CARTAGENA/MADRID.- La diputada regional de Podemos, Ángeles García Navarro, ha pedido
que, a la finalización de los contratos vigentes con las
concesionarias, el servicio de transporte sanitario en ambulancias sea
gestionado directamente por el SMS.
García Navarro, ha expuesto que el servicio de ambulancias para
transporte sanitario, prestado por varias empresas privadas y
adjudicatarias de dicho servicio, viene siendo objeto de reclamaciones
por parte de los usuarios y por parte de los trabajadores de las
empresas.
Así, la diputada de Podemos ha explicado que tras reuniones con
trabajadores y usuarios de dicho servicio, "ha podido comprobar que se
vienen incumpliendo de forma sistemática los pliego de condiciones, el
tiempo de duración máxima de los contratos con prórrogas, así como
también la legislación en materia de seguridad y salud laboral de los
profesionales que trabajan en este servicio ya que la dotación de
personal es muy inferior a las necesaria para prestar el servicio con
garantías".
Este hecho, ha asegurado García Navarro, repercute en la calidad y
seguridad, "con pacientes en estado de debilidad que esperan demasiadas
horas después de recibir su tratamiento para ser trasladados en
ambulancias colectivas, sentándose sin medidas de seguridad en espacios
no destinados a tal fin, ambulancias obsoletas que no cumplen las
condiciones técnicas y no se renuevan", y en cuando a la plantilla "por
estar infradotada se vulneran los derechos laborales de los trabajadores
en cuanto a su tiempo de descanso y permisos".
García Navarro ha
añadido que "es fundamental que estos traslados se realicen de manera
que no suponga una situación grave que afecte a la salud de los
usuarios, puesto que muchos son pacientes sometidos a tratamientos
oncológicos o de diálisis".
En este sentido, la diputada regional de Podemos ha explicado que
"estos procesos de externalización no pueden seguir con una dinámica
donde se pierde el control público de un servicio imprescindible, que se
ha adjudicado teniendo solamente en cuenta criterios económicos con la
pérdida de la calidad del servicio para los pacientes, y sin condiciones
garantistas con los derechos laborales de los trabajadores".
En concreto en el área II de Cartagena, existen irregularidades en
las empresas concesionarias por incumplir las prescripciones técnicas
sanitarias del pliego de condiciones, por no respetar el descanso de los
trabajadores, por la ausencia de un registro de horas extraordinarias,
por incumplimiento del Convenio Colectivo, con actas de la Inspección de
Trabajo y el SMS no ha realizado ningún tipo de gestión y control de
cumplimiento de contrato por parte de dichas empresas.
Así ha avanzado que ha presentado una enmienda a los presupuestos
regionales para la reversión del servicio y su gestión pública por parte
del SMS y, hasta tanto, la mejora en la prestación, por lo que propone
que las empresas concesionarias cumplan de forma rigurosa con el pliego
de condiciones, que se realicen inspecciones por parte de la
administración autonómica para el cumplimiento del servicio contratado,
así como la realización de auditorías que midan el grado de satisfacción
de los usuarios de estos servicios de ambulancias, de manera "el
transporte sanitario se realice con garantías para los trabajadores,
para la ciudadanía y con control público".
Archivada la denuncia murciana
contra el Consejo General de Enfermería
Por otra parte, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada por el Colegio Oficial de Enfermería de Murcia contra la cúpula del Consejo General de Enfermería (CGE) por presuntos delitos de cohecho, malversación y fraude fiscal al considerar que las acusaciones son "meras sospechas" y los presuntos delitos habrían prescrito, según adelanta La Opinión.
La denuncia presentada el pasado mes de marzo por Amelia Corominas y otros cinco miembros de la junta directiva del Colegio de Enfermería de Murcia alertaba del supuesto uso fraudulento de los fondos del Consejo General, beneficiando a personas de la directiva y empresas externas vinculadas a ésta.
Sin embargo, el fiscal decano en funciones asegura en un decreto que ha sido enviado a los denunciantes que "no podemos hablar de que los hechos denunciados constituyan infracción penal alguna o se aporten datos como para estar en presencia de hechos concretos constitutivos de infracción penal, de manera que procede el archivo de las presentes diligencias informativas".
Además, señala que "tras la práctica de las diligencias de investigación, consistentes en las declaraciones de varios de los denunciados y en la solicitud de diversa documentación, no podemos extraer suficientes indicios de criminalidad como para interponer denuncia o querella ante el Juzgado por estos hechos".
