El domingo dije que escribía con miedo creciente a algo
irreparable. Todavía no hemos llegado, pero ya estamos en lo de 'peor
que ayer pero no tan mal como mañana'.
El lunes la carta de Puigdemont a Rajoy no
contestaba a la requisitoria sobre si había habido declaración de
independencia. La explicación oficiosa es que el president no puede
humillarse.
¿Se rebaja el 'president' si le dice al Gobierno de España
lo que todos pudimos ver y que los concentrados en el paseo Lluís
Companys captaron al momento? Que, como dijo Miquel Iceta,
el 'president' suspendió una declaración de independencia antes de
realizarla. ¿Humillación u otra supeditación a los hiperventilados?
Y este «ejercicio de dignidad» coexistía extrañamente con el
momento en que más de 500 empresas anunciaban el traslado fuera de
Catalunya de su sede social y en que Adeslas-Segurcaixa retiraba al
Parlament el seguro que lo cubría. Todo por no admitir lo que el
profeta Artur Mas ya ha acabado reconociendo, que
Catalunya no está preparada para la independencia real y que una
declaración de independencia carece de sentido si nadie te reconoce como
un nuevo Estado.
Pero lo más surrealista es que cuando los dos bancos del
país han tenido que cambiar de domicilio y lo mismo han hecho empresas
como Catalana Occidente, Axa, Abertis, Gas Natural, Planeta y otras de
tamaño más mediano, el Govern se niegue a comparecer en el Parlament
para explicar la situación. Todavía más cuando los datos de libros y
entradas de teatro vendidas y la caída de reservas hoteleras para los
próximos meses hacen temer que el choque de trenes acabe en crisis
social y recesión económica. En lo que tenía que ser la Holanda del sur,
el Parlament no celebra ningún pleno ordinario desde hace más de un
mes.
El ‘teorema Forcadell’
Pero cuando el separatismo ha alcanzado su máximo nivel
de incompetencia, surge algo que en Catalunya nunca falla: el 'teorema
Forcadell'. Llega el Estado y en una decisión incomprensible mete en la
cárcel de Soto del Real a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Madrid dice que el poder judicial es independiente. De acuerdo, pero la
fiscalía no. Y hay gente sensata en Catalunya que me dice que no debe
tolerarse que la Guardia Civil y una secretaria judicial queden
atrapados en la Conselleria d’Economia y tengan que salir –horas
después– por la puerta trasera del Coliseum.
Vale. Pero parece que el delito imputado no es
competencia de la Audiencia Nacional sino de los juzgados de Barcelona.
En todo caso, la prisión provisional es excepcional. Nadie debería
entrar en prisión antes de ser condenado en un juicio con todas las
garantías. Es algo que la mínima cautela haría aconsejable recordar al
encausar a dos líderes sociales del independentismo en una Catalunya en
plena ebullición. Rajoy dice que vivimos la peor crisis
constitucional de la democracia. Pero parece que –inasequible al
desaliento– alguien en la Audiencia Nacional actúa con impunidad como si
fuera un agente emboscado de ese comité secreto que asesora a Puigdemont.
Peor que ayer, pero…
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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