BRUSELAS.- Inversiones congeladas, turistas que cambian de destino, exportaciones
agroalimentarias a la baja… Las comunidades españolas temen el impacto
de un Brexit duro en sus economías. Alrededor de 40 regiones de toda
Europa han analizado los posibles perjuicios de la salida británica.
España es el país que más aportaciones ha enviado al Comité Europeo de
las Regiones, órgano de representación de estos territorios en la UE y
coordinador del estudio.
El texto, al que ha tenido acceso El País,
destaca la “actual incertidumbre” respecto a las negociaciones entre Bruselas y Londres y anticipa “efectos inmediatos en intercambios comerciales y movimiento de personas”, incluidos los turistas.
Ocho comunidades autónomas, entre las que no figura
Cataluña, han comunicado sus temores a este organismo con sede en
Bruselas. La falta de Gobierno en esa comunidad y el hecho de que los
anteriores miembros del comité regional hayan quedado suspendidos por la
aplicación del artículo 155 han alejado a uno de los territorios más
ricos de España de la representación en Bruselas. Cada una de las tablas
de impacto viene firmada por el presidente de la comunidad. Estos son
los principales resultados:
Madrid. Comercio y turismo son las dos
áreas más afectadas por el Brexit. Madrid destaca que Reino Unido es su
principal inversor extranjero desde 2009 y que la salida británica puede
representar “una posible caída brusca en el volumen de inversión
procedente de Reino Unido, al menos hasta que la nueva relación entre la UE y Reino Unido
esté plenamente en vigor”. El Gobierno de Cristina Cifuentes optar por
buscar el ángulo positivo al abandono británico: “Más compañías
británicas pueden sentir la necesidad de establecerse en Madrid para
atender al mercado interior, dado que no podrán acceder al mercado
europeo desde Reino Unido”.
Para paliar los efectos de ese movimiento tectónico en la UE,
Madrid ha creado un plan, en cooperación con el Gobierno central. La
región pide a Bruselas “que mitigue, en la medida en que sea posible, el
impacto de un Brexit duro”. Es decir, una salida británica sin acuerdo
entre ambas partes, con consecuencias muy dañinas para la economía
europea y principalmente para la británica.
País Vasco. A Euskadi le preocupan sectores
diferentes a los de la mayoría de comunidades analizadas: el automóvil,
el aeroespacial, el energético, así como los servicios financieros y la
industria ferroviaria. Reino Unido es el cuarto destino exportador
vasco y uno de los territorios más atractivos para la inversión, con más
de 50 empresas vascas presentes en suelo británico. Aunque de momento
carece de datos para precisar el impacto financiero, “el País Vasco se
verá directamente afectado por la salida británica de la UE”, constata
el documento. Más allá de la negociación con Reino Unido que centraliza
el enviado de la UE, Michel Barnier, Euskadi pide que se activen “los
mecanismos necesarios” para que regiones y municipios participen en el
proceso.
Andalucía. El cambio de estatus de Reino
Unido afectará a la frontera con Gibraltar, a la inversión extranjera,
al turismo, la agricultura y la industria. El Gobierno andaluz destaca
que el 58,7% de los trabajadores españoles en Gibraltar se verán
perjudicados. Alrededor de 10.000 españoles cruzan a diario la verja
para ir a trabajar a la colonia británica. Andalucía pone, además, de
manifiesto la enorme magnitud del turismo británico en la región: aporta
un 1,2% de su PIB.
El texto destaca las potenciales pérdidas en la
política agraria común por la salida de Londres del presupuesto europeo.
Los cambios podrían suponer 190 millones de euros al año menos para la
comunidad. Como soluciones, el Gobierno de Susana Díaz señala una
estrategia para “influir en el mercado británico” con objetivos y
estrategias, sin dar más detalles. Y pide a Bruselas -al igual que hacen
otras regiones europeas- la creación de un fondo europeo para mitigar
los perjuicios del Brexit.
Valencia. Los sectores más afectados serán
la agricultura, la industria, el turismo, la sanidad, la educación y los
sectores sociales. Esta comunidad reúne a una buena parte de la
comunidad británica residente en España (100.000, un tercio del total).
Además, Reino Unido constituye su tercer destino exportador y teme que
“una posible caída en el turismo afecte al mercado inmobiliario y a los
servicios”.
El Ejecutivo valenciano detalla un buen número de contactos
regionales para tratar de suavizar el Brexit y reclama a Bruselas que
mantenga el presupuesto comunitario, cuyo marco desde 2021 debe
negociarse ahora.
Baleares. Esta comunidad coloca como
prioridades la economía en general y el turismo, la inversión
inmobiliaria y la navegación en particular. Baleares vaticina un impacto
en los servicios porque el sector turístico y otras actividades
relacionadas representan el 80% del PIB autonómico. “Cualquier cambio en
la libertad de movimientos [de ciudadanos europeos] se dejará sentir,
ya que el 25% de los turistas son de Reino Unido”. Además, este país es
el segundo inversor extranjero en Baleares.
Canarias. Al Gobierno de Fernando Clavijo
le inquieta el impacto en agricultura, turismo, inversión, bebidas
alcohólicas, motor e inmobiliarias. Como ocurre con otras regiones,
Reino Unido es el principal destino de productos agroalimentarios. “Una
retirada brusca sin acuerdo de libre comercio de bienes y servicios
podría arruinar esta situación”, admite el documento.
Castilla-La Mancha. Este Ejecutivo
autonómico pone el énfasis en el mantenimiento de los fondos europeos,
en riesgo por la pérdida de aportación neta de Reino Unido, que supondrá
un agujero anual de unos 10.000 millones de euros en los presupuestos
comunitarios.
Murcia. Agricultura y turismo serán las
áreas con mayor impacto del Brexit. Reino Unido es “la mayor fuente de
turistas de Murcia (43%) y el segundo destino exportador”, arranca el
texto. Al igual que Castilla La-Mancha, esta comunidad previene contra
la pérdida de fondos estructurales de la UE como consecuencia del
divorcio británico.
La pérdida de fondos inquieta a las regiones
Tanto Cataluña, sonora excepción de esta encuesta sobre el Brexit,
como otros territorios europeos tendrán más oportunidades de trasladar
sus inquietudes al órgano de representación regional en Bruselas. El
Comité Europeo de las Regiones les ha enviado otra ronda de preguntas
sobre las consecuencias de la salida británica de la Unión Europea. Los
resultados se conocerán en marzo.
Aunque serán los Gobiernos centrales de los Estados miembros los que
tengan que ratificar el futuro pacto del Brexit, Karl-Heinz Lambertz,
presidente del Comité Europeo de las Regiones, insta a implicar a las
regiones en todo el proceso. “El acuerdo final entre la UE y Reino
Unido, así como todas las acciones que tendremos que poner en marcha
para garantizar su aplicación, deberán tener en cuenta las necesidades
locales y regionales específicas para minimizar el impacto
socioeconómico de este lamentable divorcio”, asegura Lambertz.
Este
organismo observa con enorme preocupación uno de los efectos indirectos
del Brexit: la pérdida de fondos europeos para el desarrollo regional.
La Comisión Europea ya ha advertido de que el adiós de un contribuyente
neto a las arcas comunitarias como Reino Unido obligará a reducir el
dinero destinado a distintas políticas. Para minimizar el impacto,
Bruselas insta a los Estados a aportar más.
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