sábado, 28 de marzo de 2009

El Defensor del Paciente exige a Valcárcel que subsane deficiencias o pedirá a la Fiscalía abrir diligencias

CARTAGENA.- La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, exigió al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que "tome inmediatas medidas para subsanar las deficiencias gravísimas de las Urgencias del Hospital El Rosell", explicó en comunicado de prensa.

En caso contrario, advirtió, "instáremos a la Agencia Española de Protección de Datos y a la Fiscalía a abrir diligencias por un atentado al honor y a la confidencialidad e intimidad de los pacientes".

Y es que el hacinamiento del servicio fue tal que llegó a tener hasta 30 camas en los pasillos y 59 enfermos en las tres unidades de observación (unidades virtuales de planta), así como "un vergonzoso tiempo de traslado de Urgencias a la planta superior, que fue de tres días".

Los pacientes no pueden estar en los servicios de salud como "cerdos" muriendo y sufriendo en un pasillo sin la más mínima intimidad ni respeto, a lo que hay que añadir "la presión asistencial que sufren los trabajadores y la ira de los familiares de los pacientes que ven a sus seres queridos en estas situaciones".

Después, lamentó, "nos llevamos todos las manos a la cabeza cuando hay agresiones y pérdida de nervios".

Se editan 60.000 tarjetas postales para conmemorar la llegada de las primeras aguas del Tajo-Segura

MURCIA.- El Gobierno regional ha puesto en marcha una acción informativa y promocional con motivo la llegada de las primeras aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura a la Región hace 30 años. El Ejecutivo murciano ha editado 60.000 tarjetas postales alegóricas de esta conmemoración, con el lema 'Trasvase Tajo-Segura, 30 años y muchos más'.

Así, a partir del próximo martes, 31 de marzo, fecha en la que llegaron los primeros hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo, varias azafatas uniformadas con camisetas de la campaña repartirán en los centros urbanos de Murcia, Cartagena y Lorca ejemplares de la tarjeta postal.

Estas tarjetas también podrán recogerse en las instalaciones de sindicatos y comunidades de regantes y entidades de ahorro de ámbito regional, según explicaron fuentes del Gobierno regional.

Asimismo, desde hace unos días todas las informaciones que la Comunidad remite a los medios de comunicación incluyen en su parte superior derecha un logo conmemorativo de este aniversario.

Según explicó la portavoz del Gobierno regional y consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, las acciones comunicativas organizadas tienen por finalidad "que los murcianos, en momentos tan decisivos como los actuales, tengamos presente esta emblemática infraestructura, vital para la Región de Murcia".

Además, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, resaltó esta infraestructura como "una obra de solidaridad, de estructura y de cohesión de un Estado" porque, según dijo, "fue un proyecto que nació a lo largo de todo el siglo XX con gobiernos de distinto signo y todos coincidieron en la necesidad de llevarlo a cabo como la mejor solución a la escasez de agua en determinadas zonas del país".

Cerdá aseguró que este acueducto supone "un ejemplo de cómo usar bien el agua" y explicó que "los gobiernos tienen la obligación de llevar el agua desde donde sobra hasta donde falta, a donde puede crear riqueza, trabajo y bienestar para todos". Por lo tanto, añadió, "un gobierno que persigue un interés general, tiene la obligación de consolidar, apoyar y realizar este tipo de obras y no eliminarlas".

El consejero subrayó que "este trasvase nació porque en la Región de Murcia hacía falta agua, y hoy sigue faltando". Por ello, recalcó, "lo que tiene que hacer el Gobierno de España es llevar agua a donde hace falta y no solo desde el Tajo sino también desde otros puntos, porque en España sobra agua lo que pasa es que está mal distribuida".

El Foro Ciudadano expresa su rechazo a la presencia de miembros del gobierno regional en la manifestación sindical de esta tarde

MURCIA.- El anuncio de la portavoz del gobierno de Valcárcel de que iban a estar presentes en la manifestación convocada por CCOO y UGT esta tarde en Murcia “por el empleo, el salario y la protección social”, y que apoyaban otras muchas organizaciones y asociaciones, entre las que se encontraba el Foro Ciudadano, "nos produce un profundo malestar y un completo rechazo".

"La desfachatez con la que el PP de Murcia ha venido eludiendo sus propias responsabilidades en la grave situación en la que se encuentran miles de familias y trabajadores murcianos, sobre las que ha ejercido su acción de gobierno en los últimos 14 años, con un elevado nivel de competencias transferidas y con una entusiasta defensa del fracasado modelo productivo al que debemos la cuota adicional de sufrimiento social que padecemos los murcianos, les descalifica radicalmente para acompañar al movimiento sindical y social que esta tarde se va a manifestar por las calles de Murcia", reza un comunicado del Foro Ciudadano.

"Si es cierto que Valcárcel y su gobierno no son los únicos responsables de esta situación, su actuación ha sido fundamental para llevarnos al lugar en que nos encontramos, con el crecimiento del paro más alto del país, con los salarios y pensiones más bajas, con la mayor precariedad laboral y un débil sistema de protección social, todo ello acompañado por el retroceso de los sistemas públicos de salud y de educación-que son de su plena competencia-y la apuesta por la privatización de los pilares de nuestro sistema de bienestar.

No sólo han fracasado en su apuesta política, arrastrando tras ellos a la sociedad murciana, sino que nos han traído la peor plaga de corrupción institucional que jamás ha vivido nuestra Comunidad, y han sometido a nuestros recursos naturales a un violento expolio al ponerlos sin restricciones al servicio de la especulación inmobiliaria.

No, señores del gobierno, ustedes no pueden acompañarnos en la manifestación porque esta protesta va dirigida a que cambien su política, a que cambie también el modelo productivo que han impulsado, a la defensa de los servicios públicos que ustedes amenazan, a que cese el despilfarro y se acabe la corrupción. Mírense en el espejo y comprenderán por qué no pueden manifestarse con nosotros".

Sorpresa en CC OO

El sindicato CCOO manifestó hoy, en comunicado de prensa, su sorpresa con el anuncio de que miembros del Ejecutivo murciano iban a asistir a la manifestación convocada en la capital por los sindicatos.

A juicio de CCOO, dicho anuncio se inscribe en la dialéctica que quiere situar diferencias entre la situación de crisis, en cuanto a la responsabilidad de su origen, entre el Gobierno central y el Gobierno regional.

"Una dialéctica que no comparte CCOO, ya que se trata de una crisis mundial, que está afectando con un ritmo intenso de destrucción de empleo en nuestro país, y agravado en nuestra región por partir de un modelo de desarrollo con mayor temporalidad y con salarios más bajos", explicó el sindicato.

CCOO cree que lo que deben hacer tanto el Gobierno regional como el Gobierno central es tomar nota de la situación social existente y de la voluntad firme de los sindicatos, y "que esta crisis no la pueden pagar los trabajadores ni degradando el mercado de trabajo, frente a la postura de la patronal de abaratar el coste del despido y de solicitar mayores rebajas fiscales y de impuestos".

Asimismo, para CCOO lo conveniente sería que el Gobierno regional se comprometa con el cambio de modelo productivo reclamado por los sindicatos, fortaleciendo el sistema educativo público, apostando por la innovación y el desarrollo tecnológico, y fortaleciendo el sistema de protección social".

En este sentido, CCOO reclama al Gobierno regional que ponga en marcha de forma definitiva la Renta Básica de Inserción, que ejerza un mayor control del gasto público, y que realice las oportunas inversiones en la red pública de centros educativos y en las universidades públicas, así como el resto de propuestas planteadas en el manifiesto de UGT y CCOO realizado para convocar la manifestación de hoy.

Pérez Abellán mantiene su acta de concejal una vez fuera del Gobierno municipal de Cartagena

CARTAGENA.- Enrique Pérez Abellán mantiene su acta de concejal aunque ya no forma parte del equipo de Gobierno de Pilar Barreiro. La alcaldesa de Cartagena hizo pública ayer su decisión, de aceptar la dimisión del concejal, después de que éste reconociera que enchufó a su hijo en la adjudicación de la redacción de cuatro proyectos del Plan E.

Asimismo, matizó que el acta del concejal "es personal y corresponde al edil dejarla. Es algo que debe comunicar Enrique y lo hará". Si Pérez Abellán no renuncia al acta sería expulsado del PP y entraría a formar parte del grupo mixto, donde cobraría 600 euros al mes, recoge hoy 'La Opinión'.

El vicesecretario general de Comunicación del PP de Cartagena, Joaquín Segado, se mostró convencido de que Pérez Abellán renunciará al acta "en un plazo razonable. No sé cuánto tiempo tiene para hacerlo". Tras señalar que de lo contrario sería expulsado del PP, aseguró: "Estoy convencido de que no vamos a llegar a eso".

Pérez Abellán no quiso pronunciarse ayer y según fuentes municipales acudió al Edificio Administrativo bien temprano y muy afectado.

Respecto a desde cuándo sabía que al hijo del edil, Enrique Pérez Blaya, se le habían adjudicado la redacción y dirección de los proyectos por los que cobrará hasta 52.000 euros, la alcaldesa dijo: "Hace muy poco. Carece de relevancia. Yo doy cuenta de mis actos públicos, pero no tengo por qué dar explicaciones de los procedimientos de la toma de decisiones".

Sobre el hecho de que el edil de Hacienda, José Cabezos, y el vicealcalde, Agustín Guillén, también tengan responsabilidad en el proceso, tal y como denunció el PSOE, aclaró: Defenderé la legalidad del proceso hasta sus últimas consecuencias y se dará cuenta de todo, una vez que concluyan las adjudicaciones en un pleno extraordinario con todos los informes técnicos y jurídicos. No asumo responsabilidades de nadie más en este acto".

