CARTAGENA.- El diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Antonio Urbina, presentó
este miércoles un informe que contiene el análisis y conclusiones que
se derivan de la fase de comparecencias de la Comisión de Investigación
relativa a la Desaladora de Escombreras.
Urbina afirmó que entre las conclusiones que contiene el documento se
encuentra la de que tanto el expresidente regional, Ramón Luis
Valcárcel, como el exconsejero, Antonio Cerdá, actuaron sin tener en
cuenta "los intereses públicos" de la Región de Murcia.
Según el parlamentario de Podemos, los principales indicios apuntan a
presuntas irregularidades tanto de Valcárcel como de Cerdá en diversos
ámbitos. Entre ellos, "la participación en el diseño de un entramado
cuyo objetivo es evitar la convocatoria pública para la construcción de
una desaladora que debía suministrar agua al Ente Público del Agua. Agua
que se iba a utilizar para facilitar los futuros desarrollos
urbanísticos de 26 Ayuntamientos evitando así los preceptivos informes
de la Confederación Hidrográfica del Segura".
Si bien, como añadió Antonio Urbina, "no acaba ahí la cosa. En todo
el proceso se evita acudir a los servicios públicos de asesoría, tales
como el Servicio Jurídico o la Intervención General de la CARM. Esta
asesoría pública se sustituye por la de empresas privadas a las que se
condiciona con muy poco margen de maniobra hacia el establecimiento de
una forma legal para el entramado de empresas elegidas o creadas con
antelación".
En relación a los contratos que asumen desde el Gobierno regional
para hacer pública la empresa Desaladora de Escombreras, tal y como
explicó Urbina, se ve que son "claramente leoninos, asimétricos y con
falta de reciprocidad. Lo cual ha dado lugar a graves perjuicios
financieros para la Comunidad". Entre esos perjuicios, añadió, el que
causa la carta aval que la EPA entrega a Banesto, "que obliga a la CARM a
asumir riesgos financieros enormes, no respaldados por ninguna garantía
relacionada con el futuro suministro de agua a los ayuntamientos".
Como recomendación, en el informe presentado por el diputado del
Grupo Parlamentario Podemos, Antonio Urbina, indica que los servicios
jurídicos de la CARM "deberían estudiar en profundidad los contratos de
'arrendamiento financiero' y de 'operación y mantenimiento' que vinculan
a la sociedad mercantil regional Desaladora de Escombreras S. A. con
las empresas privadas Hydromanagement y Tedagua. Tras ese estudio
deberían emitir un informe relativo a las posibilidades de denuncia y
declaración de invalidez de dichos contratos por abusivos y por falta de
reciprocidad".
También aseguró Urbina que los servicios de intervención de la
Comunidad podrían realizar un estudio detallado de todas las cantidades
ya pagadas por parte de Desaladora de Escombreras S.A. a Hydromanagement
y Tedagua, puesto que existen "claros indicios de que lo ya pagado
supera el valor inicial (y por tanto también el actual) de la planta
desaladora". Estos informes, subrayó, podrían "dar paso a una
negociación transparente entre la CARM y el grupo ACS con el objetivo de
adelantar la toma de posesión, a coste cero, de la planta desaladora".
Respecto a la viabilidad técnica de la desaladora, el diputado de
Podemos, aseguró que "es muy probable que la desaladora sea viable y que
pueda alcanzar costes de operación y mantenimiento compatibles con
precios para el agua desalada dentro de los márgenes del mercado
actual". Aunque, matizó, "es conveniente que la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente lo certifique".
Por último, Antonio Urbina incidió en que "lo más conveniente" es que
el caso de la desaladora de Escombreras "sea esclarecido" antes de la
tramitación de los presupuestos de la CARM para 2017, "de forma que en
el proyecto de Ley de Presupuestos de la sociedad mercantil regional
Desaladora de Escombreras S. A. el resultado del ejercicio sea de cero
euros, es decir, que no sea necesario transferir cantidad alguna desde
la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a través de Esamur,
para cuadrar las cuentas".
Asimismo, Urbina apuntó a que la información sobre las actuaciones de
Valcárcel y Cerdá, obtenida durante las comparecencias de la comisión
que investiga el caso de la desaladora de Escombreras, debe ser
trasladada "tanto a la fiscalía del TSJ como al Tribunal de Cuentas para
complementar los expedientes allí abiertos en relación a Desaladora de
Escombreras S. A".
El Gobierno defiende a
los señalados por Podemos
El Gobierno regional se sumó a las declaraciones del Grupo
Parlamentario Popular, indicando que si Podemos ya tenía las
conclusiones sobre la desaladora de Escombreras "no hacía falta la
creación de una Comisión" en la Asamblea Regional.
Así se manifestó la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, en
la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntada
por el informe de Podemos sobre la desaladora de Escombreras, que
señala que el expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el
exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, diseñaron "el
entramado" de la desaladora de Escombreras debido a intereses
urbanísticos.
También el PP los defiende
El diputado regional, Juan Luis Pedreño (PP), ha lamentado esta mañana que
Podemos que se haya saltado el procedimiento de la Comisión de
Investigación de la Desaladora de Escombreras con la publicación del
Informe presentado esta mañana y lo ha tildado "de falta de respeto al
resto de miembros y partidos políticos que integran la citada Comisión"
"Con su actuación, Podemos ha juzgado y sentenciado la gestión,
puesta en marcha y funcionamiento de la Desaladora de Escombreras con
carácter previo y de forma unilateral", ha indicado.Pedreño ha explicado
que "se está trabajando de forma intensa y casi exclusivamente en la
Comisión de investigación, asimilando mucha información y a un ritmo muy
acelerado".
