MURCIA.- El exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y las exalcaldesas de Cartagena y Fuente Álamo Pilar Barreiro y María Antonia Conesa,
respectivamente, han sido citados para declarar como testigos el
próximo junio dentro de la investigación que se lleva a cabo en un
juzgado de Instrucción de Murcia en torno al presunto caso de corrupción de la desaladora de Escombreras.
Barreiro y Conesa han sido citadas para el 12 de junio, el mismo día en que también pasará por el juzgado el exalcalde de Torre Pacheco, Daniel García.
Por su parte, Cámara ha sido convocado para el día siguiente, junto con el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita y el abogado Gaspar Ariño, del gabinete jurídico que emitió varios informes para el Ente Público del Agua (EPA).
Los
exmandatarios de los citados municipios han sido citados para que
informen sobre las actuaciones en las que tomaron parte en solicitud de caudales de la desaladora para sus respectivos territorios.
La juez del caso ha convocado para el día 14 al interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro, y al exjefe de los Servicios Jurídicos de la misma Francisco Ferrer.
Todas estas citaciones han sido ordenadas a petición de la fiscal Maribel Neira,
quien igualmente ha visto atendido su solicitud de que se recabe
información del gobierno regional sobre la documentación que pueda estar
en su poder referida a las gestiones previas a la firma de los
convenios suscritos con el EPA en solicitud de agua de la desaladora.
Precisamente
la firma de esos convenios estuvieron en el origen de la citación hecha
a otros nueve exalcaldes de la Región, que ya declararon, igualmente
como testigos, el pasado diciembre.
Sobre esas declaraciones, la
magistrada comenta que "algunas fueron poco concluyentes",
por lo que se comprende la petición hecha por la fiscal para tratar de
ampliar las mismas con la convocatoria de estos otros cuatro que serán
interrogados el próximo junio.
En
cuanto a la documentación requerida al ejecutivo regional, se indica
que la misma también está justificada, ya que se trata de esclarecer los
pasos seguidos para la puesta en marcha de la desaladora, un proyecto que, se afirma en el auto, se presentó como de "coste cero", cuando la realidad demostró todo lo contrario.
La
resolución judicial no descarta que algunos exalcaldes firmaron los
acuerdos con el EPA para que los vecinos de sus municipios -"votantes"-
no tuvieran la sensación de que aquellos dejaban pasar la posibilidad de
contar con mayores recursos hídricos.
En el caso de la Desaladora de Escombreras se trata de esclarecer si la construcción de esta planta pudo suponer un perjuicio millonario para las arcas públicas debido a los compromisos que la administración regional asumía con las constructoras.
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