Así es el F-35B, el avión de combate que quiere la Armada española

 

MADRID.- Esta misma semana, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, abordaba los retos actuales y futuros de la Marina española, entre los que destacaba las futuras fragatas F-110, el nuevo submarino S-80, que esperan recibir a partir de 2021, o la renovación de su Ala Embarcada, se escribe en La Razón.

Respecto de ésta última, en lo que se refiere al Ala Rotatoria (helicópteros), la preocupación está en las «viejas» once unidades operativas del SH-3D, pues a partir de este año «seríamos los únicos que los tendríamos». A la espera de la versión navalizada de los NH-90, seguirán sustituyéndolos temporalmente por otros SH-60F de segunda mano.

En lo que respecta al Ala Fija, el AJEMA fue claro al señalar que «la única alternativa» para sustituir a los Harrier es el F-35B estadounidense, a pesar de su elevado precio. Y es que, es el único que puede embarcar en el buque «Juan Carlos I», concebido pensando en estos aviones. 

«Si Defensa quiere contar con esta capacidad, la tendrá. Y si no, pues no la tendrá», ha sentenciado. Eso sí, dejó claro que no es una prioridad principal para la Armada a pesar de estar incluida en ese nuevo ciclo inversor, pues los «Harrier» tienen garantizada la vida hasta 2025, pudiendo extenderse incluso hasta 2030. Con todo ello, la Armada confía en que con el nuevo ciclo inversor “salgan adelante” todos sus programas.

Pero, cómo ¿es este avión de combate polivalente que presta sus servicios en algunos de los principales ejércitos occidentales, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Noruega o Italia?

El F-35, fabricado por Lockheed Martin, es una aeronave de quinta generación, monoplaza y con capacidad furtiva, desarrollado bajo el programa Joint Strike Fighter para reemplazar al F-16, A-10, F/A-18 y al AV-8B en misiones de ataque a tierra, reconocimiento y defensa aérea. Fue diseñado en tres versiones distintas: el F-35A para despegue y aterrizaje convencional (CTOL), el F-35B capaz de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales, que es el que necesita la Armada española para su buque “Juan Carlos I”, y el F-35C que es una variante naval capaz de operar en portaaviones.​

Este avión es el descendiente del X-35 presentado por Lockheed-Martin en el programa Joint Strike Fighter (JSF), en el que compitió contra el X-32 propuesto por Boeing. El 24 de octubre de 2001 el prototipo X-35 fue anunciado como vencedor del concurso, que traía aparejado un contrato de 200.000 millones de dólares para fabricar el nuevo avión.

En la financiación del programa colaboran, además de los Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Australia, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Turquía, que aportaron fondos adicionales, razón por la cual a España le costaría más cara su compra, al incorporarse a un proyecto en el que no ha participado desde el inicio.​ Además, también los han adquirido Israel, Japón y Corea del Sur.

En su diseño y fabricación han colaborado un grupo de empresas aeroespaciales liderado por Lockheed Martin, con BAE Systems y Northrop Grumman como socios principales. El F-35 realizó su primer vuelo el 15 de diciembre de 2006.​

En lo que se refiere al modelo concreto que quiere la Armada, el F-35B STOVL, actualmente presta servicio en la Marina de Estados Unidos y en la de Reino Unido, teniendo sus bases en las bases aéreas de Yuma (Arizona) y Beaufort (Carlonia del Sur), en el caso estadounidense. La Fuerza Aérea italiana también ha incorporado algunos de estos aparatos.

El F-35 es un caza de peso medio y monomotor, similar a una versión más pequeña, más convencional y con un solo motor, del Lockheed Martin F-22 Raptor pesado y bimotor, y de hecho ambos modelos comparten muchos elementos comunes.

La versión STOVL F-35B está diseñada para reemplazar a la segunda generación del Harrier, que fue el primer avión operacional de aterrizaje vertical y despegue corto, cuya participación en la Guerra de las Malvinas en 1982 demostró su efectividad en las operaciones de guerra desde portaaviones ligeros.

La RAF y la Armada Británica utilizarán este avión para reemplazar a los Harrier GR9 en sus portaaviones, mientras que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos usará los F-35B para sustituir a los AV-8B Harrier II y a los F/A-18 Hornet.

El F-35B es similar en tamaño al F-35A de la Fuerza Aérea estadounidense, pero carece del cañón automático, que es opcional y debe ser transportado externamente en un contenedor bajo el fuselaje, ya que su lugar tras la cabina del piloto está ocupado en el F-35B por el impulsor vertical, innovación que fue uno de los factores decisivos en la selección del diseño ganador del programa JSF.

Para el despegue/aterrizaje vertical el F-35B utiliza un sistema distinto a las toberas giratorias del motor Pegasus de los Harrier. Consiste en una turbina, patentada por Lockheed Martin, desarrollada por Rolls-Royce y muy similar al sistema empleado en el Yakovlev Yak-141, en el que un turbopropulsor incrustado verticalmente en el centro del fuselaje proyecta su chorro de propulsión hacia abajo por medio de dos toberas situadas a cada lado del fuselaje, al mismo tiempo que se abren una pequeñas compuertas en la parte superior del avión para dejar pasar el aire al motor. Este sistema se complementa con la tobera del motor principal, de empuje vectorial y situada en la cola del avión.

La planta motriz del F-35B actúa como un multiplicador del flujo, de manera similar a un turbofán y consiguiendo el mismo efecto que la turbina principal del anterior caza Harrier. Sin embargo todo este mecanismo adicional es un peso muerto durante el vuelo normal del avión y reduce la capacidad de carga de armas y combustible del avión, así como limita su capacidad de ejecutar maniobras de altas G.

Durante el diseño, se utilizaron dos estructuras para realizar las pruebas de esta versión: el Lockheed X-35A (que más tarde sería convertido en el X-35B) y el X-35C, de mayor envergadura. 55​ Una de las primeras demostraciones de la capacidad del X-35 fue durante las pruebas de vuelo para la calificación en el programa JSF, en LAS que el X-35B despegó tras una carrera de menos de 150 metros, alcanzó velocidad supersónica y aterrizó verticalmente. Un logro que el modelo de Boeing no pudo igualar.​

El F-35B realizó su primer vuelo el 25 de febrero de 2009 y el 3 de octubre de 2011 comenzó sus pruebas iniciales de toma vertical sobre la cubierta del buque de asalto anfibio, de tipo LHD, USS Wasp.57​58​

Sin embargo, el avión, a pesar de sus características, ha recibido numerosas críticas, entre otras cosas por su elevado coste, ya que los costes del proyecto se dispararon. De hecho, Donald Trump amenazó con suspender el programa por el precio y sustituir los F-35 por la versión modernizada del F-18, aunque finalmente siguió adelante y se mantiene su fabricación.

De hecho, uno de los mayores inconvenientes de este avión, al menos para España, es su elevado precio, pues cada unidad costaría entre 90 y 130 millones de euros, sin contar el motor, y la Armada no compraría más de una docena de aparatos. Por este motivo, el Ejército del Aire estudia si se une a la compra y lo incorpora también a su flota, con el objetivo fundamental de sustituir a los F-18.

Características

Tripulación: 1 piloto

Longitud: 15,67 m

Envergadura: 10,7 m

Altura: 4,33 m

Superficie alar: 42,7 m²

Peso vacío: 13 300 kg

Peso cargado: 22 470 kg

Peso máximo al despegue: 31 800 kg

Planta motriz: 1× turbofán con postquemador Pratt & Whitney F135.

Empuje normal: 28 000 lbf (125 kN) de empuje.

Capacidad interna de combustible: 8.382 kg

Rendimiento

Velocidad máxima operativa (Vno): 2 205 km/h (1 370 MPH; 1 191 kt) (Mach 1,8)

Autonomía: 2 220 con combustible interno

Techo de vuelo: 18 288 m (60 000 ft)85​

Empuje/peso: 0,87

Límite de fuerzas soportadas: 9 G

Armamento

Cañones: 1× cañón rotativo de 4 cañones General Dynamics GAU-22/A Equalizer de calibre 25 mm, montado internamente con 180 proyectiles

Puntos de anclaje: 6 pilones subalares con capacidad para 6.800 kg y 2 bodegas internas con cuatro pilones cada una con una capacidad total de 8.100 kg para cargar una combinación de bombas de propósito general: Mark 82, Mark 83 y Mark 84; bombas de racimo: Mk 20 Rockeye II, con capacidad de guiado WCMD; bombas guiadas por láser de la serie Paveway; bombas guiadas por satélite de la serie JDAM; GBU-39 Small Diameter Bomb; bomba nuclear B61

Misiles aire-aire:

De corto alcance: AIM-132 ASRAAM, AIM-9X Sidewinder e IRIS-T

De medio/largo alcance: AIM-120 AMRAAM, MBDA Meteor (pendiente de ser integrado) y el futuro JDRADM (a partir de 2020)

Misiles aire-superficie:

Misiles de crucero: AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM y SOM (Turquía)

Misiles antitanque: Brimstone

Misil antibuque JSM

Los afectados por las cuotas recurren la sentencia de la CAM en el Supremo

ALICANTE.- Esta misma semana, antes de que expire el plazo establecido, la Plataforma de Afectados de la CAM ha interpuesto un recurso de casación en el Tribunal Supremo ante la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó el pasado mes de octubre a los directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como los ejecutivos Teófilo Sogorb y Francisco Martínez por falseamiento de cuentas, según adelanta hoy El Mundo. 

López Abad y Amorós fueron condenados a tres años de prisión; Martínez a dos años y nueves meses de cárcel; y Sogorb a cuatros años. Ahora, los afectados de las cuotas participativas quieren que se les indemnice ya que se sienten perjudicados de los delitos societarios por los que han sido condenados todos ellos, pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional no observa que exista responsabilidad civil alguna en las actuaciones de los directivos, evitándoles así el pago de posibles indemnizaciones.

Muy al contrario, la Plataforma que representan Diego de Ramón y Carlos Pena asegura en un extenso estudio jurídico que pueden acogerse a la figura legal del «tercero perjudicado». 

 En este sentido consideran que son perjudicados de los delitos cometidos por los responsables de la caja, independientemente de en que momento se falsearon las cuentas, simplemente por el hecho de que les afectó esa falsedad en sus inversiones. 

«Si como consecuencia de dichos delitos de falseamiento de cuentas y administración desleal se derivan perjuicios directos a los adquirientes de cuotas participativas y otros productos financieros como Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada que hubieran adquirido con anterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas», esgrimen, «la respuesta no puede ser otra que sí, puesto que dada la configuración del tipo del artículo 290 del Código Penal, son igualmente sujetos pasivos del delito los adquirentes de productos financieros adquiridos con anterioridad a la publicidad de las cuentas falsificadas».

De hecho, la Plataforma de Afectados fueron los denunciantes originales allá por octubre de 2011 de los desmanes que se habían cometido en la caja de ahorros alicantina. No obstante, aseguran, «las presiones políticas obligaron a que se separase la causa en una principal de la que nos sacaron, la de la sentencia, y en otra subordinada relativa a las cuotas participativas, que se ha archivado en cuatro ocasiones», señala Pena.

Por eso, entendiendo que si la sentencia atribuye a un delito societario, debe ser la aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Caser) la que se haga cargo de indemnizar a los afectados por las cuotas. 

Y es que para ello sólo tienen que demostrar que poseen un contrato jurídico con la entidad -que son las propias cuotas- y el perjuicio de haber sido víctimas del delito societario que sí resultó probado en el juicio que dio lugar a la sentencia condenatoria de López Abad, Amorós, Martínez y Sogorb. 

Entre otras cosas, porque muchos de ellos no vendieron sus cuotas precisamente porque los dirigentes de la caja les estaban engañando sobre la solvencia de una entidad financiera cuyo rescate ha terminado por costar cerca de los 11.000 millones de euros. 

«Considerando los hechos probados como constitutivos de un delito del art. 282 bis del CP sobre la estafa de inversores, se ha verificado que como consecuencia de la publicidad de las cuentas anuales declaradas falsas se han realizado inversiones en productos financieros de las CAM con el correspondiente perjuicio económico de forma efectiva a los adquirentes de cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de la CAM que realizaron su inversión tanto con anterioridad como con posterioridad a la publicación de las cuentas declaradas falsas, por lo que procede en consecuencia el reconocimiento de las responsabilidades civiles derivadas del delito», sostienen.

A lo que añaden en su recurso que no tiene que ver el plazo temporal de las cuentas falsificadas: «La inclusión dentro del ámbito objetivo a los adquirentes de productos financieros con anterioridad a la falsificación de las cuentas de los años 2010 y 2011, ni modifica sustancialmente los hechos ni cambia su calificación jurídica, puesto que los hechos son los mismos y la calificación jurídica sigue siendo la inicialmente propuesta: art. 290 CP». 

Y concluyen: «Lo trascendente es que el art. 290 CP prevé como sujetos pasivos a personas que no necesariamente tienen por qué haber comenzado su relación con la entidad después de elaborarse las falsedades: ello es evidente en el caso de los socios, y por lo tanto la misma interpretación ha de mantenerse en relación con los terceros».

El vídeo de De Guindos en IFA, en los juzgados

Venta masiva de cuotas. La Plataforma de Afectados de la CAM va a presentar en los juzgados los vídeos publicados por El Mundo en los que el entonces presidente de Lehman Brothers Europa (hoy ministro de Economía) Luis de Guindos, como asesor de la caja animó a más de 1.000 directores comerciales de la CAM a vender masivamente las cuotas a todos los clientes sin importar el nivel de conocimiento sobre productos financieros que tuviesen.

La confusión de Ballesta / Ángel Montiel *

La novela Los audios de Roque tiene un final cantado: dimisión del protagonista. Ésta puede ser voluntaria o forzada. La variable sólo está en el adjetivo. Si es voluntaria, el PP atenuará daños; si es forzada, asistiremos de nuevo a un replay del caso PAS.

Repasemos lo aprendido. Ciudadanos, el partido bisagra, exige la dimisión del presidente del Gobierno popular, sin mayoría absoluta. Éste se niega a dimitir. Mientras tanto, el PSOE presenta unilateralmente una moción de censura. El PP cree que no será apoyada por Ciudadanos y, por tanto, resiste. Pero veinticuatro horas antes de la votación llega el mensaje fatídico de los de Rivera: dimisión o apoyo a la moción. El dilema es: ¿quiere perder el PP el Gobierno para defender a su presidente, que igualmente caerá, o prefiere aparcar al presidente para mantener el Gobierno? La respuesta es obvia: dimisión, y a seguir.

El caso Roque Ortiz es un calco. Ciudadanos pide la dimisión del concejal de lenguaje desenvuelto. Éste se atrinchera en el cargo, su alcalde lo apoya, y ambos esperan a que pase la marea. Por si pasara. Pero el PSOE, segundo partido más votado en la capital, anuncia una moción de censura. Otra vez la misma situación. Si Ciudadanos la apoya, adiós al PP, en el sobreentendido de que los grupos de IU y Podemos (Cambiemos y Ahora) no pondrán pegas al objetivo clave declarado: sacar a los populares del gobierno. 

¿Perderá el PP el ayuntamiento de Murcia antes que destituir al concejal de Fomento o prescindirá de éste para seguir en el poder? El antecedente de PAS nos anuncia la resolución del presente caso.

Ahora bien, en las actuales circunstancias, la posición de Ciudadanos es todavía más sofisticada. Y esto porque si declararan públicamente que apoyarán la moción socialista, el asunto quedaría resuelto mañana mismo. Así que esa carta no la sueltan de manera explícita, salvo como versión extraoficial. La oficial es, para que nos entendamos: «Roque Ortiz debe dimitir; si no lo hace, tomaremos las decisiones que consideremos oportunas». Sin concretar qué decisiones serían.

De este modo, todavía transmiten al PP la posibilidad de que no activen ´la decisión final´. Si el alcalde, José Ballesta, sigue concibiendo la esperanza de que la marea descenderá, el asunto se seguirá cociendo en el interior del propio PP, y las grietas que han aparecido en la relación entre San Esteban y La Glorieta crecerán de tamaño. 

A Ciudadanos le interesa que el PP cruja. Pero en último término, registrada la moción de censura socialista, quedará claro que las ´decisiones oportunas´ a que alude Ciudadanos consistirán en apoyarla si quince minutos antes no dimite Roque Ortiz. Porque no hay otras ´decisiones oportunas´ que contengan un mecanismo más expeditivo.

A fuego lento
Ciudadanos dispone de una situación privilegiada en este asunto. Y es legítimo que la aproveche. Sólo le basta emitir un mensaje: «Roque Ortiz, dimisión». A partir de ahí, espera a ver qué hace el PP... y el PSOE. Ni siquiera ha puesto plazo a esa petición de dimisión. Cuanto más tarde en producirse, mejor para sus intereses, pues las consecuencias del caso, una vez que el concejal de Fomento no asumió sus responsabilidades desde el primer momento, han sido:

1. La difusión pública del reconocimiento interno de un funcionamiento clientelista en que se asienta el poder de los populares, expresado sin encontrar reproche o matiz en el alcalde de Murcia, Ballesta, ni en el coordinador general del PP, Miralles, oyentes impertérritos de la singular arenga de Roque Ortiz a los pedáneos murcianos.

2. Poner en evidencia que el alcalde, José Ballesta, ha reaccionado como cualquier político convencional del PP, decidido a defender contra viento y marea y sin un argumentario sensato, por lo demás imposible de elaborar, a su concejal de mayor confianza, amigo y colaborador a lo largo de su trayectoria pública. 

