jueves, 7 de mayo de 2009

Crisis en el SCRATS: deja la presidencia Francisco del Amor

MURCIA.- Francisco del Amor quien ha venido siendo presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) desde el años 2002, deja el cargo, al parecer, por motivos personales, según 'La Verdad'.

Este corganismo es uno de los más activos en la defensa del trasvase Tajo-Segura, en reacción a los reiterados intentos del Gobierno de Castilla-La Mancha de incluir una fecha de caducidad para el trasvase en su estatuto.

Francisco del Amor dejará la presidencia del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), tras más de seis años que "han estado llenos de satisfacción, pero también ha sido muy difíciles, tal vez los más difíciles a lo largo de mi carrera".

Del Amor, quien comunicó personalmente esta decisión "que no tiene vuelta atrás" a los miembros del Comité de Crisis reunidos hoy, aseguró, no obstante, que seguirá al frente del Scrats hasta la celebración de los próxima asamblea general, en la que tomará posesión el nuevo presidente de los regantes del trasvase.

En este sentido, explicó que convocará las elecciones en la próxima Junta de Gobierno, que se celebrará a finales de este mes, tras lo que se iniciará el proceso electoral, de manera que la asamblea general, que tendría que celebrarse este mes de mayo, tendrá lugar previsiblemente a finales de junio.

En esa asamblea general Del Amor, que ostenta la presidencia de los regantes del trasvase desde diciembre de 2002, pasará el testigo a su sucesor, pero mientras "estaré al frente del Scrats, llevando las riendas, con la máxima responsabilidad, porque tenemos operaciones abiertas que deben culminarse".

Del Amor, quien deja su cargo año y medio antes de lo que le correspondería de haber agotado su mandato, comentó que "llega un momento en el que hay que plantearse las cosas y yo voy a cumplir ya 70 años", al tiempo que reconoció que "aunque se trata de una decisión muy difícil, me voy con la satisfacción de haber dejado al sindicato en lo más alto".

Al respecto, confesó no saber cómo dar las gracias a la sociedad "por su apoyo en las manifestaciones y concentraciones que se han convocado en defensa del trasvase Tajo-Segura", así como a los agentes sociales e instituciones "por haber tenido siempre las puertas abiertas y haber estado al lado de los regantes".

"Ha sido una gran satisfacción", añadió.

No obstante, Del Amor lamentó no haber podido cerrar la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, de la que dijo que "nos están tomando el pelo a todo el mundo".

"Llevamos 7 meses así, con inversiones en el aire que los regantes no se atreven a realizar por temor a la caducidad del 2015, y eso no hay quien lo aguante".

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) fue constituido en 1982 con naturaleza jurídica específica. La integran 80 comunidades de regantes de las provincias de Murcia, Alicante y Almería, de la que dependen unas 70.000 familias.

Este organismo fue constituido cuando se aprobaron sus Estatutos iniciales, siendo una junta central de usuarios de las previstas en el art. 81.3 de la vigente ley de aguas y ostentando la naturaleza jurídica de Corporación de Derecho Público.

Sus miembros originarios son todas las comunidades de regantes y usuarios individuales, titulares de derecho al uso para riego de las aguas trasvasadas a través del Acueducto Tajo-Segura, además de aquellos que, con derecho para riego de recursos propios de la cuenca del Segura, sólo puedan conducir sus caudales a los predios correspondientes a través de las infraestructuras del Postrasvase, pudiendo integrarse también en la Corporación las entidades o usuarios individuales que, con derecho al uso o aprovechamiento distinto del regadío de aguas conducidas a través de dichas infraestructuras, que así lo soliciten.

Valcárcel, nuevo fiador de la vieja refinería de Escombreras

CARTAGENA.- Tranquilidad y confianza. Ésas fueron las dos ideas acerca del presente y el futuro de la compañía petrolífera Repsol YPF en Cartagena que defendió ayer en la Asamblea Regional el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, según recoge 'La Verdad'.

Éste dijo que hay garantías para tener confianza en los planes anunciados por la multinacional española para Escombreras: la parada temporal de la refinería no pone en peligro los empleos de la plantilla ni los de empresas auxiliares; y se mantiene la inversión de 3.600 millones de euros para ampliar la factoría, como demuestra el hecho de que alrededor de 60 empresas se sumarán «con carácter inmediato» a las obras y otras trescientas han recibido asesoramiento en los dos últimos meses para incorporarse.

En respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Juan Carlos Ruiz, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno regional respecto a Repsol, Valcárcel dijo ser consciente de la preocupación causada por la paralización de la factoría en los últimos quince días. Sin embargo, advirtió de que la compañía tiene el compromiso de mantener su actividad en Cartagena.

Cerrar la fábrica «sería dramático» sin un horizonte positivo, pero hay motivos para estar alentados porque su Ejecutivo ha tomado varias medidas ante el parón y porque Repsol va a hacer en Escombreras «la mayor inversión industrial de la historia de España».

El presidente citó las cinco claves en su política respecto a la petrolera. La primera es que ha establecido mecanismos de coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena y la empresa para conocer en todo momento la situación por la que atraviesa ésta.

En segundo lugar, Valcárcel se refirió a que los responsables autonómicos y municipales mantienen «importantes contactos y reuniones» con el presidente de la multinacional, Antonio Brufau y otros directivos de Repsol, e «infinidad de reuniones» con el director de la planta de Escombreras.

El presidente calificó de «contundente y tranquilizadora» la respuesta que le ha dado la compañía. Ésta le aseguró que la parada «no afectaría a los trabajadores ni a los empleados de subcontratas».

En tercer lugar, el jefe del gabinete informó a los diputados de que la Comunidad ha encargado a un gestor de cuentas un «seguimiento» de las actividades de Repsol. Según dijo, se trata de «un elemento puente entre la empresa y el gobierno».

Otro de los puntos que destacó el presidente fue el plan de formación que gestiona el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF). El objetivo es que los trabajadores se preparen para las necesidades de la nueva refinería, y cuando abran ésta «no pierdan ni un segundo y esté cada uno en el lugar que le corresponda».

Por último, Valcárcel habló del servicio de oportunidades de negocio habilitado para dar asesoramiento a las empresas interesadas en participar en las obras de la futura factoría. Según subrayó, en sólo dos meses la Comunidad ha facilitado información a 360 empresas, la mayoría de la comarca.

De ellas, 61 ya están incluidas en procesos de contratación. Se espera que 31 de estas últimas pueda incorporarse «con carácter inmediato» a los trabajos que ya se llevan a cabo en Escombreras.

«Las cifras de la nueva refinería abruman. Algunos dicen que en la Región sólo se hacen casas, y vemos que no. El paro disminuye en el sector industrial, frente a lo que pasa en el resto de España», resumió Juan Carlos Ruiz.

Y acusó al PSOE de falta de interés por la situación de los obreros y de la «vieja refinería»: «Ustedes prometieron que preguntarían al presidente sobre Repsol, pero lo hemos hecho nosotros».

