Si no le contesta, anuncia que acudirá a los tribunales y a la Unión Europea para exigir ese trámite en aras de la obligada transparencia en la gestión pública.
El letrado parece saber muy bien a dónde apunta, ya que en uno de los párrafos de ese escrito precisa que desea saber cuáles son los intereses particulares que aquí concurren de asesores, gestores, letrados "que han actuado (...) desde la compra, bien directamente, bien a través de sociedades, hasta este momento, para poder determinar las intenciones verdaderas sobre la descontaminación del suelo, pues falta en el proyecto el informe particular de calidad ambiental".
De Ramón desea saber de boca del propio presidente Valcárcel qué medidas de seguridad sanitaria ha estudiado el gobierno regional que preside, qué beneficios obtiene la ciudadanía murciana a cambio de esas recalificaciones urbanísticas, "y como contrapartida, cuánto ganan los asesores, gestores, letrados intervinientes, los cuales, sin mencionar 'nombres' (salvo investigación policial que pudiera abrirse en Madrid o Murcia), tiene que saber la sociedad civil (pues no es un contrato privado, sino público y con participación de la Administración) en transparencia de dicha gestión pública, para poder evaluar la misma y la buena eficacia de dichas actuaciones políticas públicas".
El célebre abogado murciano habla en su largo escrito de puesta de conocimiento a Valcárcel de un "posible grave quebrantamiento de la ley" al no existir en este caso un informe previo de la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena y otro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma "para evaluar la contaminación y la compatibilidad", para lo cual, estima, se habrá de designar una comisión responsable de seguimiento en todo el trabajo de descontaminación de los terrenos, ya que se trata de "una zona de expansión urbana".
De Ramón le recuerda a Valcárcel la naturaleza de unos terrenos altamente contaminados y el convenio urbanístico firmado con la condición de su descontaminación y regeneración previas para poder edificar sobre un suelo de 300.000 m2 un total de 5.250 viviendas, por contra de las 3.000 inicialmente previstas, "con altos beneficios por plusvalías urbanísticas".
En su escrito se pregunta por qué no se ha procedido a la evaluación estratégica de planes y proyectos sobre Zincsa y reseña que la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio "parece ser ha pasado por alto este necesario e importante informe, o ha aceptado el que ha propuesto el Ayuntamiento de Cartagena sobre el realizado (...) para el Plan General de Ordenación Municipal de Cartagena, pero no para el proyecto de Zincsa, altamente contaminante".
Esta información es necesaria, a juicio del citado abogado, porque se está concediendo un cambio de uso que beneficia a unos particulares, con unos terrenos altamente contaminados, lo que evidenciaría un grave mal a las personas que adquieran las 5.250 viviendas con la confianza de que la Comunidad Autónoma ha actuado con corrección y "mirando por el bien común".
¿Por qué la empresa, con el dinero recibido a cuenta, no empezó a regenerar un suelo altamente contaminado de mineral de zinc, dañino para la salud pública y el medio ambiente?, se pregunta De Ramón en su escrito a Valcárcel con fecha del pasado 23 de julio, advirtiendo del presunto incumplimiento de directivas europeas sobre prevenciones sanitarias en la edificación civil en zonas altamente contaminadas provenientes de zonas industriales consolidadas.