El primer paso para cualquier propósito
de Año Nuevo se llama voluntad, que es precisamente de lo que ha
carecido y carece el Partido Popular de Rajoy para atajar, por ejemplo, la corrupción; una lacra de la que 'se esconde' o 'esconde', según dice el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera,
que a cuenta de presuntos corruptos murcianos y del lío catalán está
sacando un importante rédito electoral que ya reflejan encuestas de
periódicos nacionales e incluso los sondeos regionales de intención de
voto; sepultados bajo siete llaves porque, por ejemplo, dan al partido
Ciudadanos entre 6 y 8 escaños en la Asamblea Regional a costa
fundamentalmente de los populares, que bajarían bastante.
Hay diputados
naranjas que ya se ven dentro del coche oficial y eso que hace poco más
de dos años daban tumbos en el troncomóvil buscando acomodo en el
partido que parecía con más posibilidades de pillar sillón y sueldo
público.
La cabeza de Barreiro. Rivera exige la cabeza política de Barreiro
y amenaza con congelar todos los acuerdos con Rajoy si la senadora no
dimite. Muestra de coherencia ante sus potenciales votantes y de simple
oportunidad política a año y medio de las elecciones autonómicas y
europeas, tras haber forzado de manera muy rentable la dimisión del
presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez. Mientras
PAS espera la llamada de los jueces se entretiene con una empresa
llamada 'Nosce te ipsum 2017 Sociedad Limitada', con sede en Puerto
Lumbreras, que tiene como objeto social la consultoría y asesoramiento
de empresas y personas físicas «en su más amplia acepción».
Quien no ha
dejado de asesorar a insignes personas físicas desde que fue forzado a
dimitir, que al menos contribuya a la lista de nuevas empresas creadas
en la Región de Murcia en 2017, de las que luego hará tantos balances
como semanas tiene el año el consejero de Empresa, Juan Hernández,
a quien los periodistas ya han bautizado cariñosamente 'el cansino',
aunque parece más bien 'pitufo optimista' repasando y valorando datos de
empleo y economía. Repasas sus declaraciones un día de bajón y te dan
ganas de salir a la Gran Vía de Murcia a cantar y bailar La La Land,
hasta que te topas con algún barómetro o informe de la Unión Europea,
Funcas o de la Autoridad Fiscal Independiente y te chafan la fiesta.
Cinco delitos cinco. El
Supremo investiga a Barreiro por nada menos que cinco delitos: fraude,
malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y
revelación de información reservada de los que será interrogada el
próximo lunes en el marco del caso Púnica. Supuestamente contrató y pagó
con dinero público a uno de los cabecillas de la trama, Alejandro de Pedro,
para que mejorara su imagen personal y su reputación en redes sociales.
La gravedad de los delitos que se le imputan es incuestionable tras una
larga y sesuda investigación por parte de un juez de la Audiencia
Nacional y, pese a ello, el presidente López Miras no
considera que Barreiro deba dimitir.
«No ha cambiado nada, nosotros
respetamos la presunción de inocencia», dijo el pasado mes de octubre
tras presidir su primer comité ejecutivo del PP de la Región de Murcia
perdiendo con ello una oportunidad única de marcar distancias con la
corrupción y con su mentor político. Lo único que ha conseguido es dar
alas a Ciudadanos y, de paso, ceder esa bandera a Alberto Garre, cuyo
partido político se presenta como de centro, reformista,
regeneracionista y social intentando abarcarlo todo.
López Miras ha
intentado arreglarlo esta semana advirtiendo muy seriamente de que
echará 'a patadas' a cualquier miembro de su equipo «si hay la más
mínima sospecha» de corrupción, solo que lo fastidió al añadir al final
de su alocución que para ser prudente, justo y equitativo prefiere «que
esa decisión la tome un juez» Luego, quien echaría a patadas al corrupto
no es él, sino la Justicia. A vueltas nuevamente con la dichosa línea
roja y volviendo a confundir responsabilidad política con
responsabilidad judicial.
Y después, Pokémon.
Me atrevería a aventurar que a Barreiro le quedan dos telediarios, pero
no porque el PP de Rajoy haya decidido ser expeditivo contra la
corrupción, como evidencia que Andrés Ayala sea el
responsable de la oficina anticorrupción del PP, sino para evitar el
debate en el Pleno del Senado del suplicatorio, en el caso de que el
Supremo decida procesarla, que es lo que la cartagenera ha evitado
solicitando ir a declarar voluntariamente ante este tribunal. Lo malo es
que se le acumula la faena porque la juez de Lugo que instruye el caso
Pokémon también quiere hablar con ella por su viajes a Nueva York
regalados por la empresa Hidrogea, antes Aquagest.
Si no sale limpia de
polvo y paja el próximo lunes, intuyo que acabará renunciando al acta de
senadora por indicación de Génova o, de manera pactada, irá al grupo
mixto como como sucedió con Rita Barberá, solo que ya
será tarde y Albert Rivera podrá grabarse otra muesca en su cinturón, en
un momento en el que el partido naranja está en la cresta de la ola
demoscópica. Rivera cae simpático, es guapetón, no se le cae la palabra
España de la boca y no asusta a los pensionistas y jubilados, que son
los que mayoritariamente votan al PP.
