¿Han cambiado las condiciones para que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn puedan salir de la prisión? Esa era anoche la pregunta que recorría el Madrid político, judicial y mediático después de la declaración que hicieron ante el juez Llarena en el Tribunal Supremo. 

Es evidente que si injusta y exagerada era la prisión provisional dictada en su día sobre los Jordis y Forn —por la que ingresaron en la cárcel de Soto del Real el 16 de octubre los dos primeros y en Estremera el conseller el 2 de noviembre—, las declaraciones de los tres encausados de este jueves deberían conducir irremediablemente a modificar las medidas de reclusión adoptadas. 

No hay riesgo alguno, según sus palabras, ya que explícitamente plantearon en la sala su renuncia a la via unilateral y el acatamiento de la Constitución.

Seguramente habrá que esperar hasta el lunes para conocer la decisión del juez Llarena. Al menos esas eran las previsiones que se hacían llegar desde el Tribunal Supremo y todo ello en medio de un relato que a veces parecía optimista y en otros momentos no. La visión más favorable a la salida de la prisión era cuando se exponían con frialdad las respuestas ofrecidas en el tribunal y la desaparición de cualquier sombra de duda respecto al acatamiento de la legalidad. 

Por el contrario, el análisis más negativo se realizaba cuando se tenía en cuenta la actuación en el pasado tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, que no ha dejado de establecer una línea argumental sui generis respecto a los hipotéticos delitos cometidos y a los riesgos que suponía la excarcelación.

En las próximas horas, los abogados pedirán la puesta en libertad de los tres encausados lo que, además, coincide con la constitución del nuevo Parlament el próximo miércoles y con el hecho de que tanto Sànchez como Forn son diputados electos dentro de la lista de Junts per Catalunya. Sus votos son también necesarios para que pueda reflejarse en el hemiciclo lo que votaron los ciudadanos y el independentismo pueda llegar a los 70 escaños, que son los que obtuvo en las urnas.

Sería bueno que muchos de los que han sostenido públicamente estas últimas semanas que sin un acatamiento de la legalidad no podían salir de la prisión, tuvieran el coraje de defender su libertad ahora que esto se ha producido. La situación de prisión no solo es injusta y exagerada sino que como parlamentarios electos vulnera, seguramente, derechos que les son propios. Además, la prisión provisional está del todo fuera de lugar y el riesgo de fuga no existe desde el momento que ellos mismos decidieron entregarse al juez.

Pero todo ello quizás casa poco con el escarmiento que muchos defienden aunque ello tenga poco que ver con la justicia.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia