Los negociadores de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana han decidido dejar correr unas semanas el reloj y aplazar la investidura del president de la Generalitat. Nadie lo quiere decir explícitamente así, no fuera el caso que el paciente electorado independentista acabara por rebelarse, pero a la vista está el continuo retraso en las negociaciones: siempre están a punto de finalizar pero lo cierto es que no avanzan nunca. 

No sabemos realmente ni cuáles son los problemas, ni si son superables, que obviamente lo son, ya que unas nuevas elecciones serían una catástrofe. Un día se habla de una resolución que está a punto de aprobarse y se pasan de un bando a otro de la mesa de negociación y otro se anuncia la presentación de una propuesta para modificar la ley de Presidència e investir a Carles Puigdemont a distancia.

Y cuando esta última propuesta se lleva al Parlament, solo la presenta JuntsxCat en el registro y, políticamente hablando, su recorrido es prácticamente nulo porque quedará embarrancada en alguna de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Sorprende, por tanto, la obstinación de la formación de Puigdemont con dicha iniciativa legislativa.

Lo cierto es que se han cumplido 50 días de las elecciones del 21-D, y diez desde la suspensión de la sesión de investidura fallida del pasado 30 de enero por el president Roger Torrent a la espera de un debate efectivo y con garantías para investir al candidato Puigdemont. 

Y aquí estamos, esperando unas garantías que no van a llegar y cubriendo informativamente las horas con reuniones que no parecen llevar a ningún sitio pero que intentan transmitir la impresión de que alguna cosa se mueve. Si no fuera porque los partidos son diferentes, esta situación, más o menos, ya la vivimos en el invierno de 2015 en aquellas interminables negociaciones entre Junts pel Sí -la candidatura de CDC,ERC e independientes- y la CUP que acabaron con el paso al lado de Artur Mas.

La situación es diferente pero se parece a aquella y la lenta cocción a la que se somete el acuerdo de investidura entre las dos formaciones políticas amenaza el relato del independentismo, que lo único que transmite es un conflicto entre las dos formaciones, no beneficia en nada a los políticos que están presos en Estremera y en Soto del Real y, finalmente, debilita la posición política de Puigdemont. Por ello es más injustificable aún que continúen jugando al gato y al ratón.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia