lunes, 18 de diciembre de 2017

Podemos exige el cumplimiento íntegro y estricto de los contratos por parte de las empresas concesionarias del servicio de ambulancias del SMS

CARTAGENA/MADRID.- La diputada regional de Podemos, Ángeles García Navarro, ha pedido que, a la finalización de los contratos vigentes con las concesionarias, el servicio de transporte sanitario en ambulancias sea gestionado directamente por el SMS.

García Navarro, ha expuesto que el servicio de ambulancias para transporte sanitario, prestado por varias empresas privadas y adjudicatarias de dicho servicio, viene siendo objeto de reclamaciones por parte de los usuarios y por parte de los trabajadores de las empresas.
Así, la diputada de Podemos ha explicado que tras reuniones con trabajadores y usuarios de dicho servicio, "ha podido comprobar que se vienen incumpliendo de forma sistemática los pliego de condiciones, el tiempo de duración máxima de los contratos con prórrogas, así como también la legislación en materia de seguridad y salud laboral de los profesionales que trabajan en este servicio ya que la dotación de personal es muy inferior a las necesaria para prestar el servicio con garantías".
Este hecho, ha asegurado García Navarro, repercute en la calidad y seguridad, "con pacientes en estado de debilidad que esperan demasiadas horas después de recibir su tratamiento para ser trasladados en ambulancias colectivas, sentándose sin medidas de seguridad en espacios no destinados a tal fin, ambulancias obsoletas que no cumplen las condiciones técnicas y no se renuevan", y en cuando a la plantilla "por estar infradotada se vulneran los derechos laborales de los trabajadores en cuanto a su tiempo de descanso y permisos". 
García Navarro ha añadido que "es fundamental que estos traslados se realicen de manera que no suponga una situación grave que afecte a la salud de los usuarios, puesto que muchos son pacientes sometidos a tratamientos oncológicos o de diálisis".
En este sentido, la diputada regional de Podemos ha explicado que "estos procesos de externalización no pueden seguir con una dinámica donde se pierde el control público de un servicio imprescindible, que se ha adjudicado teniendo solamente en cuenta criterios económicos con la pérdida de la calidad del servicio para los pacientes, y sin condiciones garantistas con los derechos laborales de los trabajadores".
En concreto en el área II de Cartagena, existen irregularidades en las empresas concesionarias por incumplir las prescripciones técnicas sanitarias del pliego de condiciones, por no respetar el descanso de los trabajadores, por la ausencia de un registro de horas extraordinarias, por incumplimiento del Convenio Colectivo, con actas de la Inspección de Trabajo y el SMS no ha realizado ningún tipo de gestión y control de cumplimiento de contrato por parte de dichas empresas.
Así ha avanzado que ha presentado una enmienda a los presupuestos regionales para la reversión del servicio y su gestión pública por parte del SMS y, hasta tanto, la mejora en la prestación, por lo que propone que las empresas concesionarias cumplan de forma rigurosa con el pliego de condiciones, que se realicen inspecciones por parte de la administración autonómica para el cumplimiento del servicio contratado, así como la realización de auditorías que midan el grado de satisfacción de los usuarios de estos servicios de ambulancias, de manera "el transporte sanitario se realice con garantías para los trabajadores, para la ciudadanía y con control público".

Archivada la denuncia murciana 
contra el Consejo General de Enfermería


Por otra parte, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada por el Colegio Oficial de Enfermería de Murcia contra la cúpula del Consejo General de Enfermería (CGE) por presuntos delitos de cohecho, malversación y fraude fiscal al considerar que las acusaciones son "meras sospechas" y los presuntos delitos habrían prescrito, según adelanta La Opinión.
La denuncia presentada el pasado mes de marzo por Amelia Corominas y otros cinco miembros de la junta directiva del Colegio de Enfermería de Murcia alertaba del supuesto uso fraudulento de los fondos del Consejo General, beneficiando a personas de la directiva y empresas externas vinculadas a ésta.
Sin embargo, el fiscal decano en funciones asegura en un decreto que ha sido enviado a los denunciantes que "no podemos hablar de que los hechos denunciados constituyan infracción penal alguna o se aporten datos como para estar en presencia de hechos concretos constitutivos de infracción penal, de manera que procede el archivo de las presentes diligencias informativas".
Además, señala que "tras la práctica de las diligencias de investigación, consistentes en las declaraciones de varios de los denunciados y en la solicitud de diversa documentación, no podemos extraer suficientes indicios de criminalidad como para interponer denuncia o querella ante el Juzgado por estos hechos".
Desde el Colegio de Enfermería de Murcia consideran que el archivo de la denuncia que presentaron "no supone un respaldo a la gestión de Máximo González (expresidente del CGE), sino que, muy al contrario, en la resolución dictada se cuestionan muchas de las iniciativas empresariales realizadas por éste, llegando a considerar la existencia de ciertos delitos que, de forma muy cuestionable, considera prescritos".
En este sentido, la institución colegial murciana informa a sus colegiados de que pese a que la Fiscalía descarta inicialmente que fuera una trama orquestada por Máximo González "únicamente lo hace porque se ha desmostrado que tras la pérdida patrimonial se iniciaron varios procedimientos judiciales para intentar recuperar el dinero". Y añaden que el propio fiscal "se sorprende de que el CGE no hubiera actuado penalmente ante la evidente estafa que había sufrido".
Desde Madrid, el Consejo General de Enfermería considera, tras la decisión judicial, que "ésta viene a confirmar la legalidad de la gestión corporativa de más de 25 años y desmonta la estrategia de falsedades orquestada contra la Organización Colegial y, especialmente, contra este Consejo General y sus dirigentes" y anuncia que interpondrá una querella contra Corominas por "difundir falsedades y mentiras".
También subrayan que Amelia Corominas "está ocupando ilegalmente el cargo, puesto que las elecciones que convocó para mantenerse en el mismo fueron declaradas nulas por la Resolución nº 6/2016, de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería tras recibir el recurso de un colegiado y constatarse que estuvieron plagadas de irregularidades".

C's denuncia un sobrecoste de más 1.350.000 euros por parte de 'Emuasa' sin la autorización de 'Adif'

MURCIA.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia y vocal del Consejo de Administración de Emuasa, Mario Gómez, ha planteado una serie de interrogantes en torno a las obras de los desvíos de colectores del soterramiento acometidas por la empresa municipal de aguas porque, al parecer, se han llevado a cabo sin adjudicación, ni consignación presupuestaria y sin la autorización de Adif.

Así, Gómez ha advertido que se “trata de unas obras realizadas por Emuasa que han supuesto un sobrecoste de más de 1.350.000 euros y que se han llevado a cabo sin la autorización previa del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias”.
Un sobrecoste -ha insistido - sobre el que esperamos que el  Consejo de Administración de Emuasa rinda cuentas y nos aclare todas nuestras dudas.
En este sentido, Gómez ha afirmado que “desde C's mostramos nuestra más rotundo rechazo a cualquier tipo de obra que se lleve a cabo sin la correspondiente adjudicación o partida presupuestaria asignada por Adif, sobre todo si implica un gasto para Emuasa y un claro perjuicio patrimonial.
Por último, ha apuntado, “quienes han autorizado estas obras sin la autorización de Adif habrían gestionado en contra de los intereses de Emuasa y de todos los murcianos, al tratarse de la empresa municipal de aguas”. 

La alcaldesa Esther Hortelano (PP) cesa a los ediles de 'Blanca Puede' y rompe el pacto de gobierno municipal

BLANCA.- Esther Hortelano (PP), alcaldesa de Blanca, ha roto el pacto de gobierno que el Partido Popular firmo a finales de el año pasado con Blanca Puede al cesar a los ediles Francisco Javier Rodríguez y Soledad Ríos, miembros de esa formación.

El detonante de esta situación se produjo a finales de noviembre, con la destitución del alcalde pedáneo de la Estación de Blanca, Ernesto Ortega. La regidora justificó su decisión porque, según ella, Ortega había reclamado una remuneración económica que este negó.
Con la salida de Francisco Javier Rodríguez, concejal de Seguridad Ciudadana, Sanidad, Participación, Transparencia y Servicios, y Soledad Ríos, a cargo del Área de Bienestar Social, Cultura y Personal, se rompe el pacto que sacó de la Alcaldía en una moción de censura al socialista Pedro Luis Molina.

