miércoles, 21 de febrero de 2018

Así son las nuevas pruebas de lengua valenciana de la Junta Qualificadora en 2018

VALENCIA.- La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià ( JQCV), dependiente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ha presentado el calendario y las novedades correspondientes a las pruebas de certificación de nivel de valenciano del año 2018, por primera vez adaptadas completamente al Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. 

Como novedad, todas las personas aspirantes a las pruebas de la JQCV se examinarán de las cuatros habilidades lingüísticas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita y expresión e interacción orales). De esta manera, desaparecerá el carácter excluyente de la prueba., según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Según ha señalado el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, de esta forma permitirán que 2018 "pase a ser el año en el que la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià sea plenamente europea y se adapte a los estándares de los otros países y las otras comunidades autónomas que ya estaban trabajando en este sentido para certificar en lenguas propias".
Con el nuevo modelo de pruebas de certificación, se permite unificar el modelo de pruebas de certificación de idiomas de organismos públicos valencianos, como son la JQCV, las escuelas oficiales de idiomas y las universidades públicas, mediante la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA).
"Hemos sido capaces de coordinar todas las instituciones que se dedican a la certificación de valenciano para establecer un calendario común anual, que tendrá más repercusión y un número más alto de oportunidades para los ciudadanos valencianos y valencianas", ha apuntado Trenzano.

Cambio en las pruebas

Con el cambio de modelo se buscan unas pruebas "más comunicativas", en las que se evalúa la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo la finalidad comunicativa de la lengua en una tarea determinada, en cada caso con un nivel de exigencia y de dificultad.
Como novedad, todas las personas aspirantes a las pruebas de la JQCV se examinarán de las cuatros habilidades lingüísticas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita y expresión e interacción orales). De esta manera, desaparecerá el carácter excluyente de la prueba.
Por primera vez, la administración valenciana organizará pruebas del nivel B2 y registrará y expedirá certificados de nivel A1. De esta manera, el nivel B2 "rellena el vacío que suponía el salto desde el nivel elemental al nivel medio y completa una oferta más amplia y proporcionada de certificados", ha indicado.

Calendario y matrícula

Asimismo, como novedad, el calendario estará dividido en dos períodos diferenciados. En el primero se harán las pruebas de los niveles A2, B1 y C1, y la matrícula estará abierta desde el 21 de marzo hasta el 4 de abril.
El segundo período, en el que se harán las pruebas de los niveles B2 y C2, tendrá el proceso de matrícula abierto desde el 1 hasta el 15 de septiembre. El proceso de matriculación será por primera vez totalmente telemático y el pago de tasas se podrá efectuar mediante tarjeta de crédito o de débito, para hacerlo "más ágil y accesible".
Desde el año 2017 se están llevando a cabo acciones formativas para el personal examinador para asegurar un cuerpo evaluador "competente" en este sentido. Está previsto que este curso se llegue a la cifra de 2.000 personas, aproximadamente, preparadas y acreditadas para la evaluación del área de expresión e interacción orales de los niveles A2, B1, B2, C1 y C2.
Con todas estas acciones, "desde la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià se hace una apuesta para poder llegar a ser miembro de ALTE (Association of Language Testers in Europe), que permite ponerse al nivel de los máximos organismos de certificación lingüística, como son la Cambridge University o el Instituto Cervantes", ha añadido.

'Navantia' amadrinará en septiembre el BAM que entregará tres meses después

FERROL.- En pleno pulso entre la dirección de Navantia y los representantes de los trabajadores por el conflicto del cuarto convenio colectivo, el pasado septiembre, los responsables del astillero ferrolano decidieron celebrar la botadura del Buque de Acción Marítima (BAM) a puerta cerrada y como un acto interno, revela La Voz de Galicia

El barco fue lanzado al mar sin el módulo de superestructura y el palo, que los trabajadores habían bloqueado como medida de presión, y sin celebrar la tradicional ceremonia de bautismo. Pero superadas esas diferencias, Navantia no quiere dejar pasar la oportunidad de celebrar una ceremonia de amadrinamiento del barco, que tiene previsto desarrollar el próximo septiembre.
Si el calendario de trabajo que maneja la compañía no se modifica, el BAM, bautizado como Furor, será entregado a la Armada española el próximo diciembre. En el astillero de San Fernando (Cádiz), el gemelo, el Audaz, pasará a integrar la flota de la Marina dentro de tan solo cuatro.
Las previsiones sobre este programa fueron abordadas ayer en el transcurso de una reunión celebrada en la antigua Bazán entre el comité de empresa y los responsables del astillero. No obstante, se abordaron otros asuntos relacionados con la carga de trabajo.
En este sentido, se abordó el estado del contrato de construcción de dos buques de aprovisionamiento en combate para la Marina de Australia, asumiendo que el primero registra retraso, por lo que la dirección solicitó la colaboración de los representantes de los trabajadores para recuperar el tiempo perdido, según explicaron fuentes del comité. También informaron de que está previsto que el segundo de los barcos comience a construirse el próximo mes de marzo.
Los portavoces sindicales aseguraron que el retraso experimentado en la obra del primer logístico para la Marina de las antípodas es consecuencia del anterior modelo organizativo de la compañía pública.

Diseño para Estados Unidos
Las opciones que tiene la empresa pública en los programas abiertos por las Armadas de Estados Unidos, Australia y Canadá para la adquisición de fragatas también fue expuesta a los sindicatos en el encuentro. Navantia confía además en que Arabia Saudí firme en el plazo de entre uno o dos meses el contrato para la fabricación de cinco corbetas.
Uno de los programas estrella que ejecutará Navantia en los próximos años para la Armada española es la futura generación de fragatas, las F-110. Aunque en los últimos años se han desarrollado ya varios programas tecnológicos asociados a esta obra, la orden de ejecución -lo que equivaldría a la firma del contrato- por parte del Ministerio de Defensa de España, que se esperaba para finales del pasado ejercicio, se ha retrasado. 
Los responsables de la compañía esperan que se produzca antes que acabe el primer semestre de este año. Así se lo transmitieron a los miembros del comité de empresa ferrolano.
Es una obra de vital importancia para los astilleros de la ría, por cuanto despejará una década de trabajo y también permitirá adecuar las instalaciones de la planta militar a los nuevos requerimientos que plantea el sector.
No obstante, es un programa que está pendiente de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ya anunció que se abre un nuevo ciclo inversor en su departamento, en el que se incluirán varios programas, ya que son una necesidad de las Fuerzas Armadas, y que esta nueva fase incluirá el programa de construcción de las F-110.

Defensa “declina” asistir al congreso que trata los problemas de personal de los militares

MADRID.- Ni la ministra ni ningún responsable del Ministerio de Defensa o de los ejércitos acudirán al Congreso de Militares Españoles que organizan por primera vez AUME y ATME, dos de las asociaciones militares más importantes, según publica www.estrelladigital.es
 
Los responsables de personal del Ministerio de Defensa, también la propia ministra, han rechazado la invitación para acudir al Congreso de Militares que organizan la Asociación Unificada de Militares (AUME) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), según ha podido saber Estrella Digital en exclusiva.
Estas asociaciones, las mayoritarias, realizaron una invitación formal a María Dolores de Cospedal, que preside el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, así como al resto de sus miembros: el subsecretario de Estado, Arturo Romaní; la directora general de Personal, Adoración Mateos Tejada; el jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, el teniente general Teodoro Baños; el Jefe de Personal de la Armada, el almirante Francisco José Cortés Uría y el director de personal del Mando de Personal (Maper) del Ejército del Aire, el general de División Pablo José Castillo Bretón – en el mando desde enero-.
Sin embargo, en una comunicación por escrito, la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas ha informado a las asociaciones de que “las citadas autoridades han declinado su asistencia a dicho acto”, según han indicado fuentes de la organización a este diario.
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Sin embargo, sí asistirán varios de los portavoces de Defensa en las comisiones parlamentarias de otros partidos, representantes de otras instituciones de la sociedad civil y miembros del Observatorio de la Vida Militar, tal y como han confirmado fuentes de la organización a Estrella Digital.