El presidente del Gobierno regional reveló que hubo «presiones para que no viniera aquí», a Cartagena, el proyecto de ampliación de la refinería de Repsol. Esas maniobras, cuyo contenido y autores no concretó, fracasaron según Valcárcel gracias al empeño de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena.

Fue «la pelea planteada por la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por el Gobierno regional y por este presidente» lo que permitió superar los intereses contrarios a la Región de Murcia y a la comarca cartagenera, afirmó Ramón Luis Valcárcel en la Asamblea Regional.

«Nos hemos adelantado al futuro con la ampliación, porque hoy sería dramático que se planteara la paralización sin el colchón, la garantía de futuro que supone», apuntó el presidente.

El PSRM le recuerda a Valcárcel su herencia de corrupción y paro

CARTAGENA.- La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, pidió explicaciones al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel y a la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, sobre La Zerrichera y sobre las casas de El Hornillo, respectivamente.

Así lo manifestó la diputada socialista tras los últimos acontecimientos conocidos acerca de los registros en dos Consejerías de la Administración regional, la aparición en escena de la consejera de Economía y Hacienda por unas declaraciones del ex consejero Francisco Marqués, y la negativa reiterada del Partido Popular para que el presidente Valcárcel dé explicaciones.

"Hoy es más necesario que nunca que salgan de su escondite y den la cara por higiene democrática", señaló en comunicado de prensa.

Para García Retegui es preciso que el PP en la Asamblea Regional reconsidere la apertura de una Comisión de Investigación sobre La Zerrichera, tal y como pidió en su día el Grupo Parlamentario Socialista, así como sobre otros asuntos, como Novo Carthago, "donde la gestión de Marqués, es decir, la gestión del Gobierno regional, está bajo sospecha".

Sin entrar en valoraciones de tipo penal, prosiguió, "entendemos necesario clarificar la actuación de todos los responsables que han intervenido en los proyectos de reclasificación urbanística de La Zerrichera y de Novo Carthago, así como determinar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de dichas actuaciones".

La diputada socialista exigió así al presidente Valcárcel que dé explicaciones a los ciudadanos, porque "es su herencia política la que está en entredicho".

A lo que añadió, "Valcárcel siempre ha dicho que heredó una Región con 90.000 parados y ahora hay más de 140.000".

Por ello, cabe preguntarse qué Región va a dejar él a su sucesor o sucesora.

"Una Región que lidera el paro de España y también los casos de corrupción", señaló al tiempo que se preguntó "si el presidente se va esconder como su amigo, Francisco Camps, que anunció que se iba a conocer toda la verdad, pero se niega a declarar en las Cortes Valencianas e intenta, por todos los medios, no declarar ante la Justicia".

De tal forma, el PSOE pide una Comisión de Investigación porque aparecen implicadas varias consejerías y varios consejeros y ex consejeros en dichos asuntos. "Y además, una de ellas, Inmaculada García, tiene que dar explicaciones sobre su papel en posibles transacciones sobre viviendas a precio de chollo en Aguilas, tal y como sugirió el ex consejero Francisco Marqués".

Asimismo, García Retegui preguntó a la consejera por qué dice que no da explicaciones que perjudicarían a Francisco Marqués, y por qué se mantiene callada acerca de su intervención para que un concejal tránsfuga -vinculado al promotor de La Zerrichera- sostenga políticamente al alcalde de Aguilas, imputado por este caso.

Al hilo recordó que ese acuerdo de gobierno "estuvo bendecido por dos personas muy unidas al presidente: la consejera, Inmaculada García y Pedro Antonio Sánchez, uno de sus delfines".

Ayer, en la Asamblea Regional, el portavoz del grupo socialista, Pedro Saura, pidió a Valcárcel medidas contra la crisis económica y el desempleo ante la «evidencia» de que, además de una crisis mundial, «hay una crisis murciana, porque en esta Región el paro es mayor que en el resto de España» al subir del 9% al 20% en un año.

«Cuando todo iba bien, usted tenía todas las competencias en crecimiento económico y empleo. Y ahora que van mal, ¡qué casualidad que las tiene todas el Gobierno de Zapatero!», criticó Saura.

Saura atacó así a Valcárcel: «No nos gustaría que su herencia fuera la del presidente con más paro de la historia y más casos de corrupción. No se lo merecen los ciudadanos de la Región».

El debate se encrespó, según 'La Verdad', en el turno del portavoz de Izquierda Unida, José Antonio Pujante. Éste preguntó a Valcárcel por la polémica campaña turística No-Typical, pero antes exigió que acuda al Parlamento para hablar de La Zerrichera: «Nos habría gustado que compareciera para hablar del asunto Marqués. Hoy nos hemos desayunado con noticias de enormes repercusiones. y debe dar explicaciones».

«En veintisiete ocasiones hemos hablado del tema que usted quiere abordar otra vez. Pero hay punto y final», atajó Valcárcel. Pujante contestó: «Espero que, políticamente, esto no sea un punto y final, sino un punto y aparte o un punto y seguido y usted dé explicaciones».
Como remate, Pujante mató dos pájaros de un tiro: «Aquí lo único typical es la corrupción y la especulación urbanística. Ésa es la imagen que trasciende de la Región, y no se arregla con una campaña turística de 3 millones de euros».

El ex consejero Marqués declara de nuevo en la Jefatura Superior de Policía de Murcia

MURCIA.- El ex consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, ha declarado durante dos horas esta mañana en la Jefatura Superior de Policía de Murcia ante los agentes que investigan una presunta trama de corrupción urbanística en Águilas.

Según confirmaron fuentes de la investigación, es la Policía y no el juzgado la que llamó a declarar a Marqués en el marco de las investigaciones que está llevando a cabo sobre una presunta trama de corrupción urbanística en Águilas y en la que se detuvo a dos personas el pasado martes en Lorca, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, cohecho y contra el medio ambiente, y que ya han pasado a disposición del juez que instruye este caso y el de La Zerrichera.

Marqués estaba en libertad con cargos desde el pasado marzo, cuando fue detenido por orden del titular del juzgado de instrucción nº 3 de Murcia, Antonio Alcázar, que instruye el caso 'La Zerrichera'.

Durante su declaración, Marqués admitió que tenía un piso en propiedad en Hacienda El Hornillo, y que lo había comprado a un precio "muy favorable" por su amistad con la consejera de Economía, Inmaculada García, que es prima de quien se lo vendió, el notario de Lorca y promotor inmobiliario, Sebastián Fernández Rabal.

Se especula conque la declaración de Marqués podría estar relacionada con una nueva imputación a raiz de los datos obtenidos tras las detenciones de Lorca.

El magistrado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, y el fiscal superior, Manuel López Bernal, vienen trabajando de forma muy estrecha con los agentes anticorrupción, de ahí que les confiasen la nueva toma de declaración al ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel, según 'La Verdad'.