Ballesta ha quedado marcado por este gesto. Por tanto, en su cartera de méritos hay ya valores básicos que descontar: la lealtad política interna se impone a la lógica política pública. El cambio sustantivo que parecía suponer Ballesta ha quedado en suspenso en un epígrafe fundamental.

3. Tensar las relaciones entre la dirección regional del PP y el gobierno municipal de Murcia con declaraciones cruzadas en las que el portavoz del partido, Víctor Martínez, señala la puerta de salida al concejal, a lo que el alcalde opone la ´independencia´ del grupo municipal para negarse a acatar esa sugerencia. 

Ni en los tiempos de Valcárcel y Cámara, que eran el perro y el gato que conviven en el mismo apartamento, se había reproducido una indisciplina de tal naturaleza entre los dos centros básicos de poder, Roma y Bizancio. La paradoja es que Ballesta, que no pertenece a la ´vieja guardia´ que acosa al presidente López Miras, se ha revelado involuntariamente como un bastión que mina la autoridad del nuevo aparato del partido.

Ante este panorama, ¿qué prisa puede tener la oposición en sacar de La Glorieta a Roque Ortiz? Ninguna. El PP se castiga a sí mismo, enseña sus costuras, publicita sus miserias, exhibe sus contradicciones y quema en su propia hoguera a quienes se constituyen como sus referencias políticas más sólidas. 

En el caso de Ballesta, con su propia contribución voluntaria, pues si fuera, como se sobreentendía, un político de vista larga, habría percibido desde el primer instante que su concejal de Fomento es un cadáver político y que mantenerlo en el puesto es un esfuerzo infantil, pues hasta que caiga traerá sufrimiento para su función de alcalde y para su partido, y anula toda perspectiva de renovación en modos y maneras en un espacio, el ayuntamiento de Murcia, que en esa cuestión, hasta ahora, parecía estar a cubierto después de la larga noche de Cámara y sus mariachis. 

Dar por liquidado el ´error de Roque´ con una petición de disculpas de éste por sus palabras es una ironía, pues en el discurso que hizo ante los pedáneos no hubo exabruptos, insultos o calentones (nada que respondiera a su ´carácter volcánico´) sino una desprejuiciada, razonada y meditada exposición que respondía a una mentalidad incompatible con el desempeño público, de tal manera que, incluso admitiendo el ´error´ de haberla emitido debiera provocar vergüenza en el propio protagonista, un hombre inteligente y culto que seguro ha leído algunos libros de Historia en que se relatan las consecuencias del paternalismo y del servilismo políticos.

Roque Ortiz, para decirlo todo, es un profesional muy bien preparado y un experimentado gestor, pero la política no es lo suyo, según ya constaba desde antes del último caso por su trayectoria anterior, que contiene algún episodio chungo en el que no es preciso insistir. Su propia solvencia personal le ha conducido a actitudes de prepotencia y de desprecio de unas normas elementales, escritas y no escritas, que ni una continuidad forzada podrían ocultar. 

Él mismo lo admite implícitamente cuando alude a su inadaptación a la ´nueva política´, y lo peor es que de casi todas las frases de las declaraciones posteriores a la difusión de su audio ante la asamblea de pedáneos se deduce su desconcierto e irritabilidad. Su enunciación bíblica acerca de que «quien esté libre de pecado que tire la primera piedra» es una confesión en aparente modo de disculpa.

Pero aun así, y precisamente por su desentendimiento de siempre acerca de la cortesía en el juego político, Ortiz tiene a estas alturas menos responsabilidad que el propio Ballesta, pues éste no ha sido capaz de leer la trascendencia del caso y ha preferido dilatarlo inútilmente con el resultado previsible de que sólo conllevará desgaste para su figura política. 

En ese contexto, el de Fomento tal vez debiera despertar, despejar a los moscones bienpagados que lo adulan y salir de su burbuja para compensar a su amigo Ballesta con un gesto imprescindible con que aliviar la posición política en que lo ha situado. Esto significaría largarse cuanto antes. «Cualquier día es bueno para dimitir», ha dicho. ¿Qué tal el lunes, ya que el domingo hay que respetar el descanso del Señor?

Un final anunciado
A todo esto, hay un escenario que no se debe descartar. ¿Y si Ballesta decidiera dimitir junto a su concejal? Podría ocurrir si mantuviera hasta el final su concepción de que el Grupo Municipal del PP es ´independiente´ de la dirección regional de su partido. Si el alcalde se sintiera airado por observar una presión a su voluntad que no procediera de la oposición sino desde San Esteban (sede del Gobierno) y de González Adalid (del partido) podría tomar el camino de enmedio. Vale, parece impensable, y las consecuencias serían tremebundas (incluidas las que afectarían a la imagen del propio Ballesta) pero conviene apuntar todas las posibilidades.

El PP de Rajoy ha anunciado, tras el varapalo que Ciudadanos le ha endilgado en Cataluña y la extensión a las encuestas de un posible ´sorpasso´ nacional, una campaña para contrarrestar al partido de Rivera. La imagen de ´colaboradores necesarios´ empieza a saltar por los aires una vez que compiten a codazos. En esta tesitura, Ciudadanos no va a facilitar las cosas al PP, y menos en el municipio de Murcia, donde el único acuerdo político relevante que han mantenido ambos partidos fue el de la investidura del alcalde Ballesta a cambio de nada y donde los populares han avanzado en la gobernabilidad mediante pactos presupuestarios con el PSOE, aunque el último esté, también a consecuencia del mitin de Roque, en el aire.

La resistencia de Ballesta a hacer lo que tiene que hacer (o, desde otra perspectiva, la de Roque Ortiz a facilitar las cosas a su alcalde) es lo mejor que le podría estar ocurriendo a Ciudadanos, que tiene la sartén por el mango y está dispuesto a ponerla al fuego para hacer el huevo frito, pero se toma paciencia para que antes de tener que recurrir a esto, el huevo del PP se cueza a fuego lento. En el PP conocen muy bien el propósito de Ciudadanos, que les ha sido comunicado informalmente como advertencia. 

Pero los de Rivera no tienen prisa en hacer oficial el lema que recitaba ayer la portada de este periódico («La cabeza de Roque o la moción de censura»), pues creen que facilitaría las cosas al PP regional ante Ballesta, y aspiran a que, en la secreta esperanza de que la moción de censura no prospere, el alcalde todavía se desgaste más, tanto en su imagen de gestor político ´diferente´ como en sus relaciones internas de partido, que tienen la derivada de poner en cuestión la autoridad política del equipo de López Miras.

Ciudadanos tiene escrito el final, pero aspira a que, aparte de la dimisión de Roque, el trayecto hacia él traiga todavía más ruina al PP. Se lo ponen fácil.

María González ¿la candidata de Diego Conesa para la alcaldía de Murcia?

La portavoz socialista en el ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, ha anunciado el inicio de contactos con el resto de grupos de la oposición para presentar una moción de censura contra el alcalde, José Ballesta, por la negativa de éste a destituir al concejal de Fomento, Roque Ortiz. Si esa moción prosperara, Hernández sería alcaldesa durante el año y medio que resta de mandato. Y la pondría en la rampa de salida para liderar la candidatura de su partido a las próximas municipales. 

Esto, curiosamente, podría trastocar las previsiones que en algunos mentideros se adjudican al líder regional del PSOE, Diego Conesa, quien tendría unos planes mucho más atrevidos para 2019. El proyecto surge del campo de la rumorología, y no ha podido ser contrastado, pero es tan compacto que merece la pena detallarlo. 

Se sugiere que Conesa podría mandatar a su principal competidora en las pasadas elecciones primarias para la secretaría general, María González Veracruz, para que optara a la alcaldía de Murcia. La actual diputada nacional tendría que obtener la plaza a través de primarias, pero no sería difícil que las ganara a la vista de que en las celebradas para liderar al PSOE en la Región ganó con creces en las agrupaciones de la capital. Con esta operación, Conesa imitaría en cierto modo a Pablo Iglesias, que destinó a Íñigo Errejón a la candidatura a la Comunidad de Madrid tras el congreso de Podemos de Vistalegre II en que ambos compitieron. 

Este modelo añadiría ventajas políticas para el propio Conesa. En primer lugar, daría la campanada con una candidata de buen perfil, en perfecto estado de revista, cuyo otro destino sería quedar al margen de la política. Además, ofrecería una imagen de integración, y sumaría a su propia candidatura a la presidencia de la Comunidad a la mitad del partido que no lo apoyó en las primarias regionales. Eliminaría así reparos a su liderazgo, compartiría riesgos en las urnas con sus adversarios internos y daría lustre a la opción municipal capitalina con una candidata experimentada y popular.

Trabajando sin cobrar a la espera de que la Justicia condenara al Ayuntamiento

Una primera sentencia de lo laboral restituye sus derechos a una de las trabajadoras del Museo Ramón Gaya, de Murcia, y se supone que es el antecedente de las que vienen detrás, que afectan al conjunto de los empleados del patronato con que se gestiona ese centro. Más de un año acudiendo al trabajo, día a día, y sin cobrar ha sido, todavía es, el calvario de estas personas que todos los usuarios de esa casa reconocen como excelentes profesionales. 