Es el protocolo.
Sí, la todopoderosa alcaldesa de Cartagena durante veinte años
declarará el próximo lunes ante el Tribunal Supremo por el caso Púnica,
el mismo caso que dio la puntilla a Pedro Antonio Sánchez, aunque no a
su asesor David Conesa, que también está procesado por
ese caso y sigue dando órdenes en San Esteban. Debe ser que no suscita
la más mínima duda al presidente autonómico que lo mantiene. Y dado que
tiene visos de permanecer adjunto a Presidencia, aconsejo
encarecidamente al señor Conesa que haga un curso de protocolo para dummies,
aunque sea en la UCAM, donde aprueba seguro.
Primera lección: la
primera autoridad en la región es el presidente de la Comunidad Autónoma
como representante del Jefe del Estado por lo que, cuando vuelva un
ministro a misa en Caravaca buscando el perdón de los pecados o a
cualquier acto oficial en la Región, es Fernando López Miras y no el
ministro de turno quien debe ocupar el lugar que el protocolo reserva a
la primera autoridad política, a no ser que el ministro venga
representando al presidente del Gobierno o a su Majestad el Rey.
Si
el protocolo es la estética del poder, López Miras no está
contribuyendo a construir esa estética de la que tan necesitado está con
un Francisco Bernabé que no pierde ripio ni foto
oficial y cuya agenda como delegado del Gobierno es propia de un
candidato a la presidencia de la Comunidad porque nos anunció hasta de
su asistencia a la Cabalgata de Reyes como si eso fuese relevante. No
son pocos los que aseguran que Bernabé es, en realidad, el plan B de
Génova en el caso de que las encuestas vaticinen un descalabro electoral
en la Región de Murcia para el PP.
Insisto en que López Miras, que da
por hecho que este año será confirmado como candidato del PP a la
presidencia autonómica, ya debería haber pasado por un congreso político
cuya pátina necesita para despejar dudas. Mientras eso no suceda,
seguirá siendo el fruto de la decisión unipersonal de un hombre que
lleva camino de batir el récord de imputaciones judiciales porque está
afectado por tres casos: Auditorio, Púnica y Pasarelas. Por este último
está citado a declarar el próximo 2 de febrero en un juzgado de Lorca.
Esquelas.
El año 2018 promete, y no solo porque haya arrancado políticamente en
la región con grades esquelas mortuorias en prensa anunciado el deceso
del impuesto de sucesiones que la oposición quiere saber quién ha
pagado. Unas esquelas tan impactantes como de mal gusto porque las
esquelas nunca anuncian nada bueno. En 2007, el PSOE de Cartagena invitó
con esquelas a enterrar «la política llevada a cabo por el PP de Pilar
Barreiro» y los enterrados acabaron siendo los socialistas del entonces
candidato Ignacio Segado.
Por cierto, los socialistas
que prometían mucho con Diego Conesa como nuevo secretario general, no
terminan de arrancar en la Región de Murcia y el tiempo se agota. A
veces dan ganas de llamar y preguntar: ¿Hay alguien ahí?
Vender al AVE antes de que llegue.
Se trata de un año preelectoral en el que, lamentablemente, PP y
grandes productores agrícolas quieren rebajar las medidas de protección
de un Mar Menor que sigue verde y no admite rebajas de ningún tipo. Un
año para el que, como en el cuento de la lechera, se anuncian turistas a
miles gracias al aeropuerto de Corvera y el AVE; un tren que aún no
está ni en pruebas pero se venderá en FITUR como reclamo turístico para
congresistas, dando con ello nuevos argumentos a los vecinos para
desconfiar porque ven que la cuchara bivalva no avanza excavando el
soterramiento al ritmo prometido.
La oposición ha calificado de
'disparate' que vendan un tren que aún no existe. Evidentemente han
olvidado que el Gobierno regional de Valcárcel dedicó
toda una edición de FITUR al parque Paramount del que solo hay una
primera piedra enterrada en medio de un secarral de Alhama. Y si se pudo
vender el cuento Paramount en FITUR, cómo no se va poder anunciar una
rebaja del IRPF autonómico en 2018 sin concretar en qué cuantía, a qué
rentas, ni con qué apoyos políticos, pese a que Murcia lleva camino de
ser la única comunidad española que incumpla el objetivo de déficit en
2017. Y eso que no es la única región de España maltratada por el modelo
de financiación autonómica.
Una rebaja del IRPF «para salvar a las
clases medias», anuncia el Gobierno regional a año y medio de elecciones
que, por supuesto, cuenta con la bendición de la patronal CROEM, que
luego alertará en su boletín de coyuntura de la desbocada deuda
regional, del déficit autonómico y exigirá contención del gasto en
sanidad y educación. Una rebaja de impuestos que según expertos en
economía aplicada, apenas notarían los bolsillos de los murcianos, pero
mermaría mucho la recaudación de ingresos, que es lo que necesitan las
arcas regionales.
A ver qué dice Montoro de la
inoportuna, sorprendente y electoralista propuesta impositiva cuando
desde Murcia llamen a su puerta pidiendo más dinero para servicios
básicos.
(*) Periodista y jefa de Informativos en Murcia de
Onda Cero.
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/01/13/batalla-credibilidad/889470.html
