Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado L'Estat prevaricador.
Versa sobre la cacicada de la Junta Electoral Central (JEC) que, con
división interna, trató de eliminar la candidatura de JxC a las
elecciones europeas, encabezada por el MHP Puigdemont. Y sobre la forma
en que este ha desbaratado el abuso y lo ha vuelto contra quienes
querían perpetrarlo.
No
es solamente que la JEC haya hecho un espantoso ridículo que ahora se
apresta a aumentar Casado recurriendo la decisión al Tribunal
Constitucional contra toda razón y legitimidad. Es también que ha
destruido de un plumazo los complicados ejercicios de embellecimiento y
propaganda que realiza el ministerio de Asuntos Catalanes con el dinero
de todos.
Nada menos que doscientos diplomáticos han recibido órdenes
de salir a los caminos de Europa a defender el buen nombre de España
como Estado de derecho, según un libro rojigualda que llevan en el
zurrón.
Y,
cuando estos apóstoles de la gloria hispana congregan algún auditorio,
aparece la JEC, como la nueva Santa Hermandad, y procede a despojar
arbitrariamente de sus derechos fundamentales a unos ciudadanos europeos
que están fuera del alcance de sus garras. Y menos mal; si no, los
hubieran enviado a servir al rey en galeras.
Además de hacer trizas la agit-prop borrelliana, la
fallida alcaldada de la JEC, órgano administrativo del Estado, pone de
manifiesto la beligerancia anticatalana del Estado español. Tratándose
de ir contra Catalunya, el Estado español no tiene inconveniente en
fisgar en las normas administrativas, igual que el dios de Santa Teresa
andaba entre los pucheros.
Aquí, la versión castellana:
El Estado prevaricador
No
se sabe qué llama más la atención de la cacicada de la Junta Electoral
Central (JEC), si su arbitrariedad o su ineptitud. Apenas le ha durado
72 horas pero ha conseguido con creces lo contrario de lo que pretendía.
Quiso destruir una candidatura y ha asegurado su triunfo arrollador
haciéndole gratis la campaña.
La
arbitrariedad no puede quedar sin respuesta. La JEC es sospechosa de
haber prevaricado. Habrá querella, que será contra los miembros del
órgano que hayan cometido supuestamente el delito. Si hubiera
reparaciones por el evidente daño causado, el responsable subsidiario
sería el Estado. Es el Estado el prevaricador. Es el Estado el que,
siempre que puede, se salta su propia ley cuando se trata de Catalunya.
En
el caso concreto de la prohibición de la JEC, la presunta prevaricación
es patente, lo que facilitará su denuncia y sanción. Los miembros de
este órgano quedarán inhabilitados una temporada y serán sustituidos por
otros, probablemente tan catalanófobos como estos, aunque quizá menos
incompetentes.
Lo importante es que este caso pone de manifiesto una
actitud general prevaricadora en las instituciones y poderes del Estado
con relación a Catalunya. Los tribunales, el gobierno de turno, el
Parlamento, sea cual sea su composición, todos actúan habitualmente
haciendo un uso partidista del derecho.
Prevarican,
incluso, de "buena fe". Niegan que estén saltándose la ley o
aplicándola fraudulentamente y menos por razones partidistas. Entienden
que dar primacía a la unidad de España sobre el principio democrático de
la voluntad de los gobernados, esto es, el unionismo, sea algo
partidista. "España no es un partido", se dicen a sí mismos, "sino la
razón de ser de la justicia". Los partidistas y posibles prevaricadores
son los otros, quienes no quieren ser españoles. Los nacionalistas son
siempre los demás.
Sin
embargo, al ser el conflicto sobre la unión (que los independentistas
consideran colonialismo) o la independencia (que los unionistas
consideran separatismo), el unionismo es un partido. Uno de los dos
partidos aquí enfrentados, el que está en posición de poder porque
dispone del poder del Estado y administra la justicia. Y, al emplear el
derecho en su propio interés, hace un uso partidista de él. O sea,
prevarica.
De aquí se sigue la
eficacia del contraataque del presidente Puigdemont tras destruir la
táctica prevaricadora de la JEC. Pone de relieve ante la opinión pública
europea y mundial la ilegalidad e injusticia del Estado español frente
a Catalunya y destruye su pretensión de construir un relato exterior
propagandístico que presenta a España como un Estado democrático de
derecho cuando no lo es. Es una eficacia que, como se ha señalado
reiteradamente se debe a la fuerza de un exilio capaz de hacer frente y
derrotar al Estado prevaricador.
Advertido
el unionismo ya en tiempos de Rajoy de la importancia de la propaganda
exterior, creó un organismo, Marca España, que, concebido por la
corrupta derecha española solo fue un chiringuito de enchufados del
franquismo sin incidencia real alguna.
Los unionistas del PSOE, algo más
avisados, le cambiaron el nombre por el de España global y Borrell lo
puso en manos de enchufados del PSOE, esperando mayor eficacia en su
tarea de embellecer la tiranía española a ojos exteriores.
Un proyecto
tan prevaricador y malversador como todos los demás porque consiste en
emplear ingentes recursos públicos de todos (también los catalanes) para
defender una interpretación partidista e interesada de un conflicto
interno entre España y Catalunya.
No existe un juicio unívoco y
generalmente aceptado sobre la naturaleza de ese conflicto y, en buena
ley, el Estado debiera actuar con imparcialidad y neutralidad y no ser
el instrumento de una de las partes y utilizado, además, con tácticas de
guerra sucia y abuso de poder.
El
relato hegemónico exterior es claramente favorable al independentismo
porque se construye libremente, a través de la comunicación en
sociedades que no están viciadas por el carácter prevaricador del Estado
español, heredero de la prevaricación esencial que fue el franquismo,
hoy dominante en las instituciones.
La
prueba más evidente es que este Estado produce las arbitrariedades, y
abusos a mayor velocidad de la que nunca podrán alcanzar los burócratas
borrellianos en justificarlas y disimularlas, por mucho que les paguen.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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