MADRID.- Eduardo Zaplana
siempre ha sido un personaje escurridizo en el cieno de las turbulentas
aguas de la corrupción asociada a los 20 años de gobierno del PP en la
Comunidad Valenciana. Las sospechas que levantó su gestión como alcalde
de Benidorm y como presidente de la Generalitat han sido tan relevantes
como su habilidad para escabullirse del epicentro de los escándalos.
Incluso para lograr la retirada de las denuncias en aquellos casos en los que alguien se ha atrevido a llevarle a los tribunales, como ocurrió con los empresarios de la trama de las comisiones de Terra Mítica, recuerda hoy El País.
Esa capacidad de bordear el cepo sin pillarse nunca los
dedos ha engrandecido su mito en la Comunidad Valenciana, donde la
mayoría de sus colaboradores, lejos de seguir su estela, están
imputados, procesados o, simplemente, condenados y encarcelados. Como
José Luis Olivas, que fue su mano derecha en la Generalitat y, antes de
llevar Bancaja al precipicio, fue su relevo al frente del Gobierno
valenciano en 2002, cuando Zaplana dio el salto a Madrid como ministro
de Trabajo de José María Aznar. O como el exconsejero Rafael Blasco,
que, tras ser expulsado del PSOE por supuestos cohechos y antes de ser
recluido por varios delitos, fue su lazarillo en el laberinto
administrativo de la Generalitat cuando logró la presidencia en 1995.
La investigación del caso Lezo puso de nuevo a prueba su
pericia para escurrirse. Una conversación telefónica entre Zaplana e
Ignacio González despertó la curiosidad del juez que inició la
investigación, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en el
Gobierno del expresidente valenciano. No es la primera conversación
telefónica que despierta interés judicial en su trayectoria.
Zaplana irrumpió en la alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm en 1991
de la mano de una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, que estuvo
escondida en el hotel de un casino hasta que se materializó la
operación. El arreglo benefició a todos. Hasta entonces Zaplana solo
había hecho algunos pinitos como abogado. El matrimonio con la hija de
un hombre fuerte del PP local le abrió grandes oportunidades.
En esos días, en los que se gestionó su primer contrato de concesión
de la playa de Benidorm, Zaplana fue grabado en las pesquisas del caso Naseiro,
la primera investigación judicial originada por las sospechas de
corrupción en la financiación del PP, luego frustrada por la anulación
de las escuchas.
En una conversación telefónica con el concejal de
Valencia Salvador Palop, el alcalde de Benidorm aseguraba que estaba
“arruinado” y trataba de indagar “cómo podría rascar” para comprarse “un
Opel Vectra de 16 válvulas”. Lejos de afectarle, esas grabaciones
fertilizaron su carrera.
Como años después diría de él Julio Iglesias, Zaplana corría muy
rápido. Su pragmatismo engrandeció su cartel de político kennedyano
litoral en unos momentos bajos para el PP. Su momento llegó tras el
asesinato de Manuel Broseta por los pistoleros de ETA, quien estaba
llamado a liderar el partido en Valencia.
Con el apoyo de Rita Barberá y
el órgano mediático de la derecha valenciana se puso al frente del PP.
Otro arreglo auspiciado por la patronal valenciana, el Pacto del Pollo
(llamado así por celebrarse en el despacho del empresario avícola
Federico Félix) fue su vehículo hasta el Palau de la Generalitat al
allanar las diferencias entre Unión Valenciana y su partido para
desalojar al PSOE. Hubo para todos.
La de Zaplana al frente de la Generalitat fue una gestión
burbujeante. Con Aznar en la oposición, la Comunidad Valenciana se
convirtió en el conejillo de indias de España. Todo ocurriría antes
allí: la concertación de servicios públicos, la telebasura y los grandes
eventos y contenedores, como la Ciudad de la Luz o Terra Mítica, en los
que involucró para su desgracia a las cajas de ahorro valencianas. Y lo
que ello llevaba implícito.
Terra Mítica costó a la Generalitat más de
300 millones de euros y se vendió por 65. Su empeño personal en el
parque temático de Benidorm, con cuentas investigadas en Suiza, se ha
saldado, además, con 22 condenados por estafa agravada, fraude fiscal y
falsedad documental.
Pero la Comunidad Valenciana era poco recipiente para su envergadura.
Para ensanchar su imagen, Zaplana realizó una gira por varios países de
Asia con Julio Iglesias como embajador de la Comunidad Valenciana. El
cantante cobró seis millones de euros por ello (3,7 millones más de lo
que admitió el presidente valenciano). Luego incluso intentó, sin éxito,
presidir el Comité Europeo de las Regiones.
Y convirtió en
colaboradores habituales de Canal 9 a varios periodistas de Madrid que
luego amplificaban su eco de político cruzado de Lincoln y Pericles en
la Meseta. En 2002, la llamada de Aznar lo elevó a Madrid. Años después,
la UDEF concluiría que la financiación ilegal del PP valenciano había empezado ese mismo año. Él no dejaría hasta dos años después la presidencia del partido en Valencia.
Zaplana saltó del tren antes de la explosión que despedazó a su
heredero, Francisco Camps, y a Rita Barberá, dañando las partes
esenciales de la organización. Sano y salvo, le permitió durante la
descomposición del PP valenciano afirmar que se sentía orgulloso de no haber tenido “ningún problema jamás de índole judicial” y reivindicar su gestión frente a quienes le precedieron.
Telefónica le abrió la puerta a su salida de la política,
tras los batacazos del PP en 2004 y 2008. Para la memoria dejaba sus
intervenciones como portavoz del Gobierno de Aznar durante los atentados
yihadistas del 11 de marzo, que en unas memorias inéditas todavía
vincula una conspiración ibérica para apartar al PP del poder.
Desde entonces Zaplana ha alternado su función de delegado de
Telefónica para Europa con los negocios privados, aunque la sombra de
las sospechas le ha acompañado con una fidelidad inquebrantable.
Un mes
después de ocupar el despacho de Telefónica en la Gran Vía fundó la
consultora Decuria Consulting, SL, dedicada a la promoción inmobiliaria,
organización de eventos y “explotaciones deportivas y de ocio de todo
tipo”.
El juez Santiago Pedraz ya puso bajo su lupa a la administradora
solidaria de esta consultora, su hija Rosa María, por la presunta
comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda
Pública en la trama del hijo menor del expresidente de la Generalitat
catalana, Oleguer Pujol.
Las escuchas de su conversación con el expresidente de la Comunidad
de Madrid Ignacio González revelaban intenciones de participar en
negocios de manera opaca para blanquear fondos ocultos en el extranjero,
con el Canal de Isabel II como escenario. Zaplana no es nuevo en el
sector hídrico ni en sus tejemanejes. Se empleó a fondo en el pulso por
el control de Aguas de Valencia, que proyectó fusionar con el Canal de
Isabel II en los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón, y hasta trató que le
pagara un medio de comunicación afín. Mucha agua y mucho lodo en el
fondo por el que escurrirse.
Ahora la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo ha detenido por un presunto blanqueo de capitales y delito fiscal por aflorar dinero negro procedente del extranjero. ¿Volverá a escurrirse?