La alcaldesa reconoció el gesto de Pérez Abellán al presentar su dimisión. "Es un gesto que no se prodiga entre muchos políticos y le honra". Alabó su extraordinario trabajo "con grandes sacrificios personales y entrega total en todas las labores y funciones que yo le he encomendado y así lo han valorado públicamente vecinos y asociaciones durante tres legislaturas".

Por su parte, el PSOE señaló que está pendiente de analizar toda la documentación sobre el Plan E para ver si se zanja este tema con la destitución del edil. IU exigió una comisión de investigación y señaló: "Sí se han cometido irregularidades, por parte del edil y de otros, como el vicealcalde, Agustín Guillén".

El PSRM suspende a la ejecutiva de San Pedro y expedienta a los ediles díscolos

SAN PEDRO DEL PINATAR.- Los tres concejales de San Pedro del Pinatar que solicitaron la baja del PSOE retiraron ayer su petición al considerar que esa decisión perjudicaba los intereses del partido. La ejecutiva local socialista convenció a los tres concejales para que reconsideraran su decisión y permanecieran en el seno del PSOE, pero culpó al alcalde, José María García, de la situación y pidió su dimisión.

La reacción de la comisión ejecutiva del PSOE en la Región fue inmediata y decidió tramitar la suspensión de la ejecutiva local por pedir la dimisión, según 'La Opinión'.

Además, la ejecutiva regional ha abierto expediente disciplinario a los cuatro concejales socialistas que no acataron la disciplina del grupo municipal durante el pleno celebrado ayer. La ejecutiva regional afirmó que pedir la dimisión del alcalde "daña gravemente la imagen del partido y del máximo representante de la corporación municipal".

Tras la marcha atrás de los concejales díscolos, nadie imaginaba que fueran a romper la disciplina del partido, absteniéndose ayer en el pleno en tres de los dos puntos del día, y evitando que el alcalde pudiera sacar adelante una de ellas: el cambio de representantes de los órganos colegiados externos.

Los concejales díscolos comenzaron el pleno con una petición al alcalde, el voto nominal, solicitud que no aceptó el PP ni el PSOE, ya que, según la portavoz popular, Visitación Martínez, "si hay tres grupos, votan los tres portavoces".

"Si algún concejal quiere cambiar su voto, que lo haga", añadió el alcalde. Y así lo hicieron los cuatro ediles díscolos, que se abstuvieron en dos ocasiones y apoyaron al alcalde en una de las más importantes, la adquisición de un crédito de 3 millones de euros para que el Ayuntamiento pueda pagar a sus proveedores.

El socialista Francisco Molero calificó la situación de anómala porque "nosotros queremos que esto se arregle; el alcalde tiene mucha palabrería pero poca voluntad de negociación". Molero dijo que las abstenciones habían sido provocadas por "el descontento que sentían y por la falta de información".

Molero calificó la situación de desagradable y fue más allá: "Nosotros ahora somos los malos, pero creemos que esto es lo mejor para el pueblo, nosotros no nos hemos ido, nos echaron".

Por su parte, el alcalde dijo que "tenemos un gobierno en minoría con cuatro concejales que no aceptan la disciplina del partido". Para García, "esta operación estaba pensada desde hace mucho tiempo, cada vez han ido poniéndome el listón más alto para que no pudiera saltarlo, ellos quieren que yo me vaya, pero yo no voy a tirar la toalla".

El alcalde repitió una y otra vez que seguirán gobernando, "porque cuatro concejales no tienen derecho a alterar la decisión de un pueblo. Si me voy será porque así lo quieran los ciudadanos".

Para el alcalde, esta situación es ya irreconciliable, pues "hemos trabajado para solucionar esto, hemos hecho viajes a Ferraz y yo ya estoy agotado intelectualmente. Además, después de todas sus declaraciones, no me ha sorprendido lo que han hecho hoy (por ayer)".

El PSOE, que tiene diez concejales, gobierna desde principios de legislatura en San Pedro del Pinatar con el apoyo del edil del grupo independiente, mientras que el PP está en la oposición con otros diez concejales.

El consejero Ballesta hace un llamamiento para la evolución del modelo productivo de las promotoras inmobiliarias murcianas

MURCIA.- El consejero de Obras Públicas, José Ballesta, propuso una evolución del modelo productivo de las empresas promotoras y constructoras de la Región de Murcia como paso fundamental en la salida de la crisis, en el almuerzo de trabajo que mantuvo con la Asociación de Directivos de la Región de Murcia (ADIMUR).

Juan Cosme, presidente de Adimur, hizo hincapié, en sintonía con el consejero, en que las estrategias de uniones temporales de empresa para afrontar nuevos retos son necesarias en casi todos los sectoresempresariales, sean de construcción, industria, agricultura o logística.

Ballesta, puso encima de la mesa, a modo de reflexión conjunta con la veintena de directivos de algunas de las más importantes empresas de la Región, que "no podemos retroceder a modelos anteriores a la crisis cuyo resultado en todo el mundo ha degenerado en la situación actual".

Para el máximo responsable de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, la tendencia de las empresas promotoras debe dirigirse hacia la concentración para conseguir una mayor envergadura. Como consecuencia de ese mayor tamaño se llegarían a abordar proyectos más grandes de mayor cuantía y relevancia.

"La Consejería apoyará a quienes avancen en esta nueva línea hacia estrategias que no reproduzcan modelos fracasados", señaló.

El consejero y los directivos reunidos coincidieron en destacar las grandes virtudes del empresariado murciano, en especial en el sector tecnológico de la construcción, "que pueden ser un instrumento muy útil para competir en nuevos mercados emergentes, como hasta ahora han hecho otras industrias regionales y empresas de servicios", explicaron fuentes de la organización en un comunicado de prensa.

Salgado remarca la necesidad de que la oposición adquiera "mayor papel" en los ayuntamientos españoles para evitar la corrupción

MURCIA.- La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, manifestó hoy en Murcia, la necesidad de que la oposición adquiera un "mayor papel" en cada uno de los ayuntamientos españoles con el fin de evitar la corrupción urbanística.

"Esas serán las líneas que nos permitan el tratar de consensuar con todos los partidos políticos una reforma de la ley en ese sentido". Y es que los casos de corrupción, remarcó, "hay que combatirlos con todas las fuerzas y por supuesto el Partido Socialista está dispuesto a hacerlo y, de hecho, lo está haciendo".

Al tiempo que apuntó que el 30 aniversario de los consistorios democráticos "es uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente, porque los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, a sus problemas, necesidades y aspiraciones, y hay muchas muestras de lo buena que ha sido esta democracia local", aunque, "hay que perfeccionar algunos instrumentos de control", remarcó.

Salgado realizó estas declaraciones antes de intervenir en un acto público en la capital murciana para hablar sobre 'El gran reto de 2009".

Por otra parte, Elena Salgado, afirmó hoy que "por supuesto" estudiaron en el nuevo sistema de financiación reconocer a los 300.000 murcianos que hasta ahora no lo están. De hecho, el Gobierno "no sólo lo va a reconocer, sino que es uno de sus objetivos fundamentales", anunció.

"El nuevo esquema de financiación se hace fundamentalmente para tener en cuenta unos incrementos de población que el anterior sistema de financiación no recogía", explicó.

Al tiempo que recordó que "el sistema de financiación que se aprobó en el Gobierno del PP permitía una actualización automática de la población. Entonces se dijo que era un sistema permanente que se actualizaba automáticamente con la población", pero los hechos han demostrado "que no era así, que no tenía ninguna previsión para el gran número de personas que han llegado a nuestro país desde el año 1999-2000".

A principios de enero el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, reclamaba 1.600 millones de euros que, según sus estimaciones, tenía de deuda el Gobierno central con la Región por el incremento de población, cifrado en 300.000 personas desde 1999.

Hoy, la ministra Salgado apuntó que el Ejecutivo central "reconocerá" el incremento de población en la Región de Murcia, porque "el sistema de financiación trata de dar respuestas a una nueva realidad".

Mayor Oreja cree que el informe urbanístico de la Unión Europea sobre Valencia y Murcia "no tendrá una repercusión real"

CARTAGENA.- El cabeza de lista a las elecciones europeas por el PP en España, Jaime Mayor Oreja, incidió hoy en la "vergüenza" y el "ridículo" que le producen la postura en que el PSOE ha colocado a España, a raíz del informe de la Unión Europea sobre el urbanismo en la costa de la Comunidad Valenciana y Murcia.

Asimismo, aseguró que no cree que ese informe "tenga repercusión real", pero si puede resultar "preocupante para la imagen de España".

A su juicio, "los socialistas crearon una bola que al final les ha arrollado a ellos tanto como a nosotros", señaló antes de un mitin de precampaña en Cartagena.

Mayor Oreja, defendió, ante más de un millar de militantes, en una convención de interventores en la sede de la Universidad Politécnica de Cartagena, la cita electoral del próximo 7 de junio como "el anticipo de la victoria en las próximas autonómicas y del triunfo de Mariano Rajoy en los próximos comicios nacionales", así como "el primer test nacional sobre cómo se está gestionando la crisis".

Asimismo, hizo hoy, en el primer acto de precampaña, en Cartagena, un llamamiento al "voto contra la crisis para elegir a los lideres que puedan resolverla" e incidió en la necesidad de "fortalecer a una España, ahora enferma, como una suma y no como lo que resta tras satisfacer a los nacionalismos".

El candidato a liderar al PP español en Europa defendió a su partido como, capacitado para "fortalecer España" y, desde ahí, "construir una Unión Europea inteligente, fuerte y cohesionada en algunas cosas y flexible en otras".

"El PSOE no está, a su juicio, en posición de conseguir eso en la actual coyuntura. Vivimos una crisis económica que pronto será social y de rostro todavía irreconocible", añadió.

Para Mayor Oreja los comicios del día 7 de junio no son unas elecciones más, son las primeras en esta deriva que "ese día nos llevará a tener cuatro millones de parados", apuntó. Por eso llamó a los ciudadanos a tomar la iniciativa y "desalojar democráticamente a un gobierno que ha creado 1,5 millones de parados". De lo contrario, se mostró pesimista.

"Lo peor que puede pasarnos es que España que quede instalada en la crisis, en la comodidad y no afronte el esfuerzo de rectificación y regeneración necesario", añadió. De tal forma, pidió a sus compañeros de partido "un esfuerzo para cambiar millones de actitudes acomodaticias".

Mayor Oreja consideró que "hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades, nos hemos hipotecado por encima de nuestras posibilidades", y lo achacó a una crisis de valores que los partidos no deben asumir.

En este sentido, en una referencia implícita a su oposición a la eutanasia y al aborto, consideró básica una regeneración moral que abarcaría también "el respeto a la vida, porque cuando se respeta la vida de una persona en su inicio y su final se respeta realmente a esa persona y su voto".

En el mismo encuentro de interventores, el presidente del PP regional, Ramón Luis Valcárcel, consideró que era el momento de "abrir la puerta a la esperanza para hacernos fuertes en Europa, con un Grupo Popular que incremente la presencia de la Región y de España" en su seno.

Valcárcel se preguntó por qué se pidió una investigación sobre la Comunidad Valenciana y Murcia "y no sobre Andalucía, donde se hacen barbaridades urbanísticas".

Por su parte, el secretario regional del partido, Miguel Ángel Cámara, consideró llegado el momento de derrotar en las urnas a un PSOE que "divide, destruye y sustenta al Gobierno más dañino y perverso que ha habido en contra de los intereses de la Región de Murcia".

Mientras, la diputada nacional por Murcia, Pilar Barreiro y alcaldesa de Cartagena, incidió en que "mientras el resto de la política de Zapatero hace aguas, lo que no hace el presidente es abrir vías de agua para la Región de Murcia".

El cambio horario de la próxima madrugada supone a las familias murcianas un ahorro conjunto de 6,6 millones de euros

MURCIA.- El cambio horario que se efectúa la próxima madrugada supondrá un ahorro conjunto para las familias murcianas de 6,6 millones de euros, según estimaciones de los técnicos de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, que cifran en un ocho por ciento el ahorro energético global del sector doméstico y el de servicios, derivado del cambio horario.

El director general de Industria, Energía y Minas, José Francisco Puche, indicó que ese ahorro eléctrico "representa una reducción de consumo para las familias murcianas de 79 millones de kilovatios/hora, que traducido en términos económicos significa un ahorro de 6,6 millones de euros para las familias murcianas, unas cifras que equivalen al consumo energético de 22.000 viviendas durante un año".

Asimismo, Puche añadió que "si son importantes estos datos en el aspecto económico, no podemos olvidar sus beneficiosos efectos medioambientales, ya que la energía que se ahorra por parte de las familias, evita la emisión a la atmósfera de 27.000 toneladas de dióxido de carbono al año".

La madrugada del próximo domingo, día 29 de marzo, comienza la 'Hora de Verano', de manera que los relojes deberán adelantarse una hora (a las 02.00 horas serán las 03.00 horas), en cumplimiento de la Directiva Comunitaria que rige el denominado 'Cambio de hora' y que afecta a todos los países miembros de la Unión Europea.

Esta medida tiene como fin aprovechar al máximo la luz del sol reduciendo así el consumo eléctrico, según informaron en un comunicado fuentes del Gobierno regional.

Este cambio de hora comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.

La Novena Directiva establece con carácter permanente las fechas de inicio del periodo de la 'Hora de Verano' (en el que, como ahora, adelantamos el reloj una hora) y su finalización (cuando retrasamos el reloj una hora), que se producen el último domingo del mes de marzo y el último domingo del mes de octubre, respectivamente.

Por último, el director general aconsejó a los ciudadanos que aprovechen al máximo la luz natural, ya que la luz del sol es gratis, que no se olviden de apagar las luces cuando salgan de una habitación, y que hay bombillas de alta eficiencia energética que ahorran hasta un 80 por ciento del consumo.

Unas 10.000 personas se manifiestan por la Vida en la capital murciana

MURCIA.- Unas 10.000 personas se manifestaron hoy por la Vida con rezo del Santo Rosario en la capital murciana, según diversas fuentes de la organización. Una concentración convocada por la Delegación de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida de la Diócesis de Cartagena, que arrancó a las 17.30 horas en la Plaza Circular y recorrió el Paseo Alfonso X El Sabio, Santa Clara, lateral del Teatro Romea, calle Basabé, Plaza Santo Domingo, Trapería, Plaza de la Cruz y calle Salzillo.

La procesión abría una pancarta con la leyenda 'Bendito el fruto de tu vientre', tras la que circulaba el obispo de la Diócesis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, quien explicó que lo que "queremos es proponer a los murcianos nuestra manera de entender el carácter inviolable de la vida humana".

Tras lo que apuntó, "todos pensamos que hemos de custodiar el bien que hemos recibido y apoyar a las mujeres gestantes de manera particular y hacer una cultura entre todos de la vida".

Asimismo, señaló que su gran ilusión es que con esta marcha "se inicie un movimiento que despierte el deseo de todos para que no se destruya ninguna vida inocente".

En ese sentido, continuó, "creo que la gran protagonista es la familia y de manera particular la conexión a lo que significa la mujer gestante".

"Nosotros lo que queremos es ser testigos de lo que hemos recibido y proponer que nuestra tradición respeta la vida humana en cualquier circunstancia, hoy, mañana y pasado mañana", remarcó.

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, la diputada del PP y vicepresidenta primera de la Asamblea Regional, Belén Fernández Delgado; el portavoz regional del PP de Murcia, José Antonio Ruiz Vivo; así como el vicesecretario de Sectorial del PP, José Gabriel Ruiz o el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Moya Angeler, participaron en esta manifestación, aunque, aseguraron que acudían "a título personal".

La procesión concluyó, con lluvia, sobre las 19.00 horas en la Plaza Cardenal Belluga, donde se celebró una Eucaristía en acción de gracias por el obispado de monseñor Juan Antonio Reig Pla como Obispo de Cartagena.

(En la imagen de 'El Faro', aspecto de la manifestación)

Escasa capacidad de convocatoria de los sindicatos burócratas en plena crisis económica

MURCIA.- Unas 5.000 personas tan solo debido a la lluvia, según fuentes sindicales, y unas 1.500 según la Policía Local, participaron hoy en la manifestación convocada por CC.OO y UGT bajo el lema 'Por el empleo, el salario y la protección social', que salió puntualmente, sobre las 18,30 horas, de la Plaza de la Cruz Roja y concluyó en la plaza de la Fuensanta, tras pasar por Teniente Flomesta y la Gran Vía.

El secretario general de CCOO, Daniel Bueno, se congratuló por la gran presencia de inmigrantes en la manifestación porque fueron los que primero se vieron expulsados del mercado laboral y creo que es justo que estén hoy aquí y que juntos reivindiquemos que tengan esperanza y expectativas de trabajo en nuestra Región".

En este sentido, el delegado en Murcia de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (Atime), Mustapha Zine, señaló que "la crisis nos está afectando mucho, más como inmigrantes", es necesario "crear más puestos de trabajo", resaltó.

De hecho, un inmigrante, Alí, aseguró hoy que los inmigrantes "se están quedando de verdad sin comida, no tienen trabajo, ni tienen ayuda del Gobierno y llevan a cuestas la hipoteca de su vivienda tras años en España".

"Estamos sufriendo mucho", remarcó.

Bueno, manifestó, en este sentido, que "es una manifestación en defensa del empleo ante el ritmo tan grande que ha habido de destrucción de empleo en el último año y medio en la Región y en nuestro país, y para reclamar que los salarios crezcan al menos como suben los precios al consumo y en contra de la propuesta de la patronal de que el incremento salarial sea en una banda entre el cero y el 1 por ciento", así como para "reivindicar una mayor protección social".

Y es que, continuó, "nuestro sistema de protección social debe garantizar que todas las personas que tienen problemas, porque se han visto expulsadas del mercado de trabajo, puedan vivir en condiciones dignas mientras encuentran otro empleo".

Por su parte, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, expresó que "ésta era la demostración de las advertencias que hace la clase obrera tanto al empresariado como a las administraciones públicas para que se impliquen en la solución a una crisis que no ha sido provocada por los trabajadores, sino por los afanes especulativos y desmesurados de ciertos sectores de la sociedad". Una crisis, prosiguió, "que no puede traducirse en un pisoteo de los derechos de los empleados".

"No estamos dispuestos a permitir indignidades en los salarios, en los despidos injustificados o a que se reduzcan las indemnizaciones", añadió. Jiménez aseguró que se presenta un 1 de mayo "que puede ser muy caliente, esperemos que con la manifestación de hoy y sucesivas movilizaciones de las organizaciones sindicales se aprenda la lección, se vea la unión de la clase trabajadora y no se produzca ningún tipo de regresión social".

