jueves, 27 de agosto de 2009

Valcárcel no ha tenido más remedio que meter la tijera en el gasto autonómico

MURCIA.- El Gobierno regional va a meter la tijera para reducir hasta en un 20% el gasto corriente, la estructura directiva y los salarios del casi centenar de fundaciones, organismos autónomos, sociedades mercantiles, consorcios y entes públicos que beben casi exclusivamente del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Según ha podido saber La Verdad de fuentes del Ejecutivo regional, el plan de austeridad que se aprobó el año pasado para afrontar las consecuencias de la crisis y ajustar los gastos de la maquinaria autonómica se aplicará también a los numerosos entes públicos que no forman parte de la llamada Administración directa, sino que prestan otros servicios y funciones. Juntos consumen más del 50% del presupuesto regional: más de 2.500 millones de euros el año pasado.

Algunos son tan importantes como el Instituto de Fomento, el Servicio Murciano de Salud, Esamur, el Imida, el Servicio de Empleo y Formación, la Imprenta Regional y las universidades públicas. Son los que más presupuesto manejan y cuentan con decenas de miles de funcionarios y personal laboral.

También están los consorcios deportivos y turísticos, las fundaciones y sociedades mercantiles -algunos nacieron en el año 1982- que atienden parcelas importantes de la investigación, la cultura, la sanidad y la asistencia social. Los consorcios y fundaciones, aunque han crecido en número, suman unos 55 millones de euros.

Además del recorte de gastos, el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel piensa realizar asimismo una revisión de la estructura institucional de la Comunidad Autónoma, de tal forma que algunos organismos serán reagrupados.

El PSOE también considera necesario que se racionalice esta parte de la Administración, que en algunos casos funciona de forma paralela y se duplican los recursos, y en otros casos han perdido su utilidad para los ciudadanos.

La diputada regional del PSOE, Begoña García Retegui, critica que la creación «de tantas entidades y fundaciones denota el descontrol que existe en la Administración regional y el derroche que se ha producido en los años de abundancia económica. Ahora, con la crisis, se ha mantenido la tendencia de hacer crecer una Administración paralela con unos gastos que a veces son innecesarios y que dificulta el control que deben ejercer los ciudadanos y la propia Asamblea Regional».

La parlamentaria socialista sostiene que en algunos casos se produce un solapamiento de funciones. Pone como ejemplo la Fundación Territorio y Sostenibilidad, creada el año pasado, aunque aún no figura en el inventario, que tiene como misión el seguimiento de proyectos singulares para la Región, pero que estas funciones también competen a las consejerías de Economía y Presidencia. Explica el mismo caso al analizar la misión del Instituto de Fomento y el Instituto de Crédito y Finanzas constituido este año.

García Retegui también critica que se utilicen fundaciones para realizar trabajos que pueden desempeñar los propios funcionarios de la Comunidad Autónoma. «Crecen empleos en torno a las fundaciones pese a que la Administración ya tiene a su personal para hacerlo. Creo que en estos momentos suponen un derroche y es preciso racionalizar los gastos», apunta la diputada socialista.

Considera que las fundaciones «han servido para colocar a personas afines sin ninguna formación. Está el caso de un concejal de Archena que fue cesado y que después se le colocó como gerente del Instituto de Estudios Económicos. Han contratado tres estudios que podían haber realizado la Administración regional o el Consejo Económico y Social».

García Retegui es partidaria de «separar el polvo de la paja. Hay instituciones como el Info, la Imprenta Regional o las universidades que tienen peso y articulan la sociedad, pero otras no tienen interés ni aportan riqueza». Pide que se controlen también los contratos blindados.

En el inventario de la Comunidad Autónoma hay registradas ahora 91 entidades que sustentan a la Administración regional y que tienen personalidad jurídica propia, aunque su actividad y recursos están sujetas a la fiscalización del Ejecutivo.

Todos los niveles del sistema administrativo español, desde el Estado a los ayuntamientos, están sustentados por estos organismos. En el caso de la Región de Murcia, su número ha aumentado en un 31% en los últimos cuatro años, y ha ido acompañado por un incremento del gasto del 53%.

De esta forma, se ha pasado de los 1.663 millones de euros en el año 2005 a los 2.553 de la actualidad. El mayor número corresponde a los consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles.

El Gobierno regional explica que la ley distingue entre los organismos autónomos y las empresas públicas regionales. Éstas se consideran herramientas para el impulso económico, como el Instituto de Fomento, el recién creado Instituto de Crédito y Finanzas, el Ente Público del Agua, el Auditorio y Centros de Congresos y el centro de Cualificación Turística.

Las actividades artísticas y recreativas, junto con las profesionales, técnicas y científicas, son los principales objetivos de los organismos que orbitan alrededor de la Administración regional. Le siguen aquellos dedicados a fines sanitarios y servicios sociales, la Administración pública y la educación.

El resto está fragmentado en multitud de fines, hasta completar las 91 entidades que figuran en el inventario oficial, según los datos elaborados por el PSRM-PSOE obtenidos de la Comunidad Autónoma. El año pasado se dieron de baja tres instituciones, entre ellas el Hospital de Cieza.

Al mismo tiempo, se crearon la Fundación Territorio y Sostenibilidad y Contentpolis. Este año se han sumado el Instituto de Crédito y Finanzas y la Agencia para la Excelencia.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Empecemos por liquidar lo absurdo como Contentpolis o la innumerable cantidad de asesores banales de la administración regional. Fíjense un objetivo, pues si no seguirá el despilfarro, que tiene mucho que ver con una pésima gestión y una nula capacidad de poner orden entre funcionarios y personal laboral. Es decir, de reducir muchos de sus absurdos privilegios.

Anónimo dijo...

¿Lo sabe ya el sobrinísimo?