del PIB.
Esto supone un déficit 21 millones inferior y una centésima menor del PIB respecto a los 48.187 millones de euros y el 4,33% del PIB de déficit, sin contar las ayudas a la banca, que cuantificaba Hacienda en un principio, tal y como anunció el ministro Cristóbal Montoro en la rueda de prensa del pasado 30 de marzo para presentar los datos provisionales.
En todo caso, la oficina estadística de la Unión Europea (UE), Eurostat ya confirmó el pasado 24 de abril que España cumplió su objetivo de déficit para 2016, pues el indicador se situó en el 4,5% del producto interior bruto (PIB) al cierre del año pasado, una décima por debajo del límite pactado con Bruselas.
La economía española registró el año pasado un avance del 3,2% por segundo año consecutivo, mientras que la deuda pública cerró en el 99,4%, cuatro décimas menos que en 2015.
El informe señala que en términos de Contabilidad Nacional se registró un déficit de 50.576 millones de euros el año pasado, incluyendo las ayudas financieras netas, cifra que representa el 4,54% del PIB, que fue estimado por el INE en 1.113.851 millones de euros.
El déficit del ejercicio 2016 recoge el importe neto de las operaciones resultantes de apoyos financieros, realizadas en el marco de la crisis financiera por la Administración Central, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Banco Financiero y de Ahorro (BFA), que ascienden a 2.389 millones, cuya incidencia no se tiene en cuenta para el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Además, a efectos de valoración de dicho objetivo, también debe excluirse el impacto en el déficit de los gastos ocasionados por el terremoto de Lorca en el ejercicio 2016 por 21 millones de euros.
Teniendo en cuenta estos dos hechos, y a efectos de la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el déficit a considerar para el ejercicio 2016 asciende a 48.166 millones, el equivalente al 4,32% del PIB estimado para dicho año.

El turismo nacional ya sabe que el Mar Menor se ha quedado sin banderas azules, gracias a 'El País'


MADRID.- España es el país del mundo en el que este verano ondearán más banderas azules, pero no todas las comunidades autónomas han salido bien paradas en el reparto de esos distintivos: la Región de Murcia ha perdido 19 de las 40 banderas que tenía el año pasado, todas las que estaban en las playas del Mar Menor, a pesar de que los parámetros sobre la calidad de sus aguas arrojan este mes de mayo sus mejores resultados de los últimos años, publica El País.

El verano pasado, el Mar Menor vivió una situación crítica. Después de tres décadas “sometido a presiones” procedentes, sobre todo, de la presión urbanística y el cambio de modelo agrícola, el sistema de equilibrio y autorregulación que tradicionalmente habían caracterizado al ecosistema lagunar “dijeron no puedo más”. 
Así lo explica el catedrático de Ecología Ángel Pérez Ruzafa, uno de los mayores expertos de España en relación con el Mar Menor y miembro del comité científico que actualmente trabaja para su recuperación.
Ese “no puedo más” desembocó en una situación de eutrofización: el agua acumuló una cantidad inusual de nutrientes que hicieron proliferar las algas, bajaron los niveles de oxígeno y afectaron a la biodiversidad del ecosistema. Para turistas y bañistas, ese proceso se tradujo en que el Mar Menor se convirtió en una especie de sopa verde fangosa y nada apetecible para el baño. “No se trata de un problema de toxicidad o de riesgo para la salud, el agua seguía siendo apta para el baño, pero de mal aspecto”, explica Pérez Ruzafa.
Para revertir esa situación, se han restringido los vertidos agrícolas y se han comenzado a instalar filtros verdes artificiales, entre otras medidas, que han permitido una “evolución en positivo”: las últimas mediciones, del día 4 de mayo, arrojan niveles de turbieza del agua por debajo de los dos puntos (en el verano llegaron a rozar los siete), el nivel más bajo de la serie histórica.
¿Qué ha pasado entonces para que un mar en mejores condiciones pierda sus banderas? A bordo de un barco para comprobar en persona la transparencia del agua, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, da una explicación: la Asociación para la Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que concede estas distinciones, realizó sus auditorías durante la pasada temporada estival. “Estoy seguro de que si las mediciones las hubieran hecho hoy mismo, no habríamos perdido ni una de las banderas”, asegura.
Según la guía que esta asociación elabora sobre cómo se otorgan las distinciones de 2017, disponible en su página web, "para que la playa pueda ser galardonada por el Jurado Internacional, es necesario que Adeac la haya visitado durante la temporada de baños anterior y se haya emitido el informe pertinente". 
"El Mar Menor tiene un problema. Por causas naturales y causas humanas, la cantidad de materia orgánica que hay en el agua ha aumentado. Y eso el año pasado produjo una situación insatisfactoria", explicó en la Cadena SER el presidente de la asociación que concede las banderas en España, José Ramón Sánchez. Aseguró que en las reuniones anteriores a la presentación del informe, se estudiaron los cambios que se han producido este invierno, pero justificó que siempre se usan mediciones estivales. 
"El mes de agosto de este año se parecerá más al mes de agosto del año pasado que al de marzo de 2017", defendió sobre la posibilidad de que se hayan quedado viejos los datos. "¿Disgusto? Sí. Pero cuando uno es alcohólico, el primer paso para solucionar el problema es reconocer que se tiene un problema", recomendó. 
"No nos hagamos trampas al solitario. Esto nos afecta a todos. Como bandera azul no podemos arriesgarnos a que venga una inspección internacional y vea que está como estaba el año pasado la mancha verde y se lleve las banderas a mitad de verano", justificó Sánchez. Si este año se ha remediado de verdad el problema medioambiental, recuerda, el Mar Menor podrá recuperar sus banderas.
Sin embargo, pese a las explicaciones de la asociación, las quejas sobre lo “injusto” que es este sistema de baremos se repite en los cuatro municipios bañados por el Mar Menor. El alcalde de Cartagena, José López (pierde seis banderas azules y mantiene cinco en las playas que dan al Mediterráneo); el de San Javier, José Miguel Luengo (pierde cinco y mantiene una); la de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez (mantiene una de las tres que tenía), y la concejala de Playas de Los Alcázares, María Teresa Olmos (pierde sus seis banderas) insisten en que la retirada de banderas no refleja la situación actual de la laguna y confían en mantener los buenos datos turísticos que vivieron durante la semana santa.
¿Cómo repercutirá en el turismo esta desaparición de banderas azules? Para la presidenta de la Asociación de Hosteleros de la Costa Cálida, María del Mar Martínez, es difícil de calcular porque, aunque una noticia de este tipo “siempre tiene un impacto negativo”, los turistas están cada vez más informados y tienen acceso, por ejemplo, a redes sociales en las que pueden ver en tiempo real el estado de las playas.
“La retirada de las banderas no representa la realidad de las playas del Mar Menor a día de hoy, y las reservas de cara al verano están en niveles más altos que el año pasado. Esperamos que la ocupación aumente entre un 8% y un 10%”, ha asegurado.
El presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, Jesús Jiménez, también se muestra optimista y cree que la temporada será buena. “La retirada de banderas no es una buena noticia, pero tampoco es un desastre. La calidad del agua es mejor que el año pasado y ahora solo queda trabajar en positivo y revertir el daño hecho”.
Y ambos insisten en que la preocupación del sector no es tanto por la ausencia de banderas azules, sino por la recuperación real del Mar Menor, ya que ese es el factor que realmente repercutirá en el turismo a largo plazo.
Por el momento, los hoteles de la zona no han notado un efecto negativo de la noticia. El jefe de recepción del hotel 525 de Los Alcázares, Gorka Puente, asegura que a estas alturas las reservas del establecimiento mejoran las del año pasado en las mismas fechas. El complejo Aldeas de Taray de La Manga está ya al 90% de ocupación de cara al verano, explica su responsable de reservas, Francisca Cánovas.
Entre los ciudadanos, la percepción es similar. “De este invierno hasta ahora ha mejorado bastante, no es para lanzar las campanas al vuelo, no es lo que había hace 20 años, pero el agua está transparente, el verano pasado te metías en la orilla y no te veías ni los pies”, asegura Juan Pablo Sánchez, que sale habitualmente a navegar con su barco por la zona de Los Nietos. “Ahora está clara, el verano pasado, nos volvimos a casa porque no te podías ni meter”, dice María Soler, que tiene en La Manga su segunda residencia, con el agua a la rodilla, buen indicador de que este año sí tiene intención de bañarse.