Hortelano se justifica

"La prioridad de mi Gobierno son los blanqueños y no los intereses particulares o partidistas" ha afirmado la alcaldesa del PP en el Ayuntamiento de Blanca, Esther Hortelano, quien sostiene que ha destituido a los ediles Rodríguez y Ríos "ante la deslealtad y ruptura protagonizada en el último pleno por ambos concejales".
Así ha recordado que "el PP continuará gobernando en Blanca porque así lo quisieron los blanqueños ya que fuimos la lista más votada" y ha explicado que "no ha tenido otra opción que retirar las competencias en las funciones que desarrollaban los ediles del Grupo municipal independiente Blanca Puede para no interferir en el buen desarrollo de la gestión municipal".
"Esa no es la forma de trabajar del PP, y no lo voy a consentir, aunque lamento tener que haber tomado esta decisión", ha remarcado.
La regidora popular ha insistido que en la celebración del último Pleno municipal ambos concejales mostraron su disconformidad ante la negativa del resto de equipo de Gobierno a pagar una remuneración económica al alcalde de barrio de la Estación de Blanca, Ernesto Ortega y que es el número tres de Blanca Puede", remuneración ha explicado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento, advirtieron que "no era legal".
La alcaldesa 'popular' ha recordado que el PP recuperó el Gobierno en Blanca hace un año gracias a una moción de censura apoyada por los dos concejales de la formación independiente Blanca Puede, para arrebatar el gobierno al socialista Pedro Luis Molina, "ante la ineficacia en su gestión y la desidia en la que se encontraba el municipio" por lo que ha remarcado que "en este año de Gobierno del PP el municipio de Blanca ha recuperado la actividad y el dinamismo con nuevas inversiones y mejoras importanes que suponen un gran beneficio para todos los blanqueños".

Bankia plantea un ajuste de plantilla de 2.510 empleados por la fusión con BMN

MADRID.- La dirección de Bankia se ha reunido con los sindicatos en el marco de las consultas previas a la negociación sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acometerá la entidad por la fusión con Banco Mare Nostrum (BMN) y que afectaría a unos 2.510 trabajadores.

Concretamente, unos 817 trabajadores corresponderían a los servicios centrales de la entidad, mientras que 1.118 serían empleados de las oficinas, incluyendo direcciones territoriales.
Además, según han explicado fuentes sindicales, la entidad ha planteado la necesidad de prescindir de otros 375 empleados que están en excedencia voluntaria por la aplicación de otros ERE y que se incorporarán el 1 de enero de 2018, así como de otros 200 puestos que se recortarían por el efecto de la digitalización.
De acuerdo con las mismas fuentes, no se ha detallado cuántos afectados saldrían de la entidad y cuántos se someterían a movilidades geográficas. El periodo de consultas previas concluirá la próxima semana, tras lo cual a principios de 2018 se iniciará la negociación.
Los representantes de los trabajadores han calificado de "excesiva" la cifra propuesta por la dirección de la entidad y han manifestado su compromiso por "que no haya tantas salidas" y "que el proceso sea voluntario en su totalidad".

Una mesa redonda sobre la Catedral Santa María la Mayor en Cartagena acercará sus posibilidades de recuperación


CARTAGENA.- El área de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena, dirigida por el primer teniente de alcalde, Ricardo Segado (MC Cartagena), ha organizado una mesa redonda bajo el título 'Catedral Santa María la Mayor: la recuperación es posible', que se celebrará el viernes 22 de diciembre a partir de las 19:30 horas en el Palacio Molina.

El evento, cuya entrada será libre hasta completar aforo, pretende acercar la historia y el estado actual de este edificio. Para ello, se ha contado con diferentes expertos en la materia como Jesús Cortina, representante de la Plataforma Virgen de la Caridad; el arquitecto José Manuel Chacón y el especialista en recreación virtual, Juan García.
La mesa estará moderada por el propio Ricardo Segado, quien ha asegurado que este magnífico grupo de conferenciantes "nos hablará sobre las posibilidades de reconstrucción de este edificio derruido durante los bombardeos de la Guerra Civil; de todos los aspectos históricos, así como de las acciones y movimientos vecinales y ciudadanos que se han realizado hasta ahora".
"Veremos incluso una recreación virtual de cómo era nuestra Catedral antes de ser destruida", ha apuntado el edil.
Del mismo modo, Segado ha indicado que el área de Cultura y Patrimonio está sensibilizada y concienciada con la Catedral, "un edificio emblemático que debemos preservar e intentar recuperar".
Por último, el responsable municipal de Cultura y Patrimonio ha invitado a todos los cartageneros y al público en general a disfrutar de esta interesante cita en la que se tratará una de las reivindicaciones históricas de Cartagena, "la justa y ansiada recuperación de la Catedral Santa María la Mayor".

Murcia creará un Comité de Sequía para continuar evitando las restricciones en el abastecimiento de agua al municipio


MURCIA.- El alcalde de Murcia, José Ballesta, presidió hoy el Consejo de Administración de Aguas de Murcia, en el que se planteó la creación de un Comité de Sequía formado por directores de las áreas implicadas del Consistorio y Emuasa, que establezca acciones coordinadas para evitar las restricciones de agua y garantizar así el abastecimiento en los hogares murcianos.

Esta medida forma parte del Plan de Acción contra la Sequía presentado hoy en el Consejo de Administración de Aguas de Murcia, en el que se ha puesto de manifiesto que el abastecimiento actualmente está garantizado, dando cobertura a la demanda en el conjunto del municipio, a pesar de la grave situación de emergencia por sequía que atraviesa la Región de Murcia.
El Ayuntamiento viene tomando diferentes medidas ante la escasez hídrica. En la reunión celebrada hoy en el Moneo también se ha presentado el informe de averías en la red de distribución, que refleja el importante descenso logrado en los últimos años gracias a un control exhaustivo de las infraestructuras, pasando de las 1.385 averías detectadas en 2013 a las 894 de 2017, lo que representa un 34% menos de pérdidas, logrando un importante y necesario ahorro de agua.
El Ayuntamiento también ha optado por limitar el riego de los jardines debido a la situación de emergencia hídrica y en esta época del año se está ahorrando un 60% de agua en dicho suministro. Otra actuación que se está llevando a cabo es restringir el riego de viales, calles y aceras de carácter público. 
En este sentido, cabe destacar que la flota de limpieza urbana se ha renovado con nuevos vehículos y máquinas que reducen el consumo de agua, mejorando la eficiencia y sostenibilidad de este servicio público.

El PSOE reprocha al PP su "irresponsabilidad con los Presupuestos 2018" en el municipio de Murcia


MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista ha reprochado hoy al equipo de Gobierno, del PP, en el Ayuntamiento de Murcia "su enorme irresponsabilidad al no presentar ni siquiera el borrador de Presupuestos 2018, por lo que un año más se le vuelve a hacer tarde y esto no es más que un claro reflejo de su incapacidad para gobernar el municipio", ha afirmado la portavoz socialista, Susana Hernández.

Asimismo, ha declarado que "al PP se le olvida que no tiene mayoría y que ya no puede pasar el rodillo como ha venido haciendo en las anteriores legislaturas y se le olvida también que tiene que negociar los presupuestos, llegar a acuerdos con los grupos de la oposición, y este proceso no se puede despachar en tres horas".
Por ello, la portavoz socialista considera que "el hecho de que el alcalde Ballesta y su equipo no haya dado ni un solo paso hacia la presentación y aprobación de los Presupuestos 2018 es una dejación de funciones, fruto de su ineficacia e incapacidad". 
Además, "el Grupo Socialista ha dado un gran ejemplo de responsabilidad haciendo un esfuerzo descomunal al sentarse a estudiar y negociar con nuestras propuestas los Presupuestos de 2017 con el fin de desbloquearlos. Sin embargo, ahora el alcalde pretenderá hacernos corresponsables de la desidia del PP para lograr un acuerdo sobre el nuevo borrador", ha añadido.
Hernández ha recordado que la Ley de Haciendas Locales establece que los presupuestos del siguiente ejercicio deben estar ultimados a 31 de diciembre y "ya vamos tarde, muy tarde".
"Para cumplir con los plazos y evitar después retrasos innecesarios que terminan perjudicando los vecinos, en septiembre los servicios municipales deben presentar sus previsiones y el PP debería haber iniciado los contactos para la búsqueda de acuerdos en octubre, sin embargo, sabemos que en diciembre tampoco va a estar el borrador, por lo que se ha instaurado comenzar el año con el presupuesto prorrogado", ha explicado.
Igualmente, ha apuntado que "el hecho de que los Presupuestos de 2017 se aprobaran en julio pasado debe ser asumido como algo excepcional, no como lo habitual, por lo que no vamos a permitir que el PP lo convierta en una costumbre".