Primer Congreso de militares
En este primer evento, en el que se evaluarán y analizarán distintas situaciones que afectan al personal de las Fuerzas Armadas, las dos asociaciones reclamarán que se frene la salida de los militares de tropa y marinería que cumplen 45 años.
Así, AUME y ATME “van a reclamar al Gobierno y en especial al Ministerio de Defensa, la suspensión de los procesos administrativos que dan lugar a la pérdida de la condición de militar de miles de militares temporales, principalmente de la escalas de Tropa y Marinería, al cumplir 45 años y no haber adquirido la condición de militar de carrera”, tal y como han anunciado este martes en una nota de prensa difundida a los medios. Pedirán también "la readmisión de aquellos Reservista de Especial Disponibilidad que ya han tenido que abandonar las FAS en contra de su voluntad". 
De hecho, para estas asociaciones estas son las situaciones más urgentes, ya que "si no se suspende el proceso, las medidas de apoyo, de formación y de mejora de la empleabilidad que surjan de los trabajos de la Subcomisión creada al efecto en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, no podrán ser aplicadas a aquellos militares que hayan tenido que abandonar las Fuerzas Armadas", explican en una nota conjunta lanzada a los medios este martes. 
Se trata de una de las situaciones que analizarán en profundidad los militares asistentes al congreso, cuyo aforo está completo, tal y como indica la página web del Congreso de Militares 2018.
Además de una revisión de la Ley de Tropa y Marinería, los militares analizarán peticiones de modificación en la Ley de la Carrera Militar, de la que las asociaciones buscan modificar aspectos como los sistemas de ascensos. Asimismo, volverán a reclamar la creación de una única norma que regule la situación del personal militar frente a la dualidad existente en estos momentos, con las citadas Ley de Tropa y Marinería y la Ley de la Carrera Militar.
Otro de los aspectos que se debatirán en el Congreso son las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, un asunto muy mediático junto a las reclamaciones en el mismo sentido de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que piden su equiparación con los miembros de las policías autonómicas. 
De hecho, este fue uno de los asuntos tratados en la última reunión ordinaria del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en diciembre de 2017, que presidió Cospedal. En ese encuentro, la ministra anunció el inicio de un estudio para analizar de forma pormenorizada las diferencias retributivas entre el personal de las Fuerzas Armadas y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de informar futuras propuestas en materia retributiva, según informó el Ministerio en una nota de prensa en ese momento.
En esa reunión de diciembre, también se trató uno de los temas que centrará el Congreso de Militares 2018: el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Las asociaciones reclaman la eliminación del arresto como una de las reivindicaciones más importantes, así como la reforma de la jurisdicción militar, pendiente de una nueva ley que el Gobierno debería haber enviado al Congreso en octubre de 2017, según explican fuentes de AUME a este diario.

El Gobierno obstaculiza su propio plan de reducción de interinos

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy y los gobiernos autonómicos de todo signo político comienzan a poner las primeras trabas para desarrollar el propio pacto que firmaron sindicatos y gobiernos en marzo del año pasado para reducir la precariedad entre los trabajadores públicos y recortar el número de interinos, según economiadigital.es.

Después de una década en la que se frenó a toda costa la contratación de nuevos funcionarios a través de las ofertas públicas de empleo, el Gobierno ha aceptado reducir el porcentaje de trabajadores interinos y bajo condiciones de precariedad. Se trata del 25% de la fuerza laboral del sector público, según denuncian los sindicatos, una cifra elevada que ha sido reconocida por el propio Gobierno.
El Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF firmaron un acuerdo para reducir los elevados índices de popularidad del 25% al 8%. Pero ahora, los representantes de los trabajadores comienzan a percatarse de que el Gobierno y las comunidades autónomas extienden las fechas y aseguran que no todas las plazas prometidas deben ser incorporadas en las próximas ofertas de empleo.
“La administración pública está asumiendo algunas lógicas propias de la empresa privada. Mientras más trabajadores temporales tenga una empresa, mayor flexibilidad tendrá para reducir turnos o áreas de negocio”, explica José María Ruiz, secretario de enseñanza pública no universitaria y que ha asistido a las negociaciones con el gobierno para reducir el número de interinos.
“Si el gobierno mantiene una alta tasa de trabajadores interinos, puede eliminar una línea en una escuela o desplazar a los profesores a otros centros educativos. Eso siempre resulta mucho más barato que tener toda la plantilla fija”, agrega.
Sólo en plazas para profesores de primaria y secundaria, Madrid ha sacado 5.000 plazas menos de lo que le correspondería, y la Comunidad de Murcia sacará a concurso 1.000 plazas por debajo de lo prometido, según los datos del sindicato.
“Hay unas causas económicas claras. Con los profesores interinos, muchas comunidades autónomas se ahorran el pago de los meses de julio y agosto, que corresponden con las vacaciones escolares”, explica el portavoz sindical.
Los sindicatos han explicado que deberán presionar a las administraciones para que cumplan en tiempo y forma los compromisos a los que llegaron el año pasado.
Los índices de interinos es muy superior en algunas comunidades como Cataluña (cerca del 40%) y Baleares, que supera ese porcentaje.
 Además, con la convocatoria a las nuevas oposiciones algunas comunidades autónomas como Madrid y Asturias cambian los baremos, es decir, las posiciones en el listado que la administración utiliza para contratar al personal interino.
“Hemos pedido que haya un método de contratación diferente para los interinos. Ellos no tienen que demostrar su capacidad porque llevan hasta 20 años en sus puestos de trabajo. La única diferencia es que lo hacen bajo condiciones de precariedad laboral”, explica Voro Benavent, portavoz del sindicato STES, mayoritario en la educación pública.
El Gobierno asegura que el plan de reducción de la temporalidad de los interinos se reducirá del 25% al 8%, pero en 2022.

El hidrogeólogo de la CHS expedientado, Francisco Turrión, ha comparecido ante las Cortes Valencianas

VALENCIA.- El hidrogeólogo de la CHS, Francisco Turrión, ha comparecido en las Cortes Valencianas a petición del PSPV-PSOE para explicar el informe de #Greenpeace "La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después".

Sobre todo, para hablar de las posibilidades de las aguas subterráneas "escondidas" en la planificación hidrológica y de los errores que, a su juicio, se han cometido en su evaluación y cuantificación.
La "autosuficiencia" hídrica en la cuenca del Segura es posible gracias a los recursos renovables de las aguas subterráneas que se drenan en el mar sin usarse (unos 500 hm3/año) y a las aguas desaladas y desalobradas, opina Turrión, hoy expedientado por el Ministerio.
Lo responsable, en su opinión, es ponerse en un escenario hipotético en el que el trasvase Tajo-Segura sea historia y trabajar ya en alternativas reales que puedan sustituirlo. "Algo que nos hará más libres, al no depender de nadie, solo de nosotros mismos, y que salvará del coma al río Tajo en el que se encuentra", ha dicho.
"Auditar los usos del agua, las cesiones de derechos y los peajes, y los regadíos existentes, amparados o no en "artificios jurídico-geométricos", sería muy beneficioso para recuperar el caudal del del río Segura desde Ojós hasta Guardamar, sostiene Turrión.
Por último, quiso agradecer el interés mostrado por los diputados valencianos de todos los grupos políticos, que al final, le han hecho más de 30 preguntas sobre la exposición previamente realizada del informe.
Turrión confía en que "algún día en la Asamblea Regional de Murcia también será así".

Los empleados de Bankia en la Región tendrán que adscribirse obligatoriamente al ERE si no hay voluntarios

MADRID.- Los trabajadores de Bankia podrán solicitar la adhesión voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad ha acordado con los sindicatos desde este miércoles, 21 de febrero.

La dirección de Bankia y los representantes de los trabajadores firmaron el pasado viernes a primera hora el expediente de regulación que aplicará Bankia en el marco de su integración con Banco Mare Nostrum (BMN), cuyo plazo de adhesión concluirá el 2 de marzo, según informaron fuentes sindicales.
Concretamente, la firma del expediente se produjo en torno a las 8.00 horas del pasado viernes después de que ambas partes trabajaran ininterrumpidamente desde el jueves en la redacción del acuerdo definitivo.
El proceso de reestructuración de la plantilla de Bankia contempla un máximo de 2.000 salidas voluntarias, tras haberse reducido un 20,32% desde las 2.510 bajas planteadas inicialmente por la entidad y está previsto que concluya el 30 de septiembre de 2019.
Andalucía (361), Madrid (330), Murcia (278), Baleares (250) y la Comunidad Valenciana (192), son las comunidades autónomas más afectadas por el proceso, que consiguió el apoyo del 92% de la mesa sindical (CCOO, UGT, ACCAM, SATE, SESFI, UOB y ACB).
Del total de 2.000 salidas, 1.587 son amortizaciones de puestos de trabajo, 198 excedencias y 215 salidas voluntarias adicionales que la empresa podrá conceder.
El ERE prevé prejubilaciones a partir de los 55 años -54 años en Andalucía, Murcia, Alicante y Baleares- con el 63% del salario bruto y una prima en función de la edad.
En concreto, los trabajadores de entre 55 y 57 años tendrán una prima de 6.500 euros, los de 58 años, de 5.200 euros, los de 59 años, de 4.000 euros y los de 60 años, de 1.000 euros, mientras que los de 54 no tendrán prima.
Las bajas incentivadas, por su parte, tendrán una indemnización de 30 días por año trabajado, con un límite de 22 meses, además de una prima de 2.000 euros por cada tres años de prestación de servicio.
En cuanto a la movilidad geográfica no aceptada por el trabajador, el acuerdo entre Bankia y los sindicatos contempla la misma indemnización que los menores de 55 años, sin primas.
Por su parte, los empleados afectados por la movilidad geográfica recibirán una prima de entre 4.000 euros (de 51 a 100 kilómetros) y 16.500 euros si se trata de cambios entre las islas y la Penísula.
Además, la entidad y los sindicatos han fijado una ayuda por cambio de residencia de 12.000 euros, siempre que la distancia sea superior a 150 kilómetros.
Según el acuerdo, donde haya excedentes de plantilla -Baleares, Murcia, Alicante y Granada- si no existen voluntarios suficientes, la adscripción será obligatoria.