El objetivo de la citación policial era requerir a Marqués para que ofreciera aclaraciones sobre varios documentos que los agentes han intervenido en los últimos días, fruto de los registros realizados en viviendas y en la sede de la notaría del también imputado Sebastián Fernández Rabal, así como en el domicilio de su hombre de confianza en la promotora Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres.

Los policías están muy satisfechos con el resultado de esos registros, ya que les han permitido intervenir «documentación muy abundante, que habrá que ir procesando y que puede abrir nuevas vías de investigación», según señalan las mismas fuentes.

Éstas aseguran que entre todo ello «se encuentran algunas pruebas que parecen confirmar que la venta de una vivienda a Francisco Marqués, por parte de los responsables de la sociedad Hacienda del Hornillo S.L., fue en la práctica una especie de regalo», debido a su precio excepcionalmente reducido: 104.000 euros para un apartamento en un complejo residencial cuyo precio de mercado, según los informes policiales, rondaba los 300.000 euros.

Ésta es una de las razones por las que tanto Marqués como el notario y constructor Sebastián Fernández, y su apoderado, José Cáceres, están imputados en un delito de cohecho, ya que estiman los agentes anticorrupción que la venta de ese piso habría sido en realidad un pago encubierto por el trato de favor que el primero habría dado a los segundos durante su etapa como consejero. En concreto, habría permitido a Hacienda del Hornillo realizar obras en lugares protegidos por la legislación medioambiental.

Francisco Marqués, director general de HEFAME, continúa imputado por los delitos antes citados, con el pasaporte retirado y con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

(Mientras tanto, los sindicatos de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (HEFAME) ATRAHE y STGH realizaron hoy una jornada de protesta contra los directivos de la empresa por los despidos que se han producido en la misma, para lo cual utilizaron un coche con megafonía).

Decisión judicial

Previamente, Fernández Rabal y Cáceres Olivares habían sido trasladados a las diez de la mañana, por agentes de la Policía Nacional, desde los calabozos de la Jefatura Superior de Polícía, en Murcia, hasta la sede del juzgado nº 3 sita en el Palacio de Justicia.

Ambos fueron conducidos, sin esposas y con el rostro descubierto, desde los calabozos hasta el coche policial. Antes de entrar al Palacio de Justicia, a sus propios calabozos, fueron esposados aunque el notario se puso la chaqueta sobre sus manos para tratar de ocultar las esposas, a la hora de entrar al despacho del magistrado Alcázar para comparecer ante su autoridad. Los dos fueron escoltados por la Policía y estuvieron acompañados del letrado Juan de Dios Teruel.

Los miembros de la UDEF trasladaron simultáneamente desde la Jefatura de Policía al Juzgado nº 3 varias cajas con la documentación requisada estos días en Lorca, Águilas y dependencias de la Comunidad Autónoma, en Murcia.

En ese juzgado de instrucción nº 3 de Murcia concluyó tres horas después la declaración del apoderado de Hacienda El Hornillo S.L., José Cáceres ante el magistrado Antonio Alcázar por un presunto caso de corrupción urbanística en Águilas.

El apoderado, que prestó declaración durante dos horas, ha quedado en libertad, (al parecer, sin cargos), según declaró su abogado, Juan de Dios Teruel al finalizar la declaración.

Acto seguido, el presidente de la misma empresa, Sebastián Fernández, ha entrado para prestar declaración ante el juez y no se descarta un careo con Francisco Marqués en presencia del juez.

miércoles, 6 de mayo de 2009

El abogado Juan de Dios Teruel tiene a su cargo la asistencia letrada del notario de Lorca detenido por varios presuntos delitos


MURCIA.- El abogado murciano Juan de Dios Teruel Sánchez, primo político y letrado defensor del notario aguileño Sebastián Fernández Rabal, aseguró esta noche que su defendido se encuentra bien, y que no tiene constancia de que haya declarado todavía ante la Policía Nacional, ni tampoco su apoderado José Cáceres Olivares.

Ambos pasarán su segunda noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Murcia aunque en algunos círculos de la región extraña haber visto esta mañana a Fernández en las fotografías publicadas por los periódicos regionales, relajado y sin esposar, cuando ayer era acompañado por agentes de la UDEF para presenciar los registros en su casa de Lorca, en el despacho notarial compartido con otro colega, en las viviendas de ambos detenidos en Águilas y en la sede de la empresa Hacienda El Hornillo.

Era de esperar, por otra parte, esta asistencia letrada inmediata puesto que Juan de Dios Teruel viene de bastante tiempo atrás llevando algunos asuntos del grupo de empresas de Sebastián Fernández (en la imagen) y tiene otros parientes comunes con José Cáceres puesto que un cuñado es primo hermano de la esposa de Teruel al igual que también lo es el notario.

Juan de Dios Teruel, persona también próxima al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y letrado con gran actividad profesional en Águilas, amparándose en el secreto sumarial declinó dar hoy más detalles del caso. Eso sí, espera que su defendido y el empleado de Hacienda El Hornillo pasen a lo largo de mañana a disposición judicial.

(Vista aérea de Hacienda El Hornillo)

El Banco de España urge a reducir las oficinas bancarias

MADRID.- En un momento de fuerte desaceleración del negocio bancario en España, el Banco de España realizó el miércoles un llamamiento urgente a la racionalización de costes que implica necesariamente el cierre de oficinas bancarias al tiempo que vaticinó procesos de integración entre entidades.

"En un contexto de mayores costes financieros, menores volúmenes de actividad y mayores dotaciones para insolvencias, hay que incrementar el rigor en el control de costes", señaló el banco emisor en el informe de estabilidad financiera sobre los retos que afrontan las entidades de depósitos españolas.

En este escenario, el banco central español consideró que la necesaria reestructuración del sector obligará a "redimensionar la red a través de la reducción de oficinas" para aliviar la presión sobre los resultados y la rentabilidad de las entidades en los próximos años.

Asimismo, el Banco de España consideró que esta vía podría no ser suficiente por sí misma para algunas entidades concretas sugiriendo procesos de concentración.

"Es muy posible que para un buen número de entidades la necesaria e imprescindible gestión de costes no resulte suficiente para alcanzar una rentabilidad suficiente en el medio plazo, por lo que considerar otro tipo de procesos de redimensionamiento que trasciendan la gestión individual de sus estructuras de costes puede resultar necesario", advirtió el Banco de España.

Un oficial de Marina usa el Salón del Trono de Capitanía para un banquete particular

CARTAGENA.- El Salón del Trono del edificio de Capitanía General de Cartagena ha acogido la celebración del banquete de un bautizo del nieto de un oficial destinado en esta instalación. Se trata del administrador de la vivienda del almirante, que utilizó esta dependencia, la más lujosa e importante del inmueble castrense para esta celebración particular hace algo más de dos meses, según ha podido saber 'La Opinión'.

A la celebración asistieron en torno a sesenta invitados entre amigos y familiares de los padres del niño bautizado y de este oficial.

Las mesas y las sillas que se colocaron en la lujosa sala -presidida por un gran sillón flanqueado por dos leones- para los comensales se las prestó un conocido hostelero de la ciudad que, al parecer, trabaja de forma regular para otros banquetes organizados por la Armada en distintas instalaciones de Cartagena.