'La ausencia de inversión en los presupuestos ralentiza el crecimiento y nos pone en evidencia ante España' (PSRM)

MURCIA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, ha indicado que la ausencia de inversión en los presupuestos hace que la Región pierda competitividad. "Nos hace más débiles con otras comunidades autónomas y ralentiza el crecimiento, ya que se dejan de hacer infraestructuras que aumentarían la actividad económica".

"Hablamos de infraestructuras de carreteras, de centros sanitarios, centros escolares, equipamientos turísticos, etc. Esa parte del presupuesto que el PP, de manera reiterada, está olvidando por la ruina económica a la que nos ha llevado su gestión. Sin duda, el PP pone el freno del progreso y el crecimiento en la Región", ha comentado.
Ha asegurado que en los últimos tres años se ha reducido un 50 por ciento la inversión en infraestructuras, lo que supone unos 200.000 millones de euros menos que dejan de invertirse para el crecimiento económico de la Región de Murcia.
Según López, la ejecución en los últimos seis años no llega el 50 por ciento del presupuesto, "y eso incluye infraestructuras en todos los municipios, también en Murcia, que han quedado abandonadas".
El portavoz socialista ha hecho estas declaraciones tras una reunión de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández; la alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez; el portavoz del PSOE en Librilla, Jorge García; el portavoz del PSOE en Alcantarilla, Gabriel Esturillo; el alcalde de Abanilla, Ezequiel Alonso, y el alcalde de Fortuna, José Enrique Gil.
"También hay un olvido en infraestructuras ferroviarias por parte del Gobierno regional, ya que siguen siendo solo promesas que incluyen en los presupuestos regionales para la llegada del AVE a Murcia y que nos siguen pareciendo humo", ha señalado.
Ha recordado que ya se incluyó en el presupuesto de 2016 una partida para la construcción del soterramiento integral y no se ejecutó ni un solo euro.
"Los socialistas hemos hecho propuestas concretas que son necesidades básicas de infraestructuras y hemos propuesto una alternativa política que permita que esas infraestructuras sean viables en el presupuesto. Vamos a luchar hasta el final para que sean asumidas por el PP y Ciudadanos en un pacto de las migajas que no está resolviendo, ni va a resolver los problemas fundamentales de la Región de Murcia", ha concluido.

Municipio de Murcia
Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, ha afirmado que hay una media regional de inversión en los presupuestos de la Comunidad para 2018 de 159,59 euros por cada ciudadano en la Región."Y en cambio, Murcia es, una vez más, una de las más castigadas, ya que solo nos tocan 78 euros por habitante".
"A Murcia vienen 34,5 millones de euros, un 14 por ciento de las inversiones totales de la Región, cuando nuestro municipio representa el 30 por ciento de la población", ha criticado.
Según Hernández, el Gobierno regional quiere vender como algo positivo la recuperación del plan de inversiones en pedanías, "con solo 2 millones de euros para todas las pedanías de la Región".
"Para nosotros, eso es un insulto a todos los murcianos. En algunas de ellas ni siquiera hay aceras para que sus vecinos puedan andar con seguridad. Es un insulto desde el Gobierno regional que cuenta con la complicidad de Ballesta y su equipo de Gobierno", ha señalado.
En su opinión, Ballesta prefiere defender a su partido antes que a los vecinos de Murcia. "Debería estar pidiendo la complicidad de todos los grupos municipales del Ayuntamiento para exigirle al Gobierno regional que Murcia merece un mejor trato que el que se le está dando".
"Nosotros hemos hecho enmiendas, por ejemplo, para que nuestros colegios puedan adaptarse al siglo XXI, o el transporte entre pedanías y el centro. En todas estas cuestiones el PP y Ciudadanos han mirado para otro lado y las ha rechazado", ha remarcado.

'Cartagena Sí Se Puede' (CTSSP) propone la creación de un observatorio de la contratación en el Ayuntamiento


CARTAGENA.- 'Cartagena Sí Se Puede' (CTSSP) llevará al próximo Pleno municipal la propuesta para la creación y constitución de un Observatorio de la Contratación Municipal, una herramienta imprescindible en materia de transparencia sobre los servicios públicos, que viene funcionando con éxito en numerosos ayuntamientos españoles.

Siendo de público conocimiento las innumerables quejas y denuncias sobre los contratos que atañen a los servicios públicos, unos contratos que incluyendo el agua alcanzan cerca del 50% del presupuesto municipal, el grupo municipal de Podemos considera que aumentar la transparencia y realizar el seguimiento de cada uno de los contratos es una labor que no puede recaer únicamente sobre los directores de los contratos, la JGL y la Concejalía correspondiente, sino que es materia de interés público y como tal debe ser concebida. 
Por esta razón, la formación morada pedirá en el Pleno la constitución de dicho observatorio, que estaría compuesto por los grupos políticos, funcionarios responsables de los contratos, representantes sindicales de las empresas municipales o concesionarias y de la Junta de Personal del Ayuntamiento, y diversos agentes sociales, como asociaciones vecinales o de usuarios, para que el control participado no finalice en la Mesa de Contratación.
Dicho observatorio no supone coste económico alguno ni interfiere en las competencias de los órganos que la ley prevé para ello, ya que tendría por funciones las de valorar la calidad y eficacia de los distintos servicios prestados a la ciudadanía, recoger propuestas y recomendaciones, y sobre todo por profundizar en la transparencia y eficiencia de la gestión municipal.

'Cambiemos Murcia' propone que el Ayuntamiento reduzca el uso de sustancias que afectan al sistema endocrino


MURCIA.- La concejala de Cambiemos Murcia, Margarita Guerrero, presentará en el Pleno de este jueves una iniciativa para que el Ayuntamiento adopte medidas para reducir la exposición de la población a disruptores endocrinos, una serie de sustancias que podrían estar relacionadas con problemas metabólicos, neurológicos e inmunológicos, entre otros.

En este sentido, en el marco de la campaña "Mi ciudad cuida mis hormonas", promovida por la fundación Alborada (entidad que gestiona la cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid), la formación municipalista propondrá por ejemplo que se retire progresivamente el uso de plaguicidas como el glifosato, que se fomente el uso de alimentos orgánicos en guarderías y comedores escolares y que se pongan en marcha campañas de difusión sobre las fuentes de exposición.
Sustancias como el Bisfenol A, utilizado en plásticos, envases y papel térmico; los conservantes y parabenos de la cosmética, perfumes y productos de limpieza, y los ftalatos y suavizantes de los plásticos y el calzado están en el punto de mira de la comunidad científica por su posibles efectos sobre el sistema endocrino.
En este sentido, la edil ha dicho que "por principio de precaución, las administraciones públicas tienen la obligación de poner todos los medios para evitar cualquier incidencia en la salud de los vecinos y vecinas".
Otra medidas a adoptar, según Cambiemos Murcia, sería que se incluyera en las cláusulas de los contratos públicos la limitación del uso de sustancias químicas susceptibles de actuar como disruptores endocrinos.
A la larga lista de enfermedades cuyo incremento posiblemente esté relacionado en cierta medida con estas sustancias, y que se estima que encarecen la factura sanitaria de la Unión Europea en 150.000 millones de euros, hay que añadir los problemas relacionados con la fertilidad y la salud reproductiva y el cáncer de mama y testicular.

San Pedro del Pinatar rememora su pasado de la mano de los recuerdos de sus vecinos


SAN PEDRO DEL PINATAR.- La carpa municipal de San Pedro del Pinatar acogió la proyección de la cuarta edición del documental Memorias Cruzadas, un trabajo realizado por la concejalía de Participación Ciudadana, a través del proyecto del Banco de la Sabiduría Pinatarense, en colaboración con la asociación cultural AIKE Mar Menor como homenaje a los mayores como referencia histórica del pasado más reciente.