Las exportaciones regionales alcanzan su máximo histórico con casi 10.500 millones de euros en 2017

MURCIA.- Las ventas de la Región en los mercados internacionales alcanzaron el año pasado su máximo histórico, con un volumen total de 10.456 millones de euros, cifra que supera los 10.440 del año 2014 y que marcaba hasta la fecha el récord de las exportaciones regionales. La base exportadora regional se situó en las 4.999 empresas, que es otro de los objetivos del Plan de Promoción Exterior que coordina el Instituto de Fomento.

Este plan, para el que se destinaron cerca de tres millones de euros durante el pasado ejercicio, ha permitido realizar 44 actuaciones, tanto misiones comerciales directas e inversas y asistencia a ferias de carácter internacional como jornadas, talleres, seminarios y cursos formativos e informativos en las que participaron 666 empresas regionales.
Las exportaciones regionales han experimentado un aumento del 137,06% desde el año 2007. Murcia se ha convertido en una región netamente exportadora, y en apenas diez años ha pasado de exportar 4.410 millones de euros a superar los 10.450. Ese crecimiento, además, ha venido acompañado de una progresiva reducción y estabilización de las importaciones que ha hecho que la Región de Murcia sea en la actualidad una de las pocas comunidades autónomas que presenta un saldo comercial positivo.
Otra de las líneas del Plan de Promoción Exterior hacía referencia a la diversificación de los destinos de las exportaciones regionales, para lo que a lo largo del pasado año se pusieron en marcha acciones estratégicas como los Planes Norteamérica o África. En este sentido, los mercados que integraban la acción Estados Unidos, Canadá y México han registrado incrementos del 10,8%, 17,28% y 7,31%.
El mercado estadounidense, en el que el Info ha desarrollado 18 actuaciones en los últimos cinco años con la participación de 331 empresas, se confirma como el principal destino no europeo para las exportaciones regionales, con un volumen de ventas de 430,70 millones de euros. En el caso de Canadá, un mercado más reciente que presenta un gran potencial en sectores como el de la alimentación o el mueble, se han llevado a cabo hasta siete misiones comerciales en las que han participado 130 empresas, mientras que México, país en el que se han desarrollado una quincena de actuaciones con 190 empresas, se consolida como el principal mercado latino con 92,96 millones de euros.
En cuanto a África, la presencia de los productos regionales ha experimentado un crecimiento del 4,2% gracias al aumento en mercados como Marruecos, que con 387,33 millones de euros es el más importante de este continente. Debido al interés que genera este país en las empresas regionales por su cercanía y por la buena aceptación de los productos españoles, el Info ha llevado a cabo una docena de actuaciones en los últimos cinco años en las que han participado 221 empresas y que reflejan un aumento de las ventas del 15,8% desde 2013.
Por sectores, el de los productos industriales y tecnológicos y el agroalimentario lideran un año más las exportaciones regionales, con un volumen de ventas de 5.304,75 millones de euros y 4.251,20 millones de euros, respectivamente. El grueso de esos 5.304,75 millones de euros, a su vez, corresponde a combustibles y lubricantes, que con 2.859 millones de euros se recuperan con respecto al año pasado sin llegar a niveles como los de 2014, cuando los más de 4.000 millones de euros generaban una importante dependencia de los productos energéticos.
La industria química, uno de los sectores estratégicos de la economía regional, experimenta también un crecimiento del 14,41% y se sitúa en los 1.113,16 millones de euros. Junto a estas áreas destacan otros como el de las bebidas, que pasa de 457,64 millones de euros a 507,48 millones de euros (10,89%) gracias al incremento del 11,66% registrado por las ventas de vino, o el de bienes de consumo, que se mantiene en niveles similares a los de 2016 con un total de 393,30 millones de euros.

Los Alcázares pasa de pagar a sus proveedores de diez años a diez días

LOS ALCÁZARES.- El Ayuntamiento de Los Alcázares, «después de siete años de gobierno del Partido Popular en el municipio», ha pasado de tener en 2011 facturas de más de diez años sin pagar a los escasos diez días en 2018, según el Periodo Medio de Pago a Proveedores. 

Desde el PP de Los Alcázares se reivindica «la buena gestión realizada durante los últimos siete años tras el cambio de gobierno en el año 2011», en el que el PSOE de Los Alcázares dejó, según afirman desde el PP, «un ayuntamiento en quiebra».
Asimismo, destacan en un comunicado, que «cuando el PP llegó al gobierno el consistorio marmenorense acumulaba una deuda aproximada de 30 millones de euros y una seria desconfianza en los proveedores del ayuntamiento, los cuales se veían agobiados por los retrasos de más de diez años en facturas a pequeñas empresas».
Esta desconfianza, es la que los populares alcazareños condenaron como «mala gestión de un gobierno socialista» y que siete años después, con una reducción de la deuda de más del 50 por ciento y con un Periodo Medio de Pago a Proveedores de tan solo diez días, «la confianza de los proveedores en el ayuntamiento, se ve plenamente satisfactoria».
Desde el gobierno 'popular' indican que «hemos dado la vuelta a la situación en la que el PSOE de Los Alcázares dejó el ayuntamiento.

La Justicia europea establece que las guardias en casa deben considerarse tiempo de trabajo

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este miércoles que las guardias domiciliarias de un trabajador que tiene obligación de responder a una convocatoria de su jefe en un plazo de breve y permanecer a disposición para prestar sus servicios de forma inmediata en caso necesario deben considerarse como tiempo de trabajo en virtud de la directiva que lo regula de 2003.

La sentencia se refiere al caso de un bombero voluntario para el servicio de protección contra incendios de la ciudad de Nivelle (Bélgica), actividad que compaginaba con otro empleo en una empresa privada y que recurrió a la justicia en 2009 para obtener del consistorio una indemnización por daños y perjuicios por sus servicios de guardia domiciliaria, alegando que debían considerarse como tiempo de trabajo, algo que el Tribunal Laboral Superior de Bruselas ha pedido a la justicia europea que aclare.
El Tribunal de Justicia de la UE ha aclarado que el tiempo de guardia que un trabajador hace desde casa con la obligación de responder a convocatorias de su empleador en un plazo breve de ocho minutos -que le restringe considerablemente poder dedicarse a otras actividades- debe considerarse como "tiempo de trabajo" porque, en este caso, el trabajador estaba obligado a presentarse "físicamente" en el lugar determinado por el empresario en apenas ocho minutos y a permanecer a disposición para prestar sus servicios de forma inmediata en caso necesario y no solo estar meramente localizable en sus tiempos de guardia.
Además, precisa que los Gobiernos de la UE no pueden establecer excepciones en función de determinadas categorías de bomberos -en este caso era voluntario- respecto a las obligaciones de la normativa y no pueden adoptar una definición diferente a la que establece la directiva para el concepto de "tiempo de trabajo", aunque sí pueden introducir disposiciones en su derecho nacional sobre la duración del tiempo de trabajo y de los periodos de descanso más favorables que los contemplados por la directiva. También pueden ser más favorables para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores que lo que marca la directiva.
Eso sí, el Tribunal de Justicia de la UE deja claro que la normativa no regula la retribución de los trabajadores, algo que está fuera de la competencia de la Unión, y por tanto los Estados miembro pueden regular una retribución del trabajador distinta durante el tiempo de trabajo y los periodos de descanso. Estos pueden incluso no remunerarse.

El TSJ obliga a pagar un plus a los limpiadores del 'Reina Sofía' por el riesgo tóxico también en vacaciones

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de Murcia le ha dado la razón a la Unión Sindical Obrera (USO) y ha condenado a la empresa Ferroser Servicios Auxiliares (Ferrovial), que prestaba servicios de limpieza en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, a pagar a todos los trabajadores adscritos a esta contrata "el plus tóxico, penoso o peligroso previsto en el artículo 27 del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Región de Murcia" junto al resto de complementos y salario base que se pagaban en la nómina de vacaciones.

Según USO, la sentencia deja muy claro que "en la retribución ordinaria del trabajo, fuera de los periodos de las vacaciones anuales, la empresa demandada incluye como conceptos retributivos el salario base, la antigüedad consolidada, el plus de permanencia, el plus de transporte y el plus de asistencia; así mismo, incluye el plus de penosidad, el cual no se abona en el período de tiempo que los trabajadores disfrutan de sus vacaciones anuales".

Igualmente, el sindicato asegura que la sentencia hace mención a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se basa, entre otras cosas, en que "el derecho a vacaciones anuales y el derecho a percibir una retribución en concepto de vacaciones constituyen dos vertientes de un único derecho. La obligación de retribuir las vacaciones, en una situación que, desde el punto de vista del salario, sea comparable a los periodos de trabajo".

Ferroser daba empleo a 120 trabajadores, que desde noviembre de 2017 están subrogados a STV, quien se ha hecho con la contrata del hospital. En total, por los tres años que entraban dentro de la denuncia, "cada trabajador percibirá, en función de la categoría, unos 480 brutos, unos 160 por cada mes de vacaciones que no se pagó", calcula Rubén Riquelme, presidente del comité de empresa de STV, donde USO cuenta con la mayoría de delegados.

Riquelme está "satisfecho con el fallo, tras una primera sentencia de lo Social que ya nos daba la razón pero que la empresa recurrió. Se reconoce así lo que demandábamos, que es que no se puede cobrar menos de lo habitual en tu mes de vacaciones".

Crowdfunding para pagar las multas a los vecinos del soterramiento

MURCIA.- La Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia ha lanzado una campaña de 'crowdfunding' bajo el lema '#HelpMultas Soterramiento Ya' con el objetivo de recaudar 30.000 euros que irán destinados al pago de las "cerca de 40 sanciones que hasta la fecha ha dictado la Delegación del Gobierno, dentro de su estrategia de criminalizar a este movimiento vecinal y reprimir sus reivindicaciones", según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

En esta recolecta on line, que se realiza a través de la conocida plataforma 'goteo.org', se describe de manera resumida la lucha de los vecinos y vecinas por el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad y se denuncia "la represión a la que está siendo sometido este colectivo vecinal". Una represión que se califica como brutal y que se traduce en detenciones, cargas policiales, e identificaciones y multas arbitrarias.
Unas multas, que como ya se ha comentado, "alcanzan actualmente a unos cuarenta vecinos, que suman un importe total de más de 30.000 euros", según informaron fuentes de la Plataforma en un comunicado.
Para el portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, "los vecinos y vecinas siempre han sido ejemplares en sus protestas". A su juicio, lo que pretende el Gobierno, con su delegado Francisco Bernabé como "brazo ejecutor", es "criminalizar a este colectivo pacífico para intentar ocultar su incompetencia, sus mentiras en torno al soterramiento y su pretensión de llegada del AVE en superficie".
"Si creen que nos van a amedrentar están muy equivocados" añade Contreras. La campaña de 'crowdfunding', con el título '#HelpMultas Soterramiento Ya', tiene un alcance global y es accesible en el enlace 'https://www.goteo.org/project/soterramiento-ya', donde se pueden hacer aportaciones desde cinco euros.
En la web, la Plataforma Pro-Soterramiento y los vecinos y vecinas de Santiago el Mayor y barrios y pedanías del sur de Murcia (así como otros miles del municipio) dice que "es un movimiento vecinal que reivindica el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad desde hace 30 años", según las mismas fuentes.
La Plataforma critica que se trata de "unas vías en superficie que suponen una verdadera cicatriz, aislando a los vecinos y a los barrios, condicionando su desarrollo y provocando importantes problemas de contaminación y de seguridad".
En 2006, el movimiento vecinal recuerda que consiguió que las tres administraciones competentes (Ministerio, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) firmaran un convenio que garantizaba el ansiado soterramiento. Sin embargo, critica que, en 2011, el Gobierno anunció que su prioridad "era la llegada del AVE en superficie y que condicionaba el soterramiento a esta llegada".
Desde esa fecha, los vecinos y vecinas "volvieron a manifestarse reclamando el soterramiento de las vías y contra el AVE en superficie, que supondrá la construcción de un muro que dividirá aún más la ciudad y que retrasará 'sine die' el soterramiento de las vías", tal y como añade la Plataforma.
En este tiempo, la Plataforma Pro Soterramiento y el movimiento vecinal recuerdan que han conseguido que el Pleno del ayuntamiento de Murcia "apruebe una moción con los votos de todos los grupos salvo el Partido Popular para dejar el AVE provisionalmente fuera de la ciudad en tanto se ejecuta el soterramiento; o que la Unión Europea se pronuncie a favor del soterramiento como prioritario y cuestione la legalidad de la obra del AVE en superficie".
"En igual sentido se ha pronunciado la Fiscalía; se ha celebrado una gran manifestación con la asistencia de más de 50.000 personas (la mayor en la historia de la Región de Murcia); y desde hace ya casi seis meses cientos de vecinos se concentran diariamente junto al paso a nivel en la rebautizada como Plaza del Soterramiento; entre otros logros y reivindicaciones", tal y como señala la Plataforma.
Sin embargo, critica que la respuesta del Partido Popular "sigue siendo la de traer el AVE en superficie cueste lo que cueste, manipulando a los medios de comunicación, criminalizando a los vecinos y vecinas y reprimiéndolos con multas (que ya suman miles de euros), detenciones e incluso cargas policiales".
"Necesitamos tu apoyo para hacer frente a estas sanciones y a los gastos jurídicos de defensa de los vecinos y vecinas", concluye la Plataforma.

¿Puede Rajoy convocar elecciones en Cataluña? /

En Cataluña hay un Parlamento legalmente constituido a principios de año pero que no funciona. El 17 de enero se constituyó la Mesa de Gobierno, con Presidente incluido, pero desde entonces no ha conseguido dar el segundo paso habitual en estos casos: elegir un Presidente de Gobierno y, a renglón seguido, designar Gobierno. Hay mayoría independentista con tres grupos parlamentarios definidos bajo ese objetivo (Juntos x Cataluña, ERC y CUP) que suman 70 escaños (34+32+4) y que incluso podrían aspirar a alguno de los parlamentarios (8) del grupo de los Comunes. 

Pero es una mayoría dividida en un asunto central: el nombre del Presidente de Gobierno, que encierra el significado de asumir y validar los acontecimientos secesionistas de septiembre y octubre que los tribunales investigan como posible delito de rebelión, sedición y malversación.

Los protagonistas (no todos) del embrollo, del llamado “procés”, cuando comparecen ante los jueces declaran que en octubre no hubo rebelión, que la declaración de una república catalana fue un acto simbólico, sin consecuencias, fruto de reuniones informales de amigos… lo cual reduce a la nada el propósito de continuidad entre el Gobierno destituido por revoltoso y el nuevo Gobierno que debería salir de las elecciones de diciembre.

Entre los 70 parlamentarios independentistas hay distintas sensibilidades, por un lado los que en los documentos “indepes” llaman “hiperventilados” (del orden de 25, agrupados en torno a las figuras de Carlos Puigdemont y Jordi Sánchez, incluidos los 4 de las CUP) y los históricos o realistas (del orden 45) que son militantes de ERC y de la antigua Convergencia que no acaba de definir su marca electoral más allá de incorporar la idea de Juntos, que es una aspiración).

Si esos dos bloques no se ponen de acuerdo no hay presidente ni gobierno, ni punto final a la intervención del 155. Y para que se pongan de acuerdo el jefe de la facción “hiperventilada”  tiene que dar un paso atrás ya que su designación efectiva como Presidente es imposible. La otra alternativa es consensuar un nombre con bajo riesgo de inhabilitación judicial que manda a la reserva a Puigdemont como éste hizo antes con Artur Mas. El problema que tiene el proceso de pactos es que carece de plazo una vez que los reglamentos vigentes dicen que para que el reloj se ponga en marcha tiene que producirse un acto de investidura.

El punto actual es que “ni contigo ni sin mi tienen los males remedio”, el laberinto tiene la salida bloqueada hasta que alguien derribe el muro, para lo cual alguno tienen que ceder. Desde fuera los letrados del Parlament pudieron haber abierto una puerta a la fijación e plazos, pero no se atrevieron. El grupo socialista con el táctico Iceta a la cabeza llama al Constitucional para que haga lo que los letrados no hicieron: habilitar plazos. Pero no parece que el Constitucional esté por la labor de resolver problemas a los políticos, en realidad los magistrados están hasta el gorro de que le trasladen problemas que no les corresponden, que les exceden.

Queda un recurso por explorar, el del presidente de facto de la Generalitat que no es otro que el señor Mariano Rajoy en tanto que el 155 siga vigente. Rajoy podría volver a disolver el Parlament, con el argumento de su incapacidad y convocar nuevas elecciones para que los ciudadanos deshagan la madeja. Argumentos no faltan aunque la legalidad puede someterse a escrutinio ¡del Constitucional! Pero cuando los políticos no son capaces de salir del laberinto tienen que intentarlo las instituciones y en última instancia los ciudadanos. Rajoy pensará: “vaya lío”, pero su trabajo de jefe de Gobierno es precisamente romper los nudos, algo que no puede el Rey pero si el Presidente.


(*) Periodista y politólogo


Por qué Europa y el mundo anglosajón atacan a España y nos llaman vagos / Esteban Hernández *

El libro de Vincent R. Werner 'It is not what it is. The real (S)pain of Europe' (o más la entrevista en la que resume sus tesis) ha generado posturas contrapuestas. En ella describe vicios españoles como la falta de ética o de cultura financiera, la no asunción de responsabilidades o la actitud nada emprendedora, entre otras, y lo hace a la manera de un troll. 

El problema no es su percepción, que al fin y al cabo cada cual tiene la suya, ni tampoco el hecho de que algunos de los déficits que señala puedan ser ciertos; ni siquiera que, si nos comparásemos con Holanda, su lugar natal, quizá saldríamos ganando. 

Werner actúa como un troll porque amplifica los males de un país y los convierte en su esencia. Si convirtiésemos los tópicos de cada uno de los países occidentales en sus únicas cualidades, todos saldrían mal parados.
propiamente

Vagos y manirrotos

Sin embargo, lo que Werner afirma no es subjetivo, sino que forma parte de una visión sobre España que está mucho más arraigada de lo que parece. Hace unas semanas, 'The Times' publicó un artículo denigratorio sobre nuestro país que reflejaba una serie de tópicos instalados en Gran Bretaña, ese territorio cuyos nacionales se empeñan en venir al nuestro a practicar el 'balconing'. Pero también, y especialmente durante la época de la crisis se nos señaló en Europa como vagos y manirrotos. 

Contaba en aquel momento el periodista Hans-Günter Kellner que la idea manida de que “los españoles han vivido por encima de sus posibilidades” se había convertido en muy popular en Alemania, y que nuestra imagen allí era la de “personas divertidas, con ganas eternas de fiesta, obsesionadas con el buen vino y la comida de calidad”. 

En Holanda se tenía clara cuál era la causa de los problemas, ya que había calado la idea de que nos estaban pagando la crisis, “algo que no se acepta debido a que se cree que los españoles se pasan el día de fiesta. Los prejuicios sobre que los españoles son unos vagos siempre estuvieron ahí, pero ahora han vuelto con más fuerza que nunca”.

No ha sido la primera vez en la historia. Los prejuicios de ese norte protestante que veía el sur católico con toda clase de recelos tuvieron su continuación en épocas recientes. Como aseguraba Charles Powell, director del Instituto Elcano, figuras como Kissinger estaban ancladas en estas visiones reduccionistas.

 Cuando toda Europa Occidental estaba gobernada por democracias, salvo el sur, donde teníamos a los militares, la idea central de las personas que dirigían la política exterior estadounidense, como Kissinger, es que países tan rebeldes necesitaban de líderes que aplicasen la mano dura. Éramos poco gobernables por nuestro carácter y nuestra cultura.

Según Powell, “Nixon era peor que Kissinger, ya que a lo largo de su vida desarrolló sentimientos bastante primarios y muy xenófobos. Kissinger también los tenía, pero predominaba en él el realismo. Lo importante era la seguridad y la estabilidad, y lo demás lo dejaba en segundo plano”.

La superioridad anglosajona

Cuando estalló la crisis, esos recelos se exacerbaron. En parte porque, como señalaba Powell, “en el mundo anglosajón se mantienen todavía muchos prejuicios hacia nosotros. Hay que entender que ellos miran el mundo desde un acusado complejo de superioridad, que a veces, como en las páginas de 'The Financial Times' o 'The Economist', se disfraza de ironía, pero que sigue estando presente. 

Y la crisis ha alimentado esos prejuicios latentes acerca de que a los europeos meridionales se nos da mejor la fiesta y la siesta que el trabajo duro y constante. Eso está haciendo bastante daño a nuestra economía”.

Esa fue la tesis dominante, y es la que reproduce sin rubor Werner, quizá siguiendo los pasos de su compatriota Jeroen Dijsselbloem, quien afirmó que los problemas de los países del sur estaban causados porque nos habíamos ido de fiesta y ahora pedíamos dinero para pagar las copas y las mujeres.

El norte y el sur

Pero dejemos estas banalidades y vayamos a lo serio. En estos prejuicios aparecen dos elementos que debemos tomar muy en cuenta. Uno es genérico, y señala el desprecio clasista que los favorecidos tienen con quienes no lo son. El discurso dominante sobre la zona euro es que los países del norte son más productivos y están mejor preparados para un escenario global, mientras los del sur no somos más que un montón de patanes aquejados por problemas endémicos que nos obligan a convertirnos en un país de sol y copas.

Dado que somos perezosos y amantes de la buena vida, es imposible que sepamos ponernos a la altura de los tiempos. No tiene nada que ver con que la mayoría de nuestros recursos vayan a parar al pago de una deuda que se contrajo para devolver a los acreedores (bancos alemanes entre ellos) las cantidades que irresponsablemente habían prestado a las cajas, y que eso nos deje sin recursos para muchas cosas, como la inversión en i d i. 

Tampoco con que las políticas del Banco Central Europeo hayan favorecido a las economías del norte en lugar de a las del sur, esas que provocan que actores políticos afirmen que los países del norte viven bien precisamente porque aquí vivimos mal. Pero no, todo está provocado por nuestra escasa capacidad de adaptación y nuestra nula disposición. En fin, dibujar a quienes pierden como causantes de sus propios problemas es típico de esta época, y España entra dentro del paquete de perdedores.

Inversores contra Europa

En segundo lugar es preocupante que esta mentalidad haya arraigado también en los entornos financieros, aquellos que cuentan con el poder de incidir de manera radical en la vida económica de un país. Hay muchos grandes inversores que piensan aún que el euro es bastante débil, que su punto flaco es el sur, y por eso ponen el dedo en la llaga. 

El último ha sido Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, uno de los mayores 'hedge funds' del mundo. Ha apostado más de 6.300 millones de euros en posiciones cortas en la bolsa alemana, lo que se añade a los 3.000 millones que había invertido contra las principales empresas italianas y los 1.500 millones contra Santander, BBVA, Telefónica e Iberdrola, además de diferentes cortos contra empresas francesas.

Los dados que ha arrojado Dalio pueden perjudicarle, pero es uno más de los financieros que tienen claro que el euro va a sufrir y que el sur es el punto más débil. Si Italia cae, lo hará el conjunto, y por eso mete ahí su dinero. Podemos encontrar muchas causas que justifiquen esas posiciones, casi tantas como para no hacerlo, pero no hay que olvidar que estos prejuicios también tienen un papel en las inversiones, y que políticamente hay interesados en que la UE entre en dificultades. 

O por decirlo, de otra manera: en este contexto, muchas de estas ideas sobre el carácter de los españoles, italianos, griegos y portugueses son interesadas. Quizá deberíamos pensarlo dos veces antes de darles pábulo.


(*) Periodista y abogado


El Rey regresa a Catalunya / José Antonio Zarzalejos *

Existe la creencia, falsa, de que Catalunya ha sido, además de republicana, especialmente hostil a los Borbones. No hace falta remitirse a la Guerra de Sucesión para constatar que tanto en el bando de Felipe V como en el de los austracistas había catalanes de pro. 

Borja García Nieto escribió en enero de 2012 –era entonces presidente del Círculo Ecuestre- un excelente artículo que tituló '1714, ¿buenos y malos catalanes?' ('La Vanguardia') en el que aseveraba que "esta distinción entre buenos y malos catalanes la arrastramos desde el siglo XVIII. No puedo aceptar –escribía- que mi abuelo Pinós fuese más o menos catalán que mi abuelo Alós. 
A lo largo de los siglos, los catalanes hemos abrazado causas opuestas según nuestra propia historia y nuestra concepción del modelo social (…) Catalunya ni ganó ni perdió las guerras. Los catalanes las ganamos o perdimos estando en un lado y en otro”. Catalunya no fue de don Carlos y estuvo contra el Borbón francés. Hubo de todo como en botica y nadie puede tomar el nombre de la comunidad para encadenarla a una causa global y unánime.

Vaya el preámbulo anterior para desmentir que el Rey Felipe VI- como su padre- no disponga en Catalunya de adhesión y de respeto. El mismo que ambos han mostrado al Principado y en particular el actual Jefe del Estado que este domingo próximo estará de nuevo en Barcelona en la cena de bienvenida al Mobile World Congress que se inaugurará con su presencia el lunes. Este es un evento de dimensión occidental. El rey apoya que Barcelona siga siendo su sede, como lo hace el Gobierno y la opinión pública sensata del conjunto de España, entre otras razones porque el MWC no tiene alternativa a la Ciudad Condal en España. Si pierde Barcelona, perdemos todos.

El monarca regresa después de seis meses de ausencia. El 26 de agosto del pasado año Felipe VI acudió –cosa inédita en un Jefe de Estado- a la manifestación que se celebró en Barcelona contra los atentados terroristas de La Rambla y Cambrils del 17 y 18 de agosto anterior. El Rey fue emboscado y tratado indignamente por el independentismo. Se trató de una encerrona que, además, desposeyó a la manifestación de su significación. Política y éticamente se produjeron comportamientos miserables. 

La vuelta del Rey a la Ciudad Condal se produce también tras su intervención el día 3 de octubre de 2017 en la que llamó a los poderes del Estado a restablecer el orden constitucional. En Catalunya mayoritariamente no gustó la severa admonición del Rey que no hizo –como algunos hubiesen deseado- ningún guiño a la concordia o la negociación y el diálogo. Una omisión que respondió a razones de Estado de gran alcance que se explicarán con una cierta perspectiva histórica.

Las posiciones respecto del discurso de Felipe VI, podrían representarlas Fernando Savater –una voz con más fuerza cada día en la intelectualidad española y muy presente en los medios- e Ignasi Guardans Cambó, un catalán sin veleidades secesionistas pero que ha apostado por la tercera vía. 

Para el filósofo donostiarra ('Contra el separatismo', Editorial Ariel, 2017), el Rey acertó plenamente al no pronunciar la palabra diálogo. El nieto de Cambó pedía el pasado día 10 de febrero en el diario 'El País' que el Rey "nos lo ponga más fácil". Se refería a que el Jefe del Estado tratase de ser empático incluso para los más renuentes para mejor explicar España. 

