La monarquía y los gobiernos anteriores, amenazados por el “arsenal Villarejo”

MADRID.- La filtración de las grabaciones del comisario Villarejo a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, en las que la alemana acusaba al rey Juan Carlos del cobro de comisiones y de usarla como testaferro, han aumentado la inquietud en torno al Gobierno y a la Monarquía. El Ejecutivo de Pedro Sánchez asume que no podrá evitar nuevas “bombas” relacionadas con el “arsenal Villarejo”, revela hoy www.elconfidencialdigital.com.

Así lo reconoce altos cargos gubernamentales, que se preparan para el peor escenario posible. “Lo de Corinna solo es el principio. En los próximos meses se conocerán más cosas, tanto por parte de Villarejo, como por parte de la Audiencia Nacional, que ha acumulado un material explosivo”, dicen esas fuentes.

Una filtración en el momento clave

Las fuentes consultadas no tienen ningún género de duda que el ex comisario, ahora en prisión, se oculta detrás de la difusión de las grabaciones que él mismo hizo a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein hace tres años. Villarejo “ha elegido un momento clave para sacarlas a la luz en una coyuntura más que delicada”, afirman.

Desde el Gobierno recuerdan que el juez de refuerzo del número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, al frente de la instrucción de la llamada “operación Tándem”, que mantiene en prisión a Villarejo, tiene que ser renovado en el cargo este mes para poder seguir en dicho juzgado. Una circunstancia que conocía Villarejo.

El ex comisario “ha lanzado su nueva amenaza” con el objetivo de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial no renueve al magistrado. O que, en caso de que De Egea sea ratificado, este decida sacarle de prisión a la espera del fin de la instrucción. Una maniobra que, sin embargo, “no va a tener efecto” pero que “es el inicio de algo aún más preocupante”.

“Nadie puede comerse 40 ‘terabytes’”

Los cargos gubernamentales con los que ha hablado ECD dan por hecho que el CGPJ mantendrá a Diego de Egea en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y, por tanto, al frente de la “operación Tándem”. Y añaden que el juez está decidido a “ir hasta el final”, lo que “puede desencadenar toda una guerra”.

En Moncloa saben que, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, Asuntos Internos, está analizando, desde hace meses, los 40 ‘terabytes’ de grabaciones, informes y documentación que Villarejo ha ido guardando durante años y que fueron incautados en la operación policial que el propio De Egea autorizó el año pasado. Se trata de una información muy delicada y que “tarde o temprano verá la luz”.

En ese sentido, en el Gobierno dan por hecho que el informe que Asuntos Internos entregará al juez sobre ese material “va a ser demoledor”. Y De Egea utilizará todas esas grabaciones para acusar a Villarejo. Una decisión totalmente comprensible, ya que “nadie puede comerse 40 ‘terabytes 'y no usarlos contra el acusado”, pero que puede representa “un problema muy gordo”.

Amenaza contra la Monarquía y el Estado

Las fuentes consultadas recuerdan que Villarejo “ha dedicado toda su vida a realizar grabaciones como las de Corinna”.

Por tanto, “todas las instituciones”, empezando por la Monarquía pero también por los gobiernos anteriores, “están amenazados”. No solo por las nuevas filtraciones que pueda hacer el propio ex comisario, sino porque, “más pronto que tarde”, la Audiencia Nacional hará pública gran parte de esa documentación para proceder contra Villarejo.

Los especialistas de Asuntos Internos de la Policía Nacional tienen hasta el 30 de septiembre para analizar las grabaciones (sonido e imágenes) a personalidades relevantes de la vida pública incautadas a Villarejo. Y será entonces cuando, con el informe policial en la mano, el juez De Egea decide si continúa con la investigación e, incluso, si se abren nuevas causas en otros juzgados competentes.

El material, por tanto, podría distribuirse a otras dependencias judiciales, lo que amplía, aún más, las posibilidades de su difusión. Un escenario que inquieto al Gobierno.

Tal como se adelantó en estas páginas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya sabe que los 40 ‘terabytes 'analizados relacionan a Villarejo con cientos de políticos, desde la Transición hasta prácticamente hoy, lo que puede provocar toda una grave tormenta institucional en España que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no desea.

En ese sentido, las fuentes consultadas reconocen que “incluso” hay información que sería positiva para sus intereses (los del Gobierno), como por ejemplo “la demostración de que había una policía política que se inventó la cuenta en Suiza de Trias y un informe contra Pablo Iglesias”. 

Pero “lo cierto es que nadie quiere que ahora se revuelva el pasado de los anteriores gobiernos o de la Monarquía”.

“La Audiencia Nacional decide”

Las fuentes gubernamentales consultadas por ECD aseguran que existe interlocución directa entre Moncloa y Casa Real para abordar éste y otros asuntos. No obstante, y pese a la gravedad de la amenaza, “hay conciencia de que no se debe intervenir”.

El Gobierno, tal y como contamos ayer, no tiene intención de abrir una investigación contra la monarquía y Juan Carlos I. Pero tampoco puede evitar que la Justicia actúe en un proceso judicial, contra el comisario Villarejo que ya está abierto.

Por tanto, señalan desde Moncloa, “es la Audiencia Nacional la que decide” hasta dónde quiere llegar en este asunto.

En el Ejecutivo dan por hecho que “usará los documentos” para poder acusar al veterano policía. “La clave va a estar en qué se difunde y qué no”.

Baleares paga el aeropuerto de Ciudad Real al empresario Rafael Gómez Arribas

MADRID.- La Comunidad Autónoma de Baleares pagará el aeropuerto de Ciudad Real. Rafael Gómez Arribas, el empresario al frente de la sociedad Cria, que se adjudicó hace más de dos años el aeródromo manchego, ha obtenido el apoyo del juez para ejecutar la adjudicación a través de una solución inédita en el complejo sistema concursal español, según revela hoy https://www.vozpopuli.com.

El magistrado, Carmelo Ordóñez, del mercantil de Ciudad Real, ha aceptado la dación en pago consistente en la entrega al juzgado por parte de Gómez Arribas, que figura en el listado de los mayores morosos de Hacienda -su empresa Reformas de Pisos debe 13,5 millones- de la cesión del derecho de cobro que tiene frente a la Comunidad Autónoma de Baleares.

Gómez Arribas mantenía desde hace más de diez años un conflicto con Baleares por la paralización de un desarrollo urbanístico que puso en marcha en Ibiza. A través de sus sociedades Punta de Ibiza y Mecron, Gómez Arribas era propietario de una parcela en la isla, sobre la que planteó y solicitó licencia para levantar un complejo residencial que contemplaba la edificación de 244 apartamentos.

Cuando ya se estaban construyendo las viviendas, en julio de 2006, la licencia obtenida fue suspendida. En 2009 las empresas de Gómez Arribas reclamaron una indemnización de 85 millones de euros por los perjuicios ocasionados por los efectos de la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en Islas Baleares.

A finales del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó sentencia en la que condenaba al Gobierno de la Comunidad Autónoma a pagar cerca de 80 millones de euros a las sociedades de Gómez Arribas.

La sentencia llegó justo cuando Gómez Arribas apuraba el plazo para entregar el dinero por la compra del aeropuerto de Ciudad Real, que se adjudicó en una subasta organizada en abril de 2016 por el juez Carmelo Ordóñez, quien se hizo cargo del concurso de acreedores de la empresa que levantó el aeródromo manchego, CR Aeropuertos, a finales de 2015.

El empresario no había podido hasta entonces reunir la cantidad debida por la adjudicación del aeropuerto, 56 millones de euros. El pasado 19 de abril expiraba el plazo otorgado por el juez a Gómez Arribas para que efectuara el pago, pero este anunció que no podía hacerlo después de que un fondo británico con el que se había aliado no acudiera al acto de compra. El juez volvió a ampliar el periodo dado para completar la operación, hasta esta semana.

A pesar de contar con la sentencia a favor de Baleares de noviembre del pasado año, la misma debía ser confirmada para que adquiriera firmeza y Gómez Arribas pudiera cobrarla. Hace dos semanas, el pasado 5 de julio, se inadmitió recurso de casación contra la decisión de la justicia balear de condenar a la comunidad autónoma al pago a las empresas de Gómez Arribas, con lo que la sentencia ya es firme, contra la que no cabe recurso alguno.

Gómez Arribas propuso entonces al juez Ordóñez cumplir su compromiso de pago del aeropuerto cediendo el derecho que tiene ahora para cobrar esa deuda de Baleares, a lo que el magistrado ha accedido en un auto comunicado ayer martes, poniendo fin al proceso de venta.

El juez justifica su decisión de admitir dicha dación en pago asegurando que se trata de la mejor opción tras una labor "extenuante" al frente del concurso del aeropuerto. 

El magistrado señala en el auto del martes que Cria, la empresa de Rafael Gómez Arribas, es la única que hasta el momento ha ocupado la posición de compradora, quien ha desembolsado el 5% del precio, "y quien ha realizado mejoras, inversiones y que ha llevado a cabo una ingente labor para la obtención de la rehabilitación de las licencias aeroportuarias y la recuperación del espacio aéreo".

"Concluir el proceso de venta en estos términos es sin duda altamente beneficioso, desde luego para losintereses supremos del concurso", sostiene el juez. La aceptación de la propuesta de Cria es una buena solución "para los intereses generales de nuestra región, pues en poco tiempo el aeropuerto podría ya empezar a generar riqueza y puestos de trabajo, que tanto necesitamos".

El magistrado añade que todo ello se conseguirá "a pesar de que algunos hayan puesto todo su empeño y esfuerzo para que el proceso de venta del aeropuerto de Ciudad Real fracasara poniendo palos en las ruedas, contaminado con su impronta inconfundible este proceso". 

El juez Ordóñez se despacha contra los que considera han intentado que fracasara el proceso para "desde la más absolutas de las inmundicias generadas malograr y malvender la unidad por precio irrisorio y dejarlo en manos de los querubines de la especulación".

El juez afirma en el auto en el que da por finalizada la venta del aeropuerto a Gómez Arribas que renunciar a la opción escogida haría probable "que podamos volver al averno", un escenario "que tiraría por tierra todo lo conseguido, por lo que ante meros futuribles de cartón, consideramos que lo más beneficioso para los intereses supremos del concurso no es sino aceptar la dación en pago y tener por compradora definitiva a Cria (...)".

Las antiguas cajas de ahorro han dinamitado la mitad de sus oficinas durante la crisis

MADRID.- Las cajas de aho­rros han sido las tristes pro­ta­go­nistas de la crisis y la re­es­truc­tu­ra­ción de la banca en España. Prueba de ello es que su nú­mero de ofi­cinas se ha se ha re­du­cido en un 51% desde los má­ximos que sus redes al­can­zaron en 2008, un re­corte su­pe­rior al de los bancos ya que mu­chas cajas exis­tentes en­tonces han des­apa­re­cido en dis­tintas in­te­gra­cio­nes. No obs­tante, su com­pro­miso te­rri­to­rial se de­muestra con un 32% de las su­cur­sales en po­bla­ciones con menos de 10.000 ha­bi­tan­tes, con CaixaBank a la ca­beza, según publica hoy www.capitalmadrid.com de la mano de José Luis Marco. 

Un total de 12.789 sucursales de las antiguas cajas de ahorros han desaparecido en la última década, lo supone un 51% menos de las existentes en 2008 como consecuencia de la profunda crisis y la reestructuración de todo el sector bancario. Justo en ese año, el sector de las cajas de ahorro alcanzó la mayor dimensión de su red con más de 25.000 sucursales abiertas.

Así se desprende del anuario estadístico de 2017 difundido por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La reducción de las redes de estas entidades ha sido constante y ya en 2012, cuando se agudizó la crisis y se tuvo que pedir el rescate bancario a Bruselas, el número de oficinas de las antiguas cajas de ahorros se situó por debajo de las 20.000 sucursales.

Algunas de las entidades adheridas a la patronal de las cajas, como Bankia, tuvieron que acometer un drástico recorte de su red como imposición por las ayudas públicas recibidas para su recapitalización.

En paralelo, la reducción de cajeros ha sido algo similar en términos absolutos (12.997 menos desde 2008), aunque porcentualmente es algo inferior (-36,52%). El parque de cajeros automáticos de las antiguas cajas de ahorros llegó a rozar los 36.000 terminales en 2008 y las entidades aún mantenían 22.850 al cierre del pasado ejercicio.

Exclusión financiera

La profunda reestructuración de la banca española, con mayor incidencia en el caso de las cajas de ahorros, ha dejado algunas poblaciones en riesgo de exclusión financiera al haberse quedado sin una oficina bancaria en su territorio. Sin embargo, las antiguas cajas de ahorros han mantenido en buena medida su compromiso territorial.

El número de sucursales presentes en poblaciones con menos de 10.000 habitantes asciende hasta las 3.894 al cierre de 2017, lo que supone un 31,79% del total de sus redes. Ese número es superior al existente en municipios con mayor población y, en teoría, con un mayor potencial de negocio.

Un claro ejemplo de ese compromiso es el de CaixaBank, como suelen defender sus principales directivos en numerosas ocasiones. El grupo presidido por Jordi Gual, que cuenta con una red de casi 5.000 oficinas, está presente en 1.347 municipios con menos de 10.000 habitantes. Ibercaja se sitúa en el segundo puesto, con presencia en 583 de este tipo de poblaciones, lo que representa más del 50% sobre el total de su red con 1.147 sucursales.

Coste laboral

La menor dimensión de las antiguas cajas de ahorro también se ha visto acompañada de una importante reducción de empleo en el sector. Las entidades pertenecientes a CECA alcanzaron el máximo de 134.867 empleados en 2008, una cifra que se ha reducido en más de 62.500 puestos de trabajo en la última década.

Esos datos suponen un ajuste de plantilla del 46,35%, un porcentaje muy superior al 32% que se estima como media en el conjunto del sector bancario. Pese a todo, los supervisores insisten en una nueva vuelta de tuerca en el proceso de reducción del exceso de capacidad instalada. Los responsables del sector asumen que, tal vez, sea necesario un nuevo ajuste aunque de una dimensión muy inferior al ya realizado.

https://www.capitalmadrid.com/2018/7/18/50216/las-antiguas-cajas-han-dinamitado-la-mitad-de-sus-oficinas-durante-la-crisis.html 

El TSJCV tumba el decreto de la Generalitat Valenciana que marginaba el uso del castellano

VALENCIA.- La Justicia ha tumbado los aspectos esenciales del decreto del Gobierno valenciano que marginaba el uso del castellano en la Administración. Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado la nulidad parcial del Decreto 6/2017 de la Generalitat Valenciana que regula el uso del castellano y del valenciano en la Administración pública autonómica, según recoge hoy Abc.

La Generalitat ya ha anunciado que estudia la presentación de un recurso ante una resolución judicial que no es firme.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma. 

Esto implica que para que tengan eficacia en otras regiones han de ser traducidos al castellano también cuando van dirigidos a aquellas autonomías que la Generalitat denomina del “mismo ámbito lingüístico” que la valenciana, es decir Cataluña y Baleares, porque el valenciano no es lengua cooficial en las mismas.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.

Puntos de la norma que avala la Justicia

El TSJCV avala la norma del Consell en lo que afecta al resto de aspectos relacionados con las notificaciones por cuanto, en contra de lo sostenido por el PP, sí garantiza el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua cooficial de las comunicaciones con la Administración, tanto en los procedimientos iniciados de oficio como en los iniciados a solicitud del interesado.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.