Este proyecto surgió para homenajear a los mayores del municipio por la celebración en 2012 del Año europeo de la Intergeneracionalidad, y con el objetivo de atesorar las fuentes orales de la historia reciente de San Pedro del Pinatar.
La cuarta edición de Memorias Cruzadas recoge las vivencias y experiencias de Natividad Paz Soler García, Nati Paz, que regentaba junto a sus padres una concurrida peluquería en la plaza de la Constitución. Una historia de vida repleta de anécdotas, entre las que destaca su particular viaje de novios en motocicleta hasta Barcelona o las dificultades para hacerse con unos pantalones en el San Pedro del Pinatar de los años 50.
Otro de los protagonistas es Ángel Gómez Sánchez, conocido como Don Ángel, maestro de primaria desde el año 1972 en la localidad y que relata cómo era el alumnado en aquellos tiempos, qué supuso la llegada de la democracia a las aulas y cómo ha evolucionado el mundo de la educación en las últimas década.
Por su parte, Fernanda Hernández Gómez, narra cómo era Lo Pagán en los años 50 y 60, sus primeros trabajos como modista, o los inicios de los restaurantes familiares Los Corales y Venezuela. Una historia de duro trabajo para consolidarse como uno de los restaurante de buena mesa reconocido a nivel nacional.
El último de los protagonistas es José María López Sánchez, conocido como Pepe el Ruso, una historia de vida que arranca con el duro trabajo de la pesca desde los ocho años y cómo cambio su vida gracias al servicio militar, pasando a ser marinero en Cannes, donde fue capitán de yate de personalidades como Peter Ustinov o la familia real belga.
De la mano de estos cuatro protagonistas, los asistentes pudieron conocer lo cotidiano, la historia no oficial, las anécdotas y relaciones entre vecinos del municipio, descubriendo así la historia local de forma amena, recuperando la memoria del pueblo para transmitirla a las generaciones futuras.
El acto asistieron en torno a 350 personas.

El PP exige el "cese inmediato" del portavoz del PSRM en Molina imputado por un presunto delito de prevaricación


MURCIA.- La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Molina de Segura, Sonia Carrillo, ha exigido este lunes, en rueda de prensa, al secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, " el cese inmediato" de su portavoz en el Ayuntamiento de Molina de Segura, Ángel Navarro, que ha sido llamado a declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Carrillo ha estado acompañada en su comparecencia, ante los medios de comunicación, por la secretaria general del PPRM, Maruja Pelegrín quien ha afirmado que "el PP no juzga a nadie" pero ha pedido al PSRM que ponga en práctica su código ético y haga en su partido lo que exige a otras formaciones políticas".
"Es muy grave que el jefe del PSOE en la Región de Murcia acabe de nombrar como secretario de Organización en Molina de Segura a un imputado incumpliendo su código ético, que reza que ningún imputado ni investigado puede ostentar cargo público alguno", ha afirmado Sonia Carrillo quien ha añadido que "el agravante es que Diego Conesa le ha dado un cargo orgánico relevante conociendo su imputación".
La portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Molina de Segura ha pedido al secretario general del PSRM que "actúe con coherencia y lo destituya tal y como exigieron al PP desde la oposición" en el consistorio molinense.
En este punto la edil del PP ha recordado cómo llegó el PSOE a gobernar en el municipio de Molina de Segura, "exigiendo al entonces alcalde del PP, su dimisión que se encontraba en la misma situación procesal que Navarro".
Carrilo ha manifestado que, "empieza con mal pie Diego Conesa dando cabida en cargos institucionales y orgánicos a ediles imputados", "tiene una oportunidad de demostrar ejemplaridad y coherencia aunque ya sabemos que para los socialistas murcianos no es lo mismo predicar que dar trigo".
Sonia Carrillo también se ha dirigido a la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero para que "retire las competencias al concejal, que es su mano derecha en el equipo de Gobierno, le exija la devolución del acta y no ampare a un investigado por prevaricación".
Carrillo ha dicho " la línea roja que marcaron los socialistas en Molina de Segura hace año y medio, de repente se ha difuminado, ya no importa estar imputado para ser concejal en nuestro Ayuntamiento, según la nueva doctrina de Clavero y Conesa".
 "Estamos ante una muestra más de la incoherencia y la irresponsabilidad de los jefes del PSOE murciano" ha afirmado.
La portavoz 'popular' ha explicado que el juzgado de instrucción número 6 de Molina de Segura ha admitido una querella contra el portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Molina, el concejal socialista, Ángel Navarro, quien deberá ir acudir a declarar el próximo 9 de enero en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa y acoso laboral. La querella ha sido presentada por una funcionario del Consistorio molinense.

Versión de la dirección del PSRM

El secretario de Política Municipal del PSRM y diputado regional, Alfonso Martínez Baños, ha recordado que el portavoz del Gobierno socialista en Molina de Segura, Ángel Navarro, ha sido denunciado por actuar ante un posible caso de corrupción y defender a los molinenses.
"Mientras, el PP, lejos de apoyar a quienes luchan contra la corrupción y defienden a los ciudadanos, piden su dimisión. Que cada cual saque sus conclusiones", ha señalado.
Según el Martínez, lo que afecta al concejal socialista no es un caso de corrupción, sino una investigación administrativa que el funcionario ha tramitado como querella.
"El presunto caso de corrupción es el que pone sobre la mesa a este funcionario debido a la irregular contratación de casi 200.000 euros a una empresa familiar", ha indicado.
"Resulta sorprendente que el PP pida la dimisión de un concejal por perseguir posibles casos de corrupción y defender los intereses de los molinenses. El concejal Ángel Navarro actuó con la máxima honestidad y transparencia apartando de sus responsabilidades a un funcionario ante la posibilidad de que pudiera estar beneficiando a una empresa familiar", ha añadido.
Según Martínez Baños, la única vara que tiene el PSRM es la de atizar la corrupción. "Y de esto no vamos a permitir que el PP nos dé lecciones".

Cartagena se solidariza con el Dia Internacional de las Personas Migrantes


CARTAGENA.- Desde que el 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara el día 18 de diciembre como Día Internacional de las Personas Migrantes, esta efemérides se celebra cada año coincidiendo con la fecha señalada. Con este motivo, el municipio de Cartagena se ha solidarizado con esta conmemoración con un acto en el que se ha leído un manifiesto institucional.

Al acto, que ha tenido lugar a las puertas del Palacio Consistorial, ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y la concejala de Servicios Sociales y Mediación Social, Carmen Martín del Amor, quienes han participado en la lectura del comunicado junto a técnicos de la Concejalía y representantes de diversas entidades de apoyo a las personas inmigrantes como la Asociación Columbares, Cepaim, Proyecto Abraham, Al Raso, Murcia Acoge, Cáritas, Accem o Ateneo de Cultura Popular así como otros ediles del Consistorio como Francisco Espejo o Pilar Marcos, entre otros.
La primera edil ha puntualizado que lo que se buscaba con esta acción era rendir homenaje a todas aquellas personas que han arriesgado su vida, y que en muchos casos la han perdido, por buscar un futuro mejor, al tiempo que ha manifestado la intención del Gobierno municipal de seguir trabajando por los derechos humanos.
Ana Belén Castejón ha subrayado la "gran riqueza cultural" de la ciudad portuaria y de todo el municipio de Cartagena, un "municipio acogedor, en el que tienen cabida costumbres, culturas y personas de muy diversa índole". La alcaldesa ha añadido que el Ayuntamiento ha respondido "estando a la altura" al clamor solidario de la  ciudadanía.
En este aspecto, Castejón ha elogiado el compromiso moral y real asumido por todas aquellas personas e instituciones que han participado durante más de 20 años en el desarrollo de programas solidarios encaminados a combatir y prevenir la exclusión social y los prejuicios que rodean la vida cotidiana de los migrantes así como a promover el respeto y avanzar hacia una sociedad más justa.
De otro lado, la primera edil ha reivindicado que se precisa de una visión sin prejuicios, objetiva y dirigida a la conciencia más social y solidaria de toda la ciudadanía y ha mantenido el compromiso "ineludible" del Ayuntamiento de Cartagena con el fenómeno de la migración.
Carmen Martín del Amor, por su parte, ha hecho referencia a la "catástrofe de las miles de personas que continúan muriendo en el Mediterráneo en el intento de llegar a las costas europeas en busca de protección y futuro", situación que ha ejemplificado con lo acaecido el pasado 15 noviembre con la llegada masiva de personas al Puerto de Cartagena, que hizo necesario el despliegue de un dispositivo especial de emergencia para atender a las mujeres, hombres y niños que llegaron.
La edil de Servicios Sociales y Mediación Social también ha aprovechado para exigir de los medios de comunicación "un escrupuloso uso de la responsabilidad como medios capaces de configurar concepciones sociales y que hagan un tratamiento adecuado a las personas migrantes en plena coherencia con los derechos que les asisten para poder romper los estereotipos y superar los prejuicios que tanto daño están causando".
La concejala ha condenado también las manifestaciones racistas, xenófobas e intolerantes hacia las personas migrantes y ha recordado que las personas extranjeras "contribuyen de forma importante al desarrollo de los países de acogida y destino".
"Como ciudadanos no podemos ignorar los derechos, la dignidad y el sufrimiento de muchas personas que han decidido iniciar un nuevo proyecto de vida", ha expresado Carmen Martín.
Cartagena pertenece desde 2011 a la Red de Ciudades Culturales y desde septiembre de 2015 también de la Red de Municipios de Acogida de Refugiados impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Además, en la ciudad portuaria se han desarrollado múltiples iniciativas como la Mesa de la Red de Entidades de Acogida, que está activa desde mayo de este año.