El TSJ acepta que el PSOE se persone en la pieza separada de 'Púnica' en Murcia

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) rectificó una decisión anterior y admitió la personación del PSOE como acusación popular en la pieza separada del caso Púnica, que afecta, entre otros, al expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez.

No obstante, el auto dado a conocer este martes señala que esa acusación popular deberá ejercerla conjuntamente con la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade).
Señala la Sala que este cambio de criterio fue sido adoptado al comprobar que ese partido, en contra de lo sostenido en la resolución anterior y que fue la causa de que no se admitiera su personación, sí estaba personado con anterioridad en la Audiencia Nacional en este caso.
Dice el TSJRM que Sánchez se opuso a la estimación del recurso presentado por el PSOE, al igual que otro de los investigados, el empresario Alejandro de Pedro, mientras que el fiscal señaló que la materialización de la intervención del partido debía hacerse a través de Adade.
Esta pieza separada del caso Púnica se recibió en el TSJRM tres semanas después de que el juzgado de la Audiencia Nacional que dirige el magistrado Eloy Velasco la hubiera firmado y se diera a conocer ese mismo día.
Trata de determinar si se cometió algún tipo de ilícito penal en los contactos mantenidos para la posible suscripción de un acuerdo de mejora de la imagen de Sánchez en internet cuando era consejero de Educación del Gobierno murciano.
Las diligencias abiertas por el TSJRM siguen con la consideración de "indeterminadas", ya que aún no se ha decidido el recorrido procesal que tendrán y si finalmente asumirá el caso y abrirá la investigación correspondiente.
En una providencia dictada el pasado 2 de mayo, la Sala señalaba que "el único objeto de estas diligencias indeterminadas es resolver sobre su competencia, a la vista de la exposición motivada recibida".

Rivera usará la supresión de aforados de la Región de Murcia para presionar a Rajoy

MADRID.-El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, emplazará este miércoles al presidente Mariano Rajoy a comprometerse ante el Pleno del Congreso a promover una reforma que suprima los aforamientos, algo que debía haberse tramitado el pasado febrero a más tardar, según el acuerdo de investidura de PP y C's, y que de momento sólo se ha cerrado en Murcia, en el marco de la reciente investidura de Fernando López Miras como presidente regional.

"¿Cómo piensa el Gobierno eliminar los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos, tal y como prevé el punto 94 del pacto de investidura?", reza la pregunta que Rivera dirigirá a Rajoy.
Ciudadanos insiste en que se podría acabar con el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Ejecutivo central haciendo una reforma exprés de la Constitución. Concretamente, habría que modificar los artículos 71 y 102, que establecen que esos cargos responderán de sus posibles delitos ante el Tribunal Supremo, no ante un juez de primera instancia.
No es la primera vez que el líder de la formación naranja se refiere a esta cuestión en una sesión de control al Ejecutivo. Ya lo hizo el pasado diciembre, cuando propuso a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llevar a cabo la reforma en el primer trimestre de 2017.
Sáenz de Santamaría le contestó que el Gobierno no se cerraba a esa reforma constitucional pero que habría que delimitar a qué delitos afectaría y, además, hacer un proceso paralelo en las comunidades autónomas y en el poder judicial.

