CARTAGENA.- El abogado Diego de Ramón se ha dirigido con un escrito por registro al presidente Ramón Luis Valcárcel para que abra una investigación sobre los grandes beneficiados por la operación de recalificación de los terrenos de la empresa 'Zincsa', en Cartagena, la legalidad de actuaciones y sobre los riesgos sanitarios para las 20.000 personas que habiten en un futuro sus más de 5.000 viviendas ahora previstas.
Si no le contesta, anuncia que acudirá a los tribunales y a la Unión Europea para exigir ese trámite en aras de la obligada transparencia en la gestión pública.
El letrado parece saber muy bien a dónde apunta, ya que en uno de los párrafos de ese escrito precisa que desea saber cuáles son los intereses particulares que aquí concurren de asesores, gestores, letrados "que han actuado (...) desde la compra, bien directamente, bien a través de sociedades, hasta este momento, para poder determinar las intenciones verdaderas sobre la descontaminación del suelo, pues falta en el proyecto el informe particular de calidad ambiental".
De Ramón desea saber de boca del propio presidente Valcárcel qué medidas de seguridad sanitaria ha estudiado el gobierno regional que preside, qué beneficios obtiene la ciudadanía murciana a cambio de esas recalificaciones urbanísticas, "y como contrapartida, cuánto ganan los asesores, gestores, letrados intervinientes, los cuales, sin mencionar 'nombres' (salvo investigación policial que pudiera abrirse en Madrid o Murcia), tiene que saber la sociedad civil (pues no es un contrato privado, sino público y con participación de la Administración) en transparencia de dicha gestión pública, para poder evaluar la misma y la buena eficacia de dichas actuaciones políticas públicas".
El célebre abogado murciano habla en su largo escrito de puesta de conocimiento a Valcárcel de un "posible grave quebrantamiento de la ley" al no existir en este caso un informe previo de la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena y otro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma "para evaluar la contaminación y la compatibilidad", para lo cual, estima, se habrá de designar una comisión responsable de seguimiento en todo el trabajo de descontaminación de los terrenos, ya que se trata de "una zona de expansión urbana".
De Ramón le recuerda a Valcárcel la naturaleza de unos terrenos altamente contaminados y el convenio urbanístico firmado con la condición de su descontaminación y regeneración previas para poder edificar sobre un suelo de 300.000 m2 un total de 5.250 viviendas, por contra de las 3.000 inicialmente previstas, "con altos beneficios por plusvalías urbanísticas".
En su escrito se pregunta por qué no se ha procedido a la evaluación estratégica de planes y proyectos sobre Zincsa y reseña que la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio "parece ser ha pasado por alto este necesario e importante informe, o ha aceptado el que ha propuesto el Ayuntamiento de Cartagena sobre el realizado (...) para el Plan General de Ordenación Municipal de Cartagena, pero no para el proyecto de Zincsa, altamente contaminante".
Si no le contesta, anuncia que acudirá a los tribunales y a la Unión Europea para exigir ese trámite en aras de la obligada transparencia en la gestión pública.
El letrado parece saber muy bien a dónde apunta, ya que en uno de los párrafos de ese escrito precisa que desea saber cuáles son los intereses particulares que aquí concurren de asesores, gestores, letrados "que han actuado (...) desde la compra, bien directamente, bien a través de sociedades, hasta este momento, para poder determinar las intenciones verdaderas sobre la descontaminación del suelo, pues falta en el proyecto el informe particular de calidad ambiental".
De Ramón desea saber de boca del propio presidente Valcárcel qué medidas de seguridad sanitaria ha estudiado el gobierno regional que preside, qué beneficios obtiene la ciudadanía murciana a cambio de esas recalificaciones urbanísticas, "y como contrapartida, cuánto ganan los asesores, gestores, letrados intervinientes, los cuales, sin mencionar 'nombres' (salvo investigación policial que pudiera abrirse en Madrid o Murcia), tiene que saber la sociedad civil (pues no es un contrato privado, sino público y con participación de la Administración) en transparencia de dicha gestión pública, para poder evaluar la misma y la buena eficacia de dichas actuaciones políticas públicas".
El célebre abogado murciano habla en su largo escrito de puesta de conocimiento a Valcárcel de un "posible grave quebrantamiento de la ley" al no existir en este caso un informe previo de la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena y otro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma "para evaluar la contaminación y la compatibilidad", para lo cual, estima, se habrá de designar una comisión responsable de seguimiento en todo el trabajo de descontaminación de los terrenos, ya que se trata de "una zona de expansión urbana".
De Ramón le recuerda a Valcárcel la naturaleza de unos terrenos altamente contaminados y el convenio urbanístico firmado con la condición de su descontaminación y regeneración previas para poder edificar sobre un suelo de 300.000 m2 un total de 5.250 viviendas, por contra de las 3.000 inicialmente previstas, "con altos beneficios por plusvalías urbanísticas".
En su escrito se pregunta por qué no se ha procedido a la evaluación estratégica de planes y proyectos sobre Zincsa y reseña que la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio "parece ser ha pasado por alto este necesario e importante informe, o ha aceptado el que ha propuesto el Ayuntamiento de Cartagena sobre el realizado (...) para el Plan General de Ordenación Municipal de Cartagena, pero no para el proyecto de Zincsa, altamente contaminante".