Rotulación ilegal

La sentencia también considera ilegal la regulación que hace el decreto de la Generalitat sobre el idioma a utilizar en los rótulos informativos de oficinas e instalaciones de la Administración de la Generalitat. El uso exclusivo del valenciano para las zonas valencianoparlantes y la posibilidad de emplear ambas lenguas para los territorios de predominio lingüístico castellano “no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales”, señalan los magistrados que apelan a las sentencias del Constitucional para recordar que “no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano”.
“El precepto es ilegal por dos razones: no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales, con la consecuencia de que no se dispensa el mismo trato a los ciudadanos castellanohablantes que a los valencianohablantes; no se olvide que no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano, como se recuerda en las sentencias constitucionales citadas”, razonan los magistrados.
El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía. 

“Faltaría más”, apostillan los magistrados, que, matizan que esto “ha de acometerse en el marco estatutario y legal conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que niegan la viabilidad jurídica de que lleve consigo proscribir el castellano, porque ha de permitirse utilizar también esa lengua oficial y normal en todas las administraciones públicas”.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano. 

Tras recordar “la inexistencia de un deber de conocer el valenciano”, la Sala concluye que “la previsión de que sólo obligatoriamente hayan de redactarse en valenciano los folletos, carteles y avisos de cáracter informativo o divulgativo en cualquier soporte y, en general, todas las publicaciones, conculca el régimen de cooficialidad que deriva de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”. 

Establecer el valenciano entre los requisitos de los pliegos de condiciones de los concursos públicos carece de “cobertura legal” porque la regulación de la materia relativa a contratos del sector público es una competencia estatal; no autonómica.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano. 

Esto “supone un trato inmotivadamente desigual y en perjuicio de los territorios de predominio lingüístico castellano sobre los de predominio valenciano”.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas. 

El hecho de que las primeras, las comunicaciones con instituciones estatutarias, se haga en valenciano “no merece reproche de juridicidad”; la misma consideración es aplicable a las comunicaciones con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

La Generalitat estudia recurrir y el PP celebra el fallo

La Generalitat estudia la posibilidad de recurrir la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de once artículos del decreto que regula el uso del valenciano en la Administración autonómica por considerar que la norma ignora la realidad plurilingüe de la Comunitat reconocida en el Estatuto de Autonomía.Un comunicado de la Conselleria de Educación, que recuerda que la sentencia no es firme, destaca que no comparte los preceptos por los que se han anulado los once artículos.
A continuación precisa que el artículo 4 del decreto, que no se ha anulado, dice que el valenciano es la lengua propia de la Administración de la Generalitat y, como tal, será la lengua destacada de uso normal y general, sin que se pueda entender de esta declaración ninguna limitación respecto a la otra lengua oficial. Las referencias que se hacen al uso del valenciano en este decreto se entienden hechas en el sentido mencionado".
Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.

Hacienda quiere reimplantar un voraz Impuesto de Sucesiones en toda España

MADRID.- El Gobierno pretende armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España. Este tributo lo gestionan al 100% las comunidades autónomas, que deciden si exprimen a sus ciudadanos con elevados gravámenes, como Asturias, o si por el contrario, la presión fiscal tras la muerte de un familiar es casi inexistente, como Madrid o Canarias, como recuerda hoy Libre Mercado.

A la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le gustan los impuestos bajos de estas regiones. De hecho, cuando era consejera de Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz llegó a calificar a la Comunidad de Madrid como un "paraíso fiscal". Y tras su llegada al Ministerio, Montero quiere coartar la libertad fiscal de Madrid o Canarias cuanto antes.

Según ha publicado El Economista, Montero hará saber este jueves en el Consejo de Política Fiscal su intención de establecer un tipo fijo de Sucesiones para todo el país. 

 Lo hará "después de que el nuevo Ejecutivo haya sugerido en varias ocasiones en privado que desea dar este paso, respaldado con mayor o menor entusiasmo por dirigentes autonómicos socialistas de la talla de Javier Lambán, Emiliano García Page o Susana Díaz", asegura la publicación.

La ministra buscará consenso entre las regiones para llevar a cabo sus planes, aunque es improbable que lo consiga. Regiones como Extremadura o Andalucía han rebajado este año el Impuesto de Sucesiones y es probable que se pongan del lado de Madrid y Canarias en el debate.

Blackstone se cuela en la puja con Cerberus por 7.500 millones en pisos de Sabadell

MADRID.- Banco Sabadell y Cerberus trabajan a contrarreloj en la mayor operación inmobiliaria del momento. La entidad catalana y el fondo norteamericano podrían cerrar en los próximos días el traspaso de 7.500 millones en activos inmobiliarios. Pero en las últimas jornadas ha resurgido un posible competidor de Cerberus, su rival Blackstone, que está tratando de sumarse a la puja, según fuentes financieras consultadas por Voz Pópuli.

Banco Sabadell y Cerberus trabajan a contrarreloj en la mayor operación inmobiliaria del momento. La entidad catalana y el fondo norteamericano podrían cerrar en los próximos días el traspaso de 7.500 millones en activos inmobiliarios. Pero en las últimas jornadas ha resurgido un posible competidor de Cerberus, su rival Blackstone, que está tratando de sumarse a la puja, según fuentes financieras consultadas por este medio.

Este nombre vuelve a estar sobre la mesa ante la demora en cerrar la operación entre Sabadell y Cerberus. El fondo dirigido por John Snow sigue teniendo preferencia en las negociaciones, pero la entidad presidida por Josep Oliu no cierra la puerta a Blackstone por si se torciera la primera vía. 

Blackstone presentó la segunda mejor oferta por el bloque de activos adjudicados que está a la venta, a continuación de Cerberus y por delante de Lone Star.

La idea inicial de Sabadell era vender el ladrillo de su balance dividido en dos. Por un lado, el procedente de su negocio recurrente, valorado en 5.000 millones, dentro del 'Proyecto Challenger'. Y por otro, activos inmobiliarios de CAM, tasados en 2.500 millones, en el 'Proyecto Coliseum'.

Finalmente, fuentes cercanas a los fondos señalan que la entidad ha decidido unir ambos proyectos y adjudicar los 7.500 millones a un sólo candidato, para lo que es Cerberus el candidato número uno, a día de hoy.

El plan de Sabadell es tener cerradas estas desinversiones antes de agosto. Los 2.500 millones del 'Proyecto Coliseum' dependen del visto bueno final del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ya que son activos con garantías públicas.

El plan de Sabadell es asumir algo más del 20% del esquema de protección de activos (EPA) a cambio de que el nuevo gobierno socialista le permita hacer la operación de golpe, como adelantó este medio. El FGD estudia estructuras con las que diferir el impacto de la venta para que no afecten al déficit.

Para Cerberus esta operación es crucial dentro del proceso de reordenación del sector y el peligro de quedarse sin su mayor contrato de gestión en España -a través de Haya Real Estate-, en Sareb.

Empeora el estado de salud del cartagenero Zaplana en la cárcel

VALENCIA.- La jueza que investiga la «operación Erial», que llevó a prisión a Eduardo Zaplana, rechazó en junio excarcelar al ex presidente de la Generalitat valenciana por motivos de salud. El informe médico forense encargado por el juzgado señalaba entonces que Zaplana sufre, entre otras patologías, una leucemia aguda y un cuadro de «inmunosupresión profunda» que ocasiona «infecciones oportunistas», revela hoy La Razón. 

Infecciones que, según el facultativo que examinó al ex ministro del Gobierno de Aznar, «pueden causar complicaciones que agraven de forma severa –hasta incluso con riesgo de muerte– su situación clínica».