Por último, remarcó que la Región de Murcia "siempre ha sido campeona" en economía sumergida. "Nosotros tenemos la sensación de que los índices de economía sumergida, que podíamos administrar y han bajado en los últimos 15 años algo en algunos puntos, ahora ha vuelto a subir". "No se quiere que los empleados no trabajen, lo que se quiere es que trabajen en economía sumergida, sin dignidad, derechos, antigüedad y sin salario", concluyó.

Al acto acudió también el secretario general de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, José Daniel Martín, quien aseguró que "compartimos plenamente el lema de esta manifestación". Desde el Gobierno regional "llevamos mucho tiempo luchando, junto con las organizaciones sindicales, por el empleo, la protección social y los salarios" y como "compartimos ese lema entendemos que debemos estar aquí, era una responsabilidad del Ejecutivo", añadió.

Martín, que iba acompañado por el secretario general de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, Antonio Sánchez Solís de Querol; el director de Comercio y Artesanía, Julio José Lorenzo y por el director del SEF, Ginés Martínez, puntualizó que "esta es una manifestación que va a favor del empleo, en contra de la situación económica actual con dos años de crisis, no del Gobierno regional", tras lo que apuntó "pensamos que deben tomarse las medidas adecuadas por parte del Gobierno central para que esta situación torne y de la vuelta".

A su juicio, "una actuación conjunta y concertada por parte de todos es la que tiene que dar lugar a que se salga de esta crisis lo antes posible y de eso tiene que tomar nota el Gobierno central, porque es la única solución".

Sobre las críticas sindicales o del Foro Social sobre que el Ejecutivo murciano no debería acudir a esta protesta, Martín aseguró que "nos han acogido estupendamente, por lo tanto no conocemos más de esa reacción".

Asimismo, participaron numerosos miembros de la ejecutiva socialista murciana: Pedro Saura, Begoña García Retegui, Gloria Martín, Sebastián García Tomás, Antonio Villaescusa, Mariano García, Lola Hernández, Pedro López o María José Alarcón.

En este sentido, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, manifestó que "estamos aquí porque lo que queremos es cambiar el modelo de productivo de la Región de Murcia, ese modelo que nos ha llevado a estar a la cabeza en el incremento del paro, en cuanto a la destrucción de empleo".

"Valcárcel se ha convertido con su modelo de crecimiento en el presidente murciano con más parados de la historia, más de 112.000 parados", añadió el secretario general de los socialistas murcianos, quien remarcó que "hay que cambiar esa política económica y desde luego, hacerlo desde la unidad de todas las fuerzas políticas y de los agentes económicos y sociales".

"Queremos meter el hombro, pero es fundamental cambiar ese modelo de crecimiento, y por eso estamos aquí para cambiar la economía del futuro", puntualizó.

Por su parte, el coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, acompañado también por su ejecutiva, afirmó que "el Gobierno central y regional deben tomar buena nota de esta protesta porque evidentemente tienen que modificar su política, y en lugar de que la que las ayudas vayan directamente a la banca privada, vayan a los trabajadores y pequeñas y medianas empresas".

Manifiesto

Los secretarios generales de CCOO y UGT leyeron un manifiesto que comenzó así: "La crisis económica, que tuvo su origen en un grave desorden financiero mundial, está afectando cada vez de forma más importante a la economía productiva de bienes y servicios, así como enfriando el consumo privado y de las empresas".

"El impacto en el empleo es importante. La destrucción de empleo comenzó en el sector de la construcción, pero se ha ido extendiendo progresivamente hacia el sector servicios y la industria".

Y concluyó reclamando la defensa del empleo, la protección social y el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios que constituyen elementos básicos para impedir un mayor deterioro de la situación económica y social.

"La reordenación y reorientación de las actuaciones contempladas en el Plan estratégico; una apuesta decidida por el fortalecimiento del sistema educativo público y la formación profesional; el apoyo a las universidades públicas y al fomento de la investigación y la transferencia tecnológica".

Además, de "agilizar la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Plan Industrial de la Región; el desarrollo del Reglamento de la Renta Básica de Inserción, así como la defensa del trasvase Tajo-Segura, "infraestructura imprescindible en el desarrollo regional y de la que dependen miles de trabajos y el futuro de la agricultura murciana", entre otras reclamaciones.

(En esta imagen de 'El Faro" se percibe lo deslucido de la marcha)

Multitudinaria manifestación en Alhama de los trabajadores de 'El Pozo Alimentación' en defensa de sus derechos y contra los despidos

ALHAMA.- Una movilización sin precedentes, como prólogo a la de esta tarde en Murcia, se ha llevado a cabo la mañana de hoy en la ciudad de Alhama. Trabajadores de todos los pueblos de la comarca se han dado cita a las puertas del Consistorio para apoyar las posiciones del Comité de Empresa de ElPozo y protestar por los despidos indiscriminados, como el del totanero, Andrés Ariza, que lleva más de 30 días a las puertas de la factoría, por un despido motivado por la persecución sindical.

Entre los asistentes, se encontraban dirigentes de UGT, USO, CGT y Comisiones Obreras en Murcia, representados por José Cánovas y el coordinador de ese sindicato en el Guadalentín, Enrique González. También portaba la pancarta de IU en el Guadalentín, el diputado y Coordinador de IU, José Antonio Pujante, así como los concejales de la Coalición en Alhama, Juan Romero, Fulgencio Tomás así como el concejal y coordinador de IU en Totana, Juan José Cánovas.

La pretensión de la Empresa El Pozo Alimentación, de eliminar los incentivos por la producción, endurecer las condiciones de trabajo y proceder a despidos selectivos entre los trabajadores que destacan por su labor sindical, como es el caso de Andrés Ariza, -que lleva más de 30 días a las puertas de la factoría-, son las propuestas básicas de la protesta, que tendrá continuación si la dirección de ElPozo no es receptiva a las peticiones.

Pujante, ha manifestado el total apoyo de IU a los trabajadores y anunció que en los ayuntamientos de la comarca se van a llevar mociones de los Grupos de IU + Los Verdes, "para que los trabajadores no paguen una crisis que no han generado y que en este caso, nada tiene que ver con la productividad de El Pozo Alimentación y si con los negocios en el mundo del ladrillo del Grupo Fuertes".

En Murcia no dimite nadie

MADRID.- El alcalde de Murcia y secretario regional del PP, Miguel Ángel Cámara, asegura que la acusación de la Fiscalía al jefe de planeamiento municipal, Joaquín Peñalver, ahora excedente, de organizar una trama profesional para controlar todo el urbanismo de la Región desde el ayuntamiento capitalino “no tiene relación” con la institución que preside, según recuerda hoy www.elconfidencial.com

Según la fiscalía, durante diez años, de 1996 a 2006, desde su despacho en la Gerencia de Urbanismo, Peñalver organizó una red de arquitectos e ingenieros que acaparaba proyectos y actuaciones, lo que constituye indicios de delitos de negociación prohibida a funcionarios públicos, cohecho, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales.


Sin embargo, el alcalde Cámara, que gobierna el Consistorio desde 1995, está convencido, según dice, de que la corporación municipal se encuentra al margen de la actuación de Peñalver, su hermano y su tío -también arquitectos-, su mujer –asociada con promotores-, su suegra, otros familiares y varios promotores locales.

La actitud del alcalde del séptimo municipio en población de España, Murcia, ante las acusaciones de la Fiscalía es reveladora del clima de tolerancia hacia las irregularidades de los cargos públicos que invade la Región del Sureste. El precedente, la semana antes de conocerse estas acusaciones, es el de un edil cartagenero del PP que adjudicó obras del Plan E de Zapatero a su propio hijo por valor de más de 50.000 euros.

Este asunto ha vuelto a poner de relieve lo que se ha convertido en un mal endémico de las instituciones murcianas: los cargos públicos no dimiten, por mucho que sean pillados en falta, y a veces hasta usan sus puestos para eludir o retrasar la acción de la Justicia.

Este caso es ridículo comparado con el de Murcia, pero la actitud es la misma. La alcaldesa cartagenera, Pilar Barreiro, deshoja la margarita desde la semana pasada sobre qué hacer con su concejal de Vía Pública, Enrique Pérez Abellán, que ha incurrido en nepotismo con el dinero público. Le ha retirado las competencias, pero el edil sigue en posesión de sillón aunque lo ha puesto “a disposición” de la regidora.

La oposición socialista municipal brama por los pasillos y por los medios de comunicación olvidando que el caso Pérez Abellán no es sino uno más de la lamentablemente ya larga lista de cargos públicos murcianos que se niegan a dimitir a pesar de que la Justicia los tiene oficialmente imputados o acusados formalmente.

El anterior al del edil cartagenero fue el de un edil y portavoz socialista en otro ayuntamiento, el de Santomera. José Antonio Gil Sánchez fue formalmente acusado por la Fiscalía de delito ambiental en colaboración con el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia a cuenta de una cantera de áridos ilegal propiedad del segundo.

A los pocos días de conocerse la acusación, Gil Sánchez tomó posesión como diputado en la Asamblea Regional, en sustitución de un compañero fallecido, con lo que, como mínimo retrasa su proceso varios meses. El partido socialista cerró filas con él y lo defiende a capa y espada, señalando que su supuesto delito no tiene nada que ver con el de aquellos que meten la mano en la caja del erario público.

De uno y otro bando

Comparaban así en su beneficio los socialistas el caso santomerano con el del ex alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales, imputado desde diciembre de 2007 por una retahíla de delitos que pueden ir desde el cohecho hasta las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Nadie le exigió la dimisión desde su partido, el PP: sólo se ha trasladado al Grupo Mixto –con gran cabreo del único diputado de IU– y sigue cobrando su sueldo a pesar de haber estado un año de baja psiquiátrica.

