MADRID/MURCIA.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado investigar a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por los presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.
En un auto, el Tribunal Supremo ha designado instructora del caso a la magistrada Ana María Ferrer, para llevar a cabo las diligencias solicitadas el pasado mes de julio por la Fiscalía. Esta petición se hizo después de que el exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -que ha estado investigando el caso Púnica hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial-, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.
El Supremo emitió el pasado 5 de julio un escrito de dos folios solicitando su imputación. En su escrito, el ministerio público como primera diligencia solicitó su comparecencia voluntaria "a fin de que declare sobre los hechos imputados objeto de las presentes actuaciones y cuantas otras sean necesarias para la aclaración de los mismos", según ha informado la Fiscalía en un comunicado.
La Sala, en cuyo auto recoge la exposición razonada del juez Velasco, considera que los hechos atribuidos a Barreiro "son susceptibles de ser calificados como constitutivos" de cinco delitos. Precisa que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro De Pedro -considerado el conseguidor de la trama- para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 subraya también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público previsto trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.
El juez de la Audiencia Nacional cree que la senadora "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado caso Novo Carthago, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.
Entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención-. Posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.
El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa popular participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.
"Marca PP"
El secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, lamentó que la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro "sentada en el banquillo es marca PP", y aseguró que "asistimos a la decadencia del Partido Popular y, con ello, al declive de toda una época donde la corrupción no ha sido un caso aislado sino un 'modus vivendi'".
En este sentido, Urralburu afirmó que "se hace patente por qué el PP blindó a Pilar Barrerio con el aforamiento poniéndola en las listas al Senado el 20-D y el 26-J, ya que había que protegerla en la casilla del seguro, al menos durante la época electoral", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.
En este sentido, Urralburu señaló que el Tribunal Supremo "ha abierto causa penal contra la exalcaldesa de Cartagena, e insignia del Partido Popular en la Región, Pilar Barreiro, nada más y nada menos que por los presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho".
Urralburu añadió también que "el caso Barreiro, viene a suponer una nueva prueba del uso patrimonialista que el PP hace de las instituciones". A su juicio, "por más que intenten ocultarlo, la realidad del PP está cada día en los tribunales. Y es que no se trata de casos aislados, sino de una trama mafiosa que ha operado durante las últimas dos décadas en la Región de Murcia, esquilmando lo público, amenazando la estabilidad política y lastrando el futuro de la ciudadanía de esta región".
Así, "solo nos queda una opción decente y sana que es la de devolver las instituciones democráticas a la política no corrupta, por lo que la salida de este oscuro túnel de corrupción es impedir que sigan gobernando, por salud y dignidad democrática", concluyó.
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