Aforamientos autonómicos
Desde entonces, se han eliminado los aforamientos en una comunidad, Murcia, donde C's convenció al PP para que apoyara la medida a cambio de permitir la investidura del nuevo presidente murciano, Fernando López Miras. La medida afecta a los diputados de la Asamblea Regional y a los miembros del Gobierno autonómico.
Rivera ha asegurado que su partido propondrá esta misma reforma en las demás comunidades autónomas donde tiene representación parlamentaria, teniendo en cuenta, además, que en cuatro de ellas (Andalucía, Madrid, Castilla y León y La Rioja) tiene firmado ese compromiso en sus pactos de investidura con PP y PSOE.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticó recientemente que en Murcia se promoviera la suspensión de los aforamientos autonómicos de forma separada y recordó que la revisión del sistema procesal penal debería hacerse conjuntamente para "evitar paradojas" al comparar la situación de unas comunidades y otras.

Tovar (PSRM): "Es bueno que venga gente de refresco"

MURCIA.-El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, aún no ha decidido qué camino tomará tras las próximas elecciones pero sí que afirma, tras anunciar que no optará a la reelección en el próximo Congreso Regional del partido, que "es bueno que venga gente de refresco que siga la línea de mejorar" del partido.

El socialista murciano hace balance de lo que han sido sus cinco años al frente de la secretaría general del partido. Considera que "se ha avanzado" y que el PSOE en la Región ha conseguido "mucha representación institucional".
Según ha recordado, la moción de censura presentada por el PSOE contra el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez "fue el detonante" de la dimisión de Sánchez. Además, apunta que el PSOE ha pasado de tener 4 alcaldes en municipios a 25 y formar parte del Gobierno en 27 ayuntamientos.
Espera que tras el próximo congreso regional "haya un nuevo liderazgo en la parte orgánica del partido". Él dice que seguirá como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y cree que se podrá trabajar "perfectamente" con el nuevo secretario o secretaria general del PSRM-PSOE. Alude, por tanto, a la época en la que él era secretario general del partido y Begoña García Retegui ocupaba la portavocía del grupo parlamentario.
"Disfruto con mi actividad médica y he hecho lo posible por mejorar el partido", asegura el socialista que quiere dedicarse al 100% a la portavocía del grupo parlamentario y que advierte que seguirá "trabajando" por la Región.

Águilas y Alhama, los ayuntamientos más transparentes de la Región; Archena y Jumilla los menos; Murcia suspende

MURCIA.- Dyntra.org, el primer indice dinámico de Transparencia Pública y la primera plataforma global, mide en tiempo real la transparencia de organizaciones y el que mas indicadores estudia. Ahora le ha tocado a algunos ayuntamientos de la Región esa medición de indices y éstos son los resultados:

AYUNTAMIENTO POSICIÓN ÍNDICE/151 PORCENTAJE
Águilas 5 132 87,42
*Alhama 6 132 86,75
Lorca 24 98 64,9
Molina de Segura 35 91 60,26
Cieza 46 81 53,64
S. Pedro de Pinatar 52 79 52,32
Murcia 75 67 44,37
Alcantarilla 83 65 43,05
Mula 97 59 39,07
Mazarrón 100 58 38,41
Torre Pacheco 103 56 37,09
Santomera 105 55 36,42
Totana 119 47 31,13
Puerto Lumbreras 119 47 31,13
Cehegin 137 41 27,15
Yecla 141 40 26,49
Caravaca de la Cruz 170 32 21,19
Los Alcázares 185 27 17,88
Fuente Alamo 229 19 12,58
Jumilla 246 17 11,26
*Archena 260 15 09,93


POSICIÓN es el resultado entre todos los analizados en España.
INDICE significa sobre los 151 puntos de control que analizan, el resultados de los que lo superan. El medido de estudio esta publicado por ayuntamientos, aquí el de Murcia.

La alcaldesa de Archena (en la imagen Patricia Fernández) y el alcalde de Alhama forman parte del Consejo Regional de la Transparencia.