C's exige al Gobierno regional que solicite ya mismo el dinero del programa de cooperación territorial 'Proeducar'

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea Regional ha exigido al gobierno regional que solicite, de manera inmediata, la asignación del crédito presupuestario, acordado por la Conferencia Sectorial y el Consejo de Ministros, para poder poner en marcha el Programa de Cooperación Territorial Proeducar, un plan de innovación educativa que ha salido adelante fruto de las negociaciones presupuestarias entre Ciudadanos y el ejecutivo.

En este sentido, el portavoz de Educación del grupo parlamentario, Juan José Molina, ha recordado que a la Región de Murcia le corresponden 1.157.000 euros unos recursos “muy útiles puesto que irían destinados a acabar con la tasa de fracaso escolar en nuestra comunidad que supera el 25%, muy por encima de la tasa nacional que es del 19%”.
“Estamos muy sensibilizados en la lucha contra el fracaso escolar” ha afirmado Molina, quien ha recordado que los fondos de Proeducar se sumarán a los tres millones de euros que Ciudadanos ha destinado a la lucha contra el fracaso escolar en los presupuestos regionales de este año “para acabar con la lacra que tenemos en nuestro sistema educativo”.
Molina ha explicado que una de las claves de este programa es “desarrollar  nuevas metodologías y experiencias innovadoras en el ámbito del sistema público educativo, con el que, además se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación para ver el impacto y retorno social de Proeducar”.
“Dadas las circunstancias esperamos que la consejería es que se adhiera lo antes posible al proyecto del Gobierno central para luchar con más fuerza contra el amplio fracaso escolar que hay en la Región”, ha finalizado Molina.

Antonio Meca: "Vamos a pedir que los nuevos gerentes de 'Aguas de Lorca' y 'Limusa' sean funcionarios"


LORCA.- "En los más de 700 empleados públicos que hay en el Ayuntamiento de Lorca hay personas muy capacitadas para dirigir las empresas públicas municipales, no hay que meter personas de confianza con costes millonarios para los ciudadanos" ha anunciado el concejal de C's, Antonio Meca, en rueda de prensa.

Como se ha venido reclamando al Equipo de Gobierno desde hace dos años, los gerentes de Aguas de Lorca y Limusa van a ser cesados.
Antonio Meca exige al alcalde que "no cometa el error de nombrar ilegalmente a dedo a los sustitutos al frente de estas empresas y que por un período de tiempo, la gerencia de estas empresas públicas recaiga de forma interina y provisional en un empleado de las empresas públicas, mientras se resuelven dudas acerca del procedimiento en la selección de los gerentes".
Especialmente en el caso de la empresa mixta Aguas de Lorca sería especialmente grave aceptar la imposición del socio minoritario Hidrogea del gerente, situación que vulneraría la legalidad vigente y la normalidad de una mercantil mayoritariamente pública.
Elegir a dedo estos cargos como se ha venido haciendo anteriormente, contraviene los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad" por tratarse de una empresa pública.
Por otra parte habría que realizar también una revisión de los estatutos de Aguas de Lorca para eliminar los artículos ilegales concretamente el 9, referente a la gerencia de la empresa desarrollado en el artículo 23 epígrafe 3, entre otros.
Es el momento, dice Meca, "de reflexionar y tomar esta decisión con calma para corregir errores anteriores y revisar los estatutos de las empresas públicas, solicitando informes jurídicos que aclaren todas las circunstancias expuestas anteriormente. Exigimos al Sr. Alcalde el cumplimiento de la normativa vigente para sociedades mercantiles públicas, el respeto a las competencias de sus consejos de administración y la restauración de la figura del consejero delegado entre otras".

El TSJ anula la expulsión de un inmigrante con tres condenas y siete antecedentes

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha anulado la orden de expulsión de un inmigrante acordada por la Delegación del Gobierno por contar con tres condenas y siete antecedentes policiales. El inmigrante, señala el TSJ, no está incurso en ninguno de los caso de expulsión previstos por la ley para quienes disponen de permiso de larga duración.

Según se explica en la sentencia, la normativa indica que, cuando se dispone de ese permiso, la expulsión solo podrá ser acordada en el caso de que el afectado participe en actividades contrarias a la seguridad nacional, que puedan perjudicar a las relaciones con otros Estados o que supongan una reincidencia delictiva en una infracción de la misma naturaleza en un año.
Añade el TSJ que ese no es el caso del ahora apelante, ya que las condenas -la última de ellas, impuesta por un Juzgado de Instrucción de Lorca en 2009- lo fueron por lesiones, estafa y hurto. La Sala añade que, además, las dos primeras condenas ya están cumplidas, y en cuanto a la última, no se trata de un delito grave, al ser un hurto que no tiene esa entidad. Finalmente, el TSJ dice que también hay que tomar en consideración que este inmigrante tiene arraigo en España, ya que cuenta con trabajo, esposa e hijos que aquí viven.
Por todo ello, acuerda dejar sin efecto la orden de expulsión decretada por la Delegación del Gobierno en Murcia en julio de 2015, que incluía, también, la prohibición de regreso en los siguientes cinco años.

Los puertos deportivos de la Región obtendrán rebajas de hasta el 35% del canon


MURCIA.- El Gobierno regional pondrá en marcha, a través de la Consejería de Presidencia y Fomento, una línea de reducciones en el canon que abonan los puertos deportivos para estimular el desarrollo de regatas, competiciones náutico-deportivas y la obtención de la distinción de la bandera azul.

Las reducciones pretenden incentivar la mejora de los servicios de las instalaciones náuticas de la Región y la organización de eventos náuticos que atraigan visitantes todo el año, y supondrán una rebaja de hasta el 35% del canon.
El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, anunció este lunes los distintos baremos de rebaja del canon durante la reunión de la Mesa Náutica, integrada por los máximos representantes de los puertos deportivos regionales, clubes náuticos y de actividades náuticas (buceo, vela, motonáutica y piragüismo, entre otros).
"Esta línea de reducción es una nueva iniciativa para mejorar la competitividad y los servicios de las instalaciones náuticas de nuestra Región, con la que pretendemos elevar el peso de este sector que es un atractivo turístico y motor generador de riqueza en nuestras costas", destacó el consejero.
Rivera comentó que "esta medida es el resultado del desarrollo de la Ley de Puertos de la Región, tras un proceso participativo llevado a cabo por el Gobierno regional con el sector, los concesionarios de los puertos deportivos y los representantes de los clubes náuticos y la federación de vela para analizar los nuevos modos de cálculo del canon".

Reducción del canon

El nuevo baremo permite a los puertos deportivos reducir hasta en un 35% el precio del canon por la organización de regatas o competiciones náutico-deportivas destinadas al fomento de los deportes vinculados al turismo como competiciones motonáuticas, remo, kayak, kitesurf y piragüismo. Su objetivo es promover la organización y celebración de eventos náuticos durante todo el año como iniciativa contra la estacionalización, y la promoción de las buenas prácticas ambientales.
También se propone la reducción de un 10% del canon por la obtención de bandera azul del puerto y por la organización de actividades de fomento de la cultura ambiental.
Igualmente, se puede obtener una rebaja si se mantiene abierta una escuela deportiva de vela o de otro deporte náutico al menos durante 10 meses al año, como medida para fomentar la desestacionalización.
Como ejemplo, el consejero explicó que un club que pague 140.000 euros al año de canon, puede ahorrarse 14.000 euros solo con la obtención de la bandera azul, y otros 34.000 euros más si organiza regatas y actividades náuticas.

Plan de puertos

Durante la reunión, el consejero de Presidencia y Fomento informó de que se ha licitado el Plan de puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por un importe de 71.000 euros, y que "en breve se iniciará su redacción con el apoyo y colaboración de todos los colectivos de la Mesa de la Náutica".
Los objetivos del Plan son impulsar el papel del sistema portuario para el crecimiento socioeconómico de la Región, mejorar la integración del puerto en la ciudad, fomentar la sostenibilidad, la gestión de los servicios portuarios y potenciar la economía regional y local de los municipios donde se ubican los puertos.

Murcia, la región donde más baja el coste laboral en el tercer trimestre del año


MURCIA.- El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) se situó en 2.200,92 euros en el tercer trimestre de 2017, lo que supone un descenso del 0,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este descenso del 0,7 por ciento es la mayor caída por comunidades autónomas, mientras que la media nacional aumentó cuatro décimas.
Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) alcanzó los 1.622,35 euros, lo que supone un descenso del 0,3 por ciento respecto al tercer trimestre de 2016.
Por su parte, los otros costes laborales (que incluyen las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social) alcanzaron los 578,57 euros, un 1,5 por ciento menos con respecto al mismo periodo del año anterior.
Según los datos del INE, los costes laborales por hora de trabajo efectiva bajaron un 1,7 por ciento en el tercer trimestre de 2017, hasta situarse en 18,61 euros.
Igualmente, el coste salarial por hora efectiva bajó un 1,4 por ciento hasta los 13,72 euros; y los otros costes por hora efectiva descendieron un 2,6 por ciento, hasta los 4,89 euros, con respecto al mismo trimestre del año anterior.

La tasa de litigiosidad en la Región, una de las más altas de España


MURCIA.- La Región de Murcia figura entre las comunidades autónomas con mayor tasa de litigiosidad, con 28,8 asuntos por cada mil habitantes en el tercer trimestre de 2017, frente a los 28,6 contabilizados en el conjunto de España, según el informe 'Situación de los órganos judiciales' publicado este lunes por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Los territorios con menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja -18,4 asuntos por cada mil habitantes-, el País Vasco -19,7 asuntos-, Navarra -22,1- , Extremadura -22,4- y Castilla La Mancha -23,5.
Por contra, a la cabeza en litigiosidad figuran Canarias -con 37,4 asuntos por cada mil habitantes-, Baleares -con 33,3- y Andalucía -con 32,7-. También en Cantabria -con 29,6 asuntos por cada mil habitantes- y en Murcia -con 28,8- se superó la media nacional.

El cartagenero Eduardo Zaplana, miembro del Consejo Social de la UPCT, declara por el 'caso Bárcenas'


MADRID.-El expresidente madrileño Ignacio González ha llegado a las 9.15 horas a la Audiencia Nacional para prestar declaración como testigo sobre una conversación que mantuvo con el exministro Eduardo Zaplana poco antes de ser detenido en Lezo y en la que habló del pago de comisiones al PP a cambio de adjudicaciones.

Es la primera vez que acude a prestar declaración a la Audiencia Nacional desde que fuera excarcelado tras pasar seis meses en prisión preventiva, si bien en esta ocasión lo hace en calidad de testigo y ante el juez José de la Mata, que investiga los papeles de Bárcenas y la caja B del PP.
El expresidente madrileño ha acudido a su cita con De la Mata acompañado de su abogado y con gesto serio.
González estaba citado a las 10.00 horas, mientras que Zaplana,  miembro en la Región del Consejo Social de la UPCT por ser cartagenero, deberá estar en la Audiencia Nacional a las 13.30 horas. Antes prestarán declaración los imputados en Lezo Ildefonso de Miguel y el empresario Javier López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, y por la tarde será el turno del fundador de Intereconomía Julio Ariza.
La citación de González y Zaplana como testigos -lo que les obliga a contestar a todas la partes y a decir verdad- se produce tras la incorporación a esa causa de varias conversaciones pinchadas en el caso Lezo que revelaron la existencia de una grabación en la que un empresario -el expresidente de Degremont Rafael Palencia, imputado en esta causa- aseguraba haber pagado comisiones al PP.
La conversación fue intervenida en el despacho del expresidente madrileño el pasado 19 de abril, dos días antes de que estallase el caso Lezo sobre corrupción en el Canal de Isabel II, y cuando González era ya consciente de que le estaban investigando tras recibir un chivatazo cuya procedencia está aún por determinar.
En esa conversación, González le cuenta a Zaplana que el exgerente del Canal, Ildefonso de Miguel, "le sacó una grabación a un empresario (Rafael Palencia)" diciendo que "le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy".
De Miguel le facilitó esa grabación a Julio Ariza, quien después "se fue a ver a Mariano a chantajearle", siempre según la conversación mantenida entre González y Zaplana.
Tiempo después, según el relato de González, un abogado del caso Gürtel le contó que el extesorero del PP Luis Bárcenas tuvo que negociar con Ariza y que finalmente "le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo todo".
Con estas citaciones, De la Mata trata de "verificar si han tenido lugar las entregas anotadas en los denominados "papeles de Bárcenas" o "contabilidad B" del PP, aparentemente efectuada por "Gre. (Rafael P)", "R. Palenc", "Rafa Palencia" y "Rafael Palencia" en los ejercicios 1998, 2000, 2007 y 2008, según apuntaba el juez en su auto.


Zaplana dice que se limitó a escuchar a González

Zaplana ha afirmado ante el juez del caso Bárcenas que se limitó a escuchar al expresidente madrileño Ignacio González cuando, en una conversación pinchada en el despacho de este último, le contó sus teorías sobre sus problemas judiciales, pero no le dio credibilidad.
Zaplana ha declarado este lunes como testigo en la Audiencia Nacional sobre esa conversación con González intervenida dentro del caso Lezo en el despacho del expresidente madrileño en la calle de Alcalá el 19 de enero de 2017, tres meses antes de que fuera detenido por esta causa.
Entre otras cosas, González le explicó durante esa charla que le habían "liado" "entre Mariano (Rajoy), (Álvaro) Lapuerta y su puta madre" atribuyéndole, los dos últimos, una comisión por la concesión del tranvía de Navalcarnero (Madrid) que no había cobrado.
Según han explicado fuentes presentes en la declaración, Zaplana ha dicho que ese día se limitó a escuchar y a seguir la corriente a González porque era su amigo, pero que no creyó su versión de la persecución que había sufrido presuntamente de manos de Rajoy y Lapuerta, entre otros.
En la conversación pinchada, González también contó a Zaplana cómo le había "intentado adjudicar" una cuenta en Suiza y lo achacaba a un asesor de su predecesora, Esperanza Aguirre, "al que hicimos alcalde de Leganés", en alusión a Jesús Gómez, quien alertó a dirigentes del PP de la existencia de esa cuenta.
Le relató asimismo que en 2008, después de que se publicara una información de que Rajoy le había afeado su honorabilidad, le pidió explicaciones y tuvieron "una bronca de la hostia -afirmó-".
En esa discusión, González le dijo: "¡Oye Mariano!, si este va a ser el sistema de funcionamiento que vas a implantar a esto ahora, chico, a mí me parece una locura".
"Y desde entonces, en esa conversación yo ya soy consciente...", continúa González explicando a Zaplana, quien acaba la frase: "...de que te va a matar".

Bruselas pide a Fomento detalles sobre las obras del AVE en Murcia

MURCIA.- La Comisión Europea ha solicitado información al Ministerio de Fomento español sobre las obras que se están desarrollando en Murcia para la llegada del AVE. 

La presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wikström, ha remitido una carta el presidente de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquín Contreras, informándole de que tras su comparecencia en la comisión el pasado 23 de noviembre y tras estudiar la información aportada, han decidido enviar una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, requiriéndole información sobre el proyecto de la llegada de la Alta Velocidad a Murcia.
Concretamente, en el escrito, al que ha tenido acceso La Opinión, se indica que se le ha requerido a De la Serna detalles sobre el estado actual de las obras del AVE en Murcia, así como que indique si la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este proyecto respeta la directiva europea y el Convenio de Asrbus "dado los cambios sufridos en el proyecto desde 2009".
Otra de las preguntas que la Comisión Europea traslada a Fomento es "cómo piensa el Ministerio paliar el impacto del soterramiento de las vías para la población durante las obras", al tiempo que informa al presidente de la Plataforma Prosoterramiento de que se ha decidido enviar esta petición también a la Comisión de Transportes para su información.

Casi 66.000 murcianos dejan para el último día la compra de los regalos de Papá Noel y Reyes


MURCIA.- Un 6% de los murcianos, el equivalente a casi 66.000 personas de entre 18 y 75 años, dejan por pereza la compra de los regalos de Papá Noel o Reyes Magos para ese mismo día y un 41% lo hace la misma semana. Por el contrario, no sucede lo mismo con la compra de la Lotería, la tarea navideña que hacemos con más antelación, según un estudio de Línea Directa Aseguradora.