La propia dirección de la prisión de Picassent, donde se encuentra internado, se ha mostrado preocupada por el estado de salud de Eduardo Zaplana tras los últimos informes médicos que evidencian un serio deterioro que ya le ha llevado en dos ocasiones a ser trasladado desde el centro penitenciario al Hospital La Fe. 

Un último parte facilitado ayer por la familia refleja una infección en «paladar, encías, lengua y faringe», además de hacer constar el cáncer en la médula ósea y la leucemia que le aquejan. 

«Dice el médico que le han salido bultos en las manos que le están agarrotando y que puede perder la movilidad» en esa zona, según sus allegados. Si no mejora volverá a revisión en el hospital el día 31 de julio

La Generalitat valenciana defiende que Castilla-La Mancha no puede modificar el trasvase Tajo-Segura

ALICANTE.- Con ánimo de no entrar en confrontación y anteponiendo el cumplimiento de la ley. Así se mostró el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, tras la última polvareda levantada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que defiende que no se destine «ni una sola gota para el regadío en el Levante» en relación al trasvase Tajo-Segura, según publica hoy el diario Información. 

Para Rodríguez Mulero no son las comunidades autónomas las que disponen de «las condiciones para modificar una ley aprobada en las Cortes», en referencia a la norma que regula los trasvases. 

En este sentido, recordó, «son el Gobierno y las Cortes quienes deciden qué hacer con el trasvase Tajo-Segura» y ninguno de ellos «ha manifestado nada que nos deba generar inquietud», al tiempo que tachó las afirmaciones del día anterior hechas por el Gobierno de la comunidad vecina de «anécdota y declaración sin fundamento». 

El secretario autonómico se pronunció así ante la prensa en el transcurso de una reunión mantenida en Alicante con representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Con un nuevo trasvase pendiente para el mes de agosto, el secretario autonómico de Agricultura llama a la tranquilidad de los empresarios y cree que la llegada de agua hasta la cuenca del Segura está garantizada a corto plazo.

«La disponibilidad de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía está en el nivel 2, que permitió hace unos días un trasvase de 38 hectómetros. Mientras sigamos en el nivel 2 la propia normativa permite el trasvase».

A partir de ahí, afirma Rodríguez Mulero, «si pasamos al nivel 3 hay otro sistema para poder trasvasar. No hay motivo para pensar que en este nivel no se puede trasvasar». Llegado el caso de alcanzar el nivel 4, entonces, «se tiene que cumplir lo que dice la ley».

El secretario autonómico recuerda el «déficit estructural de agua» que sufre el sur de la provincia de Alicante y añade que «el Gobierno valenciano tiene claro que se debe de cubrir» y para ello «tenemos una normativa que permite, en determinadas circunstancias y situaciones hidrológicas, trasvasar».

En este sentido, y coincidiendo con las palabras del presidente Ximo Puig, Rodríguez Mulero cree que el trasvase es «irrenunciable mientras no haya alternativas».

Por su parte, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, lanzó también un mensaje de tranquilidad acerca de la continuidad del trasvase.

«No hay razones para pensar que no haya un trasvase en agosto. Estamos en nivel 2, con agua suficiente para garantizar todos los usos de los embalses, tanto los propios de la cuenca como los propios de abastecimiento».

El representante de los regantes recuerda el papel que juega el trasvase a la hora de «atemperar» el precio del agua y muestra su rechazo a depender del agua desalada como alternativa a la del trasvase.

«Por un lado no se han generado infraestructuras para que ese agua se pueda distribuir a lo largo del regadío y por otro se verían incrementados los recibos en hogares, comercios y regadíos».

Desde Asaja consideran «inaceptable» la postura de Castilla La Mancha. La organización recuerda que esta infraestructura es «imprescindible» para el mantenimiento de la producción hortofrutícola de las tres provincias y que no puede sustituirse por agua desalada, «ocho veces más cara».

El presidente de Asaja, Eladio Aniorte, no comprende que «con una ley vigente que prima los intereses de la cuenca cedente y que ha impedido que se hayan podido realizar transferencias durante 11 meses, ahora tengan agua y pretendan matarnos de sed».

Mientras, el portavoz del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, ha defendido la continuidad del trasvase Tajo-Segura al considerar que «el agua de España es de las españolas y de los españoles, no es de las comunidades autónomas».

 «Tiene que regir un principio: Que el agua está para quien más la necesita, y nosotros la necesitamos más que nadie», afirmó ayer Mata.

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ha rechazado los planes del gobierno de Castilla-La Mancha y ha considerado que el trasvase Tajo-Segura es «insustituible» para la Comunidad Valenciana y el campo ilicitano.

González se ha mostrado preocupado por la posición adoptada por Castilla-La Mancha en torno al trasvase, al considerar que se trata de «una posición de máximos que genera incertidumbre y que nos devuelve a un escenario marcado por la conflictividad entre territorios».

Por último, el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, ha abogado por abrir el debate sobre el agua en unos términos en los que se contemple el escenario del cambio climático.

Murcia, la región española con una mayor proporción de jóvenes

MADRID.- España ha vuelto a registrar un máximo histórico de envejecimiento que en 2017 alcanza el 120 por ciento: se contabilizan 120 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Esta cifra supone un crecimiento de dos puntos porcentuales con respecto al año pasado, cuando el índice de envejecimiento se situó en un 118 por ciento.

Las regiones más envejecidas son Asturias (214%) y Galicia (195%), mientras que Ceuta (41%), Melilla (53%), Murcia (84%), Andalucía y Baleares (98%) son las únicas comunidades autónomas que presentan una mayor proporción de jóvenes.

Los grupos políticos de la Asamblea visitan las obras del AVE en Murcia

MURCIA.- Diputados de la Asamblea Regional visitaron este miércoles las obras de la llegada del AVE a la ciudad de Murcia, donde han comprobado que hay instalados 730 metros de pantalla de hormigón destinado al soterramiento, y en la que se han cruzado reproches sobre la gestión de este proyecto y las responsabilidades por el ritmo de ejecución.

Los parlamentarios, pertenecientes a la Comisión de Seguimiento de la Entrada del AVE en la Región, estuvieron acompañados en el recorrido por el director de Construcción de Adif, Juan Tébar, quien les explicó los detalles de la obra de soterramiento y el desvío provisional, tanto en el tramo de la estación del Carmen, donde ya se han colocado 402 metros de pantallas de hormigón, como en la zona de Senda de Los Garres, con 332 metros instalados.

Además, Tébar detalló a los diputados que hasta el momento se han certificado más de 10 millones de euros de la fase 1 del soterramiento, cuyo importe total asciende a 52 millones de euros, al tiempo que han comprobado que la máquina que está ejecutando a un ritmo de 5 metros diarios lineales las pantallas de hormigón previas a realizar la excavación se encuentra en el tramo de Senda de Los Garres.

Fuentes de la empresa constructora explicitaron que, en el momento que se concluya el desvío provisional por donde transitarán todos los trenes para despejar la red actual de vías, habrá espacio suficiente para ampliar a cuatro las máquinas pantalladoras, por lo que se cuadruplicará el ritmo de trabajo.

Asimismo, las mismas fuentes indicaron que, una vez estén realizadas las pantallas a ambos lados del paso a nivel de Santiago el Mayor, necesitarán un mínimo de ocho meses con esta zona cortada al tráfico para poder realizar el apantallamiento, la colocación de la losa superior y el soterramiento de las vías.

La visita ha servido para constatar los diferentes puntos de vista sobre este proyecto por parte de los grupos. 

Así, el presidente de la comisión y portavoz parlamentario de Ciudadanos, Miguel Sánchez, destacó que se han apantallado 700 de los 4.800 metros de la primera fase, mostrando su «preocupación» por el cumplimiento de los plazos.