El edificio de la Capitanía General de Cartagena, ubicado en la Puerta de Murcia, frente a la plaza de San Sebastián, alberga el cuartel general de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, así como la residencia del almirante de dicha Fuerza, aunque el Salón del Trono no forma parte propiamente de la zona reservada como vivienda de este alto mando de Marina.

De hecho, esta dependencia se utiliza habitualmente para la celebración de recepciones y actos oficiales, o bien para actividades relacionadas con el funcionamiento normal de la propia Fuerza de Acción Marítima.

El Salón del Trono es también el escenario de la celebración de la Pascua Militar, que tiene lugar cada 6 de enero, en la que el almirante de la Fuerza de Acción Marítima hace un balance del año anterior y una declaración de intenciones de cara al nuevo ejercicio y en el que aprovecha para felicitar las fiestas a todos los oficiales de la Armada destinados en las dependencias de tierra y en las unidades navales de ciudad que asisten a esta ceremonia.

Respuesta oficial

"La sala denominada como Salón del Trono en el edificio de Capitanía se usa en contadas ocasiones exclusivamente para actividades oficiales y sociales de carácter institucional", así de contundente se muestra la respuesta que facilitó la Oficina de Comunicación Social de la Armada ante la pregunta de esta redacción sobre por qué se autorizó la celebración de un bautizo particular en esta importante dependencia del inmueble castrense más importante y representativo de Cartagena.

"El oficial administrador de la vivienda del almirante hizo una mala interpretación de esta finalidad y utilizó esta instalación para un uso particular", continúa el escrito, que concluye: "El almirante ha tomado medidas correctivas para evitar situaciones parecidas en el futuro".
De este modo, desde la Armada se admite que ha sido un error que se haya consentido la organización de una celebración de un particular, pese a que se trate de un oficial destinado en este edificio.

De hecho, el portavoz de la Oficina de Comunicación Social de la Armada aclaró que este tipo de celebraciones en una dependencia como el Salón del Trono no son nada habituales y que el propio almirante de la Fuerza de Acción Marítima, cuya labor a lo largo de su carrera alabó, está muy molesto con esta situación y que ya había tomado medidas para que jamás vuelva a destinarse el Salón del Trono de la Capitanía para un uso particular.

El Mar Menor, camino de convertirse en una charca

MURCIA.- El Mar Menor vuelve a ser uno de los escenarios elegidos por Greenpeace para alertar sobre los efectos que el cambio climático está teniendo en España. El informe 'La crisis del clima' -con el que la organización ecologista conmemora los 25 años de su delegación española- recoge los resultados de estudios llevados a cabo por investigadores de la UMU, en los que se augura que "la laguna sufrirá un grave deterioro ecológico a consecuencia del cambio climático y los efectos del aumento de temperatura del agua de entre 3 y 5 grados", según transpone 'La Opinión'.

Así, citan a Javier Lloret, del departamento de Ecología e Hidrología de la UMU, quien sostiene que esto propiciará una proliferación de medusas. Asimismo, los investigadores consultados por Greenpeace señalan que "si las predicciones de cambio climático se hacen realidad, el estado actual de la laguna se podría colapsar por la proliferación de fitoplancton y microalgas flotantes".

El informe habla también de las medusas en otro apartado y, aunque apunta que "sus explosiones son una constante desde la década de los 90", considera que el descenso de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas son fenómenos que agudizan el problema, "percibido como una plaga bíblica desde la industria del turismo".

En el Mar Menor se ha constatado, además, altos niveles de nutrientes, cuya entrada "tiene lugar a través de las ramblas, del drenaje, del vertido de salmueras y de los vertidos urbanos".

López Aguilar afirma que el PP teme las investigaciones sobre corrupción 'porque sabe lo que se juega'

MURCIA.- El cabeza de lista del PSOE a las elecciones del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, tachó en Murcia de "lamentable" que el PP, ante investigaciones por corrupción que le señalan, "se permita descalificar a las instituciones del Estado de Derecho" e intente "amedrentar, intimidar y achantar".

Está claro, añadió, que el PP "no está dispuesto a que se le investigue cuando la corrupción le afecta. A su juicio, "teme las investigaciones por corrupción porque sabe lo que se juega".

López Aguilar, que realizó estas declaraciones en la sede del PSOE murciano dentro de los primeros actos de precampaña a las elecciones europeas del 7 de junio, reafirmó su respeto a las actuaciones judiciales en cualquier posible caso de corrupción "afecten a quien afecten", pero "creo que las instituciones de derecho están para investigar lo que parece delito y depurar las responsabilidades penales allí donde haya delito", aunque lamentó la posición desplegada por el PP en los últimos tiempos.

Preguntado por el presidente valenciano Francisco Camps, el socialista señaló que el PP maneja doble rasero, "imagino porque teme más a unos que a otros".

Al tiempo, insistió en que el PP ha descalificado a la Policía, a la Fiscalía e incluso a un "sastrecillo valiente", simplemente porque "cumplió con su labor de testificar".

"Esto no es admisible en ninguna sociedad democrática y los ciudadanos tienen que tomar nota y pasarle la factura al PP", remarcó.

El PP "está sujeto a la ley e igualdad con respecto de cualquiera en este país, caiga quien caiga". Tras lo que manifestó, "los ciudadanos tienen que ponerle nota".

Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, matizó que "si hay una región en Europa donde el paradigma de la derecha y del modelo neoliberal ha fracasado, esa es Murcia".

Y es que las consecuencias del modelo especulativo y la cultura del pelotazo "son 140.000 parados", además "contamos con más casos de corrupción de Europa y España".

El 92,6% de los empleados de producción de El Pozo irán a huelga

MURCIA.- El presidente del Comité de Empresa de El Pozo Alimentación, Antonio Muñoz, informó en rueda de prensa, de que el 92,6 por ciento de los trabajadores de producción de la empresa murciana votaron a favor de la necesidad de realizar un huelga, del día 11 al 15 de este mes, para pedir el mantenimiento del sistema de incentivos y productividad actual, evitando que los trabajadores no dejen de percibir entre 300 y 500 euros mensuales.

A la convocatoria acudió también el secretario general de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras (CCOO), Santiago Navarro; el representante de Unión General de Trabajadores (UGT), José Sáez; así como un representante de la Unión Sindical Obrera (USO), José Urrea.

En este sentido, Muñoz indicó que "ante la negativa de la empresa de alimentación murciana de negociar con los trabajadores y después de la manifestación realizada en Alhama de Murcia, a la que acudieron cerca de 2.000 personas, y después de que el 92,9 por ciento de los empleados de producción de El Pozo reafirmaran su voto a favor en el referéndum realizado, la única salida que nos queda es la huelga".

De este modo, si la reunión que se va a celebrar el viernes entre el Comité de Empresa y la Dirección General de Trabajo no lo remedia, los trabajadores del El Pozo Alimentación realizarán una huelga desde las 00.00 horas del próximo lunes, día 11, y hasta las 00.00 horas del viernes, día 15.

Entre los motivos que llevaron al Comité de Empresa a convocar esta huelga destaca el mantenimiento del actual sistema de incentivos y productividad, con actualización y abono de los salarios dejados de percibir a los trabajadores que se le modificaron las tasas.

"Con este sistema la empresa creció de manera continuada durante 35 años, por lo que fue y es rentable para empresa y trabajadores", indicó Muñoz, quien añadió que, "si se modifica este sistema como pretende la empresa, los trabajadores dejarán de percibir al mes entre 300 y 500 euros".

Los trabajadores piden también el abono del 100 por ciento de la enfermedad profesional, como se venía realizando anteriormente por la empresa, y no el 75 por ciento como está ocurriendo desde hace un año; así como la conciliación de la vida laboral y profesional, ya que "muchos trabajadores no tiene la posibilidad de tener una jornada intensiva y la empresa modifica los horarios sin consultar con el Comité de Empresa", señaló su presidente.

Asimismo, los trabajadores piden el cumplimiento de los acuerdos de fijeza pactados con la empresa de 2004 a 2007, donde el 50 por ciento de los fijos se harían por antigüedad entre los eventuales, así como el cumplimiento de las resoluciones de la Inspección de Trabajo en materia de salud laboral y prevención de riesgos.

"La empresa pretende pasarse por el arco del triunfo la resolución que la Inspección de Trabajo realizó, a propósito del conflicto colectivo interpuesto por CCOO sobre un área de la factoría como es el salazón, y en el que se le aconsejó a la empresa bajar el ritmo de trabajo", explicó el presidente del Comité de Empresa.

En ese conflicto interpuesto, según explicó Muñoz, el inspector de Trabajo pedía a la empresa la cronometración de los puestos de trabajo, puesto que la cantidad y velocidad de los movimientos no eran los correctos; la modificación de los pesos que mueven los trabajadores por "ser exagerada"; así como que los estudios económicos realizados por la empresa son insuficientes.

Por su parte, Sáez puntualizó que "los trabajadores no están reivindicando algo fuera de convenio, pues el sistema de incentivos lleva funcionando más de 35 años", al tiempo que destacó "la unanimidad existente entre las tres fuerzas sindicales y los trabajadores".

Al hilo, Navarro indicó que el Comité de Empresa "está y estará siempre abierto a negociar, como demostró durante 35 años", al tiempo que calificó de ejemplar el comportamiento de los técnicos del sindicato y de la empresa, "porque siempre han llegado a acuerdos".

"Desgraciadamente, tenemos que mostrar nuestro malestar por la negativa de la empresa a sentarse a negociar con nosotros la solución de un conflicto generado por ellos, más aun cuando El Pozo confirmó, recientemente, un incremento de facturación del 11 por ciento (614 millones de euros en 2008)", finalizó Muñoz.

Versión de la empresa

El Pozo Alimentación lamentó hoy que el comité de empresa "haya manipulado la información para conseguir una decisión generalizada de huelga que va a resultar, de llevarse a cabo, muy negativa para todos", informó la compañía en un comunicado.

La empresa consideró que "no se está midiendo el perjuicio personal, comercial y de imagen que se puede hacer" y "sus efectos y resultado final no podrán reparar, durante bastante tiempo después, el daño que se haga".

A juicio del grupo, "es el peor momento para realizar reivindicaciones laborales en un entorno general de inseguridad en muchas empresas del país y de la región".

Además, reprochó al comité de empresa que, a pesar de que la convocatoria de huelga viene motivada por las revisiones que se vienen realizando de las tasas en todos los puestos de la factoría, esté "utilizando otras supuestas causas como los despidos mal llamados indiscriminados, la disminución de la plantilla o el incremento de accidentes de trabajo, entre otros".

De un tiempo a esta parte, señala en el comunicado, el comité viene demostrando su desacuerdo ante las revisiones de tasas provocadas por cambios del método operatorio, mecanización y mejora de instalaciones, entre otros.

La empresa propuso el arbitraje de la Autoridad Laboral y se comprometió a que si queda demostrado que las tasas "están mal aplicadas, fueran abusivas o se hubieran establecido objetivos inalcanzables, acataría el resultado del arbitraje abonando, con carácter retroactivo desde el comienzo de este conflicto".

Pero, aseguró la empresa, el comité "nunca aceptó el arbitraje técnico que nos ofreció la Dirección General de Trabajo y la Inspección de Trabajo".

De igual forma, El Pozo Alimentación negó que vaya a eliminar la posibilidad de llegar a la actividad máxima (90), ya que "el sistema Bedaux, siendo la actividad óptima 80, no impide llegar a 90".

Quiso dejar claro que la empresa "jamás ha quitado ni va a quitar dinero a los trabajadores" y aseguró que "cumple la más estricta legalidad vigente, aplicando el Convenio de Cárnicas". Lo que ocurre, aclaró que "al Comité no le ha interesado y, por lo tanto, ha impedido que los tribunales se pronuncien sobre este tema".

Por otra parte, El Pozo Alimentación achacó "los escasos despidos" a "incumplimientos muy graves de los trabajadores, con conocimiento previo del Comité de Empresa, quien fue informado antes que los propios interesados en cada uno de los casos".

Entre las causas destacó "el hurto, dormir en la jornada de trabajo, fingir una baja o falsificar partes de trabajo" y negó que se haya despedido a alguien "por llegar media hora tarde".

Según la empresa, una huelga en este momento podría conllevar una pérdida importante de pedidos; disminución importante de la matanza producida por esa disminución de pedidos y de la plantilla, por ese mismo motivo.

Además, calculó, la pérdida entre 80 y 100 euros de salario del trabajador por cada día de huelga. Esta huelga, concluye el comunicado, "afectaría de forma muy importante el salario de un tercio de la plantilla, casi mil personas, que no están sometidas al sistema Bedaux y que verían reducida su nómina de forma importante".

La producción industrial cae un 20,9% en marzo en la Región

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de marzo decreció un 20,9 por ciento frente al mismo mes del año anterior.

Esto supone casi siete puntos por encima de la media nacional, donde se registró un descenso del 14,0 por ciento, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a las variaciones de los índices según el destino de los bienes, se producen los mayores descensos en los bienes de equipo con una bajada del 24,8 por ciento, seguido por los productos energéticos (24,2 por ciento), los bienes intermedios (24,1 por ciento), los bienes de consumo no duradero (15,3 por ciento) y los bienes de consumo duradero (13,1 por ciento).

Por actividad, la fabricación de bebidas experimentó un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 18,1 por ciento. Asimismo, también aumentaron, aunque en menor medida, la fabricación de productos de caucho y plásticos con un incremento del 3,2 por ciento y la industria del papel, arte gráficas y reproducción de soportes con un 0,6 por ciento.

