MADRID.- El Ministerio de Fomento ha accedido a las peticiones de las
constructoras medianas y ha relajado las condiciones para poder competir
en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que contará
con una dotación de 5.000 millones de euros a través de un modelo de
financiación público-privada. El departamento que dirige Íñigo de la
Serna ya ha trasladado el pliego de contratación a la Abogacía del
Estado para su aprobación definitiva, tal como revela El Economista.
El documento rebaja las
exigencias financieras para poder pujar por los contratos del PIC con
respecto al contenido de los borradores previos. Así, los recursos
propios vinculados al neto patrimonial deberán ser como mínimo del 15%
de la suma del importe del contrato, incluyendo expropiaciones e
inversión, frente al 20% original.
Además, en las agrupaciones de
empresas, se contabilizarán los recursos propios como la suma de éstos
vinculados al neto patrimonial de cada firma, pero ya sin tener en
cuenta el porcentaje de participación de cada una, según explican
fuentes conocedoras del pliego.
Estos cambios responden a las
demandas de la Asociación Nacional de Constructores Independientes
(Anci), que agrupa a 23 constructoras medianas. Sin ellos, habrían sido
mayoría las compañías integradas en esta patronal que habrían tenido
serias dificultades para participar en las licitaciones, sobre todo en
aquellos contratos de mayor volumen.
El PIC incluye alrededor de una
veintena de proyectos cuyos importes oscilarán entre los 150 y los 600
millones de euros. Hasta la fecha, el Gobierno ha anunciado tres
iniciativas. Se trata del Arco Noroeste de Murcia, con una inversión
estimada de 241 millones de euros; el Eje Este-Oeste de la A-7 de
Alicante y Murcia, con 580 millones; y tres nuevos tramos de la A7
(CV-10) desde Vilanova de Alcolea hasta La Jana, en Castellón, con una
dotación de 434 millones. El Ejecutivo planea lanzar las primeras
licitaciones en las próximas semanas, una vez esté aprobado el pliego de
contratación.
El modelo establecido es la
colaboración público-privada y estará financiado en un 20% por las
concesionarias (las constructoras, mayoritariamente), en un 40% por
fondos europeos (plan Juncker) y en un 40% por fondos de inversión y
bancos.
Ni Fomento ni Anci quisieron este
jueves hacer ningún comentario sobre los cambios del pliego, muy
esperados entre las constructoras medianas. No en vano, la mayoría de
ellas no ha podido aún cerrar los consorcios con fondos de inversión y
entidades financieras al no conocer los detalles finales.
Las
constructoras valencianas Torrescámara y Becsa y la extremeña Joca se
han aliado para concursar en el PIC, sobre todo en los proyectos del
Levante. Negocian en estos momentos con un fondo de inversión y algún
banco. Las tres pertenecen a Anci, la patronal que integra a 23 firmas
medianas.
Entre el resto, Copasa se ha unido al fondo británico InfraRed
y Aldesa con 3i, Sarrión, Rover Alcisa y Cyopsa -más Getinsa- negocian
con un fondo su consorcio, al igual que Azvi con Macquarie -se podría
sumar Rubau- y Copcisa con el luso TIIC.
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