Ochenta y dos años después del golpe de estado dado por un sector del
Ejército contra el legítimo Gobierno de la República, el autor
intelectual de ese golpe de estado (18 de Julio de 1936), que desembocó
en una guerra civil que duró tres años y que ocasionó más de un millón
de muertos, sigue dividiendo a los españoles.
Sus restos que reposan en
el Valle de los Caídos, a 50 kilómetros de Madrid junto con los de
José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, continúan
siendo motivo de enfrentamientos. Sobre todo cuando se intenta cerrar
ahora una etapa y convertir el lugar donde se encuentra, no en la
muestra viva de una Dictadura, como quieran o no, es ahora, sino en un
símbolo de reconciliación entre los españoles.
Ese objetivo, que lo ha intentado el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez
al pretender convertir el Valle de los Caídos y todo lo que significa,
en una clara seña de identidad de su mandato, puede frustrarse igual que
se ha frustrado el intento de nombrar un nuevo Consejo de
Administración de Radio Televisión Española, y un nuevo presidente del
Ente, al producirse el pasado lunes el triste espectáculo de dos
diputados que se equivocaron al votar y de otro que se encuentra de
viaje en Cuba… para nada. Ahora, después de quemar a todo un conjunto de
profesionales, hay que buscar a un Administrador que se espera que sea
de suficiente prestigio como para llegar con dignidad e independencia,
hasta los resultados definitivos del concurso que se ha convocado.
El espectáculo de este miércoles en el que el prior de la basílica
donde se encuentran los restos del general Franco, Santiago Cantera, ha
anunciado que el solo recibe órdenes de su congregación, o en todo caso
del Vaticano y del propio Papa, ha elevado el traslado de los restos del
hombre que hoy, hace 82 años, se levantó en armas contra el legítimo
gobierno de la República, en auténtico conflicto político y religioso,
en un país que es aconfesional. Cantera ha prohibido hasta ahora
cualquier intento de exhumación como la de los hermanos Lapesa y ha
llegado a desafiar al propio Senado, negándose a comparecer ante una
Comisión de investigación sobre el Valle.
Ese desafío lo ha extendido también a que nadie toque los restos del
general Franco ya que sostiene que la Basílica es un lugar sagrado a
pesar de que el conjunto del Valle es patrimonio Nacional, y sobre él
solo tiene competencia el superior de los benedictinos, una congregación
que llegó al Valle hace sesenta años, donde ya se encontraba un templo
monumental construido sobre las rocas con la tumba del general
Francisco Franco.
La basílica vuelve a estar en el centro de las
polémicas, porque la izquierda gobernante reclama exhumar los restos del
general y enterrarlos en un cementerio normal, así como desacralizar el
templo. La Izquierda Unida postcomunista reclama también la eliminación
del crucifijo de 150 metros y de todos los símbolos religiosos.
A su
juicio el crucifijo no compagina con un estado aconfesional. Por otra
parte la familia del general se opone a los planes de la exhumación. A
juicio de algunos, los planes de la izquierda son un intento de vengarse
por la guerra civil pérdida y de escribir una nueva historia de España.
A pesar de que el martes el Presidente del Gobierno volvió a prometer
en el Parlamento que los restos del Caudillo serán trasladados muy
pronto a una tumba familiar del pueblo de Mingorubio, cerca de El
Pardo, la promesa no se cumplirá porque el superior de los benedictinos
insiste, y es verdad, que él no depende del arzobispado de Madrid, ni de
la Iglesia española, ni siquiera de la Conferencia Episcopal, cuyo presidente, el obispo Ricardo Blázquez, se ha entrevistado recientemente
en la Moncloa con el Presidente del Gobierno, sino del superior de su
orden en París y, en todo caso, del Vaticano y del propio Papa, con lo
que se abre un complicado proceso de discusión y enfrentamientos que
puede durar de meses.
Como adelantó ayer este cronista la promesa del Presidente va a ser
complicada de cumplir si se examina detenidamente el informe que durante
el mandato del presidente Rodríguez Zapatero, hizo una “Comisión de
expertos para el futuro del Valle de los Caídos” presidida por Virgilio
Zapatero e integrada, entre otros, por Miguel Herrero de Miñón y Ramón
Jáuregui, así como por juristas e historiadores de indiscutible
prestigio.
En el informe salen a relucir los problemas jurídicos que suponen que
los restos del Caudillo estén en la Basílica que, como lugar de culto,
es inviolable y sagrado, y que al ser administrada por la Comunidad
Benedictina, no dependería de la autoridad eclesiástica española sino
directamente del Vaticano y del Papa.
Ahí estaría el gran escollo que ha
impedido que se haya cumplido la promesa realizada por el nuevo
Gobierno de trasladar cuanto antes los restos del general Franco y de
José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. La exhumación de
esos restos ha sido justificada por Sánchez en que en “ninguna
democracia puede permitirse monumentos que exalten ninguna dictadura”.
Pero tendrán que esperar y, probablemente, tendrá que intervenir el
propio Papa Francisco.
(*) Periodista y economista
https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/07/18/5807/
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