Aunque Guardans hacía una referencia general, latía en su texto la impresión –negativa- que en Catalunya dejó el discurso del 3 de octubre pasado, por completo opuesta al criterio favorable de la inmensa mayoría de los españoles de fuera de la comunidad, que lo celebraron. Felipe VI, por eso, no encontrará un clima en exceso acogedor. Hace sólo unos días su Casa no ha podido reservar el auditorio municipal de Gerona para entregar en junio los premios que llevan el título principesco de la ciudad, atribuido a la heredera de la Corona. Renuencia. Hostilidad.

En el muy reciente libro '¿Seré yo español?' (Editorial Península) que recoge 110 artículos de Agustí Calvet, Gaziel, publicados en el diario madrileño 'El Sol' entre 1925 y 1930, tres están dedicados a los Reyes en Catalunya. En el tercero relata los últimos días de la visita en 1860 de la Reina Isabel II, acompañada del príncipe de Asturias, luego Alfonso XII. 

Gaziel cuenta, basándose en documentos de la época, cómo fue el poeta Antonio de Bofarull el que pidió a la Reina (páginas 113 y 114) que su hijo llevase el título, además de príncipe de Asturias, el de Gerona, porque Isabel II ceñía, recordó Bofarull, dos Coronas: la de Castilla y la de Aragón. Desde entonces el heredero/a es príncipe de Asturias y de Gerona porque los catalanes en el siglo XIX así lo pidieron expresamente.

Que ahora se regatee a la Fundación Princesa de Girona un local en la ciudad para entregar sus premios anuales y que algunas personalidades se hayan retirado del patronato ilustra hasta qué punto de desquiciamiento han llegado las cosas. 

Felipe VI, sin embargo, persiste en su función institucional –ha visitado 26 veces Catalunya desde su proclamación- y no existe la más mínima voluntad de disminuir su presencia en el desenvolvimiento de la vida social, cultural, económica y política del Principado. Lo hace por responsabilidad y por afecto. Un mensaje que se reitera, aún en los peores momentos, por los portavoces de su Casa. Y que el propio Rey manifiesta privadamente y de forma constante.


 (*) Periodista


https://www.elperiodico.com/es/amp/noticias/politica/rey-regresa-catalunya-6638433

La dictadura del B155 va por todas / Ramón Cotarelo *

Salvando todas las distancias.

En noviembre de 1931, Louis Aragon, poeta surrealista y comunista publicaba un largo poema titulado Front Rouge (Frente Rojo) en la revista Littérature de la Révolution mondiale, editada en Moscú. Entre otras cosas de diverso calado, en él se decía: "Feu sur Léon Blum/Feu sur Boncour Frossard Déat/Feu sur les ours savants de la social-démocratie/Feu feu j’entends passer/la mort sur Gachery Feu vous -dis-je/Sous la conduite du parti communiste/SFIC/vous attendez le doigt sur la gâchette/que ce se ne soit plus moi qui vous crie/Feu/mais Lénine/le Lénine du juste moment"

"Fuego sobre Léon Blum/Fuego sobre Boncour Frossard Déat/Fuego sobre los osos sabios de la socialdemocracia/Fuego fuego oigo pasar/la muerte por Gachery Fuego os digo/bajo la dirección del Partido Comunista/SFIC/esperáis con el dedo en el gatillo/que no sea yo quien os grite/Fuego/sino Lenin/el Lenin del momento exacto".

Dos meses y medio después, el poeta es procesado por "incitación a la desobediencia a los militares y al asesinato con fines anarquistas" con una petición de cinco años de prisión. De inmediato, protestas masivas de intelectuales con actos y manifiestos, encabezados por André Breton quien, con este motivo, escribió algunos de sus mejores textos sobre la relación entre la poesía y el arte en general con la política. Un interesante debate dentro del surrealismo en torno al arte comprometido. La consigna que todos suscribían era (y sigue siendo) el arte, la poesía, no delinquen.

La causa fue sobreseída. Justamente. La poesía no delinque. Innecesario discutir la cuestión a la que tan aficionados son los espiritus más lerdos, los que cuentan los pelos del rabo de la esfinge, como decía Unamuno, de qué clase de poesía, si la más excelsa o la más arrastrada. Poesía es todo. Poetas son todos, los aedas, los trovadores, los bardos, los juglares, los raperos. La poesía no delinque.

Hay, sin embargo, tipificados unos delitos, siguen aquellos espíritus, antes de dictar sus sentencias, que encajan en los contenidos de unas u otras poesías y, mientras esos delitos existan, por manifiestamente injustos que sean (injurias a la corona, blasfemia, enaltecimiento de esto o aquello), los jueces están obligados a actuar. Si no se quiere que alguien vaya a la cárcel por estos motivos, lo lógico es reformar el Código Penal, pero no pedir a los jueces que inapliquen la ley. 

No es así. No se trata de inaplicar la ley, dejando sin castigo unas conductas delictivas, sino de interpretarla con sentido común que es lo mínimo que puede pedirse a los jueces. Se trata de que no hay delito en los raps de Valtonyc o Pablo Hasel. La poesía no delinque. 

Aun admitiendo que hayan de invocarse unos delitos que se consideran absurdos, la cuestión es que la aplicación sin más de la ley puede ser y es injusta. Los jueces podrían atender a la equidad ya que la consideración de qué sea y qué no sea "injuria", "incitación" y "enaltecimiento" es altamente subjetiva, cosa obvia, lo que permitiría dejar en libertad a los acusados por razón de, digamos, menor gravedad del hecho. 

Podrían, pero no es necesario porque no hay delito alguno. Ni injurias, ni enaltecimiento, ni nada. La poesía no delinque porque, no saliendo del terreno del habla, carece de carácter performativo. Ni Aragon era un jefe de pelotón de fusilamiento que ordenara abrir fuego sobre Léon Blum ni Valtonyc es un jefe terrorista que ordene un atentado. La poesía no delinque. 
 
Si queda alguna duda a los señores jueces, que vuelvan a leer las letras del rapero teniendo en cuenta no solamente el Código Penal sino el rap en sí como composición. Si lo que ahí se dice lleva al autor a la cárcel, en la cárcel debieron dar los futuristas, los surrealistas, De Sade (que, de hecho, estuvo), Quevedo (que también), Vian, que iría a "escupir sobre vuestras tumbas". Habría que reescribir la historia de la literatura como la historia del crimen.

Venga ya. 


La dictadura española y cómo combatirla
 
 
Aquí, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado España y Turquía, un mismo combate. Es un comentario sobre la muy sensata decisión de Anna Gabriel de exiliarse en Ginebra dado que en España no puede esperar un juicio justo. Y no puede esperarlo porque, a estas alturas de la aplicación del 155, en el Estado español no queda nada de democracia, de Estado de derecho, de separación de poderes, de debido proceso, garantías procesales, habeas corpus, libertad de expresión, seguridad jurídica. Nada. Nada de nada. 
 
El país es hoy una dictadura personal de un tipo, incapaz de hablar de modo inteligible y acusado de cobrar sobresueldos en B al frente de un partido de delincuentes, con el Parlamento sometido, la oposicion a su servicio y los jueces prevaricando a su directo dictado, mientras las bandas de fascistas bajo su control cometen todo género de agresiones callejeras, pero los que van a la cárcel son siempre los de izquierdas, como Pablo Hasel y Valtonyc,.

Estando el país en manos de esta tropa de delincuentes políticos, mediáticos, judiciales y policiales, lo mejor que puede hacerse es lo que ha hecho Anna Gabriel, no aceptar el fascismo judicial y abrir un segundo frente internacional a este gobierno de indeseables.

Así avanzará la República Catalana, ejerciendo el derecho de resistencia a la tiranía, desobedeciendo pacíficamente, no dejándose avasallar por los peores delincuentes que cabe imaginar: los jueces injustos.

Aquí la versión en castellano.

España y Turquía: un mismo combate

A estas alturas ya estarán las tres “emes” (macarras, matones y mercenarios) que el gobierno de la Gürtel tiene en los medios vomitando bilis y estupideces en contra de Anna Gabriel, por exiliarse en Suiza. Una más que añadir a la lista de ataques de esta caterva de venenosos cantamañanas. Su tema: la CUP, Puigdemont, el PDeCat, Junqueras, la ERC y Catalunya en conjunto. Trabajo no les falta. Por eso, el PP y el gobierno de la Gürtel los pagan regiamente con el dinero público que les sobra de lo que van robando a diario en todas partes. Ese es el frente mediático más vociferante del bloque del 155 (B155)

Luego está el otro, el aparentemente más equilibrado, menos vulgar y chabacano, el que dicen “de nivel europeo”, como el grupo Prisa, igual de vendido a la derecha nacionalcatólica, de la que depende económicamente. Tiene una cada vez más imperceptible diferencia de forma con el otro y trata de revestir de una pátina de respetabilidad, academicismo y moderación las estúpidas diatribas cuartelarias de aquel. Pero su fin es el mismo: mentir, falsear la realidad, amenazar a la gente y legitimar la arbitrariedad y la injusticia.

