MADRID.- El ex jefe de la Policía Local de Coslada (Madrid), el murciano licenciado en Ciencias de la Información, Ginés Jiménez Buendía,
natural de Alcantarilla, se sentará el próximo lunes en el banquillo por la
presunta trama de corrupción policial descubierta en 2008, por la que la
Fiscalía pide para él más de 26 años de cárcel por extorsión, amenazas,
cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo.
Será la Sección 17 de la
Audiencia Provincial de Madrid la encargada de juzgar, entre el 15 de
enero y el 23 de marzo, a Jiménez Buendía, a su mujer, a su hijo, a tres
ciudadanos rumanos relacionados con la prostitución y a otros seis
agentes de la localidad madrileña. Estas son las doce personas que van finalmente a juicio tras diez años
de instrucción judicial con numerosos recursos de diferentes partes.
El denominado 'caso Bloque' se destapó el 8 de mayo de 2008 cuando la
Policía Nacional detuvo a 26 policías locales -24 de ellos de Coslada-
que supuestamente integraban una trama liderada por Ginés Jiménez, que
extorsionaba en comercios y bares de copas. Los que ingresaron en
prisión quedaron libres poco después, salvo Ginés que estuvo en la
cárcel casi un año; en 2013 el mando policial fue condenado a un año y
medio de cárcel por coaccionar a una testigo relacionada con el caso.
Ahora, la Fiscalía pide para el supuesto líder de la trama 26 años y
ocho meses de cárcel, inhabilitación para el ejercicio del cargo, dos
multas que suman 130.000 euros y también el embargo de una cuenta
bancaria, de 23.410 euros incautados en su casa y de una vivienda
comprada por su mujer. Además, considera que Ginés era el máximo
responsable policial en la localidad madrileña y se aprovechaba de su
cargo «para vulnerar el ordenamiento legal movido por intereses
personales en beneficio propio».
Actuaba «de manera abusiva y arbitraria» para «condicionar
la tramitación de licencias y autorizaciones», amenazando con
«inspecciones continuas y acoso del aparato policial». Así relata hasta
doce episodios en los que el acusado se valía de su cargo para exigir,
incluso en un caso a punta de pistola, que los responsables de los
locales fuesen a su despacho para pagarle y le invitasen a copas y a
servicios de meretrices. «Todavía no has aprendido, tienes que ir a mi
despacho como van todos» o «No has venido a dar las gracias a la
Policía, cuando si tienes abierto el bar es gracias a nosotros» son
algunas de las frases que Ginés Jiménez dijo a algunos de los afectados,
según el relato fiscal.
Para su mujer, Carmen Pérez
Martínez, y su hijo Ginés se piden cuatro años de prisión y multa de
100.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, al considerar que
se enriquecieron ilícitamente y utilizaron el dinero para gastos
cotidianos y para la compra de dos pisos y un coche.
Además,
la Fiscalía imputa a los ciudadanos rumanos Catalin A., Francisc G. y
Ionot G. un delito de prostitución por el que solicita dos años y seis
meses de cárcel, ya que controlaban y exigían dinero a las prostitutas, a
las que obligaban a trabajar en duras condiciones en un polígono del
distrito madrileño de Vicálvaro.
Para el agente Carlos M.
R. solicita dos años y ocho meses de prisión y diez años de
inhabilitación por un delito de cohecho, ya que era amigo de los rumanos
y acudía al citado polígono sin hacer «actuación alguna para perseguir
el posible delito», consiguiendo servicios sexuales gratis. A los otros
cinco agentes también les imputan cohecho y solicitan para ellos una
multa de 2.160 euros.
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