El 42% de los murcianos afirma que difieren demasiado comenzar a hacer ejercicio, el 31% empezar una dieta y el 29% mejorar las finanzas personales. Pero la procrastinación nos acompaña durante todo el año. Más de 464.000 murcianos (44%) reconocen que retrasan demasiado sus obligaciones y 56.000 (5%) se declaran "procrastinadores crónicos", haciéndolas incluso fuera de plazo.
Respecto a los quehaceres que más "patadas dan hacia delante" los murcianos en el ámbito doméstico son las tareas del hogar (47%) y el bricolaje (45%); y en el personal, pedir cita al médico (38%), comprar regalos de aniversario (24%) y reservar los viajes y vacaciones (19%). En este sentido, también se observan diferencias por género: los hombres procrastinan más cuando toca comprar regalos de aniversario o hacer llamadas a familiares. Por su parte, las mujeres reconocen, en mayor medida, postergar aquellas tareas que les generan más ansiedad.
En lo referente a las tareas de casa, las labores que, concretamente, más hacen "arrastrar los pies" a los murcianos son cambiar la ropa de temporada en los armarios (63%), limpiar el horno o el microondas (57%), planchar (53%), organizar la nevera (42%) y limpiar el baño (28%). Y en lo que respecta a la higiene personal, cortarse el pelo y afeitarse o depilarse.
Éstas son algunas de las principales conclusiones del estudio "La procrastinación en los hogares españoles", llevado a cabo por la División de Hogar de Línea Directa Aseguradora.

La gran banca recorta 11.000 empleos en dos años, el 8,3% de la plantilla


MADRID.- La banca vuelve a estar en plena ola de ajustes, con la ya aprobación del ERE que va a realizar Banco Santander tras la adquisición de Popular y los inminentes recortes que se presentan en Bankia y BMN con su fusión, alerta hoy elEconomista

Tan sólo en los dos últimos años, desde el cierre de 2015 a la actualidad, la gran banca ha recortado en torno a 11.000 puestos de trabajo, contando con los 1.100 empleados de los que van a prescindir Santander y Popular en sus servicios centrales hasta febrero de este año.
La cifra de ajuste equivale a una reducción del 8,34% de los empleados de la gran banca española. CaixaBank es una de las entidades que mayores recortes ha hecho en los últimos dos años. 
En 2016 anunció un plan de reestructuración que afectó a 1.700 trabajadores, con un coste de 281 millones de euros, y este año puso en marcha un segundo plan de prejubilaciones que afectó a 960 empleados, nacidos antes de 1.959, con un coste de 455 millones. 
En total, ha prescindido de 2.660 trabajadores, aunque su plantilla (sin el portugués BPI) se mantiene en 32.126 personas, a tener en cuenta las nuevas contrataciones que ha realizado en los últimos meses de gente más joven titulada en Economía, Empresariales o Derecho para reforzar el equipo de asesoría.
Banco Santander (sin Popular) contaba a cierre del tercer trimestre del año con 22.904 personas, 1.327 menos que a diciembre de 2015. La entidad ya realizó un plan de ajuste en 2016 que afectó a 1.480 personas, de las que 700 fueron prejubiladas; 680 salieron de la empresa por baja incentivada y 100, fueron reubicadas en otros segmentos del grupo. 
Con la compra de la entidad expresidida por Emilio Saracho, el banco sumó sus 11.695 trabajadores. Ahora se encuentra en pleno reajuste de plantilla y, para 2019, realizará otro recorte que afectara a la red de oficinas.
Popular ya venía de un ERE, que se aprobó en noviembre de 2016, y supuso un recorte de 2.592 empleados, entre prejubilaciones a partir de los 55 años y despidos. Por su parte, BBVA ha pasado de tener 32.903 trabajadores al cierre de 2015 a 30.584 en septiembre de este año, es decir, 2.319 menos. 
Entre medias, el banco ha realizado dos planes de prejubilaciones, uno en 2016 que afectó a 600 empleados, y otro en 2017, con la salida de otros 500. Además, la entidad prevé externalizar a otros 152 trabajadores con la venta de su división informática.
Bankia, que realizó su gran ERE en 2013 con 4.500 afectados, cerró el tercer trimestre de 2017 con 13.472 trabajadores, prácticamente similar a los 13.569 que tenía hace dos años. Sin embargo, la entidad volverá ahora hacer nuevos reajustes de plantilla tras la fusión de BMN y se conocerá de manera inminente el número de afectados.
Sabadell se encuentra inmerso en el recorte anunciado a finales de 2016 que supondrá un recorte de 800 empleados. El banco, con 17.866 empleados en 2015, contaba a septiembre de 2017 con 17.589 empleados, a falta de que se materialicen las últimas salidas. 
Bankinter, es el único que ha incrementado plantilla, sobre todo de perfil tecnológico, y ha pasado 4.405 empleados a 5.606.

El TS abre la puerta a la revisión de todos los desahucios previos a marzo de 2013


MADRID.- Ha pasado bastante desapercibida y, sin embargo, podría poner en serios apuros, una vez más, a las entidades financieras. El pasado 27 de septiembre, el Tribunal Supremo dictaminaba la inexistencia de cosa juzgada en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013. La sentencia del Alto Tribunal supone, en la práctica, que miles de consumidores que fueron lanzados y perdieron su vivienda antes de esa fecha podrían reclamar posibles daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas, a juicio de El Confidencial.

Para entender la trascendencia de esta sentencia hay que remontarse al 14 de marzo de 2013. Hasta esa fecha, los jueces españoles encargados de juzgar una ejecución hipotecaria instada por una entidad financiera contra un particular, no podían frenar dicho procedimiento aunque en la hipoteca firmada detectase la existencia de cláusulas abusivas -cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses de demora...-.
Ese día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia en la que consideraba que la legislación española que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria vulneraba la normativa europea comunitaria de protección de los consumidores y daba luz verde a que los jueces españoles pudieran paralizar todos aquellos procedimientos en los que considerasen que las hipotecas firmadas por los afectados contenían cláusulas o condiciones abusivas. 
 El fallo del tribunal europeo fue aplicable a partir de esa fecha en los procesos que estaban vivos en aquel momento, así como en las sentencias pendientes de dictar. Sin embargo, dicha sentencia no entraba a valorar qué sucedía con los casos ya juzgados.
El Supremo ha arrojado luz sobre todos estos casos ya juzgados y, aparentemente cerrados. Y es que el Alto Tribunal considera que en las ejecuciones hipotecarias anteriores a dicha fecha, los jueces no podían revisar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas presentes en los contratos hipotecarios ni los consumidores podían oponerse a la ejecución alegando la presencia de dichas cláusulas, por lo que entiende el TS que dichos procedimientos de ejecución hipotecaria no tienen eficacia de cosa juzgada.
"El Tribunal Supremo abre nuevas vías de reclamación para aquellos afectados que vieron cómo en el periodo anterior a la promulgación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social -que recoge los efectos dela sentencia del TJUE- les ejecutaron su vivienda sin posibilidad de alegar la abusividad de determinadas cláusulas de su contrato de préstamo hipotecario", señala Javier Moreno Arbizu socio de LEAN Sevilla.
"Dicha sentencia abre la posibilidad, además, a reclamar los posibles daños y perjuicios derivados de la pérdida de la vivienda habitual en aplicación de una cláusula potencialmente abusiva como es la del “vencimiento anticipado”, que otorga al banco la posibilidad de ejecutar la hipoteca con el impago de una sola cuota, cuando no pudo oponerse al tiempo de la ejecución", añade Javier Moreno Arbizu. Es decir, el afectado no podrá recuperar ya la vivienda pero al menos sí podrá exigir una compensación económica por ello.