Ambos coros mediáticos, el carcunda y el “liberal”, tratan de colar como incuestionable un mentira cada vez más evidente a ojos de todo el mundo: que el país es una democracia y un Estado de derecho. Quienes desobedecen las leyes, democráticamente aprobadas en parlamentos representativos, aun teniendo protegidos sus derechos, son perseguidos y castigados por unos jueces justos e independientes porque en España se respetan los derechos individuales y hay separación de poderes.

Falso. España está a la altura de Turquía, o más abajo, incluso, en cuanto a garantías jurídicas, derechos y libertades, como confirman todos los indicadores internacionales. El país está gobernado por una asociación de malhechores que ha pervertido los fundamentos del Estado liberal y democrático de derecho, anulando el Parlamento, comprando a los medios y se vale de los jueces como comisarios a sus órdenes.

La prueba más evidente la muestra la propia judicatura que actúa no solo como justicia política, sino claramente como justicia de clase. Se persigue a los/las independentistas y a la izquierda no domesticada (raperos como Hasel o Valtonyc), pero no a las bandas fascistas y parapoliciales que agreden a la población civil. Con más de 100 actos de violencia fascista/españolista probada, filmada e identificada hasta la saciedad, no hay ni un procesado por ello.

Es lógico. Son los suyos. Ninguno de los fascistas que asaltaron Blanquerna está en prisión porque son parientes de los gobernantes de la Gürtel.

La decisión de Anna Gabriel de no entregarse a merced de una justicia al servicio de la dictadura del 155 añade fuerza a la estrategia de internacionalización que en su día adoptara Puigdemont, y pone en evidencia ante el mundo lo que venimos señalando: el país es una dictadura de hecho de una asociación de malhechores apoyada por unos partidos políticos tan corruptos como aquella, el PSOE y C’s por activa y Podemos por pasiva, y sostenida en la tiranía de una mayoría española en contra de la minoría nacional catalana.

Los casos de Pablo Hasel, Valtonycc, diversos tuiteros y titiriteros, todos en la cárcel o a punto de entrar en ella, mientras que las bandas fascistas de amigos y parientes de los gobernantes campan a sus anchas, demuestran que si eres de izquierda, en España no puedes esperar justicia. A este respecto, el país es peor que Turquía. Es, como se ha dicho reiteradamente, una monarquía bananera y de bananas podridas. 
 
Pero si eres independentista catalán, de izquierda, centro o derecha, es todavía peor. La falta de justicia se intensifica hasta convertirse en una persecución criminal a cargo de unos “jueces” que actúan como comisarios del poder político corrupto, que prevarican desvergonzadamente, se inventan los delitos o violan el debido proceso legal y hasta las garantías del habeas corpus.

Eso es lo que el mundo está viendo hoy cuando, al exilio de Carles Puigdemont et al. en Bélgica, se ha sumado el de Anna Gabriel en Suiza. Es público y notorio que España está gobernada por presuntos delincuentes bajo forma de una dictadura neofranquista, nacionalcatólica y centralista que Europa conoce muy bien. Por eso es ya urgente e imprescindible que la UE tome medidas en defensa de los derechos de una población civil a merced de una banda de malhechores.

Y ha de hacerlo Europa porque ningún partido estatal del arco parlamentario español está dispuesto a controlar al gobierno y sus jueces de presa. Al contrario, tres de ellos lo apoyan y jalean mientras el cuarto, Podemos, trata de ocultar su acuerdo de base con la represión antiindependentista promoviendo debates de otro tipo que alejen el foco de lo que realmente importa, esto es, la persecución seudojudicial de unos ciudadanos por su sus ideas y prácticas independentistas.

En el Estado español, para ser libre hay que estar en la cárcel, como los dos Jordis, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, o en el exilio, como Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comin, Meritxel Serret y Lluís Puig y ahora Anna Gabriel.

Para vaciar las cárceles de presos políticos y traer las exiliadas hay que estar dispuestos a entrar en ellas o a exiliarse. 
 
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
 

Gabriel y la vía suiza: segundo grano en la Moncloa / José Antich *

Suiza es el nuevo frente judicial internacional abierto para el Estado español. La confirmación de que la exdiputada cupaire Anna Gabriel no se personará este miércoles en el Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena la había citado como investigada por rebelión en la causa del referéndum del 1 de octubre, tiene, sin duda, un recorrido mayor del que se puede observar a primera vista. 

Obviamente, superior al que algunos medios han querido reflejar en estas primeras horas, donde la prensa generalista española, convertida desde hace tiempo más en prensa rosa que en prensa seria, se ha preocupado fundamentalmente del look de la exparlamentaria de la CUP. 

No es la primera vez que las ramas impiden ver el bosque y todo apunta a que estamos ante un interesante e intenso pulso judicial internacional que, en función de como se resuelva, puede dejar tocada la imagen de España llegado el momento del juicio en el Tribunal Supremo. Las acusaciones de rebelión y secesión, cargos por los que hay políticos en la prisión y en el exilio, cada vez se sustentan menos.

Anna Gabriel ha confirmado este martes lo que era un secreto a voces desde hace semanas: ha abandonado España y se queda en Suiza para obstaculizar el proceso judicial del Supremo. La primera reacción oficiosa del gobierno helvético no ha sido del agrado del Gobierno español: los delitos políticos no tienen base jurídica en Suiza y si España pide la extradición será seguramente rechazada. 

Es una primera reacción, ciertamente, pero todo un bofetón a la Moncloa. Habrá que estar muy atentos a los movimientos del juez Llarena, en principio obligado a emitir una orden internacional de detención y más tarde de extradición. Sería, en todo caso, un proceso muy largo si cae del lado de España y mucho más corto si hay desistimiento y se le da la razón a Anna Gabriel.

Lo relevante, políticamente hablando, es que España debe atender a dos frentes internacionales con el desgaste que ello supone: Bélgica y Suiza. Hubo un primer fracaso ante las autoridades de Bruselas pero Llarena está obligado a intentarlo nuevamente. Pasados unos meses, el pronóstico no es mejor para el TS pero el resultado final, si es negativo, puede acabar condicionando toda la causa que se instruye en Madrid. 

Es probable, además, que en pocas semanas haya un nuevo país de centroeuropa que acabe acogiendo a otro de los investigados por Llarena. Y no será, tampoco, el último intento por expandir el conflicto. El objetivo es que la diáspora de los encausados tenga el mayor número de países cubiertos.

La pregunta pertinente en estos momentos y que sin duda debe preocupar a la justicia española es la siguiente: ¿Se puede construir y defender una causa por rebelión y sedición en Madrid cuando en países europeos de larga tradición democrática estos delitos no son contemplados como tales en el caso que nos ocupa? Habrá quien piense que sí pero es muy probable también que sepa que es que no. Un último dato: Suiza es también el país de los referéndums.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia



Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *


Mucho este miér­coles en por­tadas y ti­tu­lares prin­ci­pales sobre Cataluña en los tres frentes del avance para la in­ves­ti­dura, el cos­co­rrón del TC al 'cheque Wert' para fi­nan­ciar el cas­te­llano y la fuga de Anna Gabriel y otras in­ci­den­cias ju­di­cia­les. También so­bre­salen dos frases an­to­ló­gicas de Álvaro Pérez El Bigotes en su com­pa­re­cencia sobre fi­nan­cia­ción ilegal del PP: 'Veo el plano del he­mi­ciclo y si­guen los mis­mos’, y ‘Yo no he co­rrom­pido a na­die, ya eran co­rrup­tos’. 

En oros ám­bitos in­for­ma­ti­vos, hay dos ti­tu­lares que so­bre­sa­len: uno en El Confidencial en el día en que Atlantia ce­lebra junta ex­tra­or­di­naria para me­jorar su opa sobre Abertis: según ‘fuentes pró­ximas a las ne­go­cia­cio­nes’, CaixaBank ‘desafía a Rajoy al ofrecer 500 mi­llones a Atlantia para su­perar la opa de ACS (Agustín Marco); y otro en el apar­tado de ju­guetes ro­tos, en La Vanguardia: 'Piden pri­sión pre­ven­tiva para Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana: el Banco de Luxemburgo, a quienes el ma­tri­monio adeuda 7,5 mi­llones de eu­ros, ha am­pliado la que­rella cri­minal contra ellos y les pide cárcel o una fianza de diez mi­llones de euros (Andrés Guerra). 

CATALUÑA. La Razón: Puigdemont quiere rotar pre­si­dentes de paja: pide a Jordi Sànchez de pre­si­dent y a Turull como re­cam­bio; pro­pone sus­ti­tutos con causas ju­di­ciales para que ‘roten’ en el cargo y man­tener el con­trol (Toni Bolaño). OKdiario: Turull es el ele­gido: será el jefe de la Generalitat tras una in­ves­ti­dura sim­bó­lica de Puigdemont (Carlos Cuesta y Joan Guirado). El Confidencial: 'El Supremo tra­duce el Código Penal belga para acusar a Puigdemont de re­be­lión', de­lito que sí existe allí (Graciano Palomo y Beatriz Parera). Vozpopuli: 'Puigdemont in­ten­tará ser in­ves­tido en el Parlamento belga en di­recto por TV3 (José Alejandro Vara). 

