MURCIA.- El diputado regional de Podemos, Miguel G. Quesada,
ha afirmado que existe una gran sombra sobre los criterios para decidir
sobre donde se actúa ya que " había unos centros escolares, a raíz de un
informe de evaluación de riesgos el 15 de noviembre de 2017 que
identificaba unos centros en los municipios de Cartagena, Águilas, Alhama de Murcia,
Santomera, Totana y La Unión, y sin embargo, en el Plan programado para
este año y el próximo (por un valor de 1.140.491 euros) aparecen
centros de otros municipios (Murcia, Alcantarilla, Puerto Lumbreras, San
Javier, Torres de Cotillas, Yecla...
Por lo que
ha manifestado que "nos gustaría conocer los nuevos informes de riesgos
laborales que ponen de manifiesto esa urgencia, y ese cambio de
criterios de unos centros por otros".
En este mismo sentido la portavoz y
concejala de Cartagena si se Puede, Pilar Marcos, ha expuesto que en el
municipio de Cartagena, es donde se encuentra el mayor número de
centros escolares, con 29 colegios con estructuras de amianto.
"Sin
embargo en el Plan de desamiantado para centros escalares previsto para
el 2018-2019 no aparece ni un sólo centro educativo de Cartagena".
Por
lo que ha afirmado no entender como la Consejería de Educación obvia,
esta realidad, que va contra la salud de los escolares y los
trabajadores de los centros, y ha preguntado de forma retorica que "a qué está esperando la Consejería de Educación y cuando va a dejar de
jugar con la salud de los escolares"
Creemos que
hace falta un apoyo decidido a las políticas públicas, y que es muy poco
el dinero presupuestado, sobre todo cuando estamos tratando de asuntos
que conciernen a la educación y a la salud públicas. Vemos que la
actuación de la Consejería desde 2013 se caracteriza por una dejación de
su labor para acelerar el desamiantado de los centros escolares.
Según
los informes remitidos por la Consejería, en un primer momento se
proyecto la eliminación de cubiertas de 5 centros escolares (verano
2013, 14, y 16, por un valor de 298.098,03 euros). En cuatro años no
llega a 300.000 euros en total.
Finalmente ha
concluido en que desde Podemos Región de Murcia entendemos que este tipo
de actuaciones en las que no se le da protagonismo en a los agentes
educativos involucrados, ni se establecen criterios claros, objetivos,
lejos de conseguir una verdadera cohesión social, continúan
desprestigiando a las instituciones públicas, convirtiéndolas a ojos del
público general como máquinas clientelares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario