La tasa de ocupación de los murcianos menores de 25 años repunta y llega a más del 65%

MURCIA.- La tasa de ocupación de los trabajadores murcianos menores de 25 años aumentó al 65,3% a finales del pasado año, según un informe de Randstad elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este repunte, la Región se encuentra, respecto a este colectivo, por encima de la media nacional.

El estudio revela que la tasa de ocupación de los trabajadores menores de 25 años con formación superior alcanzó a cierre de 2017 su nivel más alto desde 2009, al situarse en el 76,3%. Un porcentaje que, en el conjunto de los menores de 25 años, independientemente del nivel de su formación, roza el 62,5%.

Tras lograr la tasa de ocupación más elevada en el año 2008 (82,4%), tal y como pone de relieve el informe, a partir de entonces, la tasa de ocupación de los menores de 25 años encadenó cuatro años consecutivos de alzas hasta lograr en 2017 la segunda mejor cifra de la serie analizada (76,3%).

Al finalizar el año pasado había 281.400 profesionales menores de 25 años con estudios superiores trabajando, un 19,7% más que en 2016, cuando se registraron 235.000 ocupados de este colectivo. Solo en 2008 se superó esta cifra, cuando se encontraban trabajando 314.300 menores de 25 años con formación superior.

Según Randstad, a mayor nivel educativo, mayor es la tasa de ocupación entre los trabajadores más jóvenes. Tras los menores de 25 años con formación superior, los profesionales que cuentan con estudios secundarios tienen la segunda tasa de ocupación más elevada (59,3%), con un total de 609.700 trabajadores, un 11,5% más que hace un año.

En el lado opuesto, se sitúan los empleados menores de 25 años con formación primaria. En este caso, la tasa de ocupación de este colectivo es del 43,8%. En concreto, 40.600 jóvenes con estudios primarios tienen un trabajo, un 16,7% más que la cifra registrada en 2016.

Servicios es el sector que ocupa a más profesionales menores de 25 años, con 737.900 trabajadores, el 79,3%. Le sigue la industria, con el 12%; la agricultura (5,1%), y la construcción (3,7%).

Narcís Serra apunta al Banco de España por las inversiones ruinosas de 'Catalunya Caixa'

MADRID.- El exministro socialista y expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y el resto de investigados por el presunto agujero de 720 millones de euros ocasionado en esa entidad, que ya declararon en la Audiencia Nacional, señalaron al Banco de España como conocedor de las operaciones «al estar al tanto de todo».

Además del exvicepresidente del Gobierno comparecieron los antiguos directores generales de la caja, Adolf Todó y José María Loza, que apuntaron al Banco de España, cuyos responsables habrían sido conocedores tanto de las operaciones inmobiliarias entre 2001 y 2007 (caso de 'Hacienda del Álamo', en la Región de Murcia) como del cambio de modelo de negocio posterior a 2008.

Asimismo aseguraron que el proceso para aprobar dichas operaciones cumplió en todo momento la normativa; prueba de ello, añadieron, es que se hicieron, con éxito, unas 600 o 700.

A su salida de la sede judicial, donde declaró durante una hora y diez minutos por el perjuicio causado a la entidad mediante operaciones urbanísticas supuestamente irregulares entre 2000 y 2013, Serra se dirigió a los periodistas y señaló que había entrado «muy tranquilo» y que salía «aún más tranquilo», convencido de que «todo acabará bien».

Los tres investigados relataron que nadie podía esperar el desplome de los mercados y recordaron que incluso en 2008 se hablaba de brotes verdes. En su opinión, el agujero patrimonial también obedece al poco valor por el que se vendieron a la Sareb los activos tóxicos.

Cuatro de estas operaciones inmobiliarias ruinosas las acometió Catalunya Caixa en la Región de Murcia y acabaron acarreándole unas pérdidas de 150 millones, primero con el resort Hacienda del Álamo, para cuya construcción la caja catalana adquirió por 170 millones una gran extensión de suelo en Fuente Álamo. Las pérdidas ascendieron a 109 millones. 

En Lorca, el perjuicio fue de 16 millones. 

Y en Molina de Segura compró un solar industrial para levantar 800 viviendas. Las pérdidas superaron los 22 millones.

La cuenca del Segura sólo gana 2 Hm3 en una semana mientras la del Tajo está ya al 37,6% de su capacidad

MURCIA.- Los embalses de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 185 hectómetros cúbicos, dos más que la semana pasada, y están al 16,2%. Se trata de 169 hectómetros menos que en la misma fecha de año anterior; y se encuentran 364 por debajo de la media en esta época. La reservas crecen en el Segura y en el resto de cuencas, pero lo hacen con lentitud. 

A nivel nacional, los embalses almacenan 24.077 hectómetros, con un aumento de 548 hectómetros en la última semana. Las reservas totales se sitúan en el 42,9%.

La cuenca del Cantábrico Oriental está al 94,5%; el Cantábrico Occidental al 82,4%; el Miño-Sil al 61,3%; Galicia Costa al 77,6%; las cuencas internas del País Vasco al 100%; el Duero al 37,9%; el Tajo al 37,6%; y el Guadiana al 43,5%. 

La demarcación del Tajo cuenta con 4.142 hectómetros (el 37,6%). Los embalses de Entrepeñas y Buendía disponen de 242 hectómetros, el 10% del total, y apenas remontan.

La demarcación del Ebro, por su parte, es la que más recursos almacena en estos momentos y alcanza los 4.914 hectómetros cúbicos. Sus embalses están al 64,3%, veinte puntos por encima que la media peninsular, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura.

Detienen ebrio al conductor de un autobús con 42 escolares a bordo en Santomera

MURCIA.- El conductor de un autobús escolar que llevaba 42 estudiantes de secundaria a bordo fue detenido ayer tarde por la Policía Local de Santomera con una tasa de alcohol que casi quintuplicaba la permitida a los chóferes profesionales.

La detención se ha producido cuando el conductor, de 58 años, recorría el trayecto entre los institutos locales Octavio Carpena y Poeta Julián Andúgar, una vez llegado a este, donde iba a recoger más alumnos al término de las clases para continuar ruta por distintas pedanías en las que residen.

Una patrulla policial que participaba en la campaña especial conjunta con la Dirección General de Tráfico sobre la seguridad en los autobuses escolares ha sospechado al hablar con el conductor y olerle el aliento que podía ir bebido, como les ha parecido también por otros signos corporales.

Al hacerle la prueba de alcoholemia, ha ofrecido un resultado de 0,67 miligramos por litro de aire espirado, cuando el límite para transportistas profesionales es de 0,15.

Tras la realización de las diligencias, habría quedado en libertad citado para hoy en un juzgado de Murcia para un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial.

El líder del plasma, 'CSL Behring', litiga en España para acabar con el monopolio de 'Grifols'

BARCELONA.- El principal competidor mundial de Grifols (con laboratorio en Las Torres de Cotillas), la compañía australiana CSL Behring, está litigando en España para intentar acabar con el monopolio del que disfruta el laboratorio catalán en nuestro país: la venta a hospitales de medicamentos derivados del plasma, publica hoy elEconomista. 

La multinacional australiana, -que ocupa el primer puesto en este sector en el que Grifols es el segundo-, acusa a la firma española de estar incumpliendo el principal requisito por el que el Ministerio de Sanidad le tiene otorgada esta exclusividad a Grifols. El requisito es que la sangre con la que el laboratorio catalán fabrique los medicamentos que vende a los hospitales proceda en su integridad los propios hospitales españoles.

Sin embargo, la compañía australiana, en un recurso contractual al que ha tenido acceso elEconomista, asegura que Grifols va a suministrar un medicamento "que no obtiene del plasma humano donado en España, proveniente de donaciones no remuneradas, sino de plasma procedente de donaciones realizadas y pagadas en EEUU", por lo que estaría incumpliendo la normativa.

En concreto, CSL Behring presentó este recurso ante el contrato de suministro de hemoderivados de uso terapéutico a partir del fraccionamiento de plasma convocado en noviembre de 2017 por la Junta de Andalucía y cuyo valor asciende a 47,61 millones de euros por un periodo de dos años. Este contrato fue licitado por el Servicio Andaluz de Salud siguiendo el procedimiento negociado sin publicidad. 

Al tener la exclusividad de este suministro, solamente Grifols podía presentarse a este contrato y fue su adjudicatario. Posteriormente, CSL Behring recurrió tal adjudicación al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 

En el recurso, la multinacional australiana solicita que se declare la nulidad del procedimiento de adjudicación por ser el mismo contrario a las normas rectoras en materia de contratación, así como que se declare la procedencia de dar cabida, mediante el procedimiento abierto, a la contratación del suministro del medicamento.

En el recurso contra Grifols, la firma australiana afirma que uno de los hemoderivados que ha de suministrar la empresa española, denominado Prolastina, "es un medicamento obtenido a traves de plasma humano donado en Estados Unidos y fabricado por dicho laboratorio en este territorio". 

Behring esgrime que el suministro de Prolastina comercializado por Grifols "implica que esta empresa vendrá a proveer a los centros del Servicio Andaluz de Salud de un medicamento que no obtiene del plasma humano donado en España", lo que contraviene el objeto del contrato.

Para justificar tal alegato, la empresa australiana se refiere a escritos de varios Servicios de Salud "como el de Murcia y el de Navarra" donde se viene a señalar, según CSL Behring, que "Grifols ha informado que se encuentra actualmente en proceso de sustitución de su Alfa-1-antitripsina comercializado bajo el nombre TrypsoneR, por su Alfa-1- antitripsina comercializada bajo el nombre ProlastinaR y que mientras dure el citado proceso de sustitución, cabe la posibilidad de que no pueda suministrar como producto acabado el TrypsoneR, si bien se compromete en dichas circunstancias a sustituir las unidades equivalentes de TrypsoneR con ProlastinaR, garantizando el mismo nivel de rendimiento y fabricado con plasma de Grifols proveniente de los Estados Unidos".

Falta de pruebas

Por este motivo, la farmacéutica australiana concluye que la inclusión de este medicamento en el procedimiento de contratación como uno de los hemoderivados que Grifols tiene que devolver a los hospitales "implica la ilegalidad del procedimiento negociado sin publicidad, al tratarse de un medicamento que tiene alternativas en el mercado, tales como Respreeza", comercializado precisamente por CSL Behring.

La firma australiana estima que el procedimiento elegido "restringe la concurrencia en cuanto que el tratamiento de la patología para el que se indica Alfa 1 antitripsina debería ser adquirido por medio de un procedimiento abierto".

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales emitió su respuesta el pasado 22 de diciembre desestimando el recurso de CSL Behring. En la sentencia, tras reconocer que la Agencia Española de Medicamentos le ha manifestado que "el único laboratorio autorizado para la fabricación de medicamentos hemoderivados a partir de plasma nacional es el Instituto Grifols", asegura que en el recurso interpuesto por CSL Behring faltan pruebas que justifiquen este hecho. 

"Si así fuere -asegura el Tribunal-, incurriría en un incumplimiento del contrato, pero, se insiste, no hay datos ni pruebas que permitan afirmar que esto vaya a ocurrir", según indica la resolución.

"España ahorra dinero con nuestro sistema"

A las preguntas formuladas por elEconomista sobre la acusación de CSL Behring a Grifols de fabricar su producto con plasma procedente de fuera de España -lo que invalida su exclusividad-, el laboratorio catalán no ha querido entrar al fondo del asunto. Grifols se ha limitado a contestar a este diario que "el recurso presentado por uno de los competidores de Grifols ha sido desestimado". 

En cualquier caso, señala la compañía en su respuesta, "aprovechamos para confirmarte que en España Grifols presta un servicio de fraccionamiento de plasma. Es decir, pone sus instalaciones, tecnología y equipo técnico al servicio de los centros de donación para procesar sus excedentes de plasma y producir medicamentos". 

Según la farmacéutica, "gracias a esta colaboración, las administraciones sanitarias se benefician de un ahorro considerable en el gasto público", afirma el laboratorio en su respuesta a este diario. 

La compañía CSL Behring, por su parte, no tiene departamento de Comunicación en España.

El mercado de trabajo en España pierde un millón de jóvenes en la última década

MADRID.- La fuerza de trabajo en España ha perdido un millón de personas de 16 a 24 años en la última década, según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). Buena parte de esta pérdida se debe a la caída de la población sufrida en esa franja de esa edad, en torno a 700.000 personas entre 2007 y 2017. Otra parte, sin embargo, y a pesar de la recuperación actual, decidió retirarse de un mercado de trabajo en crisis, y dedicarse a estudiar.

Los datos del INE muestran una caída de la población entre 16 y 24 años de 700.000 personas en la última década, desde los 4,7 millones de 2007, a los apenas 4 millones (4,04 millones) que se contabilizaron el pasado mes de julio, los últimos datos disponibles.

Una pérdida de población en torno al 16% del total de la cohorte, que se ha dejado sentir en el mercado laboral español, donde la fuerza de trabajo ha descendido en casi un millón de personas en los últimos doce años en ese rango de edad, al pasar de los 2,4 millones de activos en 2005, a los apenas 1,5 millones al cierre del pasado año.

Y ello a pesar de la recuperación de los últimos años, que ha aumentado el empleo en esa edad en casi 200.000 personas, y rebajado el paro en casi 300.000.

Esta intensa pérdida demográfica, unida a la retirada del mercado laboral, y a la creación de empleo de los últimos años, ha situado la tasa de ocupación de los más jóvenes en un 76%, su mejor registro desde 2009; aunque lejos todavía del 82% registrado en 2008, cuando, además, el número de activos se situaba en 2,37 millones, frente a los 1,5 millones de la actualidad.

Respecto a los sectores, ocho de cada diez empleados menores de 25 años trabajan en el sector servicios, frente al 12% que lo hace en industria, un 5,1% en agricultura, y un 3,7% en la construcción, según detalla un de la consultora de recursos humanos Randstad, con datos de la encuesta de población activa.

Las cúpulas de católicos, judíos, evangélicos y musulmanes se unen para denunciar las "ofensas" a la religión

MADRID.- "En España se profanan templos y símbolos; se hace bufa y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas, con total impunidad y tolerancia". Las cúpulas de las principales confesiones religiosas que se practican en España: Iglesia católica, Islam, Judaísmo y Protestantismo consideran que hay falta de respeto hacia sus creencias. Han exigido en un comunicado conjunto "respeto mutuo, para creyentes y no creyentes" ante lo que consideran una escalada de "ofensas a los sentimientos religiosos en nuestro país", según recoge el.diario.es

El texto suscrito conjuntamente por la Federación de Comunidades Judías de España, la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Islámica de España y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, se denuncia cómo "las ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una tolerancia social incomprensible".

En el manifiesto, además se constata con "preocupación y tristeza" las "constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones".

"Los ciudadanos de este país, creyentes y no creyentes, hemos emprendido juntos, desde hace mucho tiempo, el camino sin retorno hacia la convivencia en libertad y en paz dentro del marco de las leyes, el reconocimiento mutuo y el respeto a los derechos humanos", apunta la nota, que reconoce cómo, en estos años, "hemos avanzado mucho, por ejemplo, en nuestra comprensión de la naturaleza perversa de sentimientos, discursos y actos discriminatorios y de odio por razones de raza, país de origen, sexo, ideología política, orientación sexual o religión".

"Nos hemos dotado de leyes para disuadir, perseguir y castigar las manifestaciones más graves y extremas de estos comportamientos. Y, lo más importante, y aunque aún quede mucho por hacer, hemos conseguido desarrollar una sensibilidad social compartida que señala, excluye y ya no tolera, tales comportamientos", apunta.

Sin embargo, denuncian, "no sucede lo mismo con la discriminación o delitos de odio por motivos religiosos". Así, subrayan judíos, católicos, musulmanes y protestantes, "las ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una tolerancia social incomprensible. En España se profanan templos y símbolos; se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas, con total impunidad y tolerancia".

Provocaciones intolerables

Como ejemplo, las religiones denuncian lo sucedido en los pasados carnavales, donde "cristianos, judíos y musulmanes, que con distintas sensibilidades compartimos el respeto o devoción por las personas de Jesús, María y los santos de los textos bíblicos, observamos con dolor un espectáculo bochornoso con provocaciones que ninguno admitiríamos si la ofensa fuera dirigida contra los sentimientos o valores compartidos de otros colectivos".

"No entendemos, por lo tanto, esa tolerancia y complicidad para con las ofensas religiosas y nos resulta inaceptable que las mismas pretendan ampararse en la libertad de expresión", subraya el comunicado, que insiste que "la libertad de expresión no es un derecho absoluto" y "no puede invocarse para vulnerar otra libertad ni otro bien jurídico protegido por las leyes, como son la libertad religiosa y los sentimientos religiosos vinculados a esa libertad, claramente definidos y protegidos en nuestra legislación".

"Las confesiones religiosas representadas en este comunicado queremos seguir trabajando junto al resto de la sociedad española en nuestro compromiso y contribución con las causas de la paz, la tolerancia, la integración y la convivencia en libertad en aras del bien común", concluye el comunicado.

El detalle en las multas de la DGT que hace que te devuelvan la sanción

MADRID.- Una reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 21 de Madrid ha condenado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a devolver los puntos detraídos a un automovilista al que Hacienda había anulado previamente una multa por estar mal notificada. Además condena a Tráfico al pago de las costas judiciales.

Según informa Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que asistió jurídicamente al conductor, el caso se inició por una reclamación ante Hacienda porque la multa de 240 euros que se le reclamaba con recargo nunca había llegado a su conocimiento.

En una primera instancia, la Agencia Tributaria de Madrid (AEAT) denegó el recurso argumentando que Tráfico le había notificado la multa a través de una publicación edictal en el Tablón de Sanciones de Tráfico (TESTRA), porque la notificación postal había sido devuelta por el servicio de correos "con la indicación de ausente en horas de reparto".

Sin embargo, la reclamación planteada en segunda instancia ante el Tribunal económico-administrativo Regional de Madrid (TEAR), sí fue aceptada porque la notificación postal fue dirigida a un domicilio que no era el indicado por el interesado y, por tanto, la notificación edictal no estaba justificada.

Según indica AEA, en base a esa resolución del TEAR se solicitó a la Jefatura provincial de Tráfico de Madrid la devolución de los puntos, pero ésta se negó argumentando que la anulación de una multa por parte de Hacienda no puede significar dejar sin efecto la detracción de puntos al no tener "facultades revisoras de la competencia sancionadora en materia de tráfico".