OTROS TITULARES DESTACADOS. Capital Madrid en el día de pre­sen­ta­ción de re­sul­tados de la eléc­trica: 'La di­ver­si­fi­ca­ción con­vierte a Iberdrola en la ‘utility’ de re­fe­rencia en Bolsa: pre­senta re­sul­tados de 2017 y las pers­pec­tivas para el pe­ríodo 2018-2022, y el mer­cado le da un po­ten­cial al­cista del 20%, el más alto en el sector (Quesada Vargas). También en Expansión: Iberdrola ga­nará 2.788 mi­llones en 2017, según los ana­listas (M.Á. Patiño). 

Otro ti­tu­lar: Contratos de for­ma­ción para ma­yores de 45 años: pro­puesta de la pa­tronal CEOE al Gobierno para re­ducir el des­em­pleo de larga du­ra­ción. Otro ti­tu­lar: Gas Natural planea re­ducir el con­sejo y equi­li­brar el poder de los ac­cio­nis­tas. El Periódico: La ex­cú­pula de CatalunyaCaixa se es­cuda en el Banco de España para negar el fraude (J. G. Albalat). El Mundo: Rajoy frena la sa­lida in­me­diata de Guindos del Gobierno (Carlos Segovia y Pablo R. Suanzes). Diario Abierto: El mer­cado de tra­bajo en España pierde un mi­llón de jó­venes en la úl­tima dé­cada (Luis M. del Amo)... 

... Cinco Días: Guindos prevé que los tipos sigan en ni­veles ‘muy, muy re­du­ci­dos’: el vi­ce­pre­si­dente in pec­tore del BCE de­fiende el final de las me­didas ex­tra­or­di­na­rias de Draghi, pero sin un giro en el precio del di­nero; el aún mi­nistro no quiere poner en riesgo la re­cu­pe­ra­ción eco­nó­mica (Bernardo de Miguel). Otro ti­tu­lar: CaixaBank ad­quiere el 50% de la fi­nan­ciera del grupo Dia. Otro ti­tu­lar: Iberdrola re­compra el 1,5% del ca­pital por el di­vi­dendo fle­xible (Carmen Monforte). Otro ti­tu­lar: Aena, Renfe y Adif buscan op­ciones para que el AVE llegue a Barajas (J. F. Magariño). 

 Vozpopuli: La UE re­tra­tará a Moncloa con una au­di­toría ener­gé­tica que in­cluirá la es­ta­bi­lidad re­gu­la­toria (Raúl Pozo). Otro ti­tu­lar: Slim ul­tima la venta del 49% de Aqualia, la joya de la co­rona de FCC. El Economista: El líder de plasma busca quitar a Grifols su mo­no­polio en España: la aus­tra­liana CSL acusa al la­bo­ra­torio ca­talán de in­cum­plir el acuerdo con Sanidad (Alberto Vigario). El País: Sánchez re­curre ahora a los ex lí­deres del PSOE para mos­trar unidad (J. Pérez Colomé). Otro ti­tu­lar: España se queja ante Bruselas por el fre­nazo en Francia en las obras de co­ne­xión por AVE (Nahiara S. Alonso y Silvia Ayuso). 

OPINIÓN. Editorial en El Periódico: ‘El fin del ‘cheque Wert'. José Antonio Zarzalejos en el mismo dia­rio: 'El Rey re­gresa a Catalunya: apoya que Barcelona siga siendo la sede del Mobile'. Joan Tapia en el mismo dia­rio: '¿Es Catalunya solo una cró­nica ju­di­cia­l?'. Editorial en La Vanguardia: ‘Diez años del Barcelona-Madrid en el AVE‘. Enric Juliana en el mismo dia­rio: 'Brigada Aranzadi-Comando Génova: malas no­ti­cias del TC para la ofen­siva contra el mo­delo es­colar ca­ta­lán'. 

Otro edi­to­rial: ‘Récord ex­por­ta­dor’. Editorial en La Razón: ‘La ver­güenza de Anna Gabriel‘. Editorial en ABC: ‘Otra es­pan­tada co­bar­de‘. Otro edi­to­rial: ‘Golpe a la igualdad en Cataluña’. Agustín Pery en el mismo dia­rio: ‘Anna, no eres Mercedes Sosa’. Editorial en El Español: ‘El Gobierno se ahoga con la in­mer­sión‘. Editorial en Esdiario: ‘La con­jura de los co­bar­des: la fuga de Anna Gabriel a Suiza com­pleta el es­per­pen­to‘. Joan Tapia en El Confidencial: ‘Iceta va al Constitucional: el PSC pide que se ponga en marcha el reloj de la in­ves­ti­du­ra’. 

Editorial en Libertad Digital: 'Anna Gabriel sí 'té por'. Jesús García Domínguez en el mismo me­dio: 'Iceta quiere más in­mer­sión'. Emilio Campmany en el mismo me­dio: 'Gabriel, en la senda de Lenin'. Carmelo Jordá en el mismo me­dio: 'A ver si os pen­sa­bais que Anna Gabriel es gi­li­po­llas: una cosa es ir por la vida pre­di­cando la re­vo­lu­ción y otra muy dis­tinta estar dis­puesta a su­frir­la'. 

Casimiro García-Abadillo en El Independiente: 'La de­cla­ra­ción de in­de­pen­dencia no fue sim­bó­lica, sino un golpe de Estado'. Victoria Prego en el mismo me­dio: 'El Gobierno se ha hecho un lío con­sigo mis­mo'. Editorial en Cinco Días: ‘El sector ex­te­rior tira con fuerza, pero aún tiene margen para se­guir cre­cien­do‘. José Antonio Vega en el mismo dia­rio: ‘El hombre que sabía lo que había que ha­cer: Guindos sol­venta lo di­fí­cil, la crisis ban­ca­ria, y re­nuncia a las re­formas fá­ciles por im­pe­ra­tivo po­lí­ti­co’. Mar Revuelta en La Carta de la Bolsa: ‘BME, con el aliento en la nuca: pér­dida pro­gre­siva de ne­gocio y auge de otras pla­ta­for­mas’.


(*) Periodista


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martes, 20 de febrero de 2018

'Casa Tarradellas' se anticipó al ‘efecto Évole’ en las cárnicas, abandonando los mataderos de la polémica


MADRID.- A diferencia de El Pozo, otra de las grandes marcas del sector cárnico, Casa Tarradellas, se anticipó al ‘efecto Évole’. Rompió con algunos de los mataderos que comenzaban a verse envueltos en la polémica, como el de Vich. Ahora, “Le Porc Gourmet”, denunciado también en Salvados, acaba de ser objeto de una inspección de Trabajo, según recuerda El Confidencial Digital.

Hasta hace dos años, Casa Tarradellas formaba parte del accionariado de una de las instalaciones en Vich, donde los trabajadores comenzaban a denunciar las condiciones laborales que sufría el sector.
La firma puso a la venta su paquete de acciones del 20% en Esfosa, uno de los mataderos donde se originó el conflicto laboral, en abril de 2016. En este caso, la guerra se desató tras una huelga del comité de empresa por la remuneración de los festivos.

Amenazas de ser señalada por los empleados

Al salir a la luz las denuncias, algunas calles amanecieron con pintadas contra Casa Tarradellas y los trabajadores exhibieron pancartas señalándola como “cómplice”.
Aquel encontronazo puso al descubierto las condiciones en las que trabajan los empleados de los mataderos de cerdos en Cataluña -la principal zona productora del país-, con el 43% del mercado y unos 7 millones de animales- y prendió la mecha de una revuelta que se extendió a todos los recintos bajo el nombre de “Cárnicas en lucha”.

Se anticipó a tomar distancia en el escándalo

La compañía, símbolo de la industria cárnica catalana, decidió que había que tomar distancia en el escándalo que salpicaba al matadero y que ahora se ha amplificado a otras instalaciones con la denuncia generalizada de las condiciones laborales y sanitarias en el sector del porcino que lanzó el programa “Salvados” de laSexta.
Esta fue la explicación oficial que se dio entonces: “Especialitats Vic Carn pone a la venta sus acciones de Esfosa en sintonía con la voluntad de seguir apostando por otra categoría de su negocio, la de refrigerados (pizzas y masas frescas)”.

El Pozo y Le Porc Gourmet, principales víctimas

Así, El Pozo y Le Porc Gourmet están siendo los principales perjudicados por el ‘efecto Évole’ en el sector cárnico. La semana pasada, tres cadenas de supermercados europeas retiraron los productos de la marca murciana de sus estanterías y la propia empresa anunció que dejaría de trabajar con la granja que apareció en el espacio de Jordi Évole.
Solo un día después, furgones de la Policía Nacional se presentaron en el matadero Le Porc Gourmet, otra de las instalaciones donde los empleados denunciaron su situación laboral en el reportaje, para una inspección de Trabajo.
El matadero se encuentra en Santa Eugenia de Berga, en la comarca de Osona, donde tiene su sede Casa Tarradellas.