¡Por fin! Tras un largo periplo de ocho años, en el que hemos parado
miles de desahucios, negociado miles de daciones en pago y alquileres
sociales (hechos ambos que se nos vendían como imposibles por políticos y
banqueros) presentado una Iniciativa Legislativa Popular, ILP, estatal
avalada por 1,5 millones de firmas, promovido ILPs y leyes autonómicas
que siguen pendientes del Tribunal Constitucional, TC, recibido cientos
de golpes y porrazos y de multas... por fin, el pasado día 10
conseguimos registrar en el Congreso la Ley de Vivienda de la Plataforma
de Afectados por las Hipotecas, PAH.
Pese a que desde la PAH
nos hemos reunido con todos y cada uno de los grupos políticos presentes
en el Congreso, la proposición de ley llega al Congreso avalada por los
grupos de Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu, con las ausencias
de PP, Cs y la más incomprensible del PSOE.
Es una ley que,
mediante cinco reivindicaciones pretende hacer frente a la actitud del
Gobierno del PP, que cuando es interpelado en materia de vivienda
despeja balones hacia las Comunidades autónomas como titulares de las
competencias, pero cuando éstas legislan, recurre sistemáticamente al TC
alegando invasión de competencias, provocando así que las leyes
autonómicas no puedan aplicarse en su totalidad.
En la Región de Murcia, contamos además con la insumisión del Gobierno de López Miras
a la ley 10/2016 aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la
Región, BORM, hace más de año y medio, y suspendida exclusivamente por
el TC en un artículo, estando plenamente vigente el resto de la ley, lo
que incluye la obligación de realojo en caso de desahucio, las ayudas al
alquiler o la garantía de acceso a los suministros básicos que López
Miras se niega a aplicar.
Pero básicamente es una ley estatal de
mínimos necesaria para garantizar el acceso a la vivienda no como un
bien de consumo más, sino como el elemento básico imprescindible para el
desarrollo humano en condiciones de igualdad que es, en definitiva, un
derecho fundamental. Para lograrlo hemos incluido los siguientes
contenidos:
Dación en pago retroactiva.
Necesaria para dar cierta justicia a todas aquéllas, de los cientos de
miles de familias que fueron víctimas primero de brutales cláusulas
abusivas y desahuciadas después en aplicación de una legislación ilegal,
según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, y que aún hoy
mantienen deudas impagables y de por vida. Y también para los cientos de
miles de procedimientos, hoy suspendidos en los juzgados, pero que se
reactivarán una vez el TJUE dicte sentencias en relación con el
vencimiento anticipado y los intereses de demora.
Suspensión de todos los desahucios de primera y única vivienda,
sin alternativa habitacional, como vienen reiterando los tribunales
europeos, y en coherencia con el dictamen del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU del pasado mes de junio.
Para evitar los 173 desahucios que se ejecutan a diario en España, de
los que once se llevan a cabo en la Región de Murcia.
Obligación de la banca de ofrecer alquiler social a quienes no puedan hacer frente al pago de su hipoteca.
Garantía de acceso a los suministros básicos,
estableciendo un mínimo vital, y comprometiendo en ello a las empresas
suministradoras, suficientemente financiadas por la gente.
Limitar las rentas de alquiler,
estableciendo índices de referencia de precios que impidan los abusos,
así como ampliando la duración mínima de los contratos a cinco años para
dar estabilidad, pinchando la actual burbuja de alquiler que estamos
sufriendo. También proponemos la creación de un parque público real de vivienda para alquiler
que garantice el acceso a vivienda por esta vía. En ese sentido
recordamos que existen en nuestro país más de 300.000 viviendas
cerradas, sin ningún uso en poder de la banca.
En definitiva, se
trata de una ley justa, y absolutamente necesaria para evitar el drama
humano que genera la actual legislación en materia de vivienda, para
garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos, acabar con la
burbuja de alquiler y mejorar sensiblemente las condiciones de
igualdad.
La actitud del Gobierno del PP está provocando que la
legislación española vaya siendo modificada a golpe de sentencias del
TJUE que van gota a gota, introduciendo en nuestra legislación los
estándares mínimos de derechos de la ciudadanía europea, provocando aún
más desigualdad, ya que los derechos de las personas varían en función
de cuándo se produce su ejecución hipotecaria, ya que los juzgados las
tratan con la legislación o jurisprudencia vigente en cada momento.
La
proposición de ley llegará en breve a la Mesa del Congreso, y a partir
de ese momento, el Gobierno dispondrá de un plazo de 35 días para
ejercer su opción de veto si considera que el texto tiene incidencia en
los Presupuestos Generales del Estado, PGE. Para evitarlo, hemos
introducido una disposición adicional que retrasa la aplicación de las
medidas que pudieran tenerla. Aunque la portavoz de Vivienda del PP en
el Congreso, la diputada canaria Ana Zurita, nos reconoció en reunión con su grupo parlamentario que no veía argumentos para ese veto.
Desde la PAH mantenemos una campaña de movilizaciones para evitar ese veto, conscientes como somos de que ¡sí se puede!
(*) Activista social
No hay comentarios:
Publicar un comentario