No han sido los políticos quienes han resuelto el caso, sino los tribunales, y esto supone indemnizaciones por el tiempo trabajado, actualizaciones de la condición laboral respectiva, funcionarización y dotación de sueldos estimables. Todo de plena justicia. Pero los políticos han estado ausentes de la solución, desde el sobreentendido de que paga el contribuyente. Que esta sea otra herencia más de la etapa Cámara no exime de responsabilidad a quienes han permitido este estado de cosas verdaderamente escandaloso.

(*) Columnista


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/01/21/confusion-ballesta/891698.html

Por ética y por estética / Alberto Aguirre de Cárcer *

(...) Muchos políticos olvidaron, olvidan, que, además de gestionar, legislar y velar por el cumplimiento de la ley, una parte esencial de su labor como representantes y servidores públicos es proyectar valores y erradicar comportamientos incompatibles con una sociedad más justa y democrática. 

Y, entonces como ahora, forma parte de las obligaciones de los periodistas, en cuanto depositarios del derecho a la información de los ciudadanos, desvelar e informar de esas conductas reprobables, delictivas o no, cualquiera que sea el coste para su persona o su medio de comunicación y sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia de nadie. 

Sin embargo, los abogados de la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, declararon a las puertas del Tribunal Supremo que los medios de comunicación deberían pedirle perdón mientras ella declaraba por cinco presuntos delitos de corrupción apuntados por el juez Velasco, dos fiscales de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil ¿Perdón? ¿Por qué?

Hace unos años, en una de las dos únicas conversaciones privadas que recuerdo con la entonces alcaldesa, Barreiro me apuntó que no había nada irregular o ilegal en las acusaciones basadas en las relaciones del Ayuntamiento con su antecesor, el exalcalde socialista José Antonio Alonso. Le respondí que no me correspondía a mí valorar si era legal o no, pero que en mi opinión era muy cuestionable que quien fue primer edil municipal representara a empresas que llegaban a acuerdos económicos con el Ayuntamiento. Por ética y por estética. 

Sería inconcebible, le dije, que una situación similar se diera, por ejemplo, en Madrid, y que era mi obligación informar con rigor de todos los asuntos de interés público en su municipio, fueran favorables o no para sus protagonistas. 

Luego explotó el largo proceso de instrucción del ‘caso Novo Carthago’, que volvió a situarla en el primer plano de la actualidad. 

La última vez que la vi, en un acto público solo unas semanas antes de la ‘operación Púnica’ y antes de que se archivara su implicación en ‘Novo Carthago’, mantuvimos una conversación (irreproducible) ante la mirada entre atónita y temblorosa de un bragado exconsejero del Gobierno regional. Solo ella sabía allí que había llegado a un acuerdo con la trama ‘Púnica’, como reconoció ante el Supremo, para limpiar su imagen en internet de cara a las elecciones, enterrando en las profundidades del buscador de Google todas aquellas noticias que le fueran desfavorables.

 (Antes de la explosión digital, otros relevantes alcaldes, hoy caídos en desgracia, optaban por retirar las suscripciones de los centros de mayores o incluso por comprar todos los ejemplares impresos cuando llegaban a los quioscos para tapar sus vergüenzas).

Barreiro se quedó sorprendida cuando dos meses después de ese último encuentro la invité a un foro de Vocento en Valladolid para hablar del espectacular trabajo de recuperación del patrimonio histórico de Cartagena, un éxito en el que ella tuvo mucho que ver. Supongo que muchos políticos en apuros siempre ven inquinas personales o al menos así lo justifican ante los suyos, cuando se encuentran en apuros por sus propios líos. 

Es el Tribunal Supremo quien debe decidir si en su actuación ha existido ilegalidad y si merece algún tipo de reproche penal. Lo que resulta el colmo del cinismo es reclamar que se le pida perdón tras haber declarado ante la juez que efectivamente contactó con la trama ‘Púnica’ para tratar de mejorar su reputación, manipulando la opinión pública con algoritmos informáticos en la Red y una red fantasma de diarios digitales que difundían propaganda en su favor. 

A efectos legales tiene mucha relevancia si ese contrato lo iba a pagar el PP o se sufragaría con dinero público de la Consejería o del Ayuntamiento, pero desde el punto de vista de la ética pública cualquiera de las dos alternativas resulta inaceptable y debería llevarla a asumir responsabilidades políticas. 

Pedir perdón, que no lo hará, no sería suficiente. Y eso también es aplicable al concejal Roque Ortiz, protagonista de una arenga clientelar en una reunión con pedáneos populares. Hubiera delito o no, hubiera prescrito o no, ya resultó indigerible aquel viaje con el exalcalde Cámara a Turquía en el ‘jet’ privado de un constructor con intereses en el municipio. Lo suyo no tiene un pase más. Lo que dijo y donde lo dijo solo añade gravedad a unas declaraciones políticamente impúdicas.

(*) Periodista y director de La Verdad

http://www.laverdad.es/murcia/etica-estetica-20180121081037-nt.html 

Sé fuerte, Pilar, y hazlo tú / Joaquín García Cruz *

Al abogado José Pardo Geijo (por lo demás, un gran penalista) le parece que la Prensa debe pedir perdón a su clienta Pilar Barreiro, «porque la pobre lo está pasando muy mal» (sé fuerte, Pilar), y ya antes le sucedió que «la crucificaron los medios y al final el Supremo archivó» su imputación en el ‘caso Novo Carthago’. 

Allí estaba Pardo Geijo, a las puertas del alto tribunal, rodeado de periodistas que únicamente querían saber si la senadora seguía imputada tras su declaración (respuesta afirmativa), pero se toparon de repente con un sermón del letrado, para quien «hay una cosa que es la lógica aristotélica, y hay otra lógica que es la de Lewis Carrol, el de Alicia en el País de las Maravillas». 

Ojipláticos debieron de quedarse los informadores, además de contritos por no haberse arrodillado ante la senadora al momento y arrepentirse de tantas noticias publicadas que la relacionan con una trama urdida con el objetivo aparente de saquear las arcas públicas manipulando el rastro en internet de las felonías de no pocos políticos de España. 

Pardo Geijo explicó a los periodistas de Madrid que no es dado a utilizar en Derecho la lógica fantasiosa de Charles Lutwidge Dodgson, el autor de ‘Alicia en el País de las Maravillas’ oculto bajo el seudónimo de Lewis Carroll, sino que prefiere recurrir a la lógica de Aristóteles para poder distinguir con más claridad entre un argumento sólido y otro falso, y salta a la vista que, si comentó su inclinación filosófica de forma tan ilustrativa, fue con la única finalidad de inferir que una ruin investigación de la UCO arrastró al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, primero, después a la Fiscalía, y por último a la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer, al error de señalar a la senadora del PP sin la fuerza probatoria necesaria. 

Es verdad que el razonamiento peripatético al que Pardo Geijo apela requiere de premisas sólidas (hechos, no conjeturas) para alcanzar una conclusión irrefutable, así que conviene recordar los hechos -objetivos, indiscutibles- que se ciernen sobre la inocencia, y no sé si también sobre la conciencia, de Pilar Barreiro: 

1) Contrató con la ‘Púnica’ publicidad en periódicos digitales montados por la trama. 

2) La Guardia Civil sospecha que tales contratos se pagarían con cargo al Ayuntamiento de Cartagena o la Consejería de Educación. 

3) La exalcaldesa reconoció el lunes pasado ante el Supremo sus tratos con la red, pero arguyó que serían abonados por el PP, no por el Ayuntamiento ni la consejería.  

4) Consta en autos que el PP de Cartagena negó por escrito, a requerimiento del juez Velasco, que hubiera solicitado o abonado servicio alguno a las empresas de Púnica, y no consta, sin embargo, que pensara hacerlo en el futuro para lavarle la cara a Pilar Barreiro. 

5) El juez instructor de la Audiencia Nacional da crédito al informe acusatorio de la Guardia Civil y a la voluminosa investigación de sus agentes de la UCO, que incluye pinchazos telefónicos y correos electrónicos. 

6) Ana Ferrer, la instructora del asunto en el Supremo, aprecia asimismo indicios suficientes para investigar a la senadora en cinco presuntos delitos: prevaricación continuada, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho y revelación de información reservada.  

7) Tras su declaración judicial en presencia de su abogado, Pilar Barreiro sigue imputada, pendiente de que el Supremo sobresea las diligencias o la conduzca a juicio. 

No es fácil decir esto

Fin de la cita. Hechos sólidos. Lógica aristotélica. Premisas incontestables, ninguna de las cuales lleva a entender por qué la Prensa habría de disculparse ante Pilar Barreiro, aun en el supuesto de que la imputación quedara finalmente en nada y el Supremo archivara la causa.