Con Morales andaba en las lides procesales su heredero del bastón de mando municipal totanero José Martínez Andreo, quien tampoco recapacitó lo suficiente en sus casi tres meses de prisión preventiva como para renunciar a su cargo público.

Al otro lado de la barrera también saltan los astados, como prueba que Manuel Hurtado, todo un senador del Reino, alcalde socialista que fue durante casi 30 años del municipio de Ceutí, se vale de su condición parlamentaria, en la práctica, para dificultar la acción de la Justicia, en cuyas manos lo ha puesto la Fiscalía tras encontrar irregularidades en su larga gestión municipal.

El caso más antiguo, de este tenor, es el del alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, que lleva diez años imputado por delito ecológico y ya está, desde hace casi dos, acusado formalmente de tal y con petición de pena de años de cárcel. Otra cosa no, pero sus abogados deben ser maestros en el arte procesal. Su partido, el PP, lo apoya desde el principio hasta el final.

Si cualificados representantes de la clase política mayoritaria murciana, incluyendo al ex consejero y ex delfín del presidente Valcárcel, Francisco Marqués –que ha admitido ante el juez la comisión de varios delitos fiscales para eludir, dicen, las imputaciones penales–, actúan con semejante laxitud los siguientes en la escala no pueden comportarse de manera diferente.

La lista de ediles, altos funcionarios, directores y subdirectores generales murcianos imputados o investigados formalmente por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia regional se aproxima ya al medio centenar, con amplia mayoría del PP, acorde con los resultados electorales, pero con notorio representación del PSOE. Aquí no dimite nadie.


viernes, 27 de marzo de 2009

Bancos suizos prohíben viajar al extranjero a directivos por miedo a que sean detenidos

ZURICH.- Varias entidades bancarias suizas habrían prohibido a sus directivos realizar viajes al extranjero, incluso a países vecinos, por el miedo a que pudieran ser detenidos en el marco de la lucha internacional contra el secreto bancario, según informa 'Financial Times'.

El responsable de uno de los principales bancos privados de Ginebra señaló que la creciente determinación de la comunidad internacional, liderada por Alemania y EEUU, en perseguir la evasión de impuestos y el secreto bancario ha hecho percibir a la banca que debe adoptar medidas adicionales para proteger a sus empleados.

"Algunos bancos han tomado ya estas precauciones", señaló. "Si viajo a Alemania a visitar un par de bancos con los que trato, los responsables de aduanas podrían pararme e interrogarme", añadió.

Estas prohibiciones, que no han sido adoptadas por todo el sector, afectan particularmente a los viajes con destino a EEUU, como consecuencia de la detención el pasado año de un alto directivo de banca de UBS en el marco de una investigación federal sobre fraude fiscal.

"Si eres un banquero suizo que viaja a EEUU, hoy en día te expones a ser interrogado. De hecho, yo me lo pensaría dos veces antes de viajar a EEUU", apuntó el director de una entidad helvética, que dijo no sufrir este tipo de restricciones.

No obstante, cuatro miembros de la banca privada de Ginebra reconocieron que sus entidades han prohibido completamente los viajes al extranjero, incluídos los dirigidos a países vecinos.

"Los banqueros ni siquiera viajan a Francia, algunos no se mueven siquiera de Ginebra", indicó al periódico otro directivo de banca suizo.

Solbes dice que la cifra de financiación será "suficiente" para que las CC.AA estén "razonablemente incómodas"

MADRID.- El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, afirmó hoy que la cifra que dará como resultado la nueva financiación autonómica no será "cómoda para nadie", pero será "suficiente" para que todos -Gobierno y comunidades-- se encuentren "razonablemente incómodos".

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Solbes indicó que la intención del Ejecutivo es convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en cuanto se forme el nuevo Gobierno de Galicia, con la finalidad de cerrar la negociación del nuevo modelo de financiación. "No tiene sentido hacerlo antes", admitió.

Dicho esto, señaló que lo importante, más que la cifra resultante para cada región, son los principios y los criterios del modelo, aunque reconoció que el Gobierno ya tiene en la cabeza una cantidad "clara".

No obstante, ironizó con que desconoce si esta cantidad coincide con la que tienen las comunidades autónomas. "Nosotros tenemos clara una cifra, que no será cómoda para nadie, pero suficiente para que nos encontremos todos razonablemente incómodos", reiteró Solbes.

Valcárcel y Camps no aparecen por la manifestación de Elche en defensa del trasvase Tajo-Segura

ELCHE.- Cerca de 8.000 personas, según la Policía Local, y poco más de 6.000 según otras fuentes, se manifestaron hoy en Elche bajo el lema 'Todos juntos y unidos en defensa del trasvase Tajo-Segura', convocados por el Comité de Crisis del Trasvase Tajo-Segura, que cifró la asistencia al acto en 20.000 personas.

La marcha estuvo encabezada por tres tractores con pancartas en las que se podían leer consignas como 'Alicante necesita el agua por el futuro del campo', 'No al Estatuto de Castilla La Mancha', o 'Solidaridad = trasvase del Ebro'.

Tras estos vehículos se situó la pancarta principal que portaban el portavoz del Comité de Crisis del Tajo-Segura en Alicante, Ángel Urbina, el presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), Francisco del Amor, así como una representación de agentes sociales y distintos partidos políticos.

Así, en la cabecera de la manifestación se encontraban varios consellers de la Generalitat valenciana como José Ramón García Antón ( Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda), Alejandro Font de Mora (Educación), Mario Flores (Infraestructuras y Transporte), Juan Cotino (Bienestar Social), Trini Miró (Cultura y Deporte) y Maritina Hernández (Agricultura, Pesca y Alimentación), así como el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y varios alcaldes populares.

Por parte del PSOE estaban presentes los secretarios generales del PSPV, Jorge Alarte, y del PSRM-PSOE, Pedro Saura, así como el portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, el alcalde de Elche, Alejandro Soler, y un gran número de alcaldes y ediles de la provincia.

La manifestación, que comenzó sobre las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento, terminó en la plaza del Congreso Eucarístico con la lectura, por parte de Manuel Serrano de un manifiesto en defensa del trasvase Tajo-Segura en el que consideró la derogación del trasvase sería "el atentado más grave que puede sufrir el desarrollo agrícola, económico y social" de la provincia.

En este sentido, Serrano pidió al Congreso "que cambie de opinión y no admita una reforma estatutaria que ponga fin al trasvase". Además, indicó que el agua es un bien "que pertenece al país", por lo que "ninguna región tiene derecho a apropiarse de ella, excluyendo a los que la necesitan para sobrevivir".

Para Serrano, el fin del trasvase Tajo-Segura supondría el inicio de "restricciones en el abastecimiento humano, cierre de empresas, despidos, paro y emigración, sin contar con el desastre ecológico que supondría la desertización del sureste español".

Serrano afirmó, además, que ni siquiera el trasvase Tajo-Segura, o el del Ebro son la solución definitiva al problema del agua, sino que reivindicó como "solución definitiva" la "interconexión de las cuencas de los ríos españoles".

Por último, el presidente de Riegos de Levante pidió un pacto nacional del agua "que cuente con el consenso de toda la sociedad, que ponga fin al déficit hídrico de nuestras tierras y que nos quite esta 'espada de Damocles' que pende sobre la supervivencia de los regadíos y los abastecimientos del sureste español".

Por su parte, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, destacó que su presencia en esta manifestación servía para "confirmar la posición inequívoca del PSPV de defensa del trasvase Tajo-Segura, que es legítimo, necesario e imprescindible para el desarrollo de la provincia de Alicante".

Asimismo, Alarte mostró su "preocupación" por la ausencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y se preguntó "si eso significa que ha cedido ante las presiones del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal".

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, "no hace falta que Camps esté aquí físicamente para estar apoyando el trasvase, porque para eso estamos aquí varios consellers", a lo que añadió que "Camps está con este proyecto y lo demostró estando durante cinco años apoyando este trasvase y el del Ebro".

Del mismo modo, Antón señaló que "un estatuto de autonomía no puede condicionar la gestión del agua de un río que atraviesa varias comunidades autónomas", por lo que aseguró que "la derogación del trasvase Tajo-Segura sólo se puede hacer desde la falta de solidaridad".

El socialista Leguina acusa a Zapatero de ´saquear´ al Estado en materia hídrica

MADRID.- El ex diputado socialista Joaquín Leguina arremetió en su 'blog' contra la política hidráulica impulsada por el Gobierno socialista, que considera un "despropósito", y acusa a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de "saquear" el Estado y de iniciar un viaje "disparatado" hacia "la rebatiña demagógica".

En un comentario de su página personal de Internet, Leguina critica que el Ejecutivo socialista haya propiciado que se pase de "el agua es de todos" a "el agua es mía y me la quedo yo", una consigna, ironiza, "mucho más adelantada y progresista". A su juicio, este viaje "disparatado" hacia "la rebatiña demagógica" ha convertido el agua "en bandera para crear banderías" bajo "la mirada irresponsable" de unos gobernantes a quienes el Estado "parece importarles una higa".

El ex dirigente socialista se lamenta de que, tras dos planes hidrográficos nacionales -uno impulsado por el PSOE y otro por el PP-, Zapatero llegue con su "España plural" y, "sin más trámite", decrete que los trasvases son "reaccionarios" y, "lo que es más disparatado", las desaladoras "progresistas" y que las cuencas pueden transferirse".