Sánchez culpó al PP y al PSOE de que la Región siga «a la cola» en materia ferroviaria, recordando a los socialistas que no pueden ser «adalides de nada» cuando «paralizaron» las obras de la variante de Camarillas, mientras que al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, le ha pedido que «no sobreactúe» y «haga el ridículo agitando a la sociedad civil» con el acto convocado para esta tarde.

Desde la bancada del PP, el diputado Marcos Ortuño aseguró que la visita de este miércoles ha servido para constatar la «paralización» del AVE por una decisión «política y caprichosa» del delegado del Gobierno, Diego Conesa, al tiempo que ha defendido la compatibilidad de la llegada de la alta velocidad en superficie por la vía provisional mientras se ejecuta el soterramiento.

«No perjudica a nadie y beneficia a todo el mundo», apostilló Ortuño antes de remarcar que «frenar el AVE y el soterramiento es letal» para la Región de Murcia, aludiendo al informe del Colegio de Economistas en el que se cifra en 300 millones de euros y en 180.000 empleos los beneficios anuales de esta infraestructura.

Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Joaquín López, declaró que los trabajos están «a medio gas» y defendió que el nuevo Gobierno va a «impulsar claramente» las obras de soterramiento tras las «mentiras y retrasos» del PP, a quien pidió «cordura» respecto al acto convocado este miércoles que, en su opinión, responde a la necesidad de los populares de «ocultar sus vergüenzas».

López remarcó que los nuevos responsables del Ministerio de Fomento trabajan para que haya la «garantía» de que el AVE llegará soterrado en el segundo semestre de 2020 y que, mientras tanto, se habiliten trenes modernos que permitan enlazar Cartagena con Madrid en tres horas y media a partir de la primavera de 2019.

Finalmente, el secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, Óscar Urralburu, subrayó que la visita ha servido para comprobar la «falta de voluntad» del anterior gobierno en el avance que requerían las obras de soterramiento.

El líder de la formación morada exigió a Adif que se «comprometa de verdad» para hacer el túnel, al tiempo que consideró el acto convocado hoy por López Miras como un «paripé».

El Gobierno regional no quiere una relajación del objetivo de déficit sino «más ingresos»

MURCIA.- El Gobierno regional no espera «más alivios para seguir endeudándonos, sino más ingresos» y que se reconozca que el 80 por ciento de la deuda autonómica obedece directamente a un sistema de financiación que no cubre los gastos en sanidad, educación y políticas sociales.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Noelia Arroyo, respondió así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al anuncio hecho este martes por Pedro Sánchez de que relajará en dos décimas el objetivo de déficit para las comunidades autónomas.

Arroyo consideró que la solución no es «hacer más grande la bola de la deuda» ni «ser más generosos a la hora de devolver la financiación», sino que la Región de Murcia necesita más ingresos para cubrir los servicios públicos esenciales.

Además, insistió en que se debe buscar la fórmula para condonar los más de 6.000 millones de euros que, según los cálculos del Ejecutivo regional, se han generado de deuda como fruto de esa infrafinanciación.

La portavoz insistió en que la reivindicación de la Región de Murcia seguirá siendo modificar el actual sistema de financiación autonómica que está perjudicando en ese sentido a la comunidad desde 2009.

Sube el IBI para las casas rústicas del municipio de Murcia

MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado hoy la propuesta de la Concejalía de Hacienda para establecer el 0.8 como coeficiente para aplicar a los inmuebles de naturaleza rústica en el padrón del IBI a partir del próximo año.

Esta es una de las medidas que debe adoptar el Ayuntamiento –tendrá que someterse también al acuerdo del Pleno que se celebrará la próxima semana- como consecuencia de la revisión de los valores catastrales que ha llevado a cabo la dirección general del catastro, dependiente del ministerio de Hacienda, para situar los valores de las propiedades inmobiliarias en torno al 50% del precio de mercado. La anterior ponencia data de hace 16 años.

Los ayuntamientos tienen la potestad de establecer entre un coeficiente situado entre 0,5 y 1%. La propuesta del concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, es el 0,8%, con el objetivo de contener así las consecuencias sobre las cuotas a pagar en el IBI por parte de los titulares. 

Esta modificación afecta a las construcciones actualmente existentes sobre suelo rústico que tributaban como urbanas y que, a partir de esta nueva ponencia, pasan a tributar en el padrón de rústica.

Los nuevos submarinos 'S-80 Plus' no caben en los muelles del Arsenal de Cartagena

CARTAGENA.- Los nuevos submarinos S-80 Plus miden más de lo debido y para que puedan atracar en el Arsenal de Cartagena deberá reformar sus muelles con un coste de 16 millones de euros. 

Además, el presupuesto de reforma de los cuatro sumergibles se ha duplicado a casi 4.000 millones de euros, el doble de lo previsto, para corregir el problema de peso que se detectó cuando se flotó la primera de las naves.

Los submarinos, además del problema de peso, lo tienen de tamaño. Con la reforma han pasado de medir 78 metros de eslora a cerca de 80, con lo que los muelles se quedan pequeños. 

Según informa hoy el diario El País, el ministerio de Defensa deberá invertir 16 millones de euros en ampliar los muelles de la Base de Submarinos del Arsenal.

Esto se ha conocido cuando el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez debía pedir un informe al Consejo de Estado para elevar el techo de gasto y rectificar la orden de ejecución de los submarinos a Navantia.

Ahora el problema es que, con sus nuevas dimensiones, el S-80 Plus no cabe en las fosas de atraque de la base naval de Cartagena, lo que obligará al  Ministerio de Defensa a dragar y ampliar los muelles.

El Gobierno aprobará en los próximos días la elevación del techo de gasto del nuevo submarino S-80 Plus en 1.772 millones de euros; lo que, sumado al presupuesto inicial de 2.132 millones, da un total de 3.907, casi mil millones por cada uno de los cuatro sumergibles, prácticamente el doble de lo previsto.

Los anteriores responsables del Ministerio de Defensa dejaron listo el expediente de modificación del coste de S-80, pero no llegaron a aprobarlo, por lo que el nuevo equipo dirigido por Margarita Robles debe darle trámite con urgencia (pedir informe al Consejo de Estado, elevar el techo de gasto y rectificar la orden de ejecución a Navantia) si no quiere que en otoño se paralice su construcción.

El programa sufrió un serio tropiezo en 2013, cuando se demostró que se había producido un desvío de 125 toneladas en el peso, lo que comprometía la flotabilidad del submarino; es decir, que no estaba garantizado que saliera a flote tras sumergirse.

Defensa contrató como asesora a la estadounidense Electric Boat que, por 14 millones, confirmó el diagnóstico de los expertos: para reequilibrar pesos había que alargar la eslora en 10 metros. Se hizo incorporando 16 cuadernas más al puro del submarino y aumentando el desplazamiento hasta 3.000 toneladas. El nuevo modelo se rebautizó como S-80 Plus.

Un efecto colateral de estos cambios es que el nuevo submarino ya no cabe en las fosas (muelles de atraque) de la base naval de Cartagena, con una dimensión máxima de unos 78 metros. Para que quepan los cuatro submarinos habrá que dragar y alargar las fosas lo que, unido a otras obras de infraestructura necesarias para adaptar las instalaciones al nuevo sumergible, costará unos 16 millones.

No obstante, la mayor incertidumbre que sigue pesando sobre el proyecto es su sistema de propulsión independiente del aire (AIP), que le dotará de una autonomía y discreción a mitad de camino entre los submarinos convencionales y los nucleares.

Defensa ha apostado por un sistema capaz de producir hidrógeno a partir de bioetanol y ha encargado su desarrollo a dos firmas españolas, Técnicas Reunidas y Abengoa. Fuentes militares aseguran que, tras algún fracaso sonoro, se están cumpliendo los hitos. Ya se dispone, según esas fuentes, de un demostrador de 25 kilovatios y ahora se trata de fabricar uno 12 veces más potente (300 kilovatios) como el que llevarán los S-80.

Para evitar más retrasos, se ha previsto que el AIP se integre a partir del tercer sumergible (el S-83, cuya entrega a la Armada está prevista para marzo de 2026), mientras que los dos primeros (con fecha de entrega en 2022 y 2024) empezarán a navegar con propulsión diésel e incorporarán el AIP cuando se les haga la primera gran carena (mantenimiento) a finales de la década.

Aunque el sistema AIP es relativamente barato en comparación con el coste del submarino (unos 80 millones de euros por unidad, de los que 30 corresponden a la pila de combustible comprada en EE UU), constituye un elemento crítico, ya que le permitirá navegar sumergido casi dos semanas.

Fuentes industriales admiten que el éxito del S-80 dependerá de que funcione el AIP español. Si es así, subrayan, se convertirá en un producto altamente competitivo en el mercado de los submarinos convencionales, con prestaciones superiores a las del alemán 214. En caso contrario, admiten, será un proyecto fallido, pues nadie querrá adquirir un sumergible tan grande e indiscreto.

En cualquier caso, Navantia deberá abaratarlo drásticamente. Los casi mil millones que pagará la Armada por cada S-80 duplican prácticamente el precio de los sumergibles alemanes comprados por Israel. El valor de mercado de este tipo de submarinos oscila entre 400 y 600 millones de euros.

Los expertos alegan que un programa de esta complejidad presenta un alto grado de incertidumbre (el presupuesto final incluye 100 millones para imprevistos) y que, cuantos más submarinos se vendan, más se amortizará la inversión. Pero admiten que no controlar el peso de los elementos que se añadían al diseño inicial fue un fallo que pudo tener consecuencias catastróficas y ha costado finalmente casi 1.800 millones. Sin que nadie asuma responsabilidades, según El País.

El Ayuntamiento de San Pedro pagará 500 euros mensuales a doce vecinos por malos olores

SAN PEDRO DEL PINATAR.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso presentado por el ayuntamiento de San Pedro del Pinatar contra la sentencia de un Juzgado que lo condenó a pagar 500 euros mensuales a cada uno de los doce vecinos que lo demandaron por no actuar debidamente frente a los malos olores de una fábrica de asfaltos.

El Juzgado de lo Social de Cartagena, en la sentencia que ahora se ve respaldada por el TSJ, declaró probado que estos vecinos presentaron una reclamación en junio de 2013 por la violación de los derechos fundamentalesa la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio que venían sufriendo por las inmisiones odoríferas procedentes de una fábrica cercana a sus viviendas.
En su demanda, pidieron al ayuntamiento que ejerciera su potestad para que cesara la situación que sufrían, incluyendo incluso el cese de la actividad, interesando la indemnización de 500 euros mensuales desde la fecha de la reclamación hasta que cesara la injerencia en los derechos invocados.
El juez les dio la razón, y condenó al ayuntamiento al pago de la citada suma y "a adoptar de inmediato cuantas medidas sean necesarias para que cesen los olores que llegan hasta las viviendas, con el fin de devolverles el pleno disfrute de los derechos fundamentales señalados".
También señalaba la sentencia apelaba que se había constatado "la falta de efectividad del ayuntamiento demandado a la hora de implementar medidas que conduzcan al cese de las inmisiones, de cuya certeza no tiene duda alguna".
El consistorio, en el recurso que no ha prosperado, alegó que la indemnización era indebida, por el déficit probatorio de la misma, y desviación procesal, entre otras consideraciones.

Guerra abierta y conflicto jurídico, por el traslado de los restos de Franco / José Oneto *

Ochenta y dos años después del golpe de estado dado por un sector del Ejército contra el legítimo Gobierno de la República, el autor intelectual de ese golpe de estado (18 de Julio de 1936), que desembocó en una guerra civil que duró tres años y que ocasionó más de un millón de muertos, sigue dividiendo a los españoles. 

Sus restos que reposan en el Valle de los Caídos, a 50  kilómetros de Madrid  junto con los de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, continúan siendo motivo de enfrentamientos. Sobre todo cuando se intenta cerrar ahora una etapa y convertir el lugar donde se encuentra, no en la muestra viva de una Dictadura, como quieran o no, es ahora, sino en un símbolo de reconciliación entre los españoles.

Ese objetivo, que lo ha intentado el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez al pretender convertir el Valle de los Caídos y todo lo que significa, en una clara seña de identidad de su mandato, puede frustrarse igual que se ha frustrado el intento de nombrar un nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Española, y un nuevo presidente del Ente, al producirse el pasado lunes el triste espectáculo de dos diputados que se equivocaron al votar y de otro que se encuentra de viaje en Cuba… para nada. Ahora, después de quemar a todo un conjunto de profesionales, hay que buscar a un Administrador que se espera que sea de suficiente prestigio como para llegar con dignidad e independencia, hasta los resultados definitivos del concurso que se ha convocado.

El espectáculo de este miércoles en el que el prior de la basílica donde se encuentran los restos del general Franco, Santiago Cantera, ha anunciado que el solo recibe órdenes de su congregación, o en todo caso del Vaticano y del propio Papa, ha elevado el traslado de los restos del hombre que hoy, hace 82 años, se levantó en armas contra el legítimo gobierno de la República, en auténtico conflicto político y religioso, en un país que es aconfesional. Cantera ha prohibido hasta ahora cualquier intento de exhumación como la de los hermanos Lapesa y ha llegado a desafiar al propio Senado, negándose a comparecer ante una Comisión de investigación sobre el Valle.

Ese desafío lo ha extendido también a que nadie toque los restos del general Franco ya que sostiene que la Basílica es un lugar sagrado a pesar de que el conjunto del Valle es patrimonio Nacional, y sobre él solo tiene competencia el superior de los benedictinos, una congregación que llegó al Valle  hace sesenta años, donde ya se encontraba un templo monumental construido sobre las rocas con la tumba del general Francisco Franco. 

La basílica vuelve a estar en el centro de las polémicas, porque la izquierda gobernante reclama exhumar los restos del general y enterrarlos en un cementerio normal, así como desacralizar el templo. La Izquierda Unida postcomunista reclama también la eliminación del crucifijo de 150 metros y de todos los símbolos religiosos. 

A su juicio el crucifijo no compagina con un estado aconfesional. Por otra parte la familia del general se opone a los planes de la exhumación. A juicio de algunos, los planes de la izquierda son un intento de vengarse por la guerra civil pérdida y de escribir una nueva historia de España.

A pesar de que el martes el Presidente del Gobierno volvió a prometer en el Parlamento que los restos del Caudillo serán trasladados muy pronto a una tumba familiar del pueblo de Mingorubio, cerca de El  Pardo, la promesa no se cumplirá porque el superior de los benedictinos insiste, y es verdad, que él no depende del arzobispado de Madrid, ni de la Iglesia española, ni siquiera de la Conferencia Episcopal, cuyo presidente, el obispo Ricardo Blázquez, se ha entrevistado recientemente en la Moncloa con el Presidente del Gobierno, sino del superior de su orden en París y, en todo caso, del Vaticano y del propio Papa, con lo que se abre un complicado proceso de discusión y enfrentamientos que puede durar de meses.

Como adelantó ayer este cronista la promesa del Presidente va a ser complicada de cumplir si se examina detenidamente el informe que durante el mandato del presidente Rodríguez Zapatero, hizo una “Comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos” presidida por Virgilio Zapatero e integrada, entre otros, por Miguel Herrero de Miñón y Ramón Jáuregui, así como por  juristas e historiadores de indiscutible prestigio.

En el informe salen a relucir los problemas jurídicos que suponen que los restos del Caudillo estén en la Basílica que, como lugar de culto, es inviolable y sagrado, y que al ser administrada por la Comunidad Benedictina, no dependería de la autoridad eclesiástica española sino directamente del Vaticano y del Papa. 

Ahí estaría el gran escollo que ha impedido que se haya cumplido la promesa realizada por el nuevo Gobierno de trasladar cuanto antes los restos del general Franco y de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. La exhumación de esos restos ha sido justificada por Sánchez en que en “ninguna democracia puede permitirse monumentos que exalten ninguna dictadura”. 

Pero tendrán que esperar y, probablemente, tendrá que intervenir el propio Papa Francisco.

(*) Periodista y economista


https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/07/18/5807/ 

Aznar vetado en el Congreso del PP / Marcello *

Algo huele a podrido en Dinamarca mientras en el Congreso del PP que comienza mañana en Madrid hay cierto olor a un tongo que podría orquestar la vieja guardia de Rajoy que lideran Arenas y Santamaría, la candidata a la que los pretorianos de Mariano pretenden sentar en el trono Presidencial.

El lugar desde donde ella y su ‘padrino’ pronto verían la ruptura del PP si no gana Pablo Casado porque su mentor José María Aznar regresará a la política y fundará un nuevo partido liberal con fuertes apoyos en la UE, USA y América Latina. Y con una crítica abierta y acerada a los últimos años de Rajoy por su actuación en Cataluña y por haber regalado el poder a Pedro Sánchez (y a Podemos y los nacionalistas) al haberse negado a dimitir en la moción de censura para impedir la inmediata llegada de Sánchez al poder.

Y esta inexplicada e inexplicable espantada de Rajoy debería ser, además de la elección del nuevo Presidente, la cuestión fundamental del Congreso, al que la Comisión organizadora -que mueve Arenas- no ha querido invitar a José María Aznar quien, como lo ha recordado él mismo, ha sido Presidente del PP durante 14 años, además de presidente del Gobierno de España y de Castilla León.

Si a esto añadimos que para el Congreso los organizadores han escogido un hotel de la periferia de Madrid (a pesar de ser temporada baja y ello permite encontrar un hotel en el centro de la ciudad) y con un salón para solo 2.000 personas a pesar que hay más de 3.000 compromisarios, que deben votar, más los dirigentes regionales y nacionales, lo parece indicar que el aparato del PP no tiene mucho interés porque se llenen los salones del Congreso.

Al fondo y entre sombras se mantiene el pulso entre Aznar y Rajoy, y por ello la guardia pretoriana de Mariano no quiere que la prensa hable con Aznar. Y lo vetan y no lo dejan entrar (si se presenta ya veríamos qué pasa) lo que da pie a Aznar para darse de baja en el PP y fundar el Partido Liberal Español.

Algo huele a podrido en Dinamarca y en los juicios de la doble contabilidad del PP que le esperan a Rajoy, como a podrido huele que Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, no entrara en prisión a pesar de los 15 años de cárcel que le cayeron en la sentencia de Gürtel (El Bigotes con 13 años está preso), y todo ello suponemos que gracias a las gestiones de Santamaría y Rajoy ante el Presidente del Poder Judicial (que ellos nombraron) Carlos Lesmes.

O sea, hay tufo en la organización y puede que en la votación donde ya está militarizada la delegación de Andalucía, la más numerosa y la que pastorea en nombre de Santamaría el soldado Bonilla y que, esa sí, tendrá reservado su sitio en el salón principal.

Y ¿qué dirá Rajoy a los compromisarios y presentes en él Congreso? Pues muy sencillo que: ‘los platos son los platos y los vasos son los vasos y que España es un país que está lleno de españoles’. Y mientras así hablara este Zaratrusta, en las afueras del Congreso un grupo de flamencos cantarán, en honor a Arenas, unas sevillanas del XIX con letra adaptada a la actualidad y que dicen: ‘Quien lo diría/ quien lo diría/ que un Rey manda en España,/ quien lo diría/ mientras en el PP manda/ José María’.

(*) Pseudónimo de un veterano y prestigioso periodista cordobés 

https://www.republica.com/las-pesquisas-de-marcello/2018/07/18/aznar-vetado-en-el-congreso-del-pp/

Jubilación es júbilo y jubileo / Guillermo Herrera *

Algunas personas creen que jubilarse es casi una sentencia capital o una condena al olvido, la marginación, el ostracismo, la decadencia y la muerte. De hecho, hay quien se muere después de jubilarse porque se queda desorientado y no sabe vivir en libertad.

Jubilación proviene del latín ‘jubilare’, que significa gritar de alegría. Pero cabe preguntarse si el jubilado "grita de alegría" cuando deja de trabajar en todos los casos. Depende de cada persona.

No todos los jubilados sienten júbilo al abandonar definitivamente sus ocupaciones laborales, pero la palabra ‘trabajo’ viene de la voz latina ‘tripalium’ que designaba cierto instrumento de tortura. Liberarse del tormento es motivo más que suficiente para ponerse a cantar, pues eso significa el verbo ‘iubilare’: lanzar gritos de alegría o ‘iubili’.

Confiesa Clara Llompart que: “Cuando llegas a casa no cabes en sí de gozo, pero a la mañana siguiente, te levantas, no tienes donde ir, el día se te hace eterno, está vacío... ¿qué hago con tantas horas?... y es ahí dónde te das cuenta que estás jubilada y no ves el júbilo por ninguna parte.”

Lo siento por su vacío doña Clara, pero yo creo que la jubilación es todo lo contrario: la oportunidad de ser uno mismo y desarrollar al máximo su potencial humano con la ayuda de la sabiduría y la experiencia adquirida.

La mejor manera de no aburrirse es cultivar la curiosidad, el entusiasmo y la pasión por determinados temas. El que no se cultiva acaba convertido en un vegetal sobre un sofá, viendo la basura que ofrecen las cadenas de televisión. Eso sí que es aburrido.

Una persona se jubila cuando cesa en el servicio activo de su profesión o actividad, por haber llegado a la edad fijada y obtiene una pensión que le permite cubrir sus necesidades básicas, al menos en teoría.

Obviamente, es un gran júbilo cuando el trabajador se retira de un trabajo que lo oprime, pero es todo lo contrario cuando es un trabajo que lo enriquece. El problema es que hay pocos trabajos enriquecedores, como no sea el de los ricachones que hacen fortuna.

Pasamos la vida esclavizados por responsabilidades laborales y familiares con escasos momentos de libertad y con muchas limitaciones para expresar nuestra verdadera identidad sin que nos perjudique en el trabajo.

Cuando te jubilas, no te liberas del todo, porque siempre queda alguna obligación familiar, y además tenemos que cuidar el propio cuerpo físico, pero sí lo suficiente para empezar a vivir una vida más plena y empezar a respirar con mayor libertad.

Aunque a la mayoría de los jubilados no nos sobra el dinero, descubrimos que hay algo más valioso e importante que es el tener tiempo libre para lo que nos dé la gana de hacer, incluido el dormir buenas siestas, el leer un libro o el ver una película.

Sí, hay algo más importante que el dinero, una vez que se cubren las necesidades básicas, que es el tiempo libre y la calidad de vida, algo que no nos puede vender ningún fabricante.

Por eso la jubilación es sinónimo de júbilo, es decir de alegría, y de jubileo. El jubileo era una fiesta pública que celebraban los hebreos cada cincuenta años, en la cual se devolvían las heredades a sus antiguos dueños y los esclavos recobraban la libertad.

En la cultura judía el Jubileo tenía un carácter sabático, no se trabajaba la tierra y se restituían posesiones. La cultura cristina heredó el Jubileo y también es aquí un año santo (un año de indulgencias principalmente) que se celebra cada 25 años y fue institucionalizado en Roma desde el siglo XIV.