En este sentido se ha referido a que todos los grupos
políticos incluido Podemos fijaron el mes de septiembre la próxima
reunión "para definir el formato del informe de forma consensuada y a
modo de conclusión sobre la comisión de la Desaladora de Escombreras", y
es por eso que el diputado 'popular' ha mostrado su sorpresa ante la
presentación y emisión del citado informe por parte de Podemos, del que
ha afirmado "establece conclusiones que ya existían con anterioridad a
la comparecencia de Valcárcel en la Asamblea Regional"
Pedreño considera que el grupo parlamentario "Podemos utilice la
comisión con fines exclusivamente políticos, mediáticos y de desgaste, y
persecución, sólo para mantener viva la llama durante la época
estival", ha indicado. .
"Podemos no ha esperado que se saquen las conclusiones que proceden
sobre esta investigación sino que con carácter previo han emitido sus
conclusiones a destiempo", ha aseverado Pedreño.
El diputado regional del
GPP ha definido como "inquisitorial" la forma de proceder del Podemos
al elaborar y presentar dicho informe ya que ha mencionado nombres y
apellidos anticipándose de esta forma a la fiscalía y al Tribunal de
Cuentas que son los que tienen la última palabra, por tanto, ha
reiterado, "sentencian antes que los órganos judiciales competentes,
demostrando el verdadero interés que persiguen".
C's expedienta a su portavoz
por ausentarse de la Asamblea
El liderazgo de Miguel Sánchez como portavoz parlamentario de
Ciudadanos en la Asamblea
Regional pasa por su peor momento desde que
comenzó la legislatura hace un año. Cuestionado desde abril por la
polémica imputación de gastos electorales a la subvención que recibe su
grupo político de los presupuestos regionales y sus pulsos con otros
dirigentes naranjas, ahora se enfrenta a dos procedimientos
disciplinarios internos por faltas grave y muy grave en el desempeño de
su cargo. Esta situación disparó ayer las especulaciones sobre el futuro
de Sánchez cuando comience el nuevo curso político en septiembre, avanza hoy
La Verdad.
El motivo de ambos expedientes es la ausencia sin justificación a la
Junta de Portavoces convocada el pasado día 5 de julio, a las 13.30 y
notificada a los cuatro diputados regionales de C's; y su
incomparecencia en el hemiciclo durante las dos últimas votaciones del
Pleno celebrado el pasado viernes. Este fue el último del ejercicio
político y todos los asuntos del orden del día fueron aprobados por
mayoría. Es decir, sus votos no eran imprescindibles para asegurar los
intereses de Ciudadanos.
En un documento fechado el lunes, al que ha tenido acceso
La Verdad,
el responsable de disciplina del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Miguel
Ángel López-Morell, recuerda a Sánchez que la primera ausencia está
considerada como infracción grave en su reglamento interno. Ello supone
una amonestación por escrito y una sanción económica que oscila entre
los 101 y los 200 euros. La segunda ausencia está considerada como falta
muy grave, con sanciones que varían desde los 201 hasta los 500 euros,
sin perjuicio de otras consideraciones, advierte López-Morell. Ambas
sanciones son de obligada información al comité ejecutivo del partido
que preside Albert Rivera.
La situación viene agravada porque Miguel Sánchez ya fue apercibido
en junio por una falta leve debido a sendos retrasos a reuniones
internas de su grupo. El día 26 de mayo llegó 40 minutos tarde a la cita
y el 8 de junio, poco más de media hora.
Además, ya fue amonestado de manera leve por su partido, al igual que
sus compañeros Juan José Molina, Luis Fernández y López-Morell, como
consecuencia del escándalo de las facturas. La dirección nacional
decidió resolver aquella polémica manteniendo a Sánchez como portavoz
pero poniendo como jefe del grupo a Molina.
El portavoz parlamentario evitó ayer dar explicaciones a
La Verdad
sobre los apercibimientos y su situación política tras su primer año en
el Parlamento murciano. En su lugar lo hizo el coordinador de los grupos
institucionales de Ciudadanos, Antonio Puche, quien confirmó los
expedientes a Sánchez debido a unas ausencias que achacó a que este «va
muy liado y se le puede olvidar».
Puche restó importancia a la notificación de López-Morell y la
enmarcó en el funcionamiento normal del grupo. No obstante, este diario
comprobó que ese tipo de sanciones no son habituales en ningún otro
partido del arco parlamentario. Ni PP, con 22 diputados, ni PSOE, que
tiene 13, han tenido que recurrir en el primer año de legislatura a sus
reglamentos internos para sancionar. Tampoco en Podemos. Todas las
ausencias de sus componentes estaban justificadas previamente.
«Hemos venido a la política para que todo el mundo tenga las mismas
oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. En
Ciudadanos no hacemos ningún tipo de distinciones ni entre portavoz ni
entre diputados. Tampoco hay una voz que manda y los demás obedecen. No
hay nadie por encima de nadie», aseguró Puche.
Además, el dirigente hizo hincapié en que las diferencias internas
surgidas cuando el escándalo de las facturas y los pulsos de Sánchez con
el coordinador territorial, Mario Gómez, están superados. Ahora, dijo,
los cuatro directivos que forman la cúpula del partido en la Región
-ellos tres y la delegada, Valle Miguélez- trabajan para afianzar su
proyecto.
Puche descartó cualquier posibilidad de un relevo en la portavocía en
septiembre, rumor extendido en la Asamblea desde antes del debate sobre
el estado de la Región de la pasada semana. «Eso es una tontería. El
comité territorial ha elegido a Miguel Sánchez para que sea el
portavoz». Puche enmarcó todos esos comentarios en un intento por
desestabilizar a Ciudadanos y el proyecto político que intentan
consolidar.
