(...) Muchos políticos olvidaron, olvidan, que, además de gestionar,
legislar y velar por el cumplimiento de la ley, una parte esencial de su
labor como representantes y servidores públicos es proyectar valores y
erradicar comportamientos incompatibles con una sociedad más justa y
democrática.
Y, entonces como ahora, forma parte de las obligaciones de
los periodistas, en cuanto depositarios del derecho a la información de
los ciudadanos, desvelar e informar de esas conductas reprobables,
delictivas o no, cualquiera que sea el coste para su persona o su medio
de comunicación y sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia
de nadie.
Sin embargo, los abogados de la senadora y exalcaldesa de
Cartagena, Pilar Barreiro, declararon a las puertas del Tribunal Supremo
que los medios de comunicación deberían pedirle perdón mientras ella
declaraba por cinco presuntos delitos de corrupción apuntados por el
juez Velasco, dos fiscales de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil
¿Perdón? ¿Por qué?
Hace unos años, en una de las dos únicas
conversaciones privadas que recuerdo con la entonces alcaldesa, Barreiro
me apuntó que no había nada irregular o ilegal en las acusaciones
basadas en las relaciones del Ayuntamiento con su antecesor, el
exalcalde socialista José Antonio Alonso. Le respondí que no me
correspondía a mí valorar si era legal o no, pero que en mi opinión era
muy cuestionable que quien fue primer edil municipal representara a
empresas que llegaban a acuerdos económicos con el Ayuntamiento. Por
ética y por estética.
Sería inconcebible, le dije, que una situación
similar se diera, por ejemplo, en Madrid, y que era mi obligación
informar con rigor de todos los asuntos de interés público en su
municipio, fueran favorables o no para sus protagonistas.
Luego explotó
el largo proceso de instrucción del ‘caso Novo Carthago’, que volvió a
situarla en el primer plano de la actualidad.
La última vez que la vi,
en un acto público solo unas semanas antes de la ‘operación Púnica’ y
antes de que se archivara su implicación en ‘Novo Carthago’, mantuvimos
una conversación (irreproducible) ante la mirada entre atónita y
temblorosa de un bragado exconsejero del Gobierno regional. Solo ella
sabía allí que había llegado a un acuerdo con la trama ‘Púnica’, como
reconoció ante el Supremo, para limpiar su imagen en internet de cara a
las elecciones, enterrando en las profundidades del buscador de Google
todas aquellas noticias que le fueran desfavorables.
(Antes de la
explosión digital, otros relevantes alcaldes, hoy caídos en desgracia,
optaban por retirar las suscripciones de los centros de mayores o
incluso por comprar todos los ejemplares impresos cuando llegaban a los
quioscos para tapar sus vergüenzas).
Barreiro se quedó sorprendida
cuando dos meses después de ese último encuentro la invité a un foro de
Vocento en Valladolid para hablar del espectacular trabajo de
recuperación del patrimonio histórico de Cartagena, un éxito en el que
ella tuvo mucho que ver. Supongo que muchos políticos en apuros siempre
ven inquinas personales o al menos así lo justifican ante los suyos,
cuando se encuentran en apuros por sus propios líos.
Es el Tribunal
Supremo quien debe decidir si en su actuación ha existido ilegalidad y
si merece algún tipo de reproche penal. Lo que resulta el colmo del
cinismo es reclamar que se le pida perdón tras haber declarado ante la
juez que efectivamente contactó con la trama ‘Púnica’ para tratar de
mejorar su reputación, manipulando la opinión pública con algoritmos
informáticos en la Red y una red fantasma de diarios digitales que
difundían propaganda en su favor.
A efectos legales tiene mucha
relevancia si ese contrato lo iba a pagar el PP o se sufragaría con
dinero público de la Consejería o del Ayuntamiento, pero desde el punto
de vista de la ética pública cualquiera de las dos alternativas resulta
inaceptable y debería llevarla a asumir responsabilidades políticas.
Pedir perdón, que no lo hará, no sería suficiente. Y eso también es
aplicable al concejal Roque Ortiz, protagonista de una arenga clientelar
en una reunión con pedáneos populares. Hubiera delito o no, hubiera
prescrito o no, ya resultó indigerible aquel viaje con el exalcalde
Cámara a Turquía en el ‘jet’ privado de un constructor con intereses en
el municipio. Lo suyo no tiene un pase más. Lo que dijo y donde lo dijo
solo añade gravedad a unas declaraciones políticamente impúdicas.
(*) Periodista y director de La Verdad
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