"El nuevo Estatuto de Andalucía expropió al resto de los españoles la cuenca del Guadalquivir; el Ebro se lo quedó Aragón y, ahora, Castilla-La Mancha, a través también de su Estatuto, pretende decretar motu propio el final del trasvase Tajo-Segura", lamenta.

Leguina cree que hace algunos años hubiera sido "inconcebible" que un Gobierno de España, "y más si era de izquierdas", hubiera propiciado "un desmantelamiento del Estado" como el que, a su juicio, se está asistiendo con Zapatero a propósito del agua.

"Lo diré claro: una izquierda, tan nueva como la actualmente reinante, que propicia o permite tales saqueos del Estado, será nueva, pero no es de izquierdas ni por el forro", concluye.

Saura mete el dedo en la llaga de la corrupción rampante en el PP de la Región de Murcia

MURCIA.- El secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, aseguró que «mientras la crisis económica castiga con más dureza a los murcianos», el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel; el alcalde de Murcia, Miguel Angel Cámara, y la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, «están al frente de tres instituciones implicadas en asuntos de presunta corrupción política».

En este sentido, Saura recordó que Valcárcel está acusado de ser el «gran muñidor» del asunto de La Zerrichera, y afirmó que «para salir de la crisis económica hay que abrir una nueva etapa de regeneración política, limpieza en las Administraciones y que la ética presida las actuaciones públicas».

La Región de Murcia no espera una congelación de fondos a España tras la condena del Parlamento Europeo

MURCIA.- La portavoz del Gobierno murciano, Maria Pedro Reverte, manifestó que la Eurocámara no congelará los fondos comunitarios para España, tal y como se aseguró ayer tras aprobar el Pleno del Parlamento Europeo un informe que así lo solicitaba si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

«No nos la van a quitar», indicó, de todas formas «es un informe que ha recibido los votos en contra de los eurodiputados del PP y las abstenciones del Partido Socialista, sólo cuatro de esas 150 denuncias se relacionan con la Región de Murcia y además dos de ellas son genéricas», explicó.

En concreto, señaló, «una parecer ser que es la de una ciudadana inglesa que se quejaba por un tema de la vivienda y otra de una asociación de Salvemos a Mojacar».

Además, «la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo no apoya las conclusiones que están refrendadas por la Eurocámara», de manera que «no puede prosperar la pretensión de que se nos congelen los fondos que recibimos de la UE por ese informe».

A su juicio, «se puede cambiar el urbanismo de toda las costas», pero prefiere incidir en que es especialmente importante el dato del Observatorio de la Sostenibilidad en España, que señala que la superficie que se ha urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa ha crecido durante los años 2000-2005 un 22% en España y un 27,2% en todo el litoral mediterráneo español, mientras que en la Región de Murcia «sólo lo ha hecho en un 14,9%».

El 'agujero' inmobiliario que tendrán que asumir bancos y cajas supera el 10% del PIB español

BURGOS.- Xavier Sala i Martín, catedrático de Economía en la Columbia University, cifró hoy en un 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de España el "agujero grande" que se tendrán que "comer" los bancos y las cajas de ahorro de este país por la "avalancha" inmobiliaria que va a venir y por impagos de hipotecas.

Este fue el principal mensaje que lanzó Xavier Sala i Martín en la conferencia inaugural de ForoBurgos en la que constató la dependencia del PIB nacional del sector de la construcción, con un 19 por ciento del crecimiento de la economía, y advirtió a los responsables políticos de la necesidad de corregir ese porcentaje hasta situarlo en torno al 4 por ciento, como en otros países.

"Tienen que quebrar algunas constructoras e inmobiliarias", sentenció el catedrático, que no dudó en ocultar su "preocupación" ante la política que está llevando a cabo el Gobierno de España, contraria a esta recomendación.

Sala i Martín también puso sobre la mesa la dependencia de los bancos y de las cajas de ahorro españolas del sector inmobiliario, circunstancia que definió como una "catástrofe" ya que, según argumentó, las constructoras y el sector inmobiliario deben al sistema financiero español 300.000 millones de euros, el 27 por ciento del PIB.

"Y esas cifras no tienen aún en cuenta lo que viene ahora", continuó el catedrático, que recordó que están pendientes de vender muchas promociones inmobiliarias y que en breve se terminará el paro para el millón de españoles en situación de desempleo desde hace un año que tendrán dificultades para pagar sus hipotecas, lo que conforma el "agujero" que se tendrán que "comer" bancos y cajas y que cifró en ese 10 por ciento del PIB.

Sala i Martín evidenció también el déficit exterior que sufre España, también en torno al 10 por ciento del PIB, y aseguró que la única alternativa para corregir esta desviación pasa por el incremento de la oferta sin caer en la trampa de bajar los precios.

"La clave es la oferta", continuó el catedrático que apeló para ello a aumentar la productividad y la competitividad, siguiendo el ejemplo de EE.UU., un país que, cuando salga de la crisis, saldrá de la crisis "disparado porque son muy productivos".

De hecho, continuó, en las dos últimas semanas ya se han visto algunas señales de que EE.UU empieza a ver la luz al final del túnel, a diferencia del caso de España, al que se refirió como "un camión que viene de cara y que conducen Zapatero y Solbes". De este modo, cuestionó Xavier Sala i Martín la opción del Gobierno español por potenciar las políticas de demanda y no las de oferta, como él propone.

Entre las recetas que propuso el profesor Sala i Martín para pasar página a la anterior etapa económica -"ya no hay vuelta atrás", aseveró y salir de la crisis destaca especialmente la innovación, pero no en clave de I+D+i como proponen muchos políticos ya que esto sólo supone gasto en investigación.

Para Sala i Martín la clave para incrementar la producción en España está en la innovación para lo que hay que tener ideas e implementarlas después en las empresas. En este contexto, explicó que, lejos de lo que se puede pensar, la innovación consiste en "ideas pequeñitas y tontas" que se pueden dar en todos los campos y no sólo en las TIC.

Xavier Sala i Martín justificó esta afirmación con dos datos, el 71 por ciento de las grandes ideas con éxito vienen de los trabajadores y no de los departamentos de I+D+i y sólo el 8 por ciento de las ideas empresariales vienen del I+D+i "y, normalmente, no vienen de la financiación previa sino de una petición".

Por todo ello, abogó por crear en España una sociedad que tenga ideas para lo que recomendó un cambio en el sistema educativo que enseñe a los niños a ser creativos y a tener ideas. Sala i Martín también hizo un llamamiento al sistema financiero español ya que, a pesar de ser "muy seguro", tiene "verdadera aversión" a cualquier proyecto que no pase por la construcción de pisos en la Costa del Sol.

"El mundo de ayer se ha acabado, hay que hacer cosas nuevas", insistió el catedrático, que recomendó también un cambio en el sistema de remuneración basado en términos de productividad.

Sala i Martín terminó su conferencia con un mensaje de optimismo desde el convencimiento de que las grandes reformas sólo se producen después de grandes catástrofes. "Esa es la gran noticia de la crisis", sentenció.

IU apoyará activamente mañana la manifestación en defensa del trabajo y la protección social

MURCIA.- El coordinador de Izquierda Unida en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, señaló hoy, en rueda de prensa, que su partido apoyará "activamente" la manifestación convocada por los sindicatos Unión General de Trabajo y CCOO en defensa del trabajo y la protección social mañana, a las 18.30 horas, en la plaza de la Cruz Roja.

Pujante indicó que su formación política participará en esa movilización porque "no es de recibo que quien tenga que pagar la crisis económica sea, una vez más, la parte más débil. Son otros los que deben asumir su responsabilidad ante las consecuencias de la recesión", al tiempo que animó a todos los murcianos a que asistan a la misma con el fin de mostrar una postura unitaria a favor del empleo de calidad.

Y es que, para el dirigente de IU "es necesario cambiar el modelo económico de la Región de Murcia y del resto de comunidades autónomas, reorientando del sistema productivo hacia la cualificación, la sociedad del conocimiento, la inversión en I+D+i y la defensa del papel de lo público".

De este modo, Pujante exigió una mayor inversión en política social y en educación ".para acabar con la burbuja inmobiliaria que ha convertido el litoral Mediterráneo en un gran muro de cemento". En este sentido, mostró su total acuerdo con el 'Informe Auken' sobre abusos urbanísticos en España aprobado ayer en el Parlamento Europeo con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones.

El texto considera que en España se "ha generado una forma endémica de corrupción" y responsabiliza a todos los niveles de la administración de un modelo de "desarrollo insostenible", al tiempo que asegura que las autoridades judiciales han demostrado que "no están debidamente preparadas" para responder a los abusos.

Por todo ello, IU exige una rectificación y la anulación de todos los proyectos urbanísticos en curso que no han respetado los criterios del derecho comunitario para evitar que los Fondos Estructurales Europeos no peligren para España.

A las recomendaciones de Pujante se une la del texto de Auken que recuerda que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa.

Así, según explicó, los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Andalucía y la Región de Murcia, con un total de 250 proyectos urbanísticos calificados de 'insostenibles'.

En el caso murciano, Pujante explicó que "se creó el Ente Público del Agua (EPA), dependiente de la consejería de Agricultura y Agua como subterfugio para hacer viables proyectos insostenibles como el de la Sierra de la Almenara, Marina de Cope y Novo Cartago", estos dos últimos detenidos por la crisis económica.

"Gracias a la crisis económica se han congelado proyectos urbanísticos insostenibles", subrayó, al tiempo que criticó la laxitud de la Justicia en España, como se incide en el Informe Auken, y citó como ejemplo de ello la lista de inmuebles ilegales que debería demolerse y finalmente no se hace.