Agricultura traslada a la CHS la "urgente" necesidad de dar respuesta a la falta de agua de los agricultores y regantes

MURCIA.- El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, ha trasladado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas, la "urgente necesidad de dar respuesta a la falta de agua de los agricultores y regantes, que atraviesan una situación muy complicada".

El consejero, que ha tenido su primera reunión de trabajo con el responsable de la CHS, dijo que "antes de llegar a la solución definitiva, que es ese gran Pacto Nacional del Agua, hay que dar soluciones rápidas y a corto plazo que resuelvan las necesidades de los regantes y agricultores de cara a los meses de verano".
En el encuentro se abordó la necesidad de agilizar la evaluación de impacto ambiental para la apertura de los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra, una apertura que se hará de "forma inminente", según le trasladó Ródenas al consejero de Agua.
Al estado actual de los trámites para que se lleve a cabo la apertura de la batería de pozos del Sinclinal de Calasparra se han sumado otros temas de especial interés, como son la problemática del Campo de Cartagena, la cesión de derechos y la disposición de 21 hectómetros cúbicos de agua desalada.

Las 10 propuestas de ANPE-FSES a la nueva consejera de Educación

MURCIA.- En la reunión mantenida hoy con la consejera de Educación, ANPE-FSES, sindicato mayoritario en la enseñanza pública murciana, le ha planteado las 10 demandas fundamentales que afectan al profesorado y al alumnado de la Región.

Carrera Profesional para todos los docentes murcianos. La carrera horizontal ya se ha con seguido en Sanidad, donde, en breve, será reactivada. En Administración y Servicios ya se está legislando a través de la Ley de la Función Pública Regional.
En Educación no podemos ser el sector olvidado del Gobierno Regional. Por eso tenemos que impulsar la Carrera Profesional desde nuestra Mesa Sectorial.

Vertebración educativa. ANPE FSES es el sindicato mayoritario en la Enseñanza Pública. Somos defensores a ultranza de la Enseñanza Pública, ya que es el mejor sistema para una educación de calidad que nos permita salvar las enormes dificultades, de todo tipo, que nos ha traído la crisis económica.
La Enseñanza Pública debe ser la encargada de vertebrar, desde las primeras etapas, la enseñanza en nuestra región. Nos preocupa el grave deterior que está sufriendo, provocado por el apoyo sistemático que, en estos últimos años se está dando a la privada en detrimento de la primera.

Apuesta por la pública. Pedimos, por tanto, un apoyo explícito a la Enseñanza Pública, a la enseñanza de todos, por parte de su principal responsable: la Consejera de Educación.

Conciertos de Bachiller y Formación Profesional. En consecuencia, pedimos que la ampliación de los conciertos de Bachiller y Formación Profesional, regulados de prisa y corriendo en los últimos meses, sean paralizados momentáneamente y que se estudien, en Mesa Sectorial de Educación, Ayuntamiento por Ayuntamiento, las necesidades educativas reales que tiene nuestra región y, desde la atalaya de la razón y el consenso, se tomen las soluciones pertinentes.

Pacto por la educación. Todo lo anterior, constituiría el pilar básico de un nuevo Pacto por la Educación. Nosotros valoramos positivamente los anteriores Pactos Educativos alcanzados, en los que hemos sido protagonistas e impulsores, y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para seguir alcanzado Pactos que mejoren la Enseñanza Pública y las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes.

Formación del profesorado. En este entorno, se hace necesaria la urgente publicación de la Orden de Formación del Profesorado que permita encauzar el interés y la necesidad que tienen multitud de docentes de seguir formándose para así mejorar la calidad de la enseñanza impartida.

Recuperación de los recortes. Debemos plantear también, dentro de este Pacto Educativo, la reversión paulatina de los recortes que ha sufrido el profesorado murciano:
Reducción de ratios de alumnos en las clases. Lo que significaría una mejor atención personalizada a cada alumno.
Reducción de horas lectivas en todos los niveles educativos hasta volver a la situación del año 2010. Esto nos permitiría incrementar la dedicación a las tutorías y las labores de preparación e innovación.
Recuperación de las plantillas de los centros.
Restauración de los apoyos a la diversidad.
Sustitución inmediata de los docentes en situación de IT.

Inicio de curso. Recuperación de los actos de adjudicación de julio en todos los niveles, de forma que las plantillas de los centros estén completas a principio del curso siguiente. Se trata de que todos los docentes puedan estar el primer día de Septiembre en sus puestos de trabajo, para garantizar el buen inicio de curso que en los últimos años podríamos calificarlo de caótico.

Despido de interinos. Le pedimos que, directamente en el Ministerio de Educación o a través de la Conferencia Sectorial de Educación, defienda al profesorado interino para que no se vea afectado por la contratación máxima de tres años que plantea la ley de Presupuestos de 2017. Si esto llegara a hacerse efectivo perderíamos miles de profesores, bien formados, con experiencia, y que no podrían ser contratados de nuevo. En resumen, se perjudicaría a la Educación Murciana.

Apoyo al profesorado. Por último, le pedimos un apoyo decidido a los claustros de profesores, para que vuelvan a ser el núcleo dinamizador de los centros educativos.

El plan de calidad de comedores escolares ya beneficia a 15.000 alumnos con menús y hábitos saludables en la Región

MURCIA.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes continúa promoviendo acciones de mejora a través del Plan de calidad de comedores escolares, del que ya se benefician más de 15.000 alumnos en la Región. Un total de 284 centros educativos ya se han adherido a este plan, que favorece a la formación de los alumnos en hábitos de alimentación saludables.

Del total de 284 centros que se han adherido al plan, 211 comedores pertenecen a centros públicos y 73 a concertados. El plan se elaboró en colaboración con prestigiosos nutricionistas e investigadores de la Universidad de Murcia, como el catedrático de Fisiología Salvador Zamora,e incluye acciones formativas relacionadas con hábitos saludables destinadas a alumnado, profesorado y padres y madres.
Esta iniciativa establece un conjunto de recomendaciones para mejorar la calidad, tanto en materia alimenticia y de hábitos de higiene como a la hora de incidir en la importancia del comedor como un espacio educativo que permita programar objetivos, desarrollar contenidos y fomentar actitudes relacionadas con una educación para la salud. 
En definitiva, tal y como explicó la consejera, "los comedores escolares se convierten en un aula más para el aprendizaje".
De igual modo, el plan incorpora una serie de protocolos en el momento de preparar o servir la comida, retirarla, manipular los alimentos, además de precauciones y medidas higiénico-sanitarias que debe seguir todo el personal vinculado con la alimentación de los escolares en los comedores.
Este año la Comunidad invierte un total de 5,7 millones de euros para prestar el servicio de comedor escolar "y ayudar a las familias que necesitan acceder a este servicio a través de becas y ayudas", destacó la consejera.
Así, se otorgarán aproximadamente 5.000 becas de comedor para el próximo curso 2017/2018, con una dotación de 3,82 millones de euros en esta partida, que ya se incrementó el curso pasado en 638.525 euros. En los últimos dos años se ha incrementado la partida un 75 por ciento.
Además, más de un millar de alumnos también cuentan con servicio de comedor gratuito, ya que son alumnos con derecho a transporte gratuito, "por lo que cerca de 6.000 alumnos reciben un completo y equilibrado menú todos los días de forma gratuita", indicó la consejera.
La inversión incluye también 1,7 millones de euros destinados al funcionamiento de los comedores escolares, así como 180.000 euros para el equipamiento de los centros.
La Consejería continúa trabajando para aumentar el número de centros educativos con servicio de comedor escolar el curso próximo. Así, ya se han autorizado para el próximo curso los comedores escolares en el CEIP Ricardo Campillo de Santomera, CEIP Sagrado Corazón de Molina de Segura y CEIP Nuestra Señora de la Consolación de Molina de Segura.
Por otro lado, la Consejería construirá un nuevo comedor escolar en el colegio Maestro Jesús García García de Lorquí, en el que se invertirán un total de 179.334 euros. Además, están en proceso de autorización otros comedores escolares para el próximo curso.

C's lamenta que el Gobierno local sea uno de los factores que retrasan la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cartagena


CARTAGENA.- El portavoz de la formación naranja en Cartagena, Manuel Padín considera un "disparate" que el alcalde no quiera convocar una mesa de trabajo con todos los actores de la administración de la justicia en Cartagena porque 'no hay novedades' "y la situación que sufren funcionarios, abogados y usuarios siga siendo insoportable".

El alcalde de Cartagena, José López, vuelve a demostrar que es un experto en vender humo, distraer a la opinión pública, y disfrazar su incapacidad para desarrollar sus planes y proyectos mientras Cartagena sigue igual que hace dos años, estancada mientras otros municipios levantan cabeza. 
"Hablar es fácil, y prometer frente a las cámaras y los micros que vas a bajar el agua inmediatamente o que has puesto a disposición del Ministerio la parcela para la futura Ciudad de la Justicia cuando no es cierto es muy barato pero las mentiras tienen las patas muy cortas, porque al final la prensa, ésa que tanto molesta a López, o los grupos de la oposición te van a recordar lo que dijiste y lo que has hecho", ha señalado el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín.
Según publica hoy el diario La Verdad y según fuentes del Gobierno municipal, 'el Ayuntamiento todavía no ha cedido al Ministerio de Justicia los terrenos necesarios para construir el nuevo edificio junto al centro comercial Mandarache'. 
C's Cartagena critica los bandazos argumentativos para justificar el injustificable retraso de esta cesión oficial de los terrenos, "hace casi dos años, el alcalde aseguró que había puesto a disposición del Ministerio la parcela, en septiembre de 2016 se justificó diciendo que "hay cosas que escapan a sus competencias, y que la vinculación del proyecto del campus judicial a la llegada del AVE estaba bloqueando la cesión de los terrenos" cuando el espacio era suficiente para ambos proyectos, y ahora, tras la desvinculación de la llegada del AVE a la zona de Mandarache en diciembre de 2015, los terrenos siguen sin ser cedidos porque el Ayuntamiento hará una nueva reparcelación sin fecha prevista. 
"Aquí todo el mundo está trabajando y empujando para que la Ciudad de la Justicia sea una realidad, (todos los grupos en la Asamblea Regional), menos MC, y en concreto el área de trabajo de José López que tiene que dar el primer paso: ceder ya la localización", ha afirmado Manuel Padín. 
El Grupo de Ciudadanos considera que son tantas las dudas, y tantas las excusas que se han dado que presentará en el próximo Pleno municipal una batería de preguntas para saber qué está ocurriendo, y por qué el Gobierno está retrasando todo este asunto.
Por otra parte, el portavoz de la formación naranja considera un "disparate" que el alcalde no quiera convocar una mesa de trabajo con todos los actores de la administración de la justicia en Cartagena porque no 'hay novedades', "claro que no hay novedades, todo sigue igual de mal, faltan juzgados, falta espacio, se quiere hacer sólo un juzgado provincial de hipotecas en la ciudad de Murcia, y por eso es más necesaria que nunca la convocatoria de esa mesa de trabajo, pero quizá el alcalde está pensando en otras cosas en vez de preocuparse por los intereses de los cartageneros".
Con respecto a la falta de espacio en el Palacio de Justicia, el portavoz de C's Cartagena ha recordado que su Grupo Parlamentario ya se ha manifestado en varias ocasiones al respecto, apoyó la moción sobre la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cartagena y ha denunciado que las instalaciones de la calle Ángel Bruna son insuficientes, pero "vamos a contactar con ellos de nuevo, y con nuestros diputados nacionales para estudiar la manera de que el Gobierno del Partido Popular, concretamente su Ministerio de Justicia, abandone su indiferencia y empiece a respetar y a ser sensible a las necesidades judiciales de Cartagena de una vez".

