MURCIA.-El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia ha declarado como investigado al exconsejero de Agricultura del Gobierno murciano, Antonio Cerdá, y a otras once personas en el denominado caso Desaladora de Escombreras, sobre presuntas irregularidades en la construcción y gestión de esta infraestructura.
Así
aparece reflejado en el auto del juez del pasado 7 de marzo y que
levanta el secreto de sumario que hasta ahora permanecía en vigor, y que
estima procedente tomar declaración a Cerdá en calidad de presidente
del Ente Público del Agua (EPA).
Cabe recordar que el fiscal
coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, abrió una
investigación sobre la desaladora de Escombreras y la Brigada Provincial
de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía registró las
instalaciones de la planta a instancias del Juzgado de Instrucción
nº 5 de Murcia.
Además,
se practicaron entradas y registros en la sede social de la desaladora
en la calle Platería, de Murcia, así como en las dependencias de la
Entidad Pública del Agua (EPA) en la Consejería de Agricultura y Agua,
en la sede de la planta de la mercantil de la desaladora en el Valle de
Escombreras, y en la sede social de Hidro Management S.L. en Murcia.
La
petición respondía a la querella presentada y admitida a trámite en
2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis
Díaz Manzanera, a fin de esclarecer la gestión económica de la
infraestructura, "lo que fue el origen de la desaladora, contratos,
cláusulas y si se perjudicó o no al erario público".
La
querella presentada por el fiscal delegado de Medio Ambiente y
Urbanismo refería la presunta comisión de delitos de fraude,
malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos y
oficiales, fraude de subvenciones y delitos solitarios y,
posteriormente, ampliaba a insolvencias punibles.
En
concreto, en estos registros se incautó diversa documentación
relacionada con la gestión y explotación de la planta desaladora,
relacionados con su proceso de construcción, con la creación de
Hidronostrum y de la persona jurídica Desaladora SAU, su adquisición por
la Comunidad Autónoma, contratos celebrados por la misma y obligaciones
generadas o asumidas en última instancia por el Gobierno regional.
El
juez señala que, en base al resultado de la pericial practicada y la
incoación de otros procedimientos judiciales en los que sume un papel
relevante la desaladora, procedería la tramitación del caso en dos
piezas separadas.
La
primera de las piezas haría referencia al origen y construcción de la
desaladora. En el auto, el juez estima que, aunque la planta fue creada
con capital privado, el propósito inicial era transformarla en empresa
pública, "asumiendo así el erario público todas las operaciones
millonarias buscadas sin aplicación de la legislación sobre contratación
pública".
"Es decir,
sin garantizar que los contratos suscritos por ella se ajustasen a los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de
trato entre los candidatos".
Además,
según el auto, se habría hecho sin "asegurar, en conexión con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de
obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante
la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta
económicamente más ventajosa".
Es
decir, el juez cree que "se trataría de un proyecto preconcebido,
contando desde el principio con la connivencia activa y preconcebida de,
al menos, los responsables públicos que participaron en su desarrollo".
En
esta pieza, el juez estima que procederá tomar declaración en calidad
de investigados a las 12 personas citadas, entre ellos Cerdá, consejero
de Agricultura y Agua desde 1999 hasta su dimisión en marzo de 2015.
La
segunda pieza haría referencia al criterio para la elección de A.A., y
su nombramiento para actuar en representación de la Comunidad como
asesor jurídico en las demandas interpuestas por Hidromanagement y
Tedagua contra la desaladora, así como de otros asesores.
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