La situación en España como presunto
Estado de derecho democrático se deteriora por días. La actividad
represiva del B155 en todos sus frentes, político, económico, mediático,
policial, judicial ha generado una situación de inseguridad jurídica en
Catalunya para todos quienes directa o indirectamente tengan algo que
ver con el independentismo. Ya nadie sabe qué están investigando los
jueces, ni qué en concreto buscan las diversas policías en sus requisas
por doquiera y sin aviso, al margen de que, mucha veces, estas medidas
carecen de objetivo concreto pues su finalidad es exclusivamente
intimidatoria.
Nadie
sabe de qué pueden acusarlo. Hasta la fiscalía reconoce que aún no
tienen claro el tipo delictivo que aplicarán a quienes, sin embargo,
mantienen en prisión. Por razones políticas evidentemente. Como rehenes
que son. El tratamiento judicial de los procesados es arbitrario y
desconcertante, más parecido a los criterios inquisitoriales que a los
de una justicia moderna. Nadie puede estar seguro en estas condiciones.
Es una situación más próxima a la de las lettres de cachet del
absolutismo que al Estado de derecho. Diversos jueces, en una muestra de
activismo casi persecutorio, llaman a declarar a políticos,
representantes, funcionarios, profesores, magistrados, concejales,
artistas, sin que nadie tenga claros los motivos: el 1ºO, el 27 O, las
convicciones de cada cual.
La
arbitrariedad de las autoridades políticas no es menor con el
entusiasta apoyo de la oposición parlamentaria en el B155. Tampoco sabe
nadie qué permitirá o qué prohibirá el gobierno o en qué iras de qué
ministerio incurrirá. El B155 es de una beligerancia suma contra
Catalunya. No solamente no se habla de negociación; ni siquiera de
diálogo. El panorama es de confrontación a muerte, de proyecto de
aniquilación de Cataluña. Las intenciones de intervenir la educación y
controlar los medios públicos de comunicación, añadidas a la campaña
anticatalana de todos los medios de comunicación dejan bien claro que la
acumulación de ataques en todos los frentes pretende acabar con el
independentismo.
No
se atreven a tipificarlo como delito pero todo lo que hacen prueba que
así lo consideran. Y lo llevan adelante con una dictadura camuflada bajo
la aplicación de un artículo de la Constitución, el 155 que, según la
interpretación reinante, da al gobierno la posibilidad de imponer la ley
saltándose la ley y decidiendo a su capricho qué es y qué no es la
ley.
Perdieron
las elecciones del 21 de diciembre que, en su infinita soberbia, creían
que ganarían, y no tenían plan B. El plan B ha resultado ser la
imposición en Cataluña de la dictadura del 155. Y, de paso, en toda
España, pues ningún Estado de derecho será tal si en una parte de su
territorio rige la arbitrariedad y la tiranía.
La
confusa causa general que, contra toda razón y derecho, se sigue a los
independentistas es, en realidad, una causa al independentismo. Un
proceso político/ideológico que tipifica como delito otra ideología con
el derecho que da el ser el más fuerte. Resulta absurda porque, llevada a
sus últimas consecuencias, tendrá que investigar y procesar a más de
dos millones de personas. Anímense: en principio todos los que votaron
voluntariamente en un referéndum ilegal fueron cómplices de
ilegalidad. Procésenlos. Tendrán que hacerlo porque el procedimiento de
empapelar judicialmente solo a los representantes, basado en la muy ruin
esperanza de que actúe como ejemplificador, no funcionará y a
represente indepe procesado seguirá otro representante indepe.
De
la tiranía al ridículo no hay más que un paso. El que darán cuando
intenten prohibir asociaciones inependentistas, suprimiendo el derecho
de asociación, tras haber suprimido el de expresión y el de sufragio.
Todo
eso no ha servido de nada, ni servirá, mientras el bloque
independentista mantenga incólume su principal fortaleza: su unidad. Es
esta la que, en las arbitrarias e ilegales condiciones en que se
encuentra, le permite seguir manteniendo la iniciativa política y
marcando los tiempos. La posible apertura de otro frente
político-jurídico en Suiza, según la decisión que adopte la CUP, supone
un paso más en la internacionalización de un conflicto que ya está
pidiendo a gritos la mediación europea.
La tragedia española
Lucía Palacios y Dietmar Post son dos cineastas radicados en Alemania, al frente de una activa productora, Play Loud Productions que,
entre otras cosas presta una atención especial a los asuntos españoles,
singularmente en materia de memoria histórica, pasado y presente
franquistas y justicia postransicional. Hace un par de años rodaron un
impresionante documental Franco's Settlers que
hurgaba en un problema que los españoles no quieren encarar ni acaban
de digerir: el apoyo social a la más sanguinaria, brutal, estúpida
tiranía de las que el país ha padecido. Un punto de esta vergüenza que
es el servilismo tradicional de los españoles.
Palacios y Post
vuelven ahora con otro excelente film que documenta otro punto dramático
de esa larga y siniestra noche genocida de la que el país no ha
conseguido librarse. Al contrario, pesa sobre la conciencia de los
españoles (todavía divididos entre víctimas y victimarios) como Marx
decía que pesaba la memoria de los muertos sobre los vivos en el Dieciocho Brumario.
La
película no hace concesiones a conveniencias de ningún tipo, explica
las circunstancias que trata y deja claro un hecho terrible: a los 80
años del fin de la guerra civil, decenas de miles de republicanos
asesinados por los fascistas siguen en las fosas comunes mientras que el
asesino reposa en un monumento que nadie se ha atrevido a tocar aunque
es un insulto al sentido universal de la justicia . Y lo hace con
elegancia y un raro sentido de la estética cinematográfica.
El film se estrenará el próximo mes de junio y los autores andan buscando salas de proyección para entonces. Si alguien tiene propuestas que hacer en Play Loud Productions las escucharán encantados. Su plan es que se vea por toda España. Están animados del espíritu de las Misiones Pedagógicas de la II República.
En 1939 terminaba una guerra civil que había empezado como un golpe de Estado del ejército al viejo estilo de los militares africanistas.
El golpe fracasó en su primer intento a causa de la resistencia armada
del pueblo y se convirtió en una atroz contienda de tres años que la
oligarquía nacionalcatólica impuso a la República y los partidos y
fuerzas populares que la apoyaban.
Terminó con el triunfo total de los
sublevados (que se llamaban a sí mismos nacionales) con la ayuda
decisiva de los nazis alemanes, lo fascistas italianos y los
"corporativistas" portugueses. La rendición incondicional de la
República dejó el país entero, combatiente y no combatiente, a merced
del bando vencedor que, durante los siguientes 35 años, no mostró
ninguna.
España
es el único Estado en donde el fascismo no fue derrotado ni sus
crímenes juzgados y condenados. No hubo un Nurenberg español. Abandonado
por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, se tomaron
medidas de aislamiento diplomático a raíz de la condena de la ONU en
1946; medidas contraproducentes pues castigaron mucho más a la población
que al régimen. Este retornó poco a poco a la esfera internacional en
1953, gracias al concordato con la Santa Sede y el tratado de
"asistencia mutua" con los EEUU, y en 1955 con el ingreso en la ONU.
Pero nada de eso supuso que la comunidad internacional se ocupara de
mitigar el brutal tratamiento que Franco daba a la famosa otra media
España.
Durante
cerca de 40 años, el país estuvo gobernado por un militar felón que
estableció una dictadura de delincuentes, basada en la represión y el
terror. En esos cuatro decenios los españoles vivieron carentes de los
más elementales derechos civiles y políticos normales en los países
civilizados: libertad de expresión, de sufragio, de información, de
asociación, derecho al juicio justo, habeas corpus, etc. No eran
ciudadanos, sino siervos. Los estudiosos discrepan acerca de la
caracterización teórica del que empezó llamándose Estado Nuevo,
plagiando la fórmula del dictador Oliveira Salazar en Portugal: para
unos fue totalitario; para otros, autoritario; para otros, una mezcla.
Pero lo que en la teoría era brumoso, en la práctica tenía la claridad
de la realidad más brutal: 185 campos de concentración, medio millón de
presos, unos 150.000 ciudadanos y ciudadanas asesinados sin juicio o con
simulacros de tales y enterrados en fosas anónimas a lo largo y ancho
del país, lo que da a este la siniestra honra de ser el segundo en este
tipo de delitos, detrás de Camboya.
Cuarenta años de gobierno ilegal que, sin embargo, dictaba las leyes por las que se montó un remedo de Estado desde las normas constitucionales
(como los Fueros, etc) hasta la legislación ordinaria, todo lo cual
era, en sentido estricto, ilegal por ilegítimo. Este es el fondo último
de la tragedia de España, otrora gran imperio: una farsa, un remedo de
Estado y de ordenamiento jurídico, una sangrienta pantomima puesta en
pie por un puñado de delincuentes armados que pudrieron literalmente el
poco respeto por la ley y los usos civilizados que quedara en el país.
Esta
siniestra burla respondía a un plan premeditado sistemático de
exterminio físico de los disidentes ideológicos. Un plan genocida que
tomó la forma "judicial" de una causa general por rebelión, con
instrumentos inicuos como la Ley de Represión del Comunismo y la
Masonería (1940) con los cuales se procedió contra decenas de miles de
personas, muchas de las cuales, entregadas a las bandas fascistas o
grupos "incontrolados" de militares y guardias civiles, acabaron
torturadas, violadas, asesinadas y enterradas en cualquier cuneta. No es
preciso decir que en innumerables casos, esos asesinatos (a veces por
meras denuncias) ventilaban rencillas personales o eran el prólogo al
simple robo de sus viviendas o propiedades.
Lo
anterior, narrado de modo intermitente en el documental, aparece
entreverado con su principal motivo, que es el comienzo de la exhumación
de las fosas y el inicio del primer proceso penal abierto en la
Argentina. Se ampara este en la jurisdicción internacional, puesta en
práctica por el inhabilitado juez español Garzón. El punto es que la
primera aplicación práctica de la memoria histórica se produce a los
casi ochenta años de los hechos y cuarenta del fin de la dictadura.
Y
esta es la cuestión que el documental aborda: ¿por qué han pasado esos
cuarenta años desde el fin de la dictadura sin que las víctimas reciban
justicia ni los asesinos castigo, ni siquiera reproche alguno? Aquí, el
film se convierte en una requisitoria contra la Transición. Esta no vino
acompañada de ningún acto de lo que los epecialistas llaman "justicia
transicional".
Ningún fascista, criminal, torturador, policía político,
juez prevaricador hubo de responder de sus actos. Al contrario, al
amparo de una Ley de Amnistía de 1977, los franquistas (con el
incomprensible acuerdo de la oposición) se autoamnistiaban de los
delitos cometidos durante la guerra y la dictadura. La Ley de Amnistía
es una ley de punto final que sigue en vigor y se esgrime siempre para
frustrar las causas contra los responsables de los crímenes.
Ha
sido necesario esperar estos segundos cuarenta años para que haya
emergido una tímida Ley de la Memoria Histórica que la derecha no aplica
y se haya iniciado la causa en la Argentina, sistemáticamente
boicoteada por el Estado español, tanto el gobierno como la oposición
mayoritaria del PSOE.
Ese es el drama que el documental revela. El pathos que
traspira toda la narración con varios momentos álgidos, como el caso de
Ascensión Mendieta o el del cura vasco encarcelado en Zamora o los
testimonios de los torturados en la Dirección General de Seguridad
cristaliza en la conciencia de que el fin de la dictadura no fue el fin
de la dictadura.
Sus responsables no rindieron cuentas y sus víctimas no
recibieron reparación alguna ni sus allegados la justicia y el consuelo
que merecían. Y ello no se refería tan solo a este tipo de crímenes por
asesinato de la dictadura sino también a los otros adyacentes, las
torturas sistemáticas, el robo de niños, el de propiedades. La dictadura
quedó impune durante los siguientes cuarenta años y la película nos
recuerda que así sigue.
¿Por
qué? Probablemente por la causa apuntada más arriba y que Palacios y
Post documentan de modo abrumador. No hubo Nurenberg español, aunque
haya pruebas gráficas de cómo los principales criminales y responsables,
los Yagüe o Serrano Suñer, colaboraban con quienes después se sentaron
en el banquillo de Nurenberg. No hubo ni asomo de justicia
postransicional porque, al no haberse derrotado al fascismo español,
este tuvo tiempo sobrado de aplicar su plan genocida y, con la ayuda de
la Iglesia, configurar la sociedad a su imagen y semejanza.
El fascismo encarnó en
la sociedad española y eso explica el apoyo masivo a la dictadura,
acuñado en la fórmula del "franquismo sociológico" que prosigue en el
apoyo también masivo al partido franquista dominante, el PP. Esa base
social del franquismo -que los autores ya documentaron en la citada Franco's Settlers, sobre
un referéndum en Llanos del Caudillo- no estaba, no está, dispuesta a
que la memoria histórica ponga en peligro sus usos y privilegios
conquistados como botín de guerra. Por eso, su reacción es de hostilidad
y agresividad. Son magníficas las entrevistas a la hija de Yagüe,
militante del PP y al exministro Secretario General del Movimiento,
Utrera Molina, recientemente fallecido y suegro del actual dirigente del
PP, Ruiz Gallardón. Así se prueba de modo directo la conclusión.
Si
los descendientes de las víctimas buscan justicia, esa es la que tratan
de frustrar a toda costa los descendientes de los victimarios, gente de
poder e influencia, miembros de la oligarquía, apoyados por la Iglesia,
la gran beneficiaria de la dictadura y la transición. Los que estn hoy
en el gobierno y dicen, por boca de su presidente, que "no les consta"
que haya decenas de miles de fosas con asesinados en el país mientras
hacen todo lo posible porque no se abran, se exhumen los restos de los
asesinados y se haga justicia con ellos. Son los herederos de aquellos
asesinos; asesinos potenciales ellos mismos.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