 ¿No será más bien que es ella, Pilar Barreiro, quien debería pedir perdón, por pasearse por el Senado con cinco imputaciones metidas en el bolso, por comprometer más aún la maltrecha credibilidad de las medidas anticorrupción de su partido, la imagen pretendidamente regeneradora del PP regional de López Miras y hasta el apoyo de Albert Rivera a Mariano Rajoy en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado? 

¿No es más cierto que la exalcaldesa pensaba facturar a su partido el precio de su lavado de imagen personal (y esto, dando por buena su propia versión), y que hacerlo merece por sí solo un reproche ético y social, con independencia de la suerte que más adelante corra en el Supremo la investigación de la que es objeto? ¿No debería disculparse la exalcaldesa de Cartagena por sus viajes de placer sufragados por la empresa del servicio municipal del agua, razón por la cual se ve también bajo sospecha en el ‘caso Pokemon’, que instruye un juzgado de Lugo? 

¿Acaso no son, todos estos, motivos bastantes para disculparse ante los ciudadanos y también ante su partido -y razones de sobra para dimitir-, por el daño reputacional que ha infligido a sus compañeros de filas?

Cuesta trabajo expresar arrepentimiento, es cierto. El británico Nick Clegg, hasta 2015 líder del Partido Liberal Demócrata, grabó en 2012 un vídeo para pedir perdón por haber apoyado como socio del Gobierno una subida de las tasas universitarias que él había criticado durante la campaña electoral. Lo tituló ‘No es fácil decir esto’. 

La exalcaldesa haría bien en tomar nota de la valentía de Nick Clegg, porque tarde o temprano deberá agachar la cabeza y olvidarse de la altivez que la llevó a decir «en Cartagena mando yo».

Bill Clinton pidió perdón públicamente por su relación «no apropiada» con la becaria Monica Lewinsky. Barack Obama lo hizo por la muerte de dos rehenes en una operación de sus comandos secretos en Pakistán. El Rey Juan Carlos se disculpó ante los españoles por su cacería en Botsuana. José María Aznar pidió perdón a los gallegos por los errores del Gobierno en la crisis del Prestige, y Mariano Rajoy hizo lo popio dos veces; la primera, en agosto de 2013, cuando le estalló en las manos el ‘caso Bárcenas’ -«Me equivoqué»-; y la segunda, un año más tarde, en el Senado, al destaparse precisamente la trama ‘Púnica’, el mismo caso en el que Pilar Barreiro está envuelta: «En nombre del PP, quiero pedir disculpas a todos los españoles». Más claro, agua. Y es el presidente del Gobierno, además de gallego.

Las dotes dialécticas del abogado José Pardo Geijo, bien conocidas en los juzgados de Murcia, explican sin duda su pretensión -legítima- de darle la vuelta a la tortilla en su comparecencia informativa ante el Tribunal Supremo para proteger a la senadora. Está en su derecho, pero la Prensa no tiene por qué pedir perdón a Pilar Barreiro, aunque sea cierto, y no hay por qué dudarlo, que «la pobre lo está pasando muy mal».

Reponte, Pilar, sé fuerte y pide perdón.

(*) Columnista

http://www.laverdad.es/murcia/fuerte-pilar-hazlo-20180121222937-nt.html 

Legitimidad y eficacia / Ramón Cotarelo *

Estos de la CUP sí que hacen política; en el Parlamento y en la calle. No como Podemos que no la hace en ninguno de los dos sitios. En Cataluña, en general, se hace política; es el único lugar del Estado en que se hace. En el resto se miente, se fanfarronea, se roba, se va el personal por los cerros de Úbeda o se pone a bramar contra Cataluña al unánime grito de "¡A por ellos!".

Precisamente por eso, la política de Cataluña es complicada. La CUP se ha quedado en cuatro diputados después del 21 de diciembre; de ellos, dos son necesarios para la mayoría absoluta independentista. Pero la importancia de la organización es muy superior a la magnitud de su representación. El apoyo de los cupaires garantiza la perseverancia del objetivo estratégico, la independencia. Esa conciencia como factor de legitimación es la que permite a la CUP un tono de crítica elevado con la política institucional del bloque independentista ("el discurso de Torrent es autonomista") y sus apoyos sociales ("la ANC y Ómnium ya no movilizan a la gente"), más dura e incisiva de lo que su importancia numérica justificaría. 

 

Tras dejar claro en el primer momento que la prioridad era la República, la restauración del govern i l'investidura del seu legitim president, la CUP cumple una función casi de censor al estilo romano, vigilante del recto comportamiento de sus socios independentistas, ERC y JxC. Ambos, por su lado, reconocen esta especie de actitud admonitoria de rectitud independentista porque, de no querer hacerlo, podrían sellar una alianza con los Communs-Podem que aumentaría su margen de mayoría, pero al precio de renunciar a la independencia o, cuando menos, jugar a la ambigüedad de los últimos. 

 

Sin embargo, esa posibilidad ni se plantea: el socio natural es la CUP porque el objetivo sigue siendo la República Catalana independiente. La CUP, de minúscula representación, aporta legitimidad. Pero el bloque mayoritario indepe aporta la eficacia y ninguna puede ir separada de la otra. La pureza ideológica extrema la legitimidad hasta hacerla inoperante y la absoluta dedicación a la eficacia convierte la acción en puro oportunismo. En el fondo, los tres vértices del triángulo independentista son imprescindibles y se necesitan mutuamente. Un fallo de uno es un fallo de todos.

Ocurre como con la relación entre el movimiento y las personas. Maragall advierte de que el primero está por encima de las segundas. Sin duda alguna, pero sin olvidar al mismo tiempo la importancia que las personas -según sus circunstancias- tienen para el movimiento. Buscar un equilibrio aquí también es vital. Será difícil encontrar personas valiosas para el movimiento si el movimiento prescinde de las personas como de la muda diaria.

E igual también con la política en la calle que la CUP quiere dinamizar a través de los CDR. Por expresarlo de forma que intente resumir esta complejidad: la política de la calle, en donde, además, se demuestra inventiva, ha producido buenos resultados y los producirá mejores, pero los ataques por los que el unionismo ha reaccionado con violencia han ido dirigidos a las instituciones y la carga represiva la han padecido fundamentalmente los dos partidos, así como la injusticia están padeciéndola individual y personalmente sus miembros, encarcelados, exiliados, embargados. 

 

Aquí una buena ocasión para plantear en concreto la citada relación entre el movimiento y las personas. No consigo imaginar que el movimiento independentista abandone a quienes han dado todo por él, ignorando la máxima socrática de que más vale padecer la injusticia que infligirla.

Insisto, como la política en la calle. Quizá no sea del todo justo acusar a la ANC y Ómnium de abandonar las movilizaciones cuando tienen a sus líderes injustamente presos y llevan una ejecutoria de movilizaciones por su liberación muy apreciable.

La unidad del objetivo es incuestionable. La forma luego de colaborar en él varía lógicamente. Pero una cosa es cierta: si todos proceden de buena fe, el posible (aunque no necesariamente probable) fracaso jamás podrá atribuirse a la mala intención de alguien. Las opciones son y seguirán siendo diferentes pero, hasta la fecha, nadie ha hecho nada en detrimento del objetivo y todos han tenido que sacrificar mucho.

Que siga así, uniendo legitimidad y eficacia, el rasgo más significativo de esta revolución catalana.

 

Dando vueltas al atajo

 

Me llamó José Luis García, de lainformación.com para hablar conmigo sobre Podemos y Cataluña. Estaba escribiendo una historia sobre la formación morada con motivo de su cuarto aniversario, tema que da para mucho como ejemplo práctico del sic transit gloria mundi o de cómo no todas las leñas arden a igual velocidad. La encina dura más que el pino. 

Lo mismo pasa con las formaciones políticas. Algunas son como pinos, chisporrotean mucho, pero se consumen rápidamente; otras arden en silencio, pero permanecen, porque son duras, como la encina. 

 

Además, entre él y su colega, Laura Martínez, decidieron ampliar la indagación preguntando a Julio Anguita y al final les ha quedado una pieza bien guapa con dos puntos de vista que son distantes y, curiosamente, complementarios. Por eso me decido a incluir el enlace aquí: Podemos: lejos de asaltar el cielo...

Podemos ha hecho en cuatro años lo que la socialdemocracia hizo en cuarenta y el comunismo en veinte, pasar de la frase revolucionaria al hecho conservador. 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El miedo: que la gente lo pueda escuchar / José Antich *

Francisco Javier Dago Elorza, número dos de la embajada española en Dinamarca con sede en Copenhague, tiene una curiosa manera de entender la diplomacia y sería bueno que no hiciera extensivos sus criterios profesionales. Con estas palabras ha salido al paso Dago Elorza al ser preguntado por la visita del president Carles Puigdemont a la capital danesa aceptando una invitación de la Universidad de Copenhague y otra de un grupo de diputados del Folketing (el Parlamento danés): "No nos gusta que la gente lo pueda escuchar".

Lo cierto es que, queriendo o no, el segundo de la cancillería diplomática de la embajada española en Dinamarca ha hecho diana respecto a cual ha sido la actitud española ante todas y cada una de las reivindicaciones llegadas desde Catalunya: no las queremos escuchar. Y eso es lo que ha hecho imposible cualquier avance. De ahí la perversión en el lenguaje. Primero, Catalunya quiso negociar y se le cerraron todas las vías. No hay nada a negociar, fue el insistente mensaje emitido desde la Moncloa. Dialogar. Se bajó un escalón y se ofreció desde Catalunya dialogar. Tan solo dialogar.

No hubo camino para ello. A cualquier petición de diálogo, la respuesta siempre era la misma: ¿dialogar sobre qué? Por no hablar de cada vez que se planteaba en algún foro público la necesidad de dialogar. La respuesta era de manual: con el independentismo no hay nada a dialogar. Sorprendente pero real. Los más moderados tuvieron que borrar de su vocabulario negociar, dialogar y hablar.

Pero tampoco era suficiente, Dago Elorza acaba de ofrecernos la versión más descarnada del posicionamiento español: no nos gusta que la gente lo pueda escuchar. Así de sencillo: enmudezcamos la palabra del representante de más de dos millones de catalanes. Del líder del bloque independentista catalán. ¡Que no pueda hablar!

Qué fácil que es hacer política así: se hace desaparecer al adversario de en medio o se lo elimina políticamente y punto. Que la gente no lo escuche, no sea caso que la opinión pública internacional tenga su propio criterio y no guste en Madrid.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-miedo-gente-pueda-escuchar_231177_102.html 

'Cambiemos Murcia' pide al Ayuntamiento que se posicione contra el 'fracking'

MURCIA.- Cambiemos Murcia ha presentado una moción al Pleno del próximo jueves para que el Ayuntamiento exija a la Comunidad Autónoma que prohíba el uso de la técnica de la fractura hidráulica, conocida como fracking, así como cualquier otro procedimiento utilizado para la investigación y futura explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales.

La iniciativa propone además la "paralización inmediata" de los permisos de exploración autorizados en la Región de Murcia, en la línea de lo solicitado por la Plataforma Cuenca del Segura Libre de Fracking (PCSLF) para frenar los tres estudios de prospección concedidos en esta comunidad autónoma y que afectan a las comarcas del Noroeste, Altiplano y Vega Alta.

El fracking es una técnica para extraer hidrocarburos, sobre todo gas natural, acumulados en los poros de las rocas sedimentarias impermeables.Para ello se realizan cientos de pozos que ocupan amplias áreas en los que se inyectan millones de litros de agua mezclada con productos químicos, muchos de ellos contaminantes y peligrosos, lo que permite "reventar" la roca y liberar con ellos los hidrocarburos atrapados.

El concejal de la formación municipalista Sergio Ramos ha alertado de las numerosas consecuencias del fracking para la salud y el medio ambiente, entre las que se encuentran la contaminación química de acuíferos y de las aguas superficiales, la contaminación atmosférica y el incremento de la actividad sísmica.

Estos riesgos, que han sido puestos de manifiesto por diversas instituciones como la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo, han llevado a algunos países como Francia, Bulgaria, Rumanía, República Checa o algunos estados de Alemania y Estados Unidos, a la prohibición o la moratoria del fracking.

El PSRM asegura que se ha producido un recorte de más 365,5 millones para nuestros desempleados

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Antonio Guillamón, ha denunciado "la desfachatez del PP por su tergiversación de la realidad del empleo en nuestra Región".

En respuesta a las declaraciones del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Bernabé, durante la presentación del balance anual del SEPE, en las que expresa que la reducción desde los 1.038 millones de euros que se invirtieron en 2010 para las prestaciones a desempleados a los 523 millones de 2017, se debe a la disminución del número de parados, "el PSRM quiere mostrar su más enérgico rechazo a la constante manipulación del Partido Popular sobre la situación del empleo en nuestra Región".

Guillamón asegura que la realidad es otra bien distinta. 

 El número medio de parados en 2010 fue de 128.156 personas y el número medio de prestaciones fue de 90.778. Esto arroja una tasa media de cobertura del 70,83%. En 2017, sin embargo, el número medio de parados fue de 109.706 personas y el número medio de prestaciones alcanzó la cifra de 53.605, que se traduce en una tasa media de cobertura del 48,86%. Es decir, una reducción en la tasa media de cobertura de casi 22 puntos.

El diputado socialista sostiene que si en 2010 se gastaron 1.038 millones de euros para mantener la misma tasa de cobertura, en 2017 hubieran sido necesarios más de 888,5 millones de euros y sólo se han invertido 523. 

"Esto representa un recorte de más 365,5 millones de euros en prestaciones para los desempleados de la Región de Murcia entre 2010 y 2017".

Desde el punto de vista cualitativo, el mercado de trabajo en nuestra Región "se está convirtiendo en un sistema precario, con una de las tasas de temporalidad más altas, con los sueldos más bajos de España y una notable pérdida en los derechos de los trabajadores".

Para Antonio Guillamón, esta es la auténtica verdad. 

"El PP castiga a los desempleados eliminando cualquier tipo de ayuda para las personas que han sido expulsadas del mercado laboral y no encuentran un puesto de trabajo".

El Partido Socialista viene denunciando en reiteradas ocasiones el abandono al que están sometidos los desempleados por el Gobierno de Rajoy y el gran número de personas que sufren las consecuencias de las políticas del PP en la Región de Murcia.

Casi 7.500 trabajadores ocupados recibirán formación gracias a más de 480 cursos de la Comunidad Autónoma

MURCIA.- Los trabajadores ocupados de la Región de Murcia contarán en 2018 con 489 cursos de formación de la Comunidad a su disposición, que habilitarán un total de 7.436 plazas. La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, a través del SEF, ha resuelto ya su oferta de cursos para este colectivo en el presente año, con una subvención de 2,8 millones de euros para las entidades de formación.

Se trata de cursos más cortos que los destinados a personas en paro, dado que los trabajadores ocupados tienen más dificultad para participar en acciones formativas y su disponibilidad horaria es más limitada. Su duración oscila entre las 6 y las 270 horas, si bien este límite puede sobrepasarse si conduce a la obtención de un certificado de profesionalidad.

Los cursos son de cuatro tipos: las acciones formativas intersectoriales, es decir, transversales y válidas para cualquier sector de actividad; los cursos transversales específicamente dirigidos a trabajadores de la economía social; los cursos transversales adaptados al tipo de formación que precisan los trabajadores autónomos, y finalmente los cursos para trabajadores de sectores concretos. En este último caso, los contenidos se adaptan de manera más detallada a cada actividad profesional.

Los planes de formación transversales son especialmente útiles para facilitar la movilidad del trabajador de un sector a otro. En este ámbito se encuentran, por ejemplo, los cursos de idiomas, los de confección y publicación de páginas web, los de actividades de gestión administrativa o los de grabación de datos.

En cuanto a las acciones formativas para sectores concretos, estas abordan contenidos más específicos, y algunos ejemplos son los cursos para la obtención del carné de uso de productos fitosanitarios, los de manipulador de alimentos, los de manejo de carretillas elevadoras o los de agricultura ecológica.

Otro de los propósitos de los cursos para sectores concretos es cubrir las necesidades formativas dentro de parcelas económicas que serán motor de crecimiento y de creación de nuevos puestos de trabajo en los próximos años. 

Además, se pone el foco en los sectores en reconversión, con ofertas de formación que buscan la recualificación de sus trabajadores.

El objetivo de la formación para ocupados es que los trabajadores mejoren su capacitación para el desempeño cualificado de su profesión, lo que les permite incrementar sus opciones de permanecer en sus puestos de trabajo y de optar a otros de más nivel. Además, se busca una creciente adaptación de estos trabajadores a los requerimientos de productividad y competitividad del actual mercado laboral.

Casi 250 desempleados podrán acceder a un certificado de profesionalidad en el Programa de Formación para el Empleo

El Programa de Formación para el Empleo, correspondiente al presente ejercicio y que ha sido aprobado hoy en Junta de Gobierno, ofrecerá un total de 16 acciones formativas entre las que se incluyen 11 certificados de profesionalidad en el que participarán cerca de 250 personas.

El objetivo es que el alumnado, principalmente personas desempleadas del municipio de Murcia, obtenga las competencias personales y profesionales necesarias para su inserción en el mercado laboral.

El programa, que comenzará el próximo 19 de febrero, dispone de una subvención global de la Subdirección General de Empleo y Formación de la CARM de 436.055 euros y contará con distintos cursos.

