Suiza es el nuevo frente judicial internacional abierto para el Estado español. La confirmación de que la exdiputada cupaire Anna Gabriel no se personará este miércoles en el Tribunal Supremo,
donde el juez Pablo Llarena la había citado como investigada por
rebelión en la causa del referéndum del 1 de octubre, tiene, sin duda,
un recorrido mayor del que se puede observar a primera vista.
Obviamente, superior al que algunos medios han querido reflejar en estas
primeras horas, donde la prensa generalista española, convertida desde
hace tiempo más en prensa rosa que en prensa seria, se ha preocupado
fundamentalmente del look de la exparlamentaria de la CUP.
No
es la primera vez que las ramas impiden ver el bosque y todo apunta a
que estamos ante un interesante e intenso pulso judicial internacional
que, en función de como se resuelva, puede dejar tocada la imagen de
España llegado el momento del juicio en el Tribunal Supremo. Las
acusaciones de rebelión y secesión, cargos por los que hay políticos en
la prisión y en el exilio, cada vez se sustentan menos.
Anna Gabriel ha confirmado este martes lo que era un secreto a voces desde hace semanas: ha abandonado España y se queda en Suiza para obstaculizar el proceso judicial del Supremo.
La primera reacción oficiosa del gobierno helvético no ha sido del
agrado del Gobierno español: los delitos políticos no tienen base
jurídica en Suiza y si España pide la extradición será seguramente
rechazada.
Es una primera reacción, ciertamente, pero todo un bofetón a
la Moncloa. Habrá que estar muy atentos a los movimientos del juez Llarena,
en principio obligado a emitir una orden internacional de detención y
más tarde de extradición. Sería, en todo caso, un proceso muy largo si
cae del lado de España y mucho más corto si hay desistimiento y se le da
la razón a Anna Gabriel.
Lo relevante, políticamente hablando, es que España debe atender a
dos frentes internacionales con el desgaste que ello supone: Bélgica y
Suiza. Hubo un primer fracaso ante las autoridades de Bruselas
pero Llarena está obligado a intentarlo nuevamente. Pasados unos meses,
el pronóstico no es mejor para el TS pero el resultado final, si es
negativo, puede acabar condicionando toda la causa que se instruye en
Madrid.
Es probable, además, que en pocas semanas haya un nuevo país de
centroeuropa que acabe acogiendo a otro de los investigados por Llarena.
Y no será, tampoco, el último intento por expandir el conflicto.
El objetivo es que la diáspora de los encausados tenga el mayor número
de países cubiertos.
La pregunta pertinente en estos momentos y que sin duda debe
preocupar a la justicia española es la siguiente: ¿Se puede construir y
defender una causa por rebelión y sedición en Madrid
cuando en países europeos de larga tradición democrática estos delitos
no son contemplados como tales en el caso que nos ocupa? Habrá quien
piense que sí pero es muy probable también que sepa que es que no. Un
último dato: Suiza es también el país de los referéndums.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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