MURCIA.- La Comunidad de Valencia ha citado al hidrogeólogo Luis Francisco Turrión Peláez, con el objetivo de que explique el estudio que presentó en agosto junto a Greenpeace, en el que asegura que la cuenca del Segura tiene recursos hídricos a su disposición que la harían autosuficiente. Este informe, que de confirmar su veracidad podría evitar un posible trasvase Tajo-Segura, le ha costado al experto la apertura de un expediente por parte del Ministerio de Ambiente., recuerda hoy http://www.eldiario.es
“Las Cortes Valencianas me han citado porque les interesa conocer con
detalle el trabajo realizado junto a Greenpeace”, señala el hidrogeólogo
murciano. La parte final de la cuenca del Segura discurre a través del
sur de la provincia de Alicante, por la comarca agrícola de regadío
denominada Vega Baja. Su capital es Orihuela, y usa recursos hídricos
procedentes del Trasvase Tajo-Segura. En términos proporcionales, una
cuarta parte del territorio de esta cuenca pertenece a la provincia de
Alicante.
En este sentido, el informe que presentó el
experto, argumenta que la cuenca del Segura podría ser autosuficiente
utilizando sus propias aguas subterráneas. Por otra parte, el río Tajo,
concretamente los embalses de Entrepeñas y Buendía, se encuentran
actualmente a un 9% de su capacidad, “allí lo único que puedes encontrar
es lodo”, comenta Turrión.
Con respecto a la situación en la Región de
Murcia, en una entrevista concedida a eldiario.es, el hidrogeólogo
indicaba que los datos oficiales estimaban el déficit hídrico
estructural del territorio en 400 hectómetros cúbicos. El experto
argumentaba que el Plan Hidrológico del Segura 2015-2021 no incluye el
agua subterránea que contienen sus acuíferos, solo la que proviene de
flujo fluvial (ramblas, ríos...).
“Estos almacenamientos de agua
ignorados, fueron estimados a finales de los años 70 por el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) en unos 100.000 hm3”. Esta cifra es
cien veces superior al total del agua que pueden acumular los embalses
superficiales de Murcia.
En referencia al
expediente que le abrió el Ministerio de Ambiente, Turrión comenta que
se encuentra tranquilo. “Insisten en que he empleado información de la
Confederación Hidrográfica del Segura para hacer el expediente, cosa que
es falsa, y fácilmente demostrable”, comenta el hidrogeólogo.
Otro cargo que se le incluye en el pliego es el de haber “denostado el
trabajo de profesionales en relación con el tema. El informe en este
sentido es absolutamente respetuoso. Lo que hace es una crítica a la
forma de gestionar el agua en España y en la cuenca del Segura”.
El tercer punto con el que justifican la apertura del expediente es la
falta de compatibilidad con su actividad profesional junto a la
publicación del informe. Turrión sostiene la falsedad de este punto, “un
empleado público no tiene que pedir compatibilidad para acudir a una
conferencia o editar un libro, por ejemplo”.
En este sentido, el experto considera que el ministerio busca
“dificultarle” la divulgación de sus conocimientos sobre la gestión del
agua y las alternativas que resulten “viables”.
Prohibición de comparecencia en las Cortes Valencianas
Cabe destacar que esta no es la primera vez que Valencia se interesa
por el trabajo de Francisco Turrión. En septiembre de 2016, la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), con sede en Murcia,
prohibió a tres empleados declarar en las Cortes Valencianas sobre la
gestión actual del agua y alternativas posibles ante el cambio
climático. Su justificación se basaba en la “obediencia debida”, una
figura que no está vigente en el ordenamiento legal español. De acudir a
la comisión, podían incurrir en una falta disciplinaria “muy grave” de
acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, según publicó el diario Público.
Los afectados por esta orden fueron el Comisario de Aguas de ese
organismo, José Carlos González Martínez, al jefe de la Oficina de
Planificación Hidrológica, Jesús García Martínez, y al técnico
hidrogeólogo Luis Francisco Turrión Peláez. A los tres se les comunicó
que no estaba autorizada su asistencia en representación del organismo.
Ante la nueva citación, Turrión sostiene, como en 2016, que tiene la
obligación de acudir. “El estatuto básico del empleado público define
como falta muy grave no ir a unas cortes nacionales o autonómicas una
vez citado”, comenta el hidrogeólogo, que lo considera “un honor”.
Por
otra parte, ve un “auténtico contrasentido que, las Cortes Valencianas
se interesen por saber si hay alternativas a sobrexplotar la cabecera
del Tajo, mientras que la ministra Tejerina me expedienta”.
Asimismo, el experto considera que, siendo delegado sindical del Comité
de Empresas de la Administración General del Estado en la Región de
Murcia, se encuentra en la obligación política y social de exponer sus
conocimientos, “sobre todo en materia de alternativas a los problemas
planteados”.
Turrión cree que si hay algo
detrás de las motivaciones del Ministerio de Ambiente para expedientarlo
es el “lobby del hormigón, de las grandes infraestructuras que influye
mucho en la esfera política”.