Así, los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil podrán acceder a la acción formativa de Operaciones Básicas de Restaurante, que se impartirá en la Escuela de Hostelería (CFIE el Palmar), y Socorrismo de Instalaciones Acuáticas, en colaboración con la Concejalía de Deportes y que se impartirá en la Agencia de Desarrollo Local y en instalaciones deportivas municipales.

El Proyecto de Formación para mayores de 45 años parados de larga duración, contempla la formación en un certificado profesional de Operaciones Básicas de Cocina, un taller de búsqueda de empleo y tutorías individualizadas para facilitar la inserción laboral. Se realizará en el CFIE de El Palmar.

Por otra parte, en el Proyecto de Formación para personas desempleadas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, se impartirán clases de alfabetización en lengua castellana a inmigrantes y un taller de competencias para el empleo. Se realizará en Alquerías, en el Centro de Recursos.

En cuanto a acciones formativas para desempleados, se ofrece los certificados de profesionalidad de Acondicionamiento Físico en Sala de Entrenamiento Polivalente, en colaboración con la Concejalía de Deportes, que se impartirá en la Agencia de Desarrollo Local y en instalaciones deportivas municipales. A ello se le sumará los cursos de Pintura de Vehículos, Agricultura Ecológica y Servicios de Restaurante y Cocina, que se impartirán en el Centro de Formación de el Palmar.

Por último, las acciones formativas para desempleados en competencias básicas, incluirán Lengua Castellana Nivel 2, Matemáticas Nivel 2 , Lengua Castellana nivel 3 y Matemáticas Nivel 3, que se impartirán en el Centro de Recursos de Alquerías y en la Agencia de Desarrollo Local.

Además, y en colaboración con la empresa Expall Propellant, se formará a 15 personas desempleadas como operadores de fabricación de propulsantes en Javalí Viejo, contratándose al 60% del alumnado que supere el programa formativo.

Cinco cursos de la CARM darán empleo a un mínimo de 32 de los 72 parados participantes

La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, a través del SEF, ha programado para la primera mitad del presente año cinco cursos que permitirán la contratación de un porcentaje de alumnos por parte de las empresas que solicitan esta formación específica y a medida.

Los cursos, que ya se están ultimando, cuentan con 72 plazas, dado que cuatro de ellos tendrán quince alumnos y el quinto doce, todos ellos desempleados e inscritos en sus oficinas del SEF. De esa cifra, serán contratados al menos 32, es decir, un 44 por ciento, si bien las empresas suelen incrementar el porcentaje mínimo establecido y contratar a la mayoría de alumnos.

La Consejería destina 171.000 euros para sufragar la formación, que se adapta a perfiles específicos que son costosos de encontrar para las empresas. Así, por ejemplo, el curso solicitado por Mecánicas Bolea formará en el mantenimiento de equipos y elementos mecánicos de motores marinos, mientras que el de Adecco se centra en el perfil de analista de datos y administrador de bases de datos.

Esta acción formativa establecía un compromiso de contratación de al menos el 60 por ciento de los participantes por parte de la empresa Azud, radicada en el Polígono Industrial Oeste y referente mundial en la fabricación de sistemas de riego, filtración y tratamiento de aguas. Sin embargo, la compañía tiene previsto elevar finalmente ese porcentaje e incorporar a un número de trabajadores superior a los once.

Los alumnos, con un perfil mayoritariamente joven, se encuentran completando la fase práctica, tras la cual los seleccionados firmarán un contrato a jornada completa de seis meses con posibilidad de continuidad, teniendo en cuenta la previsión de crecimiento de la empresa.

El curso, de 440 horas de duración, se ha adaptado a los requerimientos concretos de formación que buscaba Azud en el campo de la fabricación de tubería plástica para la microirrigación con alta velocidad. Fue precisamente la empresa la que solicitó al SEF esta formación, dado que le costaba encontrar profesionales con un perfil adaptado a lo que requería.

Este curso, que ha contado con una financiación de 23.000 euros por parte del SEF, se engloba dentro las diez acciones formativas con compromiso de contratación programadas para su desarrollo entre la segunda mitad de 2017 y la primera de 2018. Otro de esos cursos está a punto de arrancar y formará a parados como operadores de fabricación de propulsantes, para ser posteriormente contratados por la empresa Expal.

El Ayuntamiento de Murcia ofrecerá este año 74 acciones formativas 

La Mesa General de Negociación, presidida por el concejal de Modernización de la Administración, Calidad urbana y Participación, José Guillén, ha aprobado en su sesión de ayer el Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia para el año 2018 cuyas acciones formativas se han programado tras ser consultados todos los servicios municipales, secciones sindicales y empleados públicos, teniendo en cuenta sus propuestas y sugerencias.

La oferta formativa del presente año asciende a 74 acciones formativas con 151 ediciones, frente a las 48 acciones del pasado año y sus 114 ediciones.

Guillén ha explicado que "el objetivo es mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los murcianos mejorando la formación de los funcionarios públicos en los diferentes ámbitos de servicio".

En este plan de formación se apuesta por intensificar la formación online, así como la semipresencial teniendo en cuenta su flexibilidad y adaptación a las necesidades del alumnado, facilitando la formación y eliminando las barreras que la limitan en la formación presencial al conciliar la vida laboral y familiar.

Cabe destacar, principalmente, aquellas acciones específicas de formación técnica que han sido demandadas con el objetivo de actualizar conocimientos, adquisiciones de nuevas competencias, así como por la necesidad de formación para hacer frente al uso de los nuevos programas de gestión.  

Ejemplo de ello es la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, dirigido al personal que presta su servicio en Sanidad o manejo del uso del desfibrilador semiautomático externo, dirigido al personal que presta sus servicios en las dependencias deportivas municipales

Igualmente se pondrán en marcha diversas acciones formativas dirigidas al personal que presta sus servicios en Empleo, como pueden ser ‘Herramientas TICS para el trabajo colaborativo en red', que posibilite a los empleados municipales trabajar de manera colaborativa con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o ‘Midfulness e Inteligencia Emocional', con la que se pretende el objetivo de adquirir un enfoque de trabajo basado en la transformación y regulación de las emociones.

En el Área de Habilidades, Comunicación y Atención a la ciudadanía, hay que destacar algunas acciones formativas, tales como ‘La aplicación de las políticas de igualdad en la Administración Pública' y ‘Calidad en la Atención a la Ciudadanía', estas dos mediante la modalidad online.

También se llevará a cabo el ‘Curso básico de Lengua de Signos Española', destacando el inicio de un programa plurianual, que comienza este año en formación sobre concienciación a todo el personal municipal sobre la Accesibilidad Universal, con diversas jornadas que se irán iniciando a lo largo del año.

El Plan de Formación tiene un carácter flexible, pudiéndose incluir, modificar o anular acciones formativas adaptándolas a las circunstancias que se vayan produciendo a lo largo del año.

C's Cartagena celebra que 'Sepes' haya fijado el precio que querían los empresarios de 'Los Camachos' para la ZAL

CARTAGENA.- Ciudadanos celebra que el precio del suelo en Los Camachos para la futura Zona de Actividades Logísticas en Cartagena en 10 euros el metro cuadrado, el precio que los empresarios consideraban justo, un precio atractivo para desarrollar la zona logística y animar a los empresarios a invertir su dinero en un proyecto de gran envergadura.

En una reunión celebrada en diciembre de 2017, la Junta Directiva de la Entidad de Conservación del Polígono de Los Camachos solicitó a los diputados nacionales de Ciudadanos, Miguel Garaulet y José Luis Martínez, que se involucraran de forma activa en la negociación del precio del suelo de la zona de norte del Polígono Industrial de Los Camachos con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), antes de que se produjera la reunión del jueves en Madrid. 

Miguel Garaulet mantuvo contactos con el Ministerio para aconsejar que se fijara un precio competitivo, por debajo de lo que la proponía la Comunidad que era de 15 o 16 euros.

Ciudadanos se ha puesto en contacto con el presidente de los empresarios de Los Camachos, Antonio Betancor, y ha podido saber que "considera que lograr este precio es la "guinda" para que el empresariado encuentre atractivo en todos los sentidos esta zona logística, y compre suelo, y hace de ella definitivamente una realidad indiscutible y uno de los motores económicos no sólo de Cartagena y su Comarca sino de toda la Región de Murcia; además ha agradecido el apoyo de Ciudadanos que ha estado al cien por cien comprometido con el proyecto"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha recordado que "aquí nadie hablaba de la ZAL de Cartagena hasta que Ciudadanos llevó la iniciativa a la Asamblea Regional, pero no sólo esto, sino que lo llevó por la vía de enmiendas en los presupuestos de 2016 y 2017 y se aprobaron; está negro sobre blanco en una ley de presupuestos y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con consignación presupuestaria". 