Ante lo emitido por Tráfico, se reiteró la petición al no entender cómo se podía anular la parte económica de una multa que no había sido notificada y, por tanto, no había adquirido firmeza, pero se mantenía la detracción de puntos. Tráfico inadmitió de nuevo el recurso, trasladándose el caso al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 21 de Madrid, que finalmente dio la razón al interesado.

Una de cada 3.000 multas está mal notificada

Según informa la asociación, esta es la primera sentencia que se produce en España en este sentido, lo que permitirá que cerca de 10.000 conductores puedan recuperar cada año los puntos que, tanto Tráfico como los ayuntamientos, detraen indebidamente por multas mal tramitadas.

Además, por el volumen de multas que cada día se publican en el BOE y por el último informe de auditoría de las cuentas anuales de la DGT de 2016, la AEA ha estimado que una de cada tres multas de las que se tramitan en España está mal notificada. Teniendo en cuenta que de ellas el 1% tiene pérdida de puntos, 45.000 conductores cada año estarían perdiendo puntos sin que nadie se lo estuviera advirtiendo.

Para el presidente de la Asociación, Mario Arnaldo, esta sentencia supone un "importantísimo precedente jurídico por cuanto supone desmontar el argumento perverso que desde hace una década utiliza la DGT para no devolver los puntos de multas mal tramitadas". "Si una multa no está bien notificada, no sólo hay que anular la parte económica de la sanción, sino también la 'mochilita de puntos' que la acompaña", añade.

Además, AEA mantiene que la Administración "abusa del sistema de notificación edictal", pues apunta que el Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que entre las garantías del derecho a la defensa que recoge el Art. 24 de la Constitución están los derechos de defensa y a ser informado de la acusación, cuyo ejercicio presupone que el ciudadano sea emplazado o le sean notificadas debidamente las multas, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa.

Asimismo, señala que el emplazamiento edictal constituye un "remedio último de carácter supletorio y excepcional, ya que ningún ciudadano está obligado a leer a diario los boletines para ver si en ellos aparece su nombre".

Se disparan las solicitudes de los certificados de la mili para acceder a jubilaciones anticipadas

MURCIA.- La crisis económica que se inició en el 2008, los despidos de trabajadores y cierres de empresas, algunas de ellas en concurso de acreedores, y el aumento de los requisitos de cotizaciones fijados por el Gobierno para poder acceder a una jubilación anticipada, han disparado en los últimos años las solicitudes de certificados para que el Ministerio de Defensa acredite el tiempo de permanencia en el servicio militar obligatorio.

Una documentación que piden aquellos trabajadores, en su mayoría con una edad superior a los 50 años, que no cuentan con el tiempo de cotización fijado para acceder a futuras prestaciones.

El artículo 161 de la ley General de la Seguridad Social de 1994 establece que para poder reconocer la jubilación anticipada, por cese en el trabajo motivado por causas no imputables al trabajador, es necesario cumplir con el requisito de tener un periodo de cotización mínimo efectivo de 33 años. Un plazo temporal que se está elevando al aumentar la edad de la jubilación.

La norma recoge que «solo a estos efectos la Seguridad Social computará el periodo del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite de un año».

Para que se pueda convalidar, se establece como requisito que el cese en el puesto de trabajo se tiene que haber producido como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral con el empleado.

Despidos colectivos, individuales objetivos por razones organizativas o de producción, por declaración de concurso de acreedores o incluso por el fallecimiento o jubilación del empresario, son algunas de las causas que permiten esta jubilación anticipada, siempre que se tengan más tres décadas de cotización.

De este modo, el reconocimiento de hasta doce meses del servicio militar se convierten en imprescindibles para estos empleados, y su traducción puede significar tener que cotizar 12 meses más en otra actividad o no. Hasta hace unos años, este reconocimiento, aprobado en junio de 1994, no era tenido en cuenta por muchos de los desempleados, puesto que la estabilidad en el puesto de trabajo no estaba sometida a los vaivenes del actual mercado laboral.

Cuando el Gobierno de Felipe González aprobó esta inclusión, en pleno debate sobre la supresión de la mili y la prestación social sustitutoria, se buscaba además equiparar en derechos a un segmento de la población que fue movilizado forzosamente, mientras que otros jóvenes compañeros de los entonces reclutas quedaron exentos, pudiendo trabajar y cotizar ese tiempo a efectos de prestaciones futuras. Unos, en los cuarteles, y otros, en oficinas o industrias.

Documentación

Los servicios del Ministerio en la comunidad autónoma certifican los tiempos de permanencia en concepto de servicio militar obligatorio y teniendo en cuenta las diferentes etapas por las que ha pasado esta movilización en las Fuerzas Armadas.

De este modo, la duración ha sido diferente desde que en 1941 se modificó el reclutamiento y reemplazo en los Ejércitos y la Marina. Desde los dos años, que se realizaron de mili hasta 1969, pasando por los 18 y 15 meses, entre 1970 a 1984, o los 13 meses en 1985, hasta finalmente los 9 meses, desde 1991 al 2001, año en el que quedó suprimido el servicio obligatorio. 

Para poder tramitar el certificado, el personal de Defensa recuerda que se tiene que aportar una fotocopia del DNI, otra de la Cartilla del Servicio Militar, conocida popularmente por los reclutas como ‘la Blanca’, así como los originales de ambos documentos a efecto de compulsa.

Con esta documentación, la Delegación del Ministerio de Defensa suele entregar el certificado antes de 15 días. Salvo que no dispongamos de la cartilla y entonces se tenga que solicitar a otras unidades y archivos la información que acredite el tiempo de permanencia en el servicio militar.

Ello sucede con antiguos soldados que llegaron a deshacerse, extraviar e incluso quemar ‘la Blanca’, donde los jefes de unidades reflejaban la fecha de entrada, el número de reemplazo y el cese en el mismo con el consiguiente pase a la reserva. Hasta finales de los 80, esta situación comportaba tener que fichar anualmente hasta los 37 años, edad en la que se debía de anotar en la cartilla la licencia absoluta.

NORMATIVA PARA EL CÓMPUTO DE LA MILI

Ley 1/1994 de la Seguridad Social

Acceso a la jubilación anticipada.

En este caso el despido debe ser por causa no imputable al trabajador, cuya edad debe ser inferior en cuatro años, como máximo, a la que en cada supuesto sea de aplicación.

Periodo.

A estos efectos, el servicio militar obligatorio o la Prestación Social Sustitutoria (PSS) se podrá computar con un límite máximo de un año si se acredita un periodo efectivo de 33 años de cotización (tiempo que se va elevando actualmente por la reforma de pensiones).

Inem.

Para este cómputo, el solicitante deberá estar inscrito en una oficina de empleo como demandante durante un plazo de al menos 6 meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la jubilación anticipada.

ERE.

El cómputo de la mili se reconocerá si el cese del trabajo es consecuencia de una reestructuración empresarial que impida proseguir con la relación laboral. También se tendrá en cuenta si se trata de despidos objetivos individuales por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del E. T.

Indemnización.

La norma establece que el trabajador despedido debe acreditar haber recibido la indemnización correspondiente o haber interpuesto demanda judicial para reclamarla.

Así son las nuevas pruebas de lengua valenciana de la Junta Qualificadora en 2018

VALENCIA.- La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià ( JQCV), dependiente de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ha presentado el calendario y las novedades correspondientes a las pruebas de certificación de nivel de valenciano del año 2018, por primera vez adaptadas completamente al Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. 

Como novedad, todas las personas aspirantes a las pruebas de la JQCV se examinarán de las cuatros habilidades lingüísticas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita y expresión e interacción orales). De esta manera, desaparecerá el carácter excluyente de la prueba., según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Según ha señalado el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, de esta forma permitirán que 2018 "pase a ser el año en el que la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià sea plenamente europea y se adapte a los estándares de los otros países y las otras comunidades autónomas que ya estaban trabajando en este sentido para certificar en lenguas propias".

Con el nuevo modelo de pruebas de certificación, se permite unificar el modelo de pruebas de certificación de idiomas de organismos públicos valencianos, como son la JQCV, las escuelas oficiales de idiomas y las universidades públicas, mediante la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA).

"Hemos sido capaces de coordinar todas las instituciones que se dedican a la certificación de valenciano para establecer un calendario común anual, que tendrá más repercusión y un número más alto de oportunidades para los ciudadanos valencianos y valencianas", ha apuntado Trenzano.

Cambio en las pruebas

Con el cambio de modelo se buscan unas pruebas "más comunicativas", en las que se evalúa la capacidad de los aspirantes para llevar a cabo la finalidad comunicativa de la lengua en una tarea determinada, en cada caso con un nivel de exigencia y de dificultad.

Como novedad, todas las personas aspirantes a las pruebas de la JQCV se examinarán de las cuatros habilidades lingüísticas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita y expresión e interacción orales). De esta manera, desaparecerá el carácter excluyente de la prueba.

Por primera vez, la administración valenciana organizará pruebas del nivel B2 y registrará y expedirá certificados de nivel A1. De esta manera, el nivel B2 "rellena el vacío que suponía el salto desde el nivel elemental al nivel medio y completa una oferta más amplia y proporcionada de certificados", ha indicado.

Calendario y matrícula

Asimismo, como novedad, el calendario estará dividido en dos períodos diferenciados. En el primero se harán las pruebas de los niveles A2, B1 y C1, y la matrícula estará abierta desde el 21 de marzo hasta el 4 de abril.

El segundo período, en el que se harán las pruebas de los niveles B2 y C2, tendrá el proceso de matrícula abierto desde el 1 hasta el 15 de septiembre. El proceso de matriculación será por primera vez totalmente telemático y el pago de tasas se podrá efectuar mediante tarjeta de crédito o de débito, para hacerlo "más ágil y accesible".

Desde el año 2017 se están llevando a cabo acciones formativas para el personal examinador para asegurar un cuerpo evaluador "competente" en este sentido. Está previsto que este curso se llegue a la cifra de 2.000 personas, aproximadamente, preparadas y acreditadas para la evaluación del área de expresión e interacción orales de los niveles A2, B1, B2, C1 y C2.

Con todas estas acciones, "desde la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià se hace una apuesta para poder llegar a ser miembro de ALTE (Association of Language Testers in Europe), que permite ponerse al nivel de los máximos organismos de certificación lingüística, como son la Cambridge University o el Instituto Cervantes", ha añadido.

'Navantia' amadrinará en septiembre el BAM que entregará tres meses después

FERROL.- En pleno pulso entre la dirección de Navantia y los representantes de los trabajadores por el conflicto del cuarto convenio colectivo, el pasado septiembre, los responsables del astillero ferrolano decidieron celebrar la botadura del Buque de Acción Marítima (BAM) a puerta cerrada y como un acto interno, revela La Voz de Galicia. 

El barco fue lanzado al mar sin el módulo de superestructura y el palo, que los trabajadores habían bloqueado como medida de presión, y sin celebrar la tradicional ceremonia de bautismo. Pero superadas esas diferencias, Navantia no quiere dejar pasar la oportunidad de celebrar una ceremonia de amadrinamiento del barco, que tiene previsto desarrollar el próximo septiembre.

Si el calendario de trabajo que maneja la compañía no se modifica, el BAM, bautizado como Furor, será entregado a la Armada española el próximo diciembre. En el astillero de San Fernando (Cádiz), el gemelo, el Audaz, pasará a integrar la flota de la Marina dentro de tan solo cuatro.
Las previsiones sobre este programa fueron abordadas ayer en el transcurso de una reunión celebrada en la antigua Bazán entre el comité de empresa y los responsables del astillero. No obstante, se abordaron otros asuntos relacionados con la carga de trabajo.
En este sentido, se abordó el estado del contrato de construcción de dos buques de aprovisionamiento en combate para la Marina de Australia, asumiendo que el primero registra retraso, por lo que la dirección solicitó la colaboración de los representantes de los trabajadores para recuperar el tiempo perdido, según explicaron fuentes del comité. También informaron de que está previsto que el segundo de los barcos comience a construirse el próximo mes de marzo.
Los portavoces sindicales aseguraron que el retraso experimentado en la obra del primer logístico para la Marina de las antípodas es consecuencia del anterior modelo organizativo de la compañía pública.

Diseño para Estados Unidos

Las opciones que tiene la empresa pública en los programas abiertos por las Armadas de Estados Unidos, Australia y Canadá para la adquisición de fragatas también fue expuesta a los sindicatos en el encuentro. Navantia confía además en que Arabia Saudí firme en el plazo de entre uno o dos meses el contrato para la fabricación de cinco corbetas.
Uno de los programas estrella que ejecutará Navantia en los próximos años para la Armada española es la futura generación de fragatas, las F-110. Aunque en los últimos años se han desarrollado ya varios programas tecnológicos asociados a esta obra, la orden de ejecución -lo que equivaldría a la firma del contrato- por parte del Ministerio de Defensa de España, que se esperaba para finales del pasado ejercicio, se ha retrasado. 

Los responsables de la compañía esperan que se produzca antes que acabe el primer semestre de este año. Así se lo transmitieron a los miembros del comité de empresa ferrolano.
Es una obra de vital importancia para los astilleros de la ría, por cuanto despejará una década de trabajo y también permitirá adecuar las instalaciones de la planta militar a los nuevos requerimientos que plantea el sector.
No obstante, es un programa que está pendiente de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ya anunció que se abre un nuevo ciclo inversor en su departamento, en el que se incluirán varios programas, ya que son una necesidad de las Fuerzas Armadas, y que esta nueva fase incluirá el programa de construcción de las F-110.

Defensa “declina” asistir al congreso que trata los problemas de personal de los militares

MADRID.- Ni la ministra ni ningún responsable del Ministerio de Defensa o de los ejércitos acudirán al Congreso de Militares Españoles que organizan por primera vez AUME y ATME, dos de las asociaciones militares más importantes, según publica www.estrelladigital.es

 

Los responsables de personal del Ministerio de Defensa, también la propia ministra, han rechazado la invitación para acudir al Congreso de Militares que organizan la Asociación Unificada de Militares (AUME) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), según ha podido saber Estrella Digital en exclusiva.

Estas asociaciones, las mayoritarias, realizaron una invitación formal a María Dolores de Cospedal, que preside el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, así como al resto de sus miembros: el subsecretario de Estado, Arturo Romaní; la directora general de Personal, Adoración Mateos Tejada; el jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, el teniente general Teodoro Baños; el Jefe de Personal de la Armada, el almirante Francisco José Cortés Uría y el director de personal del Mando de Personal (Maper) del Ejército del Aire, el general de División Pablo José Castillo Bretón – en el mando desde enero-.

Sin embargo, en una comunicación por escrito, la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas ha informado a las asociaciones de que “las citadas autoridades han declinado su asistencia a dicho acto”, según han indicado fuentes de la organización a este diario.

Sin embargo, sí asistirán varios de los portavoces de Defensa en las comisiones parlamentarias de otros partidos, representantes de otras instituciones de la sociedad civil y miembros del Observatorio de la Vida Militar, tal y como han confirmado fuentes de la organización a Estrella Digital.

Primer Congreso de militares

En este primer evento, en el que se evaluarán y analizarán distintas situaciones que afectan al personal de las Fuerzas Armadas, las dos asociaciones reclamarán que se frene la salida de los militares de tropa y marinería que cumplen 45 años.

Así, AUME y ATME “van a reclamar al Gobierno y en especial al Ministerio de Defensa, la suspensión de los procesos administrativos que dan lugar a la pérdida de la condición de militar de miles de militares temporales, principalmente de la escalas de Tropa y Marinería, al cumplir 45 años y no haber adquirido la condición de militar de carrera”, tal y como han anunciado este martes en una nota de prensa difundida a los medios. Pedirán también "la readmisión de aquellos Reservista de Especial Disponibilidad que ya han tenido que abandonar las FAS en contra de su voluntad". 

De hecho, para estas asociaciones estas son las situaciones más urgentes, ya que "si no se suspende el proceso, las medidas de apoyo, de formación y de mejora de la empleabilidad que surjan de los trabajos de la Subcomisión creada al efecto en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, no podrán ser aplicadas a aquellos militares que hayan tenido que abandonar las Fuerzas Armadas", explican en una nota conjunta lanzada a los medios este martes. 

Se trata de una de las situaciones que analizarán en profundidad los militares asistentes al congreso, cuyo aforo está completo, tal y como indica la página web del Congreso de Militares 2018.

Además de una revisión de la Ley de Tropa y Marinería, los militares analizarán peticiones de modificación en la Ley de la Carrera Militar, de la que las asociaciones buscan modificar aspectos como los sistemas de ascensos. Asimismo, volverán a reclamar la creación de una única norma que regule la situación del personal militar frente a la dualidad existente en estos momentos, con las citadas Ley de Tropa y Marinería y la Ley de la Carrera Militar.

Otro de los aspectos que se debatirán en el Congreso son las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, un asunto muy mediático junto a las reclamaciones en el mismo sentido de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que piden su equiparación con los miembros de las policías autonómicas. 

De hecho, este fue uno de los asuntos tratados en la última reunión ordinaria del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en diciembre de 2017, que presidió Cospedal. En ese encuentro, la ministra anunció el inicio de un estudio para analizar de forma pormenorizada las diferencias retributivas entre el personal de las Fuerzas Armadas y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de informar futuras propuestas en materia retributiva, según informó el Ministerio en una nota de prensa en ese momento.

En esa reunión de diciembre, también se trató uno de los temas que centrará el Congreso de Militares 2018: el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Las asociaciones reclaman la eliminación del arresto como una de las reivindicaciones más importantes, así como la reforma de la jurisdicción militar, pendiente de una nueva ley que el Gobierno debería haber enviado al Congreso en octubre de 2017, según explican fuentes de AUME a este diario.

El Gobierno obstaculiza su propio plan de reducción de interinos

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy y los gobiernos autonómicos de todo signo político comienzan a poner las primeras trabas para desarrollar el propio pacto que firmaron sindicatos y gobiernos en marzo del año pasado para reducir la precariedad entre los trabajadores públicos y recortar el número de interinos, según economiadigital.es.

Después de una década en la que se frenó a toda costa la contratación de nuevos funcionarios a través de las ofertas públicas de empleo, el Gobierno ha aceptado reducir el porcentaje de trabajadores interinos y bajo condiciones de precariedad. Se trata del 25% de la fuerza laboral del sector público, según denuncian los sindicatos, una cifra elevada que ha sido reconocida por el propio Gobierno.

El Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF firmaron un acuerdo para reducir los elevados índices de popularidad del 25% al 8%. Pero ahora, los representantes de los trabajadores comienzan a percatarse de que el Gobierno y las comunidades autónomas extienden las fechas y aseguran que no todas las plazas prometidas deben ser incorporadas en las próximas ofertas de empleo.

“La administración pública está asumiendo algunas lógicas propias de la empresa privada. Mientras más trabajadores temporales tenga una empresa, mayor flexibilidad tendrá para reducir turnos o áreas de negocio”, explica José María Ruiz, secretario de enseñanza pública no universitaria y que ha asistido a las negociaciones con el gobierno para reducir el número de interinos.

“Si el gobierno mantiene una alta tasa de trabajadores interinos, puede eliminar una línea en una escuela o desplazar a los profesores a otros centros educativos. Eso siempre resulta mucho más barato que tener toda la plantilla fija”, agrega.

Sólo en plazas para profesores de primaria y secundaria, Madrid ha sacado 5.000 plazas menos de lo que le correspondería, y la Comunidad de Murcia sacará a concurso 1.000 plazas por debajo de lo prometido, según los datos del sindicato.

“Hay unas causas económicas claras. Con los profesores interinos, muchas comunidades autónomas se ahorran el pago de los meses de julio y agosto, que corresponden con las vacaciones escolares”, explica el portavoz sindical.

Los sindicatos han explicado que deberán presionar a las administraciones para que cumplan en tiempo y forma los compromisos a los que llegaron el año pasado.

Los índices de interinos es muy superior en algunas comunidades como Cataluña (cerca del 40%) y Baleares, que supera ese porcentaje.

 Además, con la convocatoria a las nuevas oposiciones algunas comunidades autónomas como Madrid y Asturias cambian los baremos, es decir, las posiciones en el listado que la administración utiliza para contratar al personal interino.

“Hemos pedido que haya un método de contratación diferente para los interinos. Ellos no tienen que demostrar su capacidad porque llevan hasta 20 años en sus puestos de trabajo. La única diferencia es que lo hacen bajo condiciones de precariedad laboral”, explica Voro Benavent, portavoz del sindicato STES, mayoritario en la educación pública.

El Gobierno asegura que el plan de reducción de la temporalidad de los interinos se reducirá del 25% al 8%, pero en 2022.

El hidrogeólogo de la CHS expedientado, Francisco Turrión, ha comparecido ante las Cortes Valencianas

VALENCIA.- El hidrogeólogo de la CHS, Francisco Turrión, ha comparecido en las Cortes Valencianas a petición del PSPV-PSOE para explicar el informe de #Greenpeace "La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después".

Sobre todo, para hablar de las posibilidades de las aguas subterráneas "escondidas" en la planificación hidrológica y de los errores que, a su juicio, se han cometido en su evaluación y cuantificación.

La "autosuficiencia" hídrica en la cuenca del Segura es posible gracias a los recursos renovables de las aguas subterráneas que se drenan en el mar sin usarse (unos 500 hm3/año) y a las aguas desaladas y desalobradas, opina Turrión, hoy expedientado por el Ministerio.

Lo responsable, en su opinión, es ponerse en un escenario hipotético en el que el trasvase Tajo-Segura sea historia y trabajar ya en alternativas reales que puedan sustituirlo. "Algo que nos hará más libres, al no depender de nadie, solo de nosotros mismos, y que salvará del coma al río Tajo en el que se encuentra", ha dicho.

"Auditar los usos del agua, las cesiones de derechos y los peajes, y los regadíos existentes, amparados o no en "artificios jurídico-geométricos", sería muy beneficioso para recuperar el caudal del del río Segura desde Ojós hasta Guardamar, sostiene Turrión.

Por último, quiso agradecer el interés mostrado por los diputados valencianos de todos los grupos políticos, que al final, le han hecho más de 30 preguntas sobre la exposición previamente realizada del informe.

Turrión confía en que "algún día en la Asamblea Regional de Murcia también será así".

Los empleados de Bankia en la Región tendrán que adscribirse obligatoriamente al ERE si no hay voluntarios

MADRID.- Los trabajadores de Bankia podrán solicitar la adhesión voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad ha acordado con los sindicatos desde este miércoles, 21 de febrero.

La dirección de Bankia y los representantes de los trabajadores firmaron el pasado viernes a primera hora el expediente de regulación que aplicará Bankia en el marco de su integración con Banco Mare Nostrum (BMN), cuyo plazo de adhesión concluirá el 2 de marzo, según informaron fuentes sindicales.

Concretamente, la firma del expediente se produjo en torno a las 8.00 horas del pasado viernes después de que ambas partes trabajaran ininterrumpidamente desde el jueves en la redacción del acuerdo definitivo.

El proceso de reestructuración de la plantilla de Bankia contempla un máximo de 2.000 salidas voluntarias, tras haberse reducido un 20,32% desde las 2.510 bajas planteadas inicialmente por la entidad y está previsto que concluya el 30 de septiembre de 2019.

Andalucía (361), Madrid (330), Murcia (278), Baleares (250) y la Comunidad Valenciana (192), son las comunidades autónomas más afectadas por el proceso, que consiguió el apoyo del 92% de la mesa sindical (CCOO, UGT, ACCAM, SATE, SESFI, UOB y ACB).

Del total de 2.000 salidas, 1.587 son amortizaciones de puestos de trabajo, 198 excedencias y 215 salidas voluntarias adicionales que la empresa podrá conceder.

El ERE prevé prejubilaciones a partir de los 55 años -54 años en Andalucía, Murcia, Alicante y Baleares- con el 63% del salario bruto y una prima en función de la edad.

En concreto, los trabajadores de entre 55 y 57 años tendrán una prima de 6.500 euros, los de 58 años, de 5.200 euros, los de 59 años, de 4.000 euros y los de 60 años, de 1.000 euros, mientras que los de 54 no tendrán prima.

Las bajas incentivadas, por su parte, tendrán una indemnización de 30 días por año trabajado, con un límite de 22 meses, además de una prima de 2.000 euros por cada tres años de prestación de servicio.

En cuanto a la movilidad geográfica no aceptada por el trabajador, el acuerdo entre Bankia y los sindicatos contempla la misma indemnización que los menores de 55 años, sin primas.

Por su parte, los empleados afectados por la movilidad geográfica recibirán una prima de entre 4.000 euros (de 51 a 100 kilómetros) y 16.500 euros si se trata de cambios entre las islas y la Penísula.

Además, la entidad y los sindicatos han fijado una ayuda por cambio de residencia de 12.000 euros, siempre que la distancia sea superior a 150 kilómetros.

Según el acuerdo, donde haya excedentes de plantilla -Baleares, Murcia, Alicante y Granada- si no existen voluntarios suficientes, la adscripción será obligatoria.

Las exportaciones regionales alcanzan su máximo histórico con casi 10.500 millones de euros en 2017

MURCIA.- Las ventas de la Región en los mercados internacionales alcanzaron el año pasado su máximo histórico, con un volumen total de 10.456 millones de euros, cifra que supera los 10.440 del año 2014 y que marcaba hasta la fecha el récord de las exportaciones regionales. La base exportadora regional se situó en las 4.999 empresas, que es otro de los objetivos del Plan de Promoción Exterior que coordina el Instituto de Fomento.

Este plan, para el que se destinaron cerca de tres millones de euros durante el pasado ejercicio, ha permitido realizar 44 actuaciones, tanto misiones comerciales directas e inversas y asistencia a ferias de carácter internacional como jornadas, talleres, seminarios y cursos formativos e informativos en las que participaron 666 empresas regionales.

Las exportaciones regionales han experimentado un aumento del 137,06% desde el año 2007. Murcia se ha convertido en una región netamente exportadora, y en apenas diez años ha pasado de exportar 4.410 millones de euros a superar los 10.450. Ese crecimiento, además, ha venido acompañado de una progresiva reducción y estabilización de las importaciones que ha hecho que la Región de Murcia sea en la actualidad una de las pocas comunidades autónomas que presenta un saldo comercial positivo.

Otra de las líneas del Plan de Promoción Exterior hacía referencia a la diversificación de los destinos de las exportaciones regionales, para lo que a lo largo del pasado año se pusieron en marcha acciones estratégicas como los Planes Norteamérica o África. En este sentido, los mercados que integraban la acción Estados Unidos, Canadá y México han registrado incrementos del 10,8%, 17,28% y 7,31%.

El mercado estadounidense, en el que el Info ha desarrollado 18 actuaciones en los últimos cinco años con la participación de 331 empresas, se confirma como el principal destino no europeo para las exportaciones regionales, con un volumen de ventas de 430,70 millones de euros. En el caso de Canadá, un mercado más reciente que presenta un gran potencial en sectores como el de la alimentación o el mueble, se han llevado a cabo hasta siete misiones comerciales en las que han participado 130 empresas, mientras que México, país en el que se han desarrollado una quincena de actuaciones con 190 empresas, se consolida como el principal mercado latino con 92,96 millones de euros.

En cuanto a África, la presencia de los productos regionales ha experimentado un crecimiento del 4,2% gracias al aumento en mercados como Marruecos, que con 387,33 millones de euros es el más importante de este continente. Debido al interés que genera este país en las empresas regionales por su cercanía y por la buena aceptación de los productos españoles, el Info ha llevado a cabo una docena de actuaciones en los últimos cinco años en las que han participado 221 empresas y que reflejan un aumento de las ventas del 15,8% desde 2013.

Por sectores, el de los productos industriales y tecnológicos y el agroalimentario lideran un año más las exportaciones regionales, con un volumen de ventas de 5.304,75 millones de euros y 4.251,20 millones de euros, respectivamente. El grueso de esos 5.304,75 millones de euros, a su vez, corresponde a combustibles y lubricantes, que con 2.859 millones de euros se recuperan con respecto al año pasado sin llegar a niveles como los de 2014, cuando los más de 4.000 millones de euros generaban una importante dependencia de los productos energéticos.

La industria química, uno de los sectores estratégicos de la economía regional, experimenta también un crecimiento del 14,41% y se sitúa en los 1.113,16 millones de euros. Junto a estas áreas destacan otros como el de las bebidas, que pasa de 457,64 millones de euros a 507,48 millones de euros (10,89%) gracias al incremento del 11,66% registrado por las ventas de vino, o el de bienes de consumo, que se mantiene en niveles similares a los de 2016 con un total de 393,30 millones de euros.

Los Alcázares pasa de pagar a sus proveedores de diez años a diez días

LOS ALCÁZARES.- El Ayuntamiento de Los Alcázares, «después de siete años de gobierno del Partido Popular en el municipio», ha pasado de tener en 2011 facturas de más de diez años sin pagar a los escasos diez días en 2018, según el Periodo Medio de Pago a Proveedores. 

Desde el PP de Los Alcázares se reivindica «la buena gestión realizada durante los últimos siete años tras el cambio de gobierno en el año 2011», en el que el PSOE de Los Alcázares dejó, según afirman desde el PP, «un ayuntamiento en quiebra».

Asimismo, destacan en un comunicado, que «cuando el PP llegó al gobierno el consistorio marmenorense acumulaba una deuda aproximada de 30 millones de euros y una seria desconfianza en los proveedores del ayuntamiento, los cuales se veían agobiados por los retrasos de más de diez años en facturas a pequeñas empresas».

Esta desconfianza, es la que los populares alcazareños condenaron como «mala gestión de un gobierno socialista» y que siete años después, con una reducción de la deuda de más del 50 por ciento y con un Periodo Medio de Pago a Proveedores de tan solo diez días, «la confianza de los proveedores en el ayuntamiento, se ve plenamente satisfactoria».

Desde el gobierno 'popular' indican que «hemos dado la vuelta a la situación en la que el PSOE de Los Alcázares dejó el ayuntamiento.

La Justicia europea establece que las guardias en casa deben considerarse tiempo de trabajo

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este miércoles que las guardias domiciliarias de un trabajador que tiene obligación de responder a una convocatoria de su jefe en un plazo de breve y permanecer a disposición para prestar sus servicios de forma inmediata en caso necesario deben considerarse como tiempo de trabajo en virtud de la directiva que lo regula de 2003.

La sentencia se refiere al caso de un bombero voluntario para el servicio de protección contra incendios de la ciudad de Nivelle (Bélgica), actividad que compaginaba con otro empleo en una empresa privada y que recurrió a la justicia en 2009 para obtener del consistorio una indemnización por daños y perjuicios por sus servicios de guardia domiciliaria, alegando que debían considerarse como tiempo de trabajo, algo que el Tribunal Laboral Superior de Bruselas ha pedido a la justicia europea que aclare.
El Tribunal de Justicia de la UE ha aclarado que el tiempo de guardia que un trabajador hace desde casa con la obligación de responder a convocatorias de su empleador en un plazo breve de ocho minutos -que le restringe considerablemente poder dedicarse a otras actividades- debe considerarse como "tiempo de trabajo" porque, en este caso, el trabajador estaba obligado a presentarse "físicamente" en el lugar determinado por el empresario en apenas ocho minutos y a permanecer a disposición para prestar sus servicios de forma inmediata en caso necesario y no solo estar meramente localizable en sus tiempos de guardia.
Además, precisa que los Gobiernos de la UE no pueden establecer excepciones en función de determinadas categorías de bomberos -en este caso era voluntario- respecto a las obligaciones de la normativa y no pueden adoptar una definición diferente a la que establece la directiva para el concepto de "tiempo de trabajo", aunque sí pueden introducir disposiciones en su derecho nacional sobre la duración del tiempo de trabajo y de los periodos de descanso más favorables que los contemplados por la directiva. También pueden ser más favorables para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores que lo que marca la directiva.
Eso sí, el Tribunal de Justicia de la UE deja claro que la normativa no regula la retribución de los trabajadores, algo que está fuera de la competencia de la Unión, y por tanto los Estados miembro pueden regular una retribución del trabajador distinta durante el tiempo de trabajo y los periodos de descanso. Estos pueden incluso no remunerarse.

El TSJ obliga a pagar un plus a los limpiadores del 'Reina Sofía' por el riesgo tóxico también en vacaciones

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de Murcia le ha dado la razón a la Unión Sindical Obrera (USO) y ha condenado a la empresa Ferroser Servicios Auxiliares (Ferrovial), que prestaba servicios de limpieza en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, a pagar a todos los trabajadores adscritos a esta contrata "el plus tóxico, penoso o peligroso previsto en el artículo 27 del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Región de Murcia" junto al resto de complementos y salario base que se pagaban en la nómina de vacaciones.

Según USO, la sentencia deja muy claro que "en la retribución ordinaria del trabajo, fuera de los periodos de las vacaciones anuales, la empresa demandada incluye como conceptos retributivos el salario base, la antigüedad consolidada, el plus de permanencia, el plus de transporte y el plus de asistencia; así mismo, incluye el plus de penosidad, el cual no se abona en el período de tiempo que los trabajadores disfrutan de sus vacaciones anuales".

Igualmente, el sindicato asegura que la sentencia hace mención a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se basa, entre otras cosas, en que "el derecho a vacaciones anuales y el derecho a percibir una retribución en concepto de vacaciones constituyen dos vertientes de un único derecho. La obligación de retribuir las vacaciones, en una situación que, desde el punto de vista del salario, sea comparable a los periodos de trabajo".

Ferroser daba empleo a 120 trabajadores, que desde noviembre de 2017 están subrogados a STV, quien se ha hecho con la contrata del hospital. En total, por los tres años que entraban dentro de la denuncia, "cada trabajador percibirá, en función de la categoría, unos 480 brutos, unos 160 por cada mes de vacaciones que no se pagó", calcula Rubén Riquelme, presidente del comité de empresa de STV, donde USO cuenta con la mayoría de delegados.

Riquelme está "satisfecho con el fallo, tras una primera sentencia de lo Social que ya nos daba la razón pero que la empresa recurrió. Se reconoce así lo que demandábamos, que es que no se puede cobrar menos de lo habitual en tu mes de vacaciones".

Crowdfunding para pagar las multas a los vecinos del soterramiento

MURCIA.- La Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia ha lanzado una campaña de 'crowdfunding' bajo el lema '#HelpMultas Soterramiento Ya' con el objetivo de recaudar 30.000 euros que irán destinados al pago de las "cerca de 40 sanciones que hasta la fecha ha dictado la Delegación del Gobierno, dentro de su estrategia de criminalizar a este movimiento vecinal y reprimir sus reivindicaciones", según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

En esta recolecta on line, que se realiza a través de la conocida plataforma 'goteo.org', se describe de manera resumida la lucha de los vecinos y vecinas por el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad y se denuncia "la represión a la que está siendo sometido este colectivo vecinal". Una represión que se califica como brutal y que se traduce en detenciones, cargas policiales, e identificaciones y multas arbitrarias.
Unas multas, que como ya se ha comentado, "alcanzan actualmente a unos cuarenta vecinos, que suman un importe total de más de 30.000 euros", según informaron fuentes de la Plataforma en un comunicado.
Para el portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, "los vecinos y vecinas siempre han sido ejemplares en sus protestas". A su juicio, lo que pretende el Gobierno, con su delegado Francisco Bernabé como "brazo ejecutor", es "criminalizar a este colectivo pacífico para intentar ocultar su incompetencia, sus mentiras en torno al soterramiento y su pretensión de llegada del AVE en superficie".
"Si creen que nos van a amedrentar están muy equivocados" añade Contreras. La campaña de 'crowdfunding', con el título '#HelpMultas Soterramiento Ya', tiene un alcance global y es accesible en el enlace 'https://www.goteo.org/project/soterramiento-ya', donde se pueden hacer aportaciones desde cinco euros.

En la web, la Plataforma Pro-Soterramiento y los vecinos y vecinas de Santiago el Mayor y barrios y pedanías del sur de Murcia (así como otros miles del municipio) dice que "es un movimiento vecinal que reivindica el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad desde hace 30 años", según las mismas fuentes.
La Plataforma critica que se trata de "unas vías en superficie que suponen una verdadera cicatriz, aislando a los vecinos y a los barrios, condicionando su desarrollo y provocando importantes problemas de contaminación y de seguridad".
En 2006, el movimiento vecinal recuerda que consiguió que las tres administraciones competentes (Ministerio, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) firmaran un convenio que garantizaba el ansiado soterramiento. Sin embargo, critica que, en 2011, el Gobierno anunció que su prioridad "era la llegada del AVE en superficie y que condicionaba el soterramiento a esta llegada".
Desde esa fecha, los vecinos y vecinas "volvieron a manifestarse reclamando el soterramiento de las vías y contra el AVE en superficie, que supondrá la construcción de un muro que dividirá aún más la ciudad y que retrasará 'sine die' el soterramiento de las vías", tal y como añade la Plataforma.
En este tiempo, la Plataforma Pro Soterramiento y el movimiento vecinal recuerdan que han conseguido que el Pleno del ayuntamiento de Murcia "apruebe una moción con los votos de todos los grupos salvo el Partido Popular para dejar el AVE provisionalmente fuera de la ciudad en tanto se ejecuta el soterramiento; o que la Unión Europea se pronuncie a favor del soterramiento como prioritario y cuestione la legalidad de la obra del AVE en superficie".
"En igual sentido se ha pronunciado la Fiscalía; se ha celebrado una gran manifestación con la asistencia de más de 50.000 personas (la mayor en la historia de la Región de Murcia); y desde hace ya casi seis meses cientos de vecinos se concentran diariamente junto al paso a nivel en la rebautizada como Plaza del Soterramiento; entre otros logros y reivindicaciones", tal y como señala la Plataforma.
Sin embargo, critica que la respuesta del Partido Popular "sigue siendo la de traer el AVE en superficie cueste lo que cueste, manipulando a los medios de comunicación, criminalizando a los vecinos y vecinas y reprimiéndolos con multas (que ya suman miles de euros), detenciones e incluso cargas policiales".
"Necesitamos tu apoyo para hacer frente a estas sanciones y a los gastos jurídicos de defensa de los vecinos y vecinas", concluye la Plataforma.

¿Puede Rajoy convocar elecciones en Cataluña? /

En Cataluña hay un Parlamento legalmente constituido a principios de año pero que no funciona. El 17 de enero se constituyó la Mesa de Gobierno, con Presidente incluido, pero desde entonces no ha conseguido dar el segundo paso habitual en estos casos: elegir un Presidente de Gobierno y, a renglón seguido, designar Gobierno. Hay mayoría independentista con tres grupos parlamentarios definidos bajo ese objetivo (Juntos x Cataluña, ERC y CUP) que suman 70 escaños (34+32+4) y que incluso podrían aspirar a alguno de los parlamentarios (8) del grupo de los Comunes. 

Pero es una mayoría dividida en un asunto central: el nombre del Presidente de Gobierno, que encierra el significado de asumir y validar los acontecimientos secesionistas de septiembre y octubre que los tribunales investigan como posible delito de rebelión, sedición y malversación.

Los protagonistas (no todos) del embrollo, del llamado “procés”, cuando comparecen ante los jueces declaran que en octubre no hubo rebelión, que la declaración de una república catalana fue un acto simbólico, sin consecuencias, fruto de reuniones informales de amigos… lo cual reduce a la nada el propósito de continuidad entre el Gobierno destituido por revoltoso y el nuevo Gobierno que debería salir de las elecciones de diciembre.

Entre los 70 parlamentarios independentistas hay distintas sensibilidades, por un lado los que en los documentos “indepes” llaman “hiperventilados” (del orden de 25, agrupados en torno a las figuras de Carlos Puigdemont y Jordi Sánchez, incluidos los 4 de las CUP) y los históricos o realistas (del orden 45) que son militantes de ERC y de la antigua Convergencia que no acaba de definir su marca electoral más allá de incorporar la idea de Juntos, que es una aspiración).

Si esos dos bloques no se ponen de acuerdo no hay presidente ni gobierno, ni punto final a la intervención del 155. Y para que se pongan de acuerdo el jefe de la facción “hiperventilada”  tiene que dar un paso atrás ya que su designación efectiva como Presidente es imposible. La otra alternativa es consensuar un nombre con bajo riesgo de inhabilitación judicial que manda a la reserva a Puigdemont como éste hizo antes con Artur Mas. El problema que tiene el proceso de pactos es que carece de plazo una vez que los reglamentos vigentes dicen que para que el reloj se ponga en marcha tiene que producirse un acto de investidura.

El punto actual es que “ni contigo ni sin mi tienen los males remedio”, el laberinto tiene la salida bloqueada hasta que alguien derribe el muro, para lo cual alguno tienen que ceder. Desde fuera los letrados del Parlament pudieron haber abierto una puerta a la fijación e plazos, pero no se atrevieron. El grupo socialista con el táctico Iceta a la cabeza llama al Constitucional para que haga lo que los letrados no hicieron: habilitar plazos. Pero no parece que el Constitucional esté por la labor de resolver problemas a los políticos, en realidad los magistrados están hasta el gorro de que le trasladen problemas que no les corresponden, que les exceden.

Queda un recurso por explorar, el del presidente de facto de la Generalitat que no es otro que el señor Mariano Rajoy en tanto que el 155 siga vigente. Rajoy podría volver a disolver el Parlament, con el argumento de su incapacidad y convocar nuevas elecciones para que los ciudadanos deshagan la madeja. Argumentos no faltan aunque la legalidad puede someterse a escrutinio ¡del Constitucional! Pero cuando los políticos no son capaces de salir del laberinto tienen que intentarlo las instituciones y en última instancia los ciudadanos. Rajoy pensará: “vaya lío”, pero su trabajo de jefe de Gobierno es precisamente romper los nudos, algo que no puede el Rey pero si el Presidente.

(*) Periodista y politólogo

https://www.republica.com/la-bolsa-o-la-vida/2018/02/21/puede-rajoy-convocar-elecciones-cataluna/ 

Por qué Europa y el mundo anglosajón atacan a España y nos llaman vagos / Esteban Hernández *

El libro de Vincent R. Werner 'It is not what it is. The real (S)pain of Europe' (o más la entrevista en la que resume sus tesis) ha generado posturas contrapuestas. En ella describe vicios españoles como la falta de ética o de cultura financiera, la no asunción de responsabilidades o la actitud nada emprendedora, entre otras, y lo hace a la manera de un troll. 

El problema no es su percepción, que al fin y al cabo cada cual tiene la suya, ni tampoco el hecho de que algunos de los déficits que señala puedan ser ciertos; ni siquiera que, si nos comparásemos con Holanda, su lugar natal, quizá saldríamos ganando. 

Werner actúa como un troll porque amplifica los males de un país y los convierte en su esencia. Si convirtiésemos los tópicos de cada uno de los países occidentales en sus únicas cualidades, todos saldrían mal parados.

propiamente

Vagos y manirrotos

Sin embargo, lo que Werner afirma no es subjetivo, sino que forma parte de una visión sobre España que está mucho más arraigada de lo que parece. Hace unas semanas, 'The Times' publicó un artículo denigratorio sobre nuestro país que reflejaba una serie de tópicos instalados en Gran Bretaña, ese territorio cuyos nacionales se empeñan en venir al nuestro a practicar el 'balconing'. Pero también, y especialmente durante la época de la crisis se nos señaló en Europa como vagos y manirrotos. 

Contaba en aquel momento el periodista Hans-Günter Kellner que la idea manida de que “los españoles han vivido por encima de sus posibilidades” se había convertido en muy popular en Alemania, y que nuestra imagen allí era la de “personas divertidas, con ganas eternas de fiesta, obsesionadas con el buen vino y la comida de calidad”. 

En Holanda se tenía clara cuál era la causa de los problemas, ya que había calado la idea de que nos estaban pagando la crisis, “algo que no se acepta debido a que se cree que los españoles se pasan el día de fiesta. Los prejuicios sobre que los españoles son unos vagos siempre estuvieron ahí, pero ahora han vuelto con más fuerza que nunca”.

No ha sido la primera vez en la historia. Los prejuicios de ese norte protestante que veía el sur católico con toda clase de recelos tuvieron su continuación en épocas recientes. Como aseguraba Charles Powell, director del Instituto Elcano, figuras como Kissinger estaban ancladas en estas visiones reduccionistas.

 Cuando toda Europa Occidental estaba gobernada por democracias, salvo el sur, donde teníamos a los militares, la idea central de las personas que dirigían la política exterior estadounidense, como Kissinger, es que países tan rebeldes necesitaban de líderes que aplicasen la mano dura. Éramos poco gobernables por nuestro carácter y nuestra cultura.

Según Powell, “Nixon era peor que Kissinger, ya que a lo largo de su vida desarrolló sentimientos bastante primarios y muy xenófobos. Kissinger también los tenía, pero predominaba en él el realismo. Lo importante era la seguridad y la estabilidad, y lo demás lo dejaba en segundo plano”.

La superioridad anglosajona

Cuando estalló la crisis, esos recelos se exacerbaron. En parte porque, como señalaba Powell, “en el mundo anglosajón se mantienen todavía muchos prejuicios hacia nosotros. Hay que entender que ellos miran el mundo desde un acusado complejo de superioridad, que a veces, como en las páginas de 'The Financial Times' o 'The Economist', se disfraza de ironía, pero que sigue estando presente. 