Pero la jubilación actual es un derecho ganado por nuestra cotización a la Seguridad Social y por las protestas obreras a finales de siglo XIX y principios de siglo XX en Inglaterra y Alemania. La clase trabajadora resultante de la revolución industrial llegaba muy maltrecha en salud, después de años de trabajo. Por lo cual los sindicatos y defensores de la clase obrera reclamaron en Europa un subsidio económico para hacer frente a las necesidades de la vida cotidiana.

En cualquier caso los trabajos actuales no dañan tanto la salud como los antiguos, nos dan la oportunidad de comenzar una nueva vida que será fea o bonita dependiendo de lo que seamos capaces de crear, porque no olvidemos que cada uno crea su propia realidad, su cielo o su infierno, o su limbo de aburrimiento.

(*) Periodista

Remake / Ramón Cotarelo *

Pero, gentes desmedidas y atolondradas, ¿aún no habéis entendido que no hay crisis en Cataluña sino crisis en España? Buscad información. Leed prensa extranjera; mirad las televisiones mundo adelante; hablad con periodistas, políticos afuereños.

Es una crisis de España por una sencilla razón: así como la parte catalana del conflicto tiene una mayoría parlamentaria para un proyecto claro con amplio apoyo popular, la española carece de ambas cosas. No hay acuerdo de mayoría parlamentaria, como en Catalunya. 

 

Es extraordinariamente difícil que la propuesta de referéndum de Sánchez salga adelante en el parlamento, por no decir imposible, salvo que se dé la siguiente negociación: se propone un nuevo estatuto elaborado directamente por el Parlamento español. El Parlament catalán no tiene por qué intervenir pues es mayoritariamente partidario de la independencia. Luego, el Estatuto se presenta a votación de los catalanes en un referéndum con dos opciones: 1ª) el estatuto; 2ª) la independencia.

Es posible que, de seguir en ánimo dialogante, se pueda llegar a un compromiso de ese tipo. De momento, parece impensable y, desde luego, no cuenta con un apoyo social español apreciable. Ya solo la propuesta de un nuevo Estatuto en este conflicto resulta revolucionaria. Pero es revolucionaria como el romanticismo cuando volvía a la edad de la caballería andante. No es el estatuto el que está desfasado; es el mismo marco estatutario; es lo que llaman los constitucionalistas el "bloque de constitucionalidad". 

 

Tiene poco gancho salir prometiendo una rodela nueva cuando las normas del duelo han cambiado y lo que está en cuestión es el encaje de Catalunya en un Estado español por muy autonómico que sea.

 ¿No quedábamos en que el mito del eterno retorno era eso, un mito y que salvo Nietzsche, nadie daba la lata con él? Y esa es la idea que parece estar tras la propuesta: dar vueltas a la noria. Déja vu, dicen los viajados, remake los cinéfilos. Hasta habrá quien se acuerde de Marx y lo de la repetición en la historia, tragedia/farsa. 

La única posibilidad de  que esta propuesta salga adelante en el Congreso es la mencionada de que vaya acompañada de un compromiso de celebración de un referéndum vinculante en el que los catalanes puedan elegir entre la vía estatutaria o la de la independencia. 

 

Pero es solo vislumbrar esa posibilidad y que la derecha se cargue de razones para acusar a Sánchez de vender a la patria, desmembrar a España, entregársela a los filoetarras, indepes, terroristas y nazis supremacistas. Con ello pondrá en marcha su máquina favorita de pedir elecciones. En realidad, si no las ha pedido ya es porque los dos partidos estaban descabezados, el PP por falta de cabeza visible y C's por ser cabeza conmocionada. 

El bloque de la izquierda más los indepes puede resistir la presión y aguantar el gobierno unos meses mientras formula un proyecto en un tiempo razonable con una oferta explícita de una fórmula de articulación entre España y Cataluña. Y esa oferta se enfrentaría en referéndum a la de la independencia. 

 

Aunque parezca mentira, la oferta española tendría mucho gancho en el electorado catalán sobre todo si presenta un proyecto de estatuto que reconozca a Cataluña su condición de nación, así como el derecho de autodeterminación, ejercitable previo breve aviso mediante referéndum con mayoría absoluta. 

No obstante, sigo creyendo que la opción independentista saldría victoriosa por una razón de antes y otra de ahora. La de antes: las opciones estatutarias están ya descontadas por más audaces y originales que sean. Es la idea misma de estatuto, de inferioridad de rango legal lo que aquí se cuestiona. La razón de ahora es que el bloque independentista parte de un mandato popular formulado el 1-O y refrendado el 21 de diciembre cuyo horizonte es la República independiente. 

 

Ese bloque está en un proceso político muy complicado, de poder dual en España y reacomodo institucional en Catalunya. Existe la posibilidad de reponer a Puigdemont en la presidencia de la Generalitat. Hágase y lo más probable es que se ponga en marcha un proceso constituyente de la República Catalana. 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Jordi Borràs, víctima de la impunidad fascista / José Antich *

En la política catalana había dos certezas desde hace varios meses: que cualquier día podía haber un incidente violento y que el agresor sería un fascista de ultraderecha y el agredido un independentista. 

Ya sé que puede haber personas que se escandalicen con una manifestación tan rotunda, pero en los últimos meses se han documentado cientos de acciones violentas, suficientes como para que estadísticamente se pudiera asegurar de qué lado caerían el agresor y el agredido. 

Por eso, cuando en la noche del martes se supo que el fotoperiodista Jordi Borràs había sido agredido por una persona que se identificó como un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, que había gritado "¡Viva España!, ¡Viva Franco!", antes de provocarle diversas lesiones en la cara, la temida noticia lamentablemente no sorprendió. Escandalizó, eso sí, pero no extrañó.

Era la historia de una impunidad consentida a la ultraderecha, varias veces denunciada, y que ha tenido en los últimos tiempos una presencia violenta en la calle. Lejos de reducirla policialmente hablando se le ha dado alas en los alrededores del 1 de octubre y, sobre todo, con la aplicación del 155. 

Había que estar, por ejemplo, en Catalunya Ràdio cuando se presentó una turba de fanáticos españolistas el pasado 27 de octubre y se produjeron momentos de fuerte tensión con rotura de vidrios, la imposibilidad de los trabajadores de abandonar la sede de la emisora e incluso un conato de asalto. 

Aquella situación se zanjó prácticamente sin castigo alguno para los atacantes. Eso sí, el ranking mundial de libertad de prensa que publica anualmente la ONG Reporteros Sin Fronteras hizo retroceder a España a la posición 31, por detrás de Sudáfrica o Cabo Verde.

Borràs es un fotoperiodista encomiable y es todo un especialista en el mundo ultra y sus ramificaciones en Catalunya. Su fondo documental es enormemente valioso a la hora de identificar a los activistas más violentos en las manifestaciones, concentraciones o reuniones que celebran. 

El president Quim Torra escogió el libro de Borràs Dies que duraran anys como obsequio al rey de España en la inauguración de los Juegos Mediterráneos que se celebraron recientemente en Tarragona; la obra es una compilación muy documentada de la violencia policial del 1 de octubre. 

En su dedicatoria a Felipe VI, Borràs escribía: “No hay estirpe, ni ley, ni patria, que justifique heridos, presos políticos y exiliados. No hay estirpe, ni ley, ni patria que puedan detener el anhelo de libertad del pueblo catalán”. 

Los Mossos d'Esquadra, como policía integral de Catalunya, tienen la obligación de sacar de las calles del país la violencia ultra que ha campado a sus anchas durante estos meses. En Barcelona, la guardia urbana y la alcaldesa de la capital han de hacer lo propio. Ha sucedido una vez y en esta confusión que hay en Catalunya entre la política partidista y los derechos civiles hay partidos que han guardado un vergonzoso silencio. Ahora, el objetivo policial es que no vuelva a haber un nuevo caso.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-jordi-borras-impunidad-fascista_288981_102.html