Contestación de MC

El portavoz municipal de MC, Francisco Calderón, se ha pronunciado hoy sobre las necesidades en materia de justicia del municipio afirmando que "el alcalde consiguió abortar la operación urbanística (CC1) programada por Barreiro y Alonso con la aquiescencia de la Comunidad y Adif que privaba al municipio de terrenos para la Ciudad de la Justicia. Y ha ofrecido la parcela municipal que resulte de la nueva ordenación para este fin.
Ahora, toca que los presupuestos regionales y nacionales contemplen alguna partida para este proyecto, porque por el momento en Cartagena los partidos nacionales hacen ruido sobre este asunto, pero ninguno ha presentado una sola enmienda o propuesta para dotar de presupuesto al proyecto".
Calderón ha lamentado "el escaparatismo de otras formaciones que buscan su hueco en el escenario a codazos pero sin guión".
 Y ha concluido afirmando que "la marcha se demuestra andando. El compromiso de MC y el alcalde José López ha permitido avanzar en estos asuntos. Ahora, debemos empujar todos con él para conseguir los objetivos, que además de evitar los referidos juzgados provinciales, pasan por conseguir para Cartagena las unidades judiciales que se nos niegan, como un juzgado de lo mercantil u otro de menores, tan necesarios y olvidados por el resto de formaciones".

Ecologistas en Acción denuncia que el PSOE en Cieza actúa ignorando a las organizaciones y plataformas ciudadanas antifracking de la Región

MURCIA.- El pasado martes 9 de mayo, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cieza, Antonio Moya (PSOE), presentaba al Pleno del Ayuntamiento una propuesta para llevar a la Asamblea Regional una iniciativa legislativa contra el fracking. Una decisión de gran importancia que, sin embargo, se ha tomado ignorando a las organizaciones y plataformas ciudadanas anti-fracking, que desconocían el documento y no se les ha permitido trabajar con el mismo.

Ecologistas en Acción recuerda que la lucha contra el fracking en la Región de Murcia no se entiende sin la participación y movilización, de plataformas y organizaciones sociales, contra los permisos que afectan a las comarcas del Noroeste, Vega Alta y Altiplano de la región de Murcia, y en el sur de Albacete. Como tampoco se entiende sin el resto de ayuntamientos de estas comarcas.
Por esto, Ecologistas en Acción considera una falta de respeto la forma de proceder del PSOE en Cieza. Desde la organización ecologista explican que "nos enteramos el jueves por la tarde de la existencia de esta iniciativa una vez que esta ya estaba registrada para debatirse en pleno el martes siguiente. Sin tiempo para nada".
Y añaden que "no se ha informado, ni convocado, a ninguna organización anti-fracking durante el proceso de elaboración de la propuesta legislativa. Ni tampoco una vez redactada se ha tenido la deferencia de invitar a estas organizaciones para explicar la propuesta, o recoger aportaciones". El PSOE “no ha contado con nadie", critican.
Por eso, añaden, "pedimos a los responsables del PSOE en Cieza, una vez supimos que existía esta iniciativa,  que la pospusieran para el siguiente pleno, y que abrieran un proceso de participación, contando con las plataformas y organizaciones sociales que llevan años trabajando contra el fracking en esta región. Y también con el resto de ayuntamientos afectados. Lo que enriquecería el documento y daría transparencia al proceso, además de recabar el máximo apoyo social e institucional a la propuesta. Pero no se ha querido".
Ecologistas en Acción concluye pidiendo una reflexión y rectificación al PSOE sobre el procedimiento opaco y sin participación seguido en Cieza. Piden también una rectificación y apelan desde la organización ecologista a la unión de todos (sociedad civil, instituciones y partidos políticos) contra el fracking, y a que se abandonen tentaciones partidistas en la lucha contra la fractura hidráulica en nuestra región.