Desde el Colegio de Enfermería de Murcia consideran que el archivo de la denuncia que presentaron "no supone un respaldo a la gestión de Máximo González (expresidente del CGE), sino que, muy al contrario, en la resolución dictada se cuestionan muchas de las iniciativas empresariales realizadas por éste, llegando a considerar la existencia de ciertos delitos que, de forma muy cuestionable, considera prescritos".
En este sentido, la institución colegial murciana informa a sus colegiados de que pese a que la Fiscalía descarta inicialmente que fuera una trama orquestada por Máximo González "únicamente lo hace porque se ha desmostrado que tras la pérdida patrimonial se iniciaron varios procedimientos judiciales para intentar recuperar el dinero". Y añaden que el propio fiscal "se sorprende de que el CGE no hubiera actuado penalmente ante la evidente estafa que había sufrido".
Desde Madrid, el Consejo General de Enfermería considera, tras la decisión judicial, que "ésta viene a confirmar la legalidad de la gestión corporativa de más de 25 años y desmonta la estrategia de falsedades orquestada contra la Organización Colegial y, especialmente, contra este Consejo General y sus dirigentes" y anuncia que interpondrá una querella contra Corominas por "difundir falsedades y mentiras".
También subrayan que Amelia Corominas "está ocupando ilegalmente el cargo, puesto que las elecciones que convocó para mantenerse en el mismo fueron declaradas nulas por la Resolución nº 6/2016, de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería tras recibir el recurso de un colegiado y constatarse que estuvieron plagadas de irregularidades".
Archivada la denuncia murciana
contra el Consejo General de Enfermería
Por otra parte, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada por el Colegio Oficial de Enfermería de Murcia contra la cúpula del Consejo General de Enfermería (CGE) por presuntos delitos de cohecho, malversación y fraude fiscal al considerar que las acusaciones son "meras sospechas" y los presuntos delitos habrían prescrito, según adelanta La Opinión.
La denuncia presentada el pasado mes de marzo por Amelia Corominas y otros cinco miembros de la junta directiva del Colegio de Enfermería de Murcia alertaba del supuesto uso fraudulento de los fondos del Consejo General, beneficiando a personas de la directiva y empresas externas vinculadas a ésta.
Sin embargo, el fiscal decano en funciones asegura en un decreto que ha sido enviado a los denunciantes que "no podemos hablar de que los hechos denunciados constituyan infracción penal alguna o se aporten datos como para estar en presencia de hechos concretos constitutivos de infracción penal, de manera que procede el archivo de las presentes diligencias informativas".
Además, señala que "tras la práctica de las diligencias de investigación, consistentes en las declaraciones de varios de los denunciados y en la solicitud de diversa documentación, no podemos extraer suficientes indicios de criminalidad como para interponer denuncia o querella ante el Juzgado por estos hechos".
Desde el Colegio de Enfermería de Murcia consideran que el archivo de la denuncia que presentaron "no supone un respaldo a la gestión de Máximo González (expresidente del CGE), sino que, muy al contrario, en la resolución dictada se cuestionan muchas de las iniciativas empresariales realizadas por éste, llegando a considerar la existencia de ciertos delitos que, de forma muy cuestionable, considera prescritos".
En este sentido, la institución colegial murciana informa a sus colegiados de que pese a que la Fiscalía descarta inicialmente que fuera una trama orquestada por Máximo González "únicamente lo hace porque se ha desmostrado que tras la pérdida patrimonial se iniciaron varios procedimientos judiciales para intentar recuperar el dinero". Y añaden que el propio fiscal "se sorprende de que el CGE no hubiera actuado penalmente ante la evidente estafa que había sufrido".
Desde Madrid, el Consejo General de Enfermería considera, tras la decisión judicial, que "ésta viene a confirmar la legalidad de la gestión corporativa de más de 25 años y desmonta la estrategia de falsedades orquestada contra la Organización Colegial y, especialmente, contra este Consejo General y sus dirigentes" y anuncia que interpondrá una querella contra Corominas por "difundir falsedades y mentiras".
También subrayan que Amelia Corominas "está ocupando ilegalmente el cargo, puesto que las elecciones que convocó para mantenerse en el mismo fueron declaradas nulas por la Resolución nº 6/2016, de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería tras recibir el recurso de un colegiado y constatarse que estuvieron plagadas de irregularidades".
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