El dirigente calificó la 'Ley de suelo estatal' como "un paso tardío pero importante" para la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal.

De este modo, el texto fija las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración, y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas en la materia. Para dar cumplimiento a esta finalidad se clasifica el suelo en dos tipos, a efectos de valoraciones administrativas, según su situación física, el Suelo Rural, (que incluye tanto el Suelo urbanizable como el No urbanizable) y el Suelo Urbanizado.

Asimismo, el Suelo Rural se valora en función del criterio de capitalización de rentas agrarias y el Suelo Urbanizable o en curso de urbanización se valora como Suelo rural, sin aplicar expectativas urbanísticas; se elimina la aplicación del valor real del suelo a efectos expropiatorios y la edificabilidad del suelo no se integra dentro del derecho de propiedad, sino que sólo se patrimonializa ese derecho con el cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas urbanísticas.

Finalmente, la Ley aumenta las cargas de los titulares del suelo con la elevación de la obligación actual de ceder gratuita y obligatoriamente al Ayuntamiento el 10 por ciento de la edificabilidad neta de cada Unidad de Actuación a ceder el 15 por ciento o, incluso en algunos casos, el 20 por ciento; y generaliza la figura del Agente Urbanizador.

El precio de la vivienda en la Región de Murcia cae un 1,2% en el primer trimestre

MURCIA.- El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia descendió un 1,2 por ciento durante el primer trimestre del año, una disminución con la que el metro cuadrado se ha quedado en 1.622 euros y es la segunda Comunidad Autónoma más barata de España, sólo superada por Extremadura, con un precio de 1.530 euros.

En el conjunto del país, el precio de la vivienda usada cayó entre un dos y un cinco por ciento en los principales mercados durante el primer trimestre, según se desprende del informe elaborado por Idealista.com, que estudia un total de 340 municipios de toda España, de los que 307 han bajado de precio (90,3 por ciento) y 33 han subido (9,7 por ciento).

En la ciudad de Murcia, el precio bajó durante el primer trimestre un 2,5 por ciento hasta situarse en 2.074 euros por metro cuadrado, y en Cartagena, en cambio, el precio se ha reducido un cuatro por ciento hasta quedar en 1.662 euros por metro cuadrado.

Sólo en dos municipios murcianos se incrementó el precio de la vivienda durante el invierno, en Los Alcázares se incrementó un 1,6 por ciento, mientras que en Molina de Segura la subida del 0,4 por ciento. Por contra, las mayores caídas, además de Cartagena, se produjeron en Lorca, que registró una caída del 3,4 por ciento.

Entre enero y marzo, los precios sólo se incrementaron en cuatro capitales de provincia: Pontevedra (0,8 por ciento), Palencia (0,5 por ciento), Orense (0,3 por ciento) y Badajoz (0,1 por ciento), y las caídas en raro caso superaron el cinco por ciento.

No obstante, el descenso del precio desde máximos históricos se pudo ver acentuado en diferentes municipios y distritos de los grandes mercados, como Barcelona, Madrid y Valencia.

En concreto, Barcelona registró una caída del 3,3 por ciento en el precio de sus viviendas de segunda mano, lo que dejó el metro cuadrado en 4.216 euros, casi el mismo precio que marcaba en el segundo trimestre de 2005 (4.213 euros).

En Madrid la caída fue menor (-1,7 por ciento), pero el precio del metro cuadrado bajó por primera vez desde 2005 de los 4.000 euros y se situó en 3.997 euros por metro cuadrado, llegando en algunos distritos a los valores registrados en el año 2004.

Además, algunos distritos de Madrid y Barcelona registraron descensos superiores al 20 por ciento en el primer trimestre, lo que puede provocar que el valor de la vivienda sea inferior a la hipoteca pendiente con el banco, concedida generalmente por el 80 por ciento del valor de tasación. Así, si el propietario decide vender la propiedad, podría obtener menos dinero que la cantidad que debe por la hipoteca.

Valencia, por su parte, registró una nueva caída por quinto trimestre consecutivo, al descender los precios un 4,5 por ciento, hasta los 2.547 euros por metro, mientras que en Sevilla cayeron un dos por ciento, hasta los 2.851 euros, y en Bilbao un 0,2 por ciento menos. El mayor descenso se produjo en Palma de Mallorca (-8,8 por ciento), seguido de Cuenca (-6,5 por ciento) y Huesca (-5,6 por ciento).

Por comunidades autónomas, ninguna de ellas registró subidas de precios en el primer trimestre, aunque en Canarias y Galicia los precios se mantuvieron estables. La mayor caída se produjo en Navarra, donde los precios bajaron un 4,7%, seguida de Baleares (-3,9%) y Asturias (-2,9%).

Euskadi se mantuvo como la comunidad con la vivienda más cara (3.575 euros por metro cuadrado), seguida de Madrid (3.426 euros) y Cataluña (3.072 euros). Las más económicas fueron Extremadura (1.530 euros), Murcia (1.622 euros) y Castilla-La Mancha (1.743 euros)

Según el jefe de estudios de Idealista.com, Fernando Encinar, los vendedores siguen sin aceptar el desplome de la burbuja inmobiliaria, porque piden menos por sus casas pero no han trasladado a los precios de oferta los descuentos.

"La tragedia es que, aunque están abiertos a negociar y mucho el precio, se desesperan porque no reciben ni siquiera ofertas y pasan meses, e incluso años esperando que aparezca el comprador", señala.

Para la realización de este análisis el equipo de estudios de Idealista.com ha estudiado una muestra de 1.538 viviendas de la Región de Murcia y, para garantizar la representatividad de los resultados, se han incluido sólo los municipios con una base estable de un mínimo de 50 viviendas durante el periodo analizado.

Para la obtención del precio medio de la Comunidad se han tenido en cuenta los 2.676 inmuebles presentes en la base de datos de Idealista.com en Murcia entre el 19 de diciembre de 2008 y el 23 de marzo de 2009.

La alcaldesa de Cartagena destituye al concejal Pérez Abellán

CARTAGENA.- La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, anunció hoy la destitución del concejal de Seguridad, Vía Pública y Servicios, Enrique Pérez Abellán, por la "responsabilidad moral" de la adjudicación a su hijo de la redacción de cuatro proyectos y la dirección de cuatro obras con cargo al Plan 'E' y consideró que "no hay nada más que indagar".

Esta contratación, por un valor aproximado de 56.000 euros, tendría en Pérez Abellán el único responsable, defendió Barreiro.

"Él mismo lo reconoció y puso su cargo a disposición de la Alcaldía. Ha tocado aceptarla, no porque haya ilegalidades, sino porque los cartageneros tienen derecho a estar seguros sobre quienes les gobiernan", apuntó Barreiro, quien admitió que era "una decisión difícil y dolorosa dirimir esta cuestión" respecto a un edil "que ha prestado tantos servicios y ha trabajado mucho más que aquellos que pedían su dimisión".

Respecto a la exigencia de más dimisiones -la suya, la del vicealcalde, Agustín Guillén, y la del concejal de Hacienda, José Cabezos- Barreiro reiteró que en todo el caso "no hay ninguna irregularidad" y sí un reconocimiento de responsabilidad moral por parte de un solo concejal.

"He hablado con quien tenía que hacerlo y considero que no hace falta indagar más", apuntó.

La renuncia de Pérez Abellán como concejal, que Barreiro dio por segura, supondrá, que Javier Herrero, hasta ahora al cargo de Comercio, Empleo y Juventud, asuma Seguridad; y que el edil de Infraestructuras, José Vicente Albaladejo, se haga cargo de Vía Pública.

Además de los cambios para Herrero y Albaladejo, supondrá la entrada en el consistorio de la número 18 en la lista del PP a las elecciones municipales de 2007, Ruth María Collado González.

La democracia enferma / Rosa María Artal *

La democracia vive uno de sus peores momentos históricos. La crisis ha desnudado al sistema y ha dejado al descubierto un esqueleto deforme con el corazón podrido. Sin embargo, aún alienta actitudes que carcomen el cuerpo social –puede que lo haga por mucho tiempo, porque no se le aplica un remedio eficaz–. La ciudadanía pone sus ojos en la política señalando culpables. Hizo dejación de sus obligaciones al entregar nuestros destinos a Consejos de Administración privados –cuando su mandato era representarnos para buscar el bien común–.

Más aún, la política parece constituirse hoy como parte del problema. Las estructuras de los partidos están obsoletas, lo que propicia que –en más casos de los admisibles– lleguen a los puestos de decisión quienes se abren paso a codazos, en lugar de ser elegido el más capaz y el más dispuesto al servicio público. Igual parece suceder con los sindicatos, que han sido colaboradores necesarios para que los españoles cobremos los sueldos más bajos –sólo superamos a Grecia y Portugal– de la Europa de los 15, frente a un poder empresarial ambicioso e insolidario.

Lo más grave es que no varían ni su discurso ni sus métodos. En los conflictos actuales del PP, les vemos negar con ahínco los evidentes síntomas de corrupción, resucitando viejas y nefastas teorías conspirativas en un espectáculo patético y nada inocuo que empobrece la democracia. Inmadurez, imprevisión y descoordinación enmascaran importantes logros del Ejecutivo. Los ataques partidistas nos hastían.

Asistimos perplejos a peligrosas concomitancias de todos los poderes que fundamentan el Estado de Derecho, incluido el cuarto, la prensa. Aupados en sus torres de marfil, los actores del fiasco no parecen enterarse del efecto que la suciedad y la inoperancia causan en la ciudadanía. Una inmensa apatía recorre el mundo –país por país y en la casa globalizada–, mezclada con brotes de rebeldía, cada vez mayores, que no encuentran canal para circular.