Antes los jueces no podían actuar de oficio

Los antecedentes de este caso se remontan a un préstamo hipotecario de fecha 11 de septiembre de 2007, cuya finalidad era la financiación de la adquisición de una vivienda. Ante el impago por los prestatarios de cuatro cuotas del préstamo, la entidad bancaria (Celeris Servicios Financieros) inició un procedimiento de ejecución hipotecaria, despachándose ejecución el 2 de febrero de 2009 y subastándose la vivienda el 18 de noviembre de 2010.
Posteriormente, el consumidor presentó una demanda el 4 de julio de 2013 frente a la entidad bancaria solicitando la nulidad de pleno derecho, por abusivas, de una serie de cláusulas del contrato de préstamo hipotecario, entre ellas, la de los intereses de demora solicitando el reintegro de la liquidación de intereses practicada en la ejecución hipotecaria.
"La entidad bancaria alegaba el efecto de cosa juzgada al haberse ventilado ya las cuestiones relativas al referido contrato de préstamo hipotecario en un proceso ejecutivo anterior. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluye la improcedencia de la apreciación de la cosa juzgada cuando en el proceso ejecutivo previo no había posibilidad procesal para oponer la abusividad de las cláusulas contractuales que se aduce en el declarativo posterior", apunta Moreno Arbizu.
En este sentido, explica la sentencia del TS que "el contrato incluía una serie de condiciones generales de la contratación que no se podían alegar al tiempo de la ejecución hipotecaria, pues la normativa legal vigente no permitía su oposición mediante la alegación de la abusividad de cláusulas contractuales que hubieran servido de fundamento al despacho de la ejecución. Ello nace con la promulgación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Tampoco estaba aún prevista la aplicación del control de oficio por el juez nacional, al no haberse dictado aun la STJUE de 14 de marzo de 2013", añade este abogado.
Con ello, el Supremo termina dando la razón al consumidor y declarando la nulidad de la cláusula que fijaba el interés de demora de 26,564%, condenando a la entidad bancaria a reintegrar la cantidad de 11.048,19 euros que fueron tasados en la ejecución hipotecaria en concepto de intereses moratorios.
"La entidad financiera viene a decir que los consumidores no hicieron nada que evitase que las cosas quedaran resueltas como constan. Les acusa de pasividad en la fase de oposición a la ejecución y cuando se les dio traslado de la liquidación de intereses. Los altos magistrados, sin embargo, hacen valer que en esos momentos la legislación no permitía oponerse alegando abusividad. Tampoco el control de oficio por el juez , ya que aún no se había pronunciado el TJUE en sentencia del 14 de marzo de 2013", señalan desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

El CGPJ mantiene los juzgados especializados en cláusulas suelo


MADRID.- Finalmente, los juz­gados es­pe­cia­li­zados en cláu­sulas suelo ten­drán su opor­tu­nidad para asen­tarse. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto con el Ministerio de Justicia y las co­mu­ni­dades au­tó­no­mas han de­ci­dido man­tener este tipo de ór­ganos du­rante el año que está a punto de co­men­zar. La banca man­tiene la ne­ce­sidad de re­currr a esta ins­tan­cia, caso por caso, para cum­plir las de­ci­siones de los Tribunales eu­ro­peos, adelanta hoy www.capitalmadrid.com

Se ha tomado esta decisión a fin de evitar males mayores, puesto que existe el riesgo de que los juzgados de primera instancia colapsen si les es transferida la enorme masa de pleitos relacionados con los 'suelos' hipotecarios.
En cualquier caso, y tal como aclararon a la prensa fuentes de Justicia, esto no será óbice para que se sigan analizando posibles reformas al plan de choque diseñado. Eso sí, el programa definitivo de ajustes deberá estar acabado antes de que finalice el año, ya que la vigencia del actual plan concluye el próximo 31 de diciembre.
En el encuentro participaron el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, junto a vocales de esta institución; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; y representantes de las comunidades autónomas con competencias transferidas.

Nacidos en el colapso
A principios de junio, eran casi 30.000 los procesos iniciados en los juzgados de Madrid y Barcelona: 22.234 y 8.727 respectivamente, a los que tienen que hacer frente dos jueces en prácticas en cada caso. Unos números hiperbólicos que, según manifestó recientemente el colectivo de jueces decanos, abocan al "completo atasco" de estos juzgados de nuevo cuño y cuya tardía respuesta, en opinión de los magistrados, terminará "frustrando la resolución de las demandas".
Según denunciaron los jueces decanos, las perspectivas de futuro tampoco permiten pensar en que amaine el alud: "la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final”, indicaron. La solución sugerida por este colectivo pasa por una renuncia completa por parte del CGPJ a la idea de estos juzgados creados 'ad hoc', asignando los asuntos que ingresen a los juzgados de primera instancia. Una opción que, de momento, queda descartada por el Gobierno, las CCAA y la Judicatura. Necesidad de refuerzos
Lo que sí reconocen los representantes del Poder Judicial y el Estado es la urgencia de incorporar nuevos magistrados para impedir que los juzgados especializados se desborden más allá de todo control. Se estima que harán falta más de 100 nuevos jueces para poder atender los procesos iniciados desde el pasado 1 de junio.

Las grandes constructoras, perplejas por la simpleza de las ideas del ministro De la Serna

MADRID.- Las grandes cons­truc­toras ven con per­ple­jidad no exento de asombro el plan de in­ter­na­cio­na­li­za­ción que el mi­nistro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha lan­zado a bombo y pla­tillo con el ob­je­tivo de for­ma­lizar alianzas entre las em­presas pri­vadas y las pú­blicas -Renfe, Aena, Adif y Puertos del Estado- e in­tentar lo­grar grandes in­fra­es­truc­turas en el ex­te­rior. Lo con­si­deran un brindis al sol, en gran me­dida, a juicio de www.capitalmadrid.com

El sector entiende que disponen ya de su propia carta de visita y que el Ministerio debería ocuparse con más ahínco en potenciar la obra pública interna, antes que actuar de embajador fuera de España. Máxime cuando en los peores momentos de la crisis debieron emigrar solas para no desaparecer y cuando siguen sin ver proyectos en firme.

De la Serna ha vuelto a despertar entre las constructoras el malestar que arrastran desde hace años con el Gobierno por la falta de inversión pública que ha existido en España, y sin viso alguno de que esto vaya a cambiar.

 “El Gobierno no solo no gasta apenas un euro en obras sino que ahora nos quiere hacer la agenda para acudir a los grandes proyectos que hay en el exterior”, han declarado a Capitalmadrid fuentes del sector, con cierta sorna.

Una reputación exterior ganada a pulso
A una gran parte de las empresas les ha parecido desacertada la iniciativa que Fomento quiera ahora servir de abanderado de las constructoras españolas, cuando los grandes contratos en los que actualmente participan la mayoría los han conseguido por sí mismas. 

Las seis mayores constructoras españolas -ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr- tienen el 75% de su actividad en el exterior y han logrado mantener su potencial gracias a su estrategia internacional.

En el plan de internacionalización diseñado por Fomento, De la Serna señala a 11 países estratégicos donde se van a poner en marcha grandes obras por valor de 2,5 billones de euros -Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Noruega, Suecia, Austria, Colombia y Perú- y enumera otros nueve países emergentes donde también se prevén importantes proyectos como Argentina, Chile, Dinamarca, Egipto, India, Israel, Malasia, Marruecos y Singapur.

Esta serie de países que el ministro califica como los más atractivos porque es donde se van a desarrollar grandes obras emblemáticas, figuran ya, según estas mismas fuentes, en las agendas de todas las constructoras españolas y, desde hace tiempo, sus equipos directivos se están moviendo en esa dirección.

Una medida que favorece más al Gobierno
Por eso, el hecho de que Fomento ofrezca su disposición a explorar y a participar en foros internacionales es algo que le favorece más al Gobierno por cuestión de imagen, que a las propias empresas porque todas estas compañías tienen una reputación consolidada.

A falta de obra pública en España, las empresas han centrado en los últimos años prácticamente toda su actividad en el exterior. Hasta el plan de construcción y mejora de carreteras que el Gobierno aprobó en julio pasado no se ha puesto en marcha aún por lo que el sector sigue tirando de los proyectos que consigue a nivel internacional.

ACS ha vuelto a liderar en 2016 la clasificación de los principales grupos de concesiones de infraestructuras, según el ranking que elabora la revista especializada Publics Works Financing (PWF). Dentro del Top 10, figuran cinco empresas españolas: ACS, Abertis, Ferrovial, Sacyr y Globalvía. La selección que anualmente hace la revista PWF certifica a España como el país que más empresas tiene en el mundo en infraestructuras, que acaparan los mayores proyectos que se realizan en el mundo.

Y es que, ocho grupos de los 32 que componen el ranking mundial son compañías españolas por delante de Francia que figura con cinco empresas. Australia, con Macquarie a la cabeza, tiene tres empresas, Reino Unido otras tres, y Holanda y México dos cada uno.

La compañía que preside Florentino Pérez encabeza la primera posición de este listado, tanto por el número de infraestructuras que el grupo tiene en construcción actualmente o en explotación -un total de 61-, como por la inversión que representa esta cartera, que asciende a cerca de 93.000 millones de dólares, unos 83.670 millones de euros.

Por tanto, desde las constructoras se piensa que a quien más favorece esta iniciativa es al Gobierno y al Ministerio de Fomento que buscan actuar de embajadores de las grandes constructoras españolas cuando todas se han logrado a pulso su reputación.

En cambio, la idea de crear consorcios público-privados con Renfe, Adif, Aena y Puertos del Estado se piensa que es una idea interesante pues beneficia a ambas partes a la hora de crear estrategias comunes y generar sinergias. Esta iniciativa si es una medida que suma, pues las cuatro empresas públicas son punteras en su terreno.