TEHERÁN.- La quiebra de varias instituciones financieras y bancos que ofrecían
rentabilidades imposibles a sus clientes ha desencadenado fuertes
disturbios en Irán, que se consideran como el mayor desafío al régimen
de los ayatolás desde 2009. Las protestas por el fraude financiero
rápidamente se han transformado en disturbios y manifestaciones más amplías
contra la política económica del Gobierno iraní.
El histórico acuerdo
nuclear de 2015 alimentó las expectativas de la población en que
mejoraría su calidad de vida ya que llevaba aparejado el levantamiento
de sanciones económicas para el país.
El gran fraude afecta a millones de iraníes que se han visto
atrapados en la quiebra de varias firmas de inversión que prometían
retornos exagerados a sus clientes. El Gobierno de Rouhani se enfrenta
al mayor escándalo desde que está en el poder, ya que los intermediarios
financieros estaban expresamente "autorizados" y "supervisados" por las
autoridades y el asunto está envuelto en una trama de corrupción
política.
El sector financiero prosperó bajo el mandato del predecesor de
Rouhani, Mahmoud Ahmadineyad, cuando legalizó la propiedad privada y
semiprivada de las cooperativas de crédito a mediados de la década de
2000. Los iraníes de clase trabajadora y clase media, cuyo poder
adquisitivo estaba disminuyendo a causa de la inflación y la devaluación
de la moneda, acudieron en masa a ellos.
El FMI ha estimado que había más de 7.000 firmas financieras. La
cuenta oficial del Gobierno apunta que hasta el año pasado controlaban
el 25% del flujo de caja del país. Rouhani intentó limitar el impacto
de la caída de estas compañías y ordenó al banco central limitar las
tasas de interés que ofrecían al 15% y controles más estrictos.
Los analistas y economistas iraníes dicen que las empresas estaban
condenadas al fracaso. No eran propiedad de expertos financieros, sino
personas que tenían vínculos estrechos con instituciones religiosas y
la Guardia Revolucionaria.
Gran parte de su capital se invirtió en el sector inmobiliario pero
no fueron lo suficientemente rentables como devolver a los inversores
los retornos prometidos. La falta de regulación, rendición de cuentas y
transparencia y un ambiente de corrupción, según The Wall Street
Journal.
Antes de la
privatización acometida por Ahmadineyad, las instituciones financieras
funcionaban principalmente como fondos de jubilación para funcionarios.
El resto de la población prefería mantener su patrimonio en dólares y en
oro por la desconfianza que le generaba el Gobierno.
Según el FMI, tras el inicio de la reforma de la regulación de las
firmas financieras muchas empresas ce asesoramiento financiero o
gestoras estaban afiliadas a fundaciones religiosas o se pensaba que
tenían el respaldo del poder judicial o de la Guardia Revolucionaria, lo
que reforzó la confianza entre sus clientes.
Las instituciones invirtieron gran parte del dinero de los
inversores en bienes inmobiliarios y otros activos ilíquidos, al tiempo
que utilizan nuevos depósitos para gestionar el flujo de efectivo. Para
2013, las pérdidas financieras se acumularon a medida que el precio de
la vivienda bajaba; mientras que otras entidades eran acusadas de
corrupción y mala administración. Cuando los depositantes exigieron su
devolución de dinero, las financieras se encontraban sin liquidez.
Mizan
Credit and Financial Institution, estrechamente asociado con el sistema
judicial iraní, fue uno de los primeros y más grandes en quebrar en
2013. Había otorgado grandes préstamos a una gran constructora Padideh
Shandiz, una empresa que atrajo millones de dólares de los iraníes,
antes de convertirse en objetivo de investigación por corrupción en 2015
y declararse en quiebra posteriormente.
Fereshtegan, una firma de crédito de la provincia de Jorasán Razaví,
que hace frontera con Afganistán, se declaró en bancarrota hace unos
cuatro años y se fusionó con varias otras firmas enfermas para formar el
banco Caspian. Tenía aproximadamente 450.000 depositantes y
aproximadamente medio billón de dólares en activos. El nuevo banco
prometió que los clientes que perdieron su dinero recuperarían sus
ahorros gradualmente, dando prioridad a los depositantes más pequeños.
El banco central de Irán ha intervenido para salvar a otras empresas
con problemas, ya sea mediante la organización de fusiones y
transferencias de activos a bancos saneados, o mediante la conversión en
entidades financieras públicas. Mizan, por ejemplo, transfirió sus
activos al Bank Saderat, el mayor banco comercial de Irán.
Muchos iraníes que perdieron dinero acusan a los gerentes de
embolsarse los fondos y culpar a las autoridades por no regularlos.
Pocos gestores se han enfrentado consecuencias legales, lo que ha
despertado la ira de la población.
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