Por el contrario, se producen los mayores descensos en la industria textil y de la confección con una variación en un año del 48,4 por ciento, la industria del cuero y del calzado con una caída del 42,2 por ciento, la fabricación de otros productos minerales no metálicos con un descenso del 41,7 por ciento, y la industria química y farmacéutica con una disminución del 30,2 por ciento.

También disminuyeron la metalurgia y fabricación de productos metálicos con un 29,5 por ciento, otras industrias extractivas con un 26,5 por ciento, el suministro de energía eléctrica y refino de petróleo con un 24,1 por ciento, otras industrias con un 22,2 por ciento, la fabricación de muebles con un 9,6 por ciento y la industria de la alimentación con un descenso del 2,5 por ciento.

La consejera de Hacienda niega que Marqués consiguiera un piso en Águilas a un precio ´muy bueno´ por la amistad entre ambos

MURCIA.- La consejera de Hacienda, la aguileña Inmaculada García, aseguró que "no es cierto nada de lo que aparece hoy en la prensa", al ser preguntada sobre la veracidad de las declaraciones del ex consejero de Medio Ambiente del Gobierno murciano, Francisco Marqués, quien reconoció que pagó un precio "muy bueno" por un piso en Águilas "gracias a la amistad de Inmaculada García, consejera de Hacienda de la Región de Murcia, que es prima del vendedor, Sebastián, y que adquirió dos apartamentos encima del suyo".

La prensa regional publicó hoy estas declaraciones que Marqués hizo al juez de instrucción número tres de Murcia, Antonio Alcázar, cuando acudió a declarar en su presencia el pasado 7 de marzo como sospechoso de delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

García, quien hoy participó en la presentación del Foro de la Sociedad de la Información de la Región de Murcia (Sicarm 09), dijo no tener "nada que relatar, las manifestaciones son valoradas en sí mismas".

En relación a si desmentía las declaraciones, indicó que "no es cierto nada de lo que aparece hoy en la prensa", pero instó a los periodistas a acudir al registro mercantil, que es público, "donde podrán comprobar, como profesionales que son, que, efectivamente, no es cierto".

Al ser preguntada sobre su relación de amistad con Marqués, García consideró que sus relaciones de amistad "forman parte de mi vida privada, no le interesan a nadie" y consideró que "no deben de ser públicas".

Sobrino de un antiguo alcalde

Los dos promotores detenidos ayer en Lorca son viejos conocidos de la sociedad aguileña. El primero de ellos, Sebastián Fernández Rabal, une a su condición de notario y promotor la de sobrino de un ex alcalde de la localidad. Fue precisamente durante esa época -en los años 60-, cuando su familia compró en Águilas las parcelas y terrenos en las que Sebastián desarrolla ahora su actividad urbanística, revela hoy 'La Opinión'.

El segundo detenido, José Cáceres Olivares, es muy conocido por su fuerte vinculación con la Semana Santa del municipio. De hecho, Cáceres ha sido secretario del Cabildo de Cofradías de Semana Santa durante varios años.

En la actualidad, el apoderado de Hacienda el Hornillo ostenta el cargo de presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, la agrupación más numerosa y popular de la semana santa aguileña y que también es conocida en el municipio como "la del Paso Azul".

Detenidos por ´regalar´ un piso a Marqués

La pista del dinero negro del ex consejero y actual director general de Hefame, Francisco Marqués, ha llevado a la Policía Nacional hasta otros dos promotores inmobiliarios. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de Murcia -en colaboración con la Unidad de Delincuencia Fiscal de Madrid- detuvieron ayer al administrador único de la sociedad Hacienda el Hornillo S.L., Sebastián Fernández Rabal, y a su apoderado en esta empresa, José Cáceres, según la versión de 'La Opinión'.

Según los investigadores, Fernández Rabal -un conocido notario de Lorca que tiene varias empresas relacionadas con la promoción urbanística- habría 'regalado' a Marqués una vivienda en Hacienda el Hornillo, una urbanización situada en el centro de Águilas, junto a las playas de el Hornillo y las Delicias.

Este supuesto 'regalo' -Marqués pagó 104.000 euros en 2007, lo que supone hasta un 260% menos por la vivienda que el resto de propietarios- sería el precio que los promotores habrían pagado por los 'favores' que, según los investigadores, habría hecho Marqués mientras era consejero de Medio Ambiente para, supuestamente, sacar adelante el plan parcial Hacienda del Hornillo. Ahora, los agentes les acusan de cohecho, prevaricación y un delito contra el medio ambiente.

De hecho, la propia urbanización Hacienda el Hornillo, así como los apartamentos de Bahía del Hornillo, ya habían sido objeto de varias denuncias por parte de la formación Izquierda Unida, grupos ecologistas y de asociaciones vecinales de la localidad.

Entre otras cosas, las asociaciones ecologistas denunciaron que la urbanización -cuya tramitación se concluyó cuando Marqués era consejero de Medio Ambiente- se había construido tomando terrenos que formaban parte de una zona protegida. Además, la empresa de Fernández Rabal es responsable del centro comercial Águilas Plaza y de los multicines El Hornillo.

Fernández y Cáceres están acusados de cometer presuntamente varios delitos al haber promovido el cambio de uso de un suelo en la costa de Águilas, en la etapa en la que ocupaba la consejería de Medio Ambiente Francisco Marqués, que se encuentra actualmente en libertad con cargos.

la vivienda de Francisco Marqués en Águilas la promovió la empresa del notario detenido ayer, Hacienda El Hornillo S.L., que fundó su padre en 1972 y que se dedica a la construcción de complejos residenciales, centros comerciales y salas de cine.

Hacienda El Hornillo, que ocupa el puesto 360 de empresas murcianas en volumen de facturación, recibió el pasado año el premio a la "mejor actuación inmobiliaria" de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia por la construcción del centro comercial Águilas Plaza, que se sitúa a escasos metros de las playas Las Delicias y El Hornillo, junto a las salas de "multicines" del mismo nombre.

El apoderado de Hacienda El Hornillo detenido, José Cáceres Olivares, es miembro de la ejecutiva local del PP de Águilas, un partido que "se encuentra a la espera de acontecimientos" para decidir sobre su suspensión de militancia, según fuentes populares.

Las detenciones se produjeron a instancias del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia -responsable de la investigación sobre La Zerrichera-. En la jornada de ayer, la Policía Nacional realizó tres registros en los que se incautaron de un maletín y diversa documentación relacionada con la actividad urbanística del notario.

Tras los registros, los dos arrestados fueron trasladados a la Comisaría de Policía Nacional, en Murcia.

Sebastián Fernández y José Cáceres llegaron a la Jefatura Superior de Policía de Murcia alrededor de la una de la pasada madrugada procedentes de Lorca, donde habían permanecido en la comisaría a la espera de que los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía concluyeran los registros realizados en la notaría de Lorca, las viviendas de los detenidos en Águilas y la sede de Hacienda El Hornillo.

Está previsto que pasen a disposición del juzgado que lleva el caso al final del día o mañana por la mañana a primera hora.

La Policía registra la Consejería de Obras Públicas y Agricultura en relación con las detenciones en Lorca y Águilas

MURCIA.- Cinco agentes de la Policía Nacional adscritos a la UDEF se han personado esta mañana en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en Murcia, por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 en busca de documentos relacionados con los detenidos ayer en Águilas y Lorca, más una tercera persona, el arquitecto Jorge Sotelino Vico, según ha informado hace unos minutos el circuíto regional de la Cadena SER.

En concreto los policías han ido directamente a la 4ª planta, a la dirección general de Urbanismo y Vivienda (en la imagen), en busca de determinados documentos relacionados con esta presunta trama de corrupción en la que, al parecer y según 'La Verdad', se pudiera encontrar implicado otro notario cuya identidad todavía se desconoce. Ese fedatario público estaría siendo ya sometido a una muy discreta vigilancia aunque se espera en las próximas horas una declaración voluntaria ante la Policía para reconocer su concurso profesional en los hechos y que determine el juez.

Jorge Sotelino es el autor de todos los grandes proyectos urbanísticos arquitectónicos de Águilas durante los últimos años, coincidiendo con los gobiernos municipales del PP, desde el hotel 'Don Miguel' hasta 'La Zerrichera', pasando por los minicines de El Hornillo y no oculta en público que se encuentra enamorado de la política urbanística de este municipio.

Para nadie es un secreto en Águilas que se trata del arquitecto de cabecera del notario ahora detenido en su calidad de promotor inmobiliario puntero en esta localidad del litoral murciano. Y el predilecto del alcalde, Juan Ramírez Soto, hasta extremos insospechados, que ahora irán saliendo, se supone, conforme avance la instrucción judicial.

Los agentes de la Policía Nacional se personaron en esta consejería pero estuvieron primero en la de Agricultura y Agua, para solicitar información sobre determinados expedientes, de entre los años 2003 y 2007, relacionados con las dos detenciones practicadas en Lorca.

Al parecer, los agentes acudieron a primera hora de la mañana a la Consejería de Agricultura y Agua para solicitar la información, pero se les remitió a la sede de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la calle Catedrático Eugenio Úbeda, por encontrarse allí el grueso de los expedientes.

Sobre las 11.30 horas, los agentes se trasladaron a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, donde solicitaron información concretamente en la Dirección General de Urbanismo y en la Dirección General de Transportes y Puertos.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que sí se requisó documentación relativa a procesos urbanísticos llevados a cabo en Águilas. Se trataría, supuestamente, de expedientes relativos a Hacienda El Hornillo y otros que tendrían relación con las dos arrestos realizados ayer en Lorca por presunta prevaricación, cohecho y delito medioambiental.

Los registros fueron practicados por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Murcia, en colaboración con policías venidos de Madrid de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales-Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEV-BLA).

Según publica hoy 'La Verdad', "por más que el ex consejero del Gobierno murciano Francisco Marqués se haya empeñado en negar lo contrario, en los últimos años, según ha confesado ante el juez, ha tenido la fortuna de poder adquirir unos cuantos chollos inmobiliarios. Pisos y dúplex a precio de ganga, de los que el ex alto cargo asegura haberse beneficiado por mera fortuna: por tener un amigo que le daba el soplo de un inmueble especialmente barato, por tener una compañera de profesión que es prima de un constructor...

Pero las explicaciones de Marqués, que fue detenido el pasado marzo por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, no parecen haber convencido por completo al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, coordinador de la causa sobre el caso Zerrichera, quien ha instado a los especialistas de la Policía Nacional a que sigan el rastro de cada una de esas operaciones que permitieron al imputado amasar un amplio patrimonio inmobiliario.

Fruto de las investigaciones realizadas en las últimas semanas por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) ha sido la detención, ayer, del notario y constructor Sebastián Fernández Rabal, así como del apoderado de una de sus sociedades promotoras, José Cáceres Olivares.

Los informes policiales, ya en poder del magistrado, consideran que Sebastián Fernández Rabal, a través de su apoderado y hombre de confianza, habría pagado a Marqués por el supuesto trato de favor que éste le habría otorgado desde su cargo de consejero de Industria y Medio Ambiente.

En concreto, indican los especialistas de la UDEF-BLA que Marqués habría autorizado a Fernández Rabal a llevar adelante algunas construcciones pese a afectar a zonas protegidas por la Ley de Costas.

Como premio a esos favores, a ese presunto trato privilegiado, siempre según los informes policiales, el promotor le habría hecho a su benefactor algo parecido a un pago en especie: le habría rebajado sustancialmente el precio de un piso en una de sus promociones, la Hacienda del Hornillo de Águilas: hasta el 70% de su valor de mercado, según señalan los especialistas de la UDEF-BLA en los informes remitidos al juez.

Es fundamentalmente por tal razón, por ese supuesto regalo a Marqués, por lo que un grupo de policías detuvo ayer por la mañana al notario y constructor Sebastián Fernández Rabal y al apoderado de la sociedad Urbanística Hacienda del Hornillo S.L., José Cáceres Olivares, como imputados en los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio, según confirmaron a La Verdad fuentes próximas al caso.

Los arrestos causaron ayer una gran conmoción en Lorca y, sobre todo, en Águilas, donde los dos sospechosos son muy conocidos. No en vano, Sebastián Fernández ejerce su profesión de notario en Lorca pero, a la vez, es el impulsor de importantes proyectos urbanísticos en Águilas, como el gran complejo Hacienda del Hornillo, el centro comercial Águilas Plaza y los multicines El Hornillo. Además es presidente del Consorcio Turístico de Águilas y primo de la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno murciano, Inmaculada García Fernández.

Por lo que se refiere a José Cáceres Olivares, éste es miembro de la dirección ejecutiva local del Partido Popular (secretario de Economía y Empleo, según consta en la web del partido) y presidente del Paso Azul de la Semana Santa de Águilas, que saca en procesión a la Patrona aguileña, la Virgen de los Dolores.

El notario lorquino comenzó a ser investigado cuando los agentes de la UDEF-BLA localizaron, durante el transcurso de varios registros en viviendas de Marqués, la escritura de un inmueble de Hacienda del Hornillo. Los especialistas policiales comprobaron que el vendedor era el citado Sebastián Fernández Rabal, aunque habría utilizado -según fuentes vinculadas a la investigación- el protocolo de otro notario, conocido suyo, con el supuesto fin de ocultar las presuntas irregularidades existentes en la operación de compraventa.

Tras detener al notario y a su apoderado, los policías procedieron ayer a registrar los domicilios de ambos y, una vez concluidos éstos, también las dependencias de la notaría lorquina, de la que se llevaron abundante documentación.

Las fuentes citadas señalaron que Sebastián Fernández encargó en días pasados la renovación completa del sistema informático de la notaría, lo que ha levantado suspicacias entre los investigadores por si pudiera tratarse de un intento de destruir documentos.