Y la crisis ha alimentado esos prejuicios latentes acerca de que a los europeos meridionales se nos da mejor la fiesta y la siesta que el trabajo duro y constante. Eso está haciendo bastante daño a nuestra economía”.

Esa fue la tesis dominante, y es la que reproduce sin rubor Werner, quizá siguiendo los pasos de su compatriota Jeroen Dijsselbloem, quien afirmó que los problemas de los países del sur estaban causados porque nos habíamos ido de fiesta y ahora pedíamos dinero para pagar las copas y las mujeres.

El norte y el sur

Pero dejemos estas banalidades y vayamos a lo serio. En estos prejuicios aparecen dos elementos que debemos tomar muy en cuenta. Uno es genérico, y señala el desprecio clasista que los favorecidos tienen con quienes no lo son. El discurso dominante sobre la zona euro es que los países del norte son más productivos y están mejor preparados para un escenario global, mientras los del sur no somos más que un montón de patanes aquejados por problemas endémicos que nos obligan a convertirnos en un país de sol y copas.

Dado que somos perezosos y amantes de la buena vida, es imposible que sepamos ponernos a la altura de los tiempos. No tiene nada que ver con que la mayoría de nuestros recursos vayan a parar al pago de una deuda que se contrajo para devolver a los acreedores (bancos alemanes entre ellos) las cantidades que irresponsablemente habían prestado a las cajas, y que eso nos deje sin recursos para muchas cosas, como la inversión en i d i. 

Tampoco con que las políticas del Banco Central Europeo hayan favorecido a las economías del norte en lugar de a las del sur, esas que provocan que actores políticos afirmen que los países del norte viven bien precisamente porque aquí vivimos mal. Pero no, todo está provocado por nuestra escasa capacidad de adaptación y nuestra nula disposición. En fin, dibujar a quienes pierden como causantes de sus propios problemas es típico de esta época, y España entra dentro del paquete de perdedores.

Inversores contra Europa

En segundo lugar es preocupante que esta mentalidad haya arraigado también en los entornos financieros, aquellos que cuentan con el poder de incidir de manera radical en la vida económica de un país. Hay muchos grandes inversores que piensan aún que el euro es bastante débil, que su punto flaco es el sur, y por eso ponen el dedo en la llaga. 

El último ha sido Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, uno de los mayores 'hedge funds' del mundo. Ha apostado más de 6.300 millones de euros en posiciones cortas en la bolsa alemana, lo que se añade a los 3.000 millones que había invertido contra las principales empresas italianas y los 1.500 millones contra Santander, BBVA, Telefónica e Iberdrola, además de diferentes cortos contra empresas francesas.

Los dados que ha arrojado Dalio pueden perjudicarle, pero es uno más de los financieros que tienen claro que el euro va a sufrir y que el sur es el punto más débil. Si Italia cae, lo hará el conjunto, y por eso mete ahí su dinero. Podemos encontrar muchas causas que justifiquen esas posiciones, casi tantas como para no hacerlo, pero no hay que olvidar que estos prejuicios también tienen un papel en las inversiones, y que políticamente hay interesados en que la UE entre en dificultades. 

O por decirlo, de otra manera: en este contexto, muchas de estas ideas sobre el carácter de los españoles, italianos, griegos y portugueses son interesadas. Quizá deberíamos pensarlo dos veces antes de darles pábulo.

(*) Periodista y abogado

https://blogs.elconfidencial.com/amp/alma-corazon-vida/tribuna/2018-02-21/europa-eeuu-atacan-espana-vagos-irresponsables_1525003/

El Rey regresa a Catalunya / José Antonio Zarzalejos *

Existe la creencia, falsa, de que Catalunya ha sido, además de republicana, especialmente hostil a los Borbones. No hace falta remitirse a la Guerra de Sucesión para constatar que tanto en el bando de Felipe V como en el de los austracistas había catalanes de pro. 

Borja García Nieto escribió en enero de 2012 –era entonces presidente del Círculo Ecuestre- un excelente artículo que tituló '1714, ¿buenos y malos catalanes?' ('La Vanguardia') en el que aseveraba que "esta distinción entre buenos y malos catalanes la arrastramos desde el siglo XVIII. No puedo aceptar –escribía- que mi abuelo Pinós fuese más o menos catalán que mi abuelo Alós. 

A lo largo de los siglos, los catalanes hemos abrazado causas opuestas según nuestra propia historia y nuestra concepción del modelo social (…) Catalunya ni ganó ni perdió las guerras. Los catalanes las ganamos o perdimos estando en un lado y en otro”. Catalunya no fue de don Carlos y estuvo contra el Borbón francés. Hubo de todo como en botica y nadie puede tomar el nombre de la comunidad para encadenarla a una causa global y unánime.

Vaya el preámbulo anterior para desmentir que el Rey Felipe VI- como su padre- no disponga en Catalunya de adhesión y de respeto. El mismo que ambos han mostrado al Principado y en particular el actual Jefe del Estado que este domingo próximo estará de nuevo en Barcelona en la cena de bienvenida al Mobile World Congress que se inaugurará con su presencia el lunes. Este es un evento de dimensión occidental. El rey apoya que Barcelona siga siendo su sede, como lo hace el Gobierno y la opinión pública sensata del conjunto de España, entre otras razones porque el MWC no tiene alternativa a la Ciudad Condal en España. Si pierde Barcelona, perdemos todos.

El monarca regresa después de seis meses de ausencia. El 26 de agosto del pasado año Felipe VI acudió –cosa inédita en un Jefe de Estado- a la manifestación que se celebró en Barcelona contra los atentados terroristas de La Rambla y Cambrils del 17 y 18 de agosto anterior. El Rey fue emboscado y tratado indignamente por el independentismo. Se trató de una encerrona que, además, desposeyó a la manifestación de su significación. Política y éticamente se produjeron comportamientos miserables. 

La vuelta del Rey a la Ciudad Condal se produce también tras su intervención el día 3 de octubre de 2017 en la que llamó a los poderes del Estado a restablecer el orden constitucional. En Catalunya mayoritariamente no gustó la severa admonición del Rey que no hizo –como algunos hubiesen deseado- ningún guiño a la concordia o la negociación y el diálogo. Una omisión que respondió a razones de Estado de gran alcance que se explicarán con una cierta perspectiva histórica.

Las posiciones respecto del discurso de Felipe VI, podrían representarlas Fernando Savater –una voz con más fuerza cada día en la intelectualidad española y muy presente en los medios- e Ignasi Guardans Cambó, un catalán sin veleidades secesionistas pero que ha apostado por la tercera vía. 

Para el filósofo donostiarra ('Contra el separatismo', Editorial Ariel, 2017), el Rey acertó plenamente al no pronunciar la palabra diálogo. El nieto de Cambó pedía el pasado día 10 de febrero en el diario 'El País' que el Rey "nos lo ponga más fácil". Se refería a que el Jefe del Estado tratase de ser empático incluso para los más renuentes para mejor explicar España. 

Aunque Guardans hacía una referencia general, latía en su texto la impresión –negativa- que en Catalunya dejó el discurso del 3 de octubre pasado, por completo opuesta al criterio favorable de la inmensa mayoría de los españoles de fuera de la comunidad, que lo celebraron. Felipe VI, por eso, no encontrará un clima en exceso acogedor. Hace sólo unos días su Casa no ha podido reservar el auditorio municipal de Gerona para entregar en junio los premios que llevan el título principesco de la ciudad, atribuido a la heredera de la Corona. Renuencia. Hostilidad.

En el muy reciente libro '¿Seré yo español?' (Editorial Península) que recoge 110 artículos de Agustí Calvet, Gaziel, publicados en el diario madrileño 'El Sol' entre 1925 y 1930, tres están dedicados a los Reyes en Catalunya. En el tercero relata los últimos días de la visita en 1860 de la Reina Isabel II, acompañada del príncipe de Asturias, luego Alfonso XII. 

Gaziel cuenta, basándose en documentos de la época, cómo fue el poeta Antonio de Bofarull el que pidió a la Reina (páginas 113 y 114) que su hijo llevase el título, además de príncipe de Asturias, el de Gerona, porque Isabel II ceñía, recordó Bofarull, dos Coronas: la de Castilla y la de Aragón. Desde entonces el heredero/a es príncipe de Asturias y de Gerona porque los catalanes en el siglo XIX así lo pidieron expresamente.

Que ahora se regatee a la Fundación Princesa de Girona un local en la ciudad para entregar sus premios anuales y que algunas personalidades se hayan retirado del patronato ilustra hasta qué punto de desquiciamiento han llegado las cosas. 

Felipe VI, sin embargo, persiste en su función institucional –ha visitado 26 veces Catalunya desde su proclamación- y no existe la más mínima voluntad de disminuir su presencia en el desenvolvimiento de la vida social, cultural, económica y política del Principado. Lo hace por responsabilidad y por afecto. Un mensaje que se reitera, aún en los peores momentos, por los portavoces de su Casa. Y que el propio Rey manifiesta privadamente y de forma constante.

 (*) Periodista


https://www.elperiodico.com/es/amp/noticias/politica/rey-regresa-catalunya-6638433