La doctrina militarista y neocon en lo económico que George W. Bush trajo bajo el brazo fue dando los últimos golpes de gracias a los organismos nacidos tras la II Guerra Mundial y su intento de que aquella conflagración terrible fuera la última –¿se acordaría alguien, hoy, de los Derechos Humanos al redactar Constituciones?–.

La ONU inoperante, la ONU bombardeada y dócil, el periodismo silenciado, cuando no también gaseado y golpeado… o desactivado. Noticias de un día, sin seguimiento, ni refrescadas con antecedentes; la sociedad que no parece ser consciente de sus derechos y de su papel actor en el devenir de la historia.

Cayó ya el manto de la impunidad sobre la última masacre de Israel sobre los palestinos. Un muro de 2.500 km sembrados de minas se yergue –olvidado– en el Sáhara, a la espera de un referéndum que nunca se celebra. Se aplastó la revolución dorada –de monjes indefensos y hartos– en el Tíbet. Completamente. Hasta el silencio 30.000 muertos sepultados por un terremoto y –sobre todo– la tiranía, en Myanmar. Totalmente. Hasta la indiferencia. Aunque el mundo dolorido derriba sus barreras en avalancha: lo malo nos toca a todos. Más asesinatos de locura terrorista, cavernaria. Aquí y allá.

Se incrementan los precios de los alimentos y la gasolina; luego los especuladores los bajan sin dar explicaciones. Estalla una guerra al norte de la civilizada Europa. Por gas, por petróleo, por hegemonía. Se solidifican y congelan los hielos de la guerra fría. Un dirigente político legisla en su provecho, introduciendo el fantasma del fascismo desde sus pies de bota. Siguen llegando pateras. Sigue matando el hambre. Siguen diezmando poblaciones las guerras y las enfermedades. Unos pocos se lucran con el mal ajeno. Joyas y materiales preciosos –coltan, uranio– causan codicia y muerte en África. En Zimbabue, el cólera sin medicinas mata a cientos de personas. Su dictador, Robert Mugabe, fue exonerado de condena por el G-8 tiempo atrás, por ese juego de vetos y prioridades al que suele jugar.

Se reconstruye el Irak invadido, entre escándalos y más impunidad. Ya no hay espacio para tanto banco y tantos fraudes, pero hay que conservar el sistema a cualquier precio. Ya no caben más coches en el mundo, pero se hace preciso mantener las estructuras. Lloran los bolsillos millonarios –porque alguno de los suyos les engañó– mientras repasan sus cuentas sólidas de Suiza. Baja el petróleo, sin cesar. Y todos los indicadores económicos. Y las Bolsas no se animan. Llegan los despidos, los ERE, tan oportunos a los planes económicos, y gimen –con más motivo– los asalariados.


¿Algo más tiene que pasar para que el mundo se inmute? El podrido sistema, la democracia enferma, exigen regeneración. Pero habrá que utilizar la propia casa como punto de partida. Necesitamos la política, esencia de la democracia, pero no esta. No nos podemos limitar a votar cada cuatro años. Ya no es hora de algaradas callejeras que no provocan cambio alguno. Los descontentos constructivos tampoco disponemos, desde nuestras casas aisladas, de los medios para fletar 700 autobuses, con bocadillo y manta o abanico.

En España, los planes inaplazables –vigentes en otros países– son, como mínimo: asambleas ciudadanas con políticos y expertos de la universidad, listas abiertas para que nuestros representantes no sucumban a la ominosa disciplina de partido, separación real de poderes. Cada uno de ellos, libre, limpio y responsable. Un periodismo crítico que erradique la prioridad del negocio, otros intereses ajenos, improvisación o falta de capacitación.

La educación como cimiento, no limitada a la enseñanza en el colegio, con una actualización continua de los adultos. Poderes públicos que la propicien en lugar de disuadirla. Una red mundial nos ayuda como vehículo. Todo ello contribuiría a despertar a tibios e insolidarios. Alguien tendrá que emprender la tarea. Si tiembla la tierra, habrá que apuntalarla. Con la voz, las manos y las utopías.

(*) Rosa María Artal es periodista y escritora. www.publico.es

La mitad de los españoles culpa a políticos y bancos de la actual crisis financiera

MADRID.- La mitad de los españoles achaca la responsabilidad de la actual crisis financiera a los políticos en general y a los bancos, con un 28% y 22% respectivamente, según un estudio del instituto de investigación Iris sobre la confianza económica de los ciudadanos.

Según el estudio, realizado a través de Internet sobre una muestra de 602 personas en España, los españoles consideran que también contribuyeron al deterioro económico el ex presidente Bush (un 10%), la avaricia empresarial (6%), la burbuja inmobiliaria (6%) y la especulación inmobiliaria de los últimos años (5%).

Asimismo, los encuestados mostraron su pesimismo sobre cuándo se retomará la senda del crecimiento en España. Un 51% considera que, a pesar de las medidas impulsadas por el Gobierno, la economía se mantendrá en recesión en los próximos 6 meses, y un 53% teme que algún miembro de su familia pierda el empleo a corto plazo. Así, seis de cada diez españoles auguran que pasarán apuros económicos.

El miedo al desempleo y las dificultades para afrontar los pagos mensuales merman los hábitos de consumo en las familias españolas. Para afrontar la crisis, los españoles se plantean reducir sus gastos, y empiezan por no comer fuera de casa (60%). Además, el 63% afirma gastar menos en regalos y ropa.

La bajada de tipos a niveles históricos, las inyecciones de liquidez a las entidades financieras y la cooperación internacional por salir de la coyuntura económica no es percibida por los españoles de forma positiva. El 69% de los encuestados considera que la Unión Europea y el Banco Central Europeo no están realizando el esfuerzo suficiente para solventar la recesión, mientras que un 71% piensa lo mismo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Así, el director técnico del estudio de Iris, Juanjo Torres, apunta que la cumbre del G-20 que se celebrará la próxima semana en Londres supone una "oportunidad" para que las instituciones palien la falta de comunicación con el ciudadano y "tomen medidas concretas" que potencien la recuperación.

Del estudio también se desprenden datos a nivel internacional. Los ciudadanos de 19 países de todo el mundo (un total de 16.995 de Norteamérica, América Latina, Europa, Asia y Australia) afirman que la actual situación económica es la peor que han vivido en su vida (un 60%).

El pesimismo reina en todo el mundo, y un 36% cree que la recesión se alargará al menos dos años más. Eso sí, en China prima el optimismo, y el 50% piensa que podrán esquivar la crisis, debido a la buena actuación desarrollada por su Gobierno.

Por último, el 41% de los encuestados en los diferentes países confiesa su preferencia por la intervención estatal en los mercados financieros, ya que observan que el modelo económico liberal es ineficaz, mientras que el 25% sigue defendiendo el libre mercado a pesar de la actual crisis.

Por su parte, EEUU representa el bastión de los que abogan por que el Estado se mantenga al margen.

jueves, 26 de marzo de 2009

Los grupos ecologistas aplauden fuerte al Parlamento Europeo

MADRID.- Ecologistas en Acción aplaudió en un comunicado la resolución del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en España, pues la ONG lleva «años» denunciando «este proceso especulativo de esferas empresariales y políticas, que ha supuesto un encarecimiento artificial de la vivienda y la pérdida de zonas de alto valor medio ambiental».

Así, creen que esta medida «da la razón» a Ecologistas en Acción y otras plataformas ciudadanas que consideran «insostenible» un modelo que genera «indiscutibles impactos ambientales».

Además, este crecimiento urbanístico «aumenta las presiones sobre recursos como el agua, generando fragmentación de los espacios naturales, provocando nuevos focos de vertidos y contaminación, contribuyendo a la desertificación por sellado de suelos», señalan los ecologistas.

Por su parte, Greenpeace confía en que la amenaza del Parlamento Europeo de congelar los fondos comunitarios a España si no soluciona los abusos urbanísticos sea efectiva y «se cierre el grifo» a actuaciones e infraestructuras que no respetan la normativa española ni la comunitaria.

Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, valoraba así el informe europeo, que pide, además, a España que suspenda todos los desarrollos urbanísticos que no respeten el medio ambiente o que no garanticen el derecho a la propiedad.

Marcos ha valorado el hecho de que «por fin» el Parlamento Europeo tenga conocimiento de «los delitos urbanísticos que se están cometiendo en España.

Gutierrez-Cortines, a contracorriente

La eurodiputada murciana del PP, Cristina Gutiérrez-Cortines, sumó su voz contra el 'Informe Auken' durante el Pleno en la Eurocámara, en Estrasburgo.

"Todo está manipulado y el informe peca de mala intención. Se generaliza todo a partir de casos concretos", sostiene.

Gutiérrez-Cortines apunta que la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo no apoya las conclusiones refrendadas por la Eurocámara. "Dice que es un informe impresentable".

"Ha habido abusos urbanísticos y las autoridades tenían que haber actuado a tiempo, pero se ha mezclado todo en el informe. Se confunden lo que son denuncias particulares por la compra de viviendas con la normativa medioambiental. Lo grave es que el informe no puede demostrar nada de lo que contiene y se menciona de una forma grave la actuación de los jueces españoles, sugiriendo poco menos que cometen prevaricación porque actúan de forma arbitraria", revela nuestra eurodiputada.

"El informe Auken no tiene ningún valor jurídico", concluye Cristina Gutiérrez.