Manuel Padín ha lamentado que "todavía no hemos conseguido que el Ejecutivo regional cumpla con el traslado del Depósito Franco al Polígono de Los Camachos, enmienda naranja en 2017, pero nuestro compromiso es ineludible, seguiremos exigiendo su cumplimiento y fiscalizando al Partido Popular para que cumpla todas y cada una de nuestras enmiendas regionales y tenemos la firme convicción de que durante 2018 este traslado se va a conseguir".

Para el portavoz local de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, "el estudio de viabilidad concluyó lo que Ciudadanos ya sabía en 2015 cuando rescató el proyecto, que la ZAL de Cartagena es viable, que hay cientos de empresas interesadas en que sea una realidad, que ni la Comarca ni la Región de Murcia puede permitirse no desarrollarla en Los Camachos y que hay en juego miles de empleos y la generación de riqueza y progreso, y lo hizo a pesar de que el entonces consejero de Fomento y hoy delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, negará el interés del tejido empresarial cartagenero". 

Manuel Padín ha asegurado que "hemos llegado hasta aquí con mucho esfuerzo y trabajo, y hoy hemos conseguidos todos dar un paso esencial, que los empresarios dispongan del suelo a un precio interesante, y que empecemos a poner la primera piedra, por eso desde Ciudadanos vamos a seguir exigiendo que se acorten los plazos, y se haga ya el traslado del Depósito Franco, que será la primera infraestructura de la ZAL, el germen sobre el que se va a desarrollar toda la zona".

Los juzgados recibieron 165.000 demandas por cláusulas suelo en 2017

MADRID.- Los 54 juzgados especializados en cláusulas suelo acumularon 164.969 demandas en 2017, según el Ministerio de Justicia. De momento, las resoluciones finales —a falta de los datos del 30% de los juzgados— son cerca de 5.000, el 3% del total. Vicente Pascual, representante del Consejo General de la Abogacía en la Comisión que sigue la evolución de las cláusulas, avisa que pueden acabar en los juzgados la mayoría de las 650.000 demandas que la banca ha rechazado pactar con sus clientes y bloquearán los juzgados. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial creen que es pronto para vaticinar ese extremo, según El País.

Según Gerardo Martínez Tristán, vocal coordinador de estos juzgados especializados y representante del CGPJ en la Comisión de Control y Evaluación de las Cláusulas Suelo, en los últimos meses "ha disminuido el ritmo de presentación de demandas. Este año subirá con fuerza el número de resoluciones, porque ya está afinada la maquinaria judicial de los juzgados especializados".

Sin embargo, Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche y representante de Abogacía en la Comisión de Control, cree que "si nadie lo remedia, seguirán entrando nuevas demandas en los juzgados; no creo que nuestro país pueda aceptar que las más de 650.000 solicitudes de clientes que no han alcanzado un acuerdo con sus bancos se conviertan en 650.000 nuevos pleitos. La Justicia no lo podría soportar y la banca española no lo debería provocar".

 Pascual califica de "innecesario" este proceso extrajudicial organizado por el Gobierno, que puede convertirse en un fracaso por no evitar el bloqueo judicial, y considera el mecanismo legal como "un sistema de privilegiados para la banca en materia de costas judiciales", según declaró a Abogacía Española.

Sin embargo, desde la Asociación Española de Banca (AEB), rebaten la opinión de Pascual. "Como la propia sentencia del Tribunal de la UE afirma expresamente, las cláusulas suelo no han sido declaradas nulas en sí mismas, sino únicamente en determinados casos. Prueba de lo anterior es que existen diversas sentencias de Tribunal Supremo de fecha posterior, declarando válidas determinadas cláusulas suelo. No puede procederse con los automatismos que se sugiere: es lógico que se realice un análisis individualizado de cada cláusula, de cada reclamación, para determinar si procede o no la devolución de los importes cobrados", asegura un portavoz.

Martínez Tristán, que también es magistrado de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, apunta que todavía es pronto para decir si habrá atasco o no en los juzgados. 

"En noviembre y diciembre han bajado en 13.000 las demandas sobre las presentadas en los dos meses anteriores. Los próximos meses los juzgados funcionarán a pleno rendimiento, acelerando las resoluciones, cuyas tramitaciones se han reducido a solo tres meses. Veremos cómo reaccionan los clientes que no han llegado a acuerdos con los bancos. Todavía es pronto", dice.

Para este magistrado, otro factor clave para el futuro judicial es "si llegan más sentencias del Tribunal de Luxemburgo sobre otros aspectos de las hipotecas, como los gastos, que están a falta de la posición del Tribunal Supremo, los vencimientos anticipados, los préstamos multidivisas... que son aspectos sobre los que se pueden abrir litigiosidad en cualquier momento", recuerda.

Sin embargo, Fernando Zunzunegui, abogado especializado en derecho bancario, coincide con Pascual en que van a llegar "unas 400.000 demandas a los juzgados. Lo normal es que los que han sido rechazados por los bancos pasen al juzgado". Este experto recuerda que se ha formado "toda una industria de despachos de abogados que atienden estos casos con un esquema de bajos costes, publicidad masiva y gran presencia en los medios de comunicación para llegar al gran público. Esto es un fenómeno que puede elevar la movilización de los clientes".

Miguel Ángel Heredia, diputado del PSOE que ha protagonizado diferentes iniciativas parlamentarias sobre esta materia, critica que el número de demandas siga creciendo "desorbitadamente". 

Heredia cree que el problema existe "porque la mayoría de las entidades se están negando a devolver estas cláusulas. Siguen ganando los bancos y perdiendo la gente. Es intolerable".

La polémica de quién juzga estos préstamos

La administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial, estableció 54 juzgados especializados en cláusulas suelo, uno por provincia, para evitar el bloqueo del resto de procedimientos. El sistema ha recibido críticas de la Consejo General de la Abogacía y de la oposición. El Grupo Socialista ha registrado proposiciones no de Ley para que sean los juzgados ordinarios los competentes, "ante la saturación de los juzgados específicos".

'Navantia' Cádiz necesitará unos 700 empleados de contratas hasta mayo

CÁDIZ.- La factoría de Navantia en la capital gaditana tiene por delante cinco meses frenéticos. La entrada de hasta media docena de barcos para acometer reparaciones de distinto calado hará necesaria la participación, además de la plantilla, de hasta 700 empleados de industria auxiliar de distintos gremios, publica hoy Diario de Cádiz. 

Así lo explicaron a este periódico fuentes del comité de empresa del astillero gaditano, que recalcaron que hasta el próximo mes de mayo no se detendrán la actividad de reparación. A partir de ahí también se esperan nuevos contratos, especialmente de cruceros, pero que aún no se han cerrado con el cliente. 

El primero en entrar en el astillero gaditano lo hizo este jueves, una barcaza que permanecerá solo unos días para una faena menor. Hoy sábado está previsto que entre en uno de los diques una grúa flotante, de nombre Taklif 7, que igualmente requerirá de entre cuatro y cinco días de trabajo.

Para este lunes se prevé una nueva llegada, en este caso el de un buque tipo hopper dregder, (una draga que trabaja en el mar y al mismo tiempo se deshace de los desechos). Se trata del Prinsder Netherlanden, de bandera chipriota, que ya tiene su rumbo puesto a la capital. Será el primer buque de los previstos estos meses que genere una buena carga de trabajo, ya que la parada anunciada es de 28 días.

Para final de mes, entre los días 25 y 27, llegará a Navantia Cádiz otro barco factoría similar al anterior. Se trata del Deep Energy, que hasta el momento es el que ha anunciado un mayor número de días de estancia para acometer diferentes reparaciones. En su caso, serán 40 días en dique.

Ya en febrero, entrarán otros dos barcos de esta misma modalidad (factorías, dragas o grúas flotantes). Son el Audacia y el Lorelay. En este caso, serán menos días de faena que los anteriormente mencionados.

Desde el comité detallaron que suelen cerrar este tipo de contratos con varios barcos que desempeñan funciones similares, de ahí que en pocas semanas sean cuatro los que serán reparados en la capital.

Y en el mes de mayo le llegará el turno a uno de los grandes cruceros de la compañía Royal Caribbean, el Mariner of the Seas. En el astillero gaditano se someterá durante casi un mes a una reforma ambiciosa, incluyendo una plataforma para camarotes, además de las habituales de pintura y chapa.

Aunque de momento no ha trascendido el nombre de los nuevos cruceros que se desplazarán hasta el dique gaditano, sí se espera que sean varios más en los próximos meses, de manera que se pueda igualar la marca lograda el año anterior.

Desde el comité explicaron que la entrada de mano de obra de industria auxiliar será importante. Según los cálculos habituales, para una reparación de una semana son precisos unos 150 operarios, y para 40 días, pueden alcanzar los 250. De esta manera, con todos los buques anunciados, la cifra puede llegar a las 700 personas.

grúas a reparar. Las históricas grúas que llevan décadas en la entrada del astillero de Cádiz están siendo desmontadas para su reparación. Desde el pasado jueves se han ido separando por piezas con la idea de someterlas a una profunda reparación y volver a ser instaladas.