En ese caso, De Ramón le recuerda a Valcárcel el incumplimiento de directivas comunitarias y, por tanto, la necesidad de abrir una investigación pública como la que él solicita. A su juicio, se debe investigar quiénes han intervenido para esa recalificación urbanística "ya que intereses particulares están presionando para conseguir los favores urgentes de una recalificación que alcanza plusvalías enormes, y ver si en las personas que han intervenido, pueden existir recusaciones en sus intervenciones, que han proporcionado altos beneficios, (...) a raíz del convenio privado firmado en el año 2006 y los 45 millones de euros que ya ha recibido Zincsa por la venta de unos terrenos contaminados (...) a la promotora 'Quorum', con los abogados intervinientes que han representado a la partes con algún tipo de beneficio legal, con la aprobación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y qué cajas de ahorro han intervenido (...) en la concesión de créditos y pagos de minutas".
Esta información es necesaria, a juicio del citado abogado, porque se está concediendo un cambio de uso que beneficia a unos particulares, con unos terrenos altamente contaminados, lo que evidenciaría un grave mal a las personas que adquieran las 5.250 viviendas con la confianza de que la Comunidad Autónoma ha actuado con corrección y "mirando por el bien común".
¿Por qué la empresa, con el dinero recibido a cuenta, no empezó a regenerar un suelo altamente contaminado de mineral de zinc, dañino para la salud pública y el medio ambiente?, se pregunta De Ramón en su escrito a Valcárcel con fecha del pasado 23 de julio, advirtiendo del presunto incumplimiento de directivas europeas sobre prevenciones sanitarias en la edificación civil en zonas altamente contaminadas provenientes de zonas industriales consolidadas.
Esta información es necesaria, a juicio del citado abogado, porque se está concediendo un cambio de uso que beneficia a unos particulares, con unos terrenos altamente contaminados, lo que evidenciaría un grave mal a las personas que adquieran las 5.250 viviendas con la confianza de que la Comunidad Autónoma ha actuado con corrección y "mirando por el bien común".
¿Por qué la empresa, con el dinero recibido a cuenta, no empezó a regenerar un suelo altamente contaminado de mineral de zinc, dañino para la salud pública y el medio ambiente?, se pregunta De Ramón en su escrito a Valcárcel con fecha del pasado 23 de julio, advirtiendo del presunto incumplimiento de directivas europeas sobre prevenciones sanitarias en la edificación civil en zonas altamente contaminadas provenientes de zonas industriales consolidadas.
7 comentarios:
Diego, caliente, caliente, ¡que te quemas!
El urbanismo en Cartagena es un desastre hecho para y por un conjunto de intereses muy particulares. Y cuando llega el plan E deforestan todo lo que pueden con la excusa de la sanidad de palmeras u otros árboles (arbustos ni consideran), y de paso cobrar algunos eurillos algún proveedor. Todo ello por no planificar la obra convenientemente ya que así es más rentable el destrozarlo todo y volverlo a arreglar. Un ejemplo de despilfarro y destrozo en este caso con copatrocinio estatal.
¿Estamos hablando del hermano de alguien y de la pasta que se ha embolsado a cambio del fiasco?
Diego De Ramón quiere poner al presidente entre la espada y la pared pese a tanto eufemismo empleado para evitar una posible querella de la familia. Pero todo se terminará sabiendo con detalle y los presuntos negándolo todo, hasta el Cristo de Bussi.
Me gusta este abogado por ser la voz que clama en el desierto aunque no pase de ahí porque no sabe o no puede rematar, él sabrá por qué aletea tanto para luego no echar a volar. Este tampoco me sirve
caso zincsa
El PSOE dice que el hermano de Valcárcel pudo participar en la venta terrenos de Zincsa
El portavoz del consejo de administración de Zincsa, José Carvajal, negó la participación de Carlos Valcárcel en la venta de Torreciega
EFE / MURCIA
El secretario de organización del PSRM-PSOE, Francisco Oñate, afirmó hoy que su partido tiene "datos", aunque dijo no poder aportarlos, de la intermediación del abogado Carlos Valcárcel, hermano del presidente de la Comunidad, en la operación de compraventa de terrenos de la empresa Zincsa, en el polígono de Torreciega (Cartagena), lo que negó un portavoz de la sociedad.
Esta empresa, obligada a trasladar sus instalaciones en un plazo máximo de dos años, ocupa ahora 580.000 metros cuadrados de suelo industrial en Cartagena, que vendió al fondo de inversión Quorum por 142 millones de euros.
El dirigente del PSOE dijo que esta posible participación de Carlos Valcárcel en la compraventa de los terrenos la han hecho pública al disponer de "informaciones suficientemente creíbles" que eludió ampliar ni añadir más datos.
Según Oñate, si el presidente no ofrece explicaciones "voluntarias" en el ámbito político, el PSRM-PSOE "dará todos los pasos para aclarar este asunto", incluida la vía judicial, aunque dijo que los socialistas prefieren "que se resuelva este tema en el terreno político".
El portavoz del consejo de administración de Zincsa, José Carvajal, en declaraciones a Efe, negó la participación de Carlos Valcárcel en la venta de Torreciega, dijo ser "mentira" y agregó que la venta de esos terrenos la negoció directamente la empresa con el comprador.
Fuentes del Partido Popular eludieron hacer declaraciones acerca de la denuncia del PSOE.
(La verdad 18-4-2007)
¿Para cuando el juicio de La Zerrichera"
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