Por el hilo se llega al ovillo

El pasado 7 de marzo, el ex alto cargo del Gobierno de Valcárcel, Francisco Marqués, quien fue consejero de Sanidad, más tarde de Industria y Medio Ambiente y delegado del Gobierno en Murcia durante un breve periodo de tiempo, fue conducido a presencia del juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar. El ex consejero y actual director general de Hefame llevaba casi tres días detenido, como sospechoso de delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales.

En su declaración, que La Verdad publicó en exclusiva, Marqués ofreció una extensa explicación sobre la adquisición de uno de sus múltiples pisos, éste en Águilas, así como del ventajoso precio al que lo compró. Esto dijo:

«Que la vivienda de Águilas se la compró al notario de Lorca Sebastián Jiménez Peral (en realidad, Sebastián Fernández Rabal), en el año 2004. Que la mercantil Hacienda del Hornillo S.L. cree que es de su propiedad. Que José Cáceres (también detenido ayer) es el apoderado y sólo ha coincidido con él en dos o tres ocasiones».

«Que no sabe el motivo por el que se demoró la firma de la escritura; que se trataba de una vivienda en construcción y que además tuvo algunos problemas de tipo administrativo. Que no ha utilizado la vivienda y que ni siquiera ha contratado la luz eléctrica».

«Que reconoce que el precio fue muy bueno, gracias a la amistad de Inmaculada García, consejera de Hacienda de la Región de Murcia, que es prima del vendedor, Sebastián, y que adquirió dos apartamentos encima del suyo. Que cree que por ese motivo el precio fue bueno».

«Que en ese momento pensaba que iba a utilizarlo, pues le gustaba mucho la zona, pero al adquirir la vivienda de Campoamor no ha llegado a usarlo. Que sólo pagó mil euros en la firma del contrato privado y ya después en la firma de la escritura. Que los 10.280 euros que aparecen en la escritura no recuerda su origen. Que el hecho de que en la escritura aparezca una fecha de entrega de los mil euros del contrato privado puede deberse a un error. Que a pesar de lo que ponga en el contrato privado no pagó nada durante la obra. Que preguntó en una ocasión al señor Cáceres y éste le dijo que no se preocupara, que ya pagaría cuando se hiciera la escritura».
«Que desde su punto de vista la compra fue estupenda. Ni tiene explicación ni se la ha buscado a que el precio fuera tan ventajoso: 104.000 euros».

«Exhibido el documento de comunicación de Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 27-7-2004, con destinatario Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas de su consejería, en fechas en que ya era consejero, y que obraba junto al contrato privado de compraventa, según aparece en el registro, contesta que ese documento se lo entregó el señor Cáceres, y lo guardó junto al contrato, aunque no puede dar una explicación en este momento. Que cree que era un acceso de escalera a la playa, que supone que habría algún problema y supone que el señor Cáceres le entregaría el documento para que supiera de la existencia de ese problema y de las gestiones sobre este particular con la señora Baraza, directora general de Costas, que era pariente suya. Que no hizo absolutamente ninguna gestión sobre ese particular (...) Que ignora si se contestó o no, ni las gestiones que se hicieran, pero el declarante no tiene absolutamente nada que ver. Que el acceso a la playa está todavía cerrado, por lo que es probable que todavía exista el problema».

Un amigo de cuidado

Nadie, ni el juez Antonio Alcázar; ni el fiscal superior, Manuel López Bernal; ni siquiera su abogado defensor, Jaime Peris, preguntó al imputado Francisco Marqués por la consejera Inmaculada García. Fue el ex consejero, motu proprio, quien al ser interrogado por las razones por las que compró tan barato, tan inexplicablemente barato, un apartamento en la Hacienda del Hornillo de Águilas, sacó a colación a su ex compañera en el Consejo de Gobierno. «Reconozco que el precio fue muy bueno gracias a la amistad con Inmaculada García, consejera de Hacienda, que es prima del vendedor, Sebastián (el notario de Lorca detenido ayer)», dijo. Y añadió, también sin que nadie se lo solicitase, que ella misma «adquirió dos apartamentos encima del suyo».

La amistad de Francisco Marqués e Inmaculada García es un hecho conocido en ámbitos políticos desde el año 2003, en que ésta pasó a formar parte del Gobierno autónomo. Fue el entonces consejero de Sanidad quien hizo de valedor de su amiga y vecina ante el presidente Ramón Luis Valcárcel. En una cena, celebrada en el domicilio de Marqués, fue donde se la presentó al jefe del Ejecutivo murciano, quien la fichó como consejera de Hacienda.

martes, 5 de mayo de 2009

Caja Murcia suscribe la línea de avales del ICO para municipios

MADRID.- El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, anunció hoy que nueve entidades financieras se han adscrito ya a la nueva línea de 3.000 millones de euros para avalar las deudas de los ayuntamientos con pymes y empresas, aprobada por el Gobierno el pasado 24 de abril y que "ya está disponible".

En concreto, las entidades adheridas a la nueva línea son, por el momento, BBVA, Santander, Banco Sabadell, Caja Murcia, Deutsche Bank, Banco Guipuzcoano, Caixa Manlleu, Lico Leasing, Ruralcaja y Caja Rural de Canarias.

En rueda de prensa, Martínez explicó que esta nueva línea pasó el 27 de abril por el Comité de Operaciones del ICO, dos días más tarde por el Consejo del Instituto y ese mismo día se mandó la comunicación a bancos y cajas, un día antes que las comunicaciones informáticas pertinentes.

En base a este calendario, Martínez respondió en tono irónico a las críticas sobre la lentitud de aplicación de las líneas, asegurando que el que esta medida se hay aprobado en cuatro días confirma la "enorme burocracia" que se reprocha al Instituto.

Martínez señaló que, al tratarse de una línea de avales, no requiere disposición de fondo, por lo que la medida ya está disponible, aunque admitió que "tendrá su proceso de maduración".

Respecto a la estimación de riesgo de impagos por parte de los ayuntamientos, que el Gobierno cifra que podría llegar a un máximo del 40% de los avales (1.200 millones de euros), Martínez mostró su confianza en que "paguen todos" e invitó al optimismo sobre los resultados de la línea.

En cualquier caso, incidió en que la medida no resolverá la "situación estructural" que atraviesan las finanzas de los ayuntamientos, pues su objeto es afrontar las "tensiones de liquidez" con las empresas y autónomos, que podrán solicitar los avales hasta junio.

Asimismo, precisó que el límite para que los ayuntamientos paguen las facturas pendientes se cerrará el 31 de noviembre y en ese momento, se ejecutará el aval.

La Secretaría de Financiación Territorial calculará el importe que se debe retener a los municipios en las aportaciones a recibir por su participación en los ingresos del Estado, lo que, a juicio de Martínez, garantiza el recobro al ICO y los pagos de las deudas. "El Banco de Crédito Local --recordó-- aplicaba este mismo sistema y nunca tuvo un impago", añadió.

Las aerolíneas cerrarán el año con 3.500 millones de pérdidas

MADRID.- Las aerolíneas cerrarán previsiblemente el año con unas pérdidas por valor de 4.700 millones de dólares (3.500 millones de euros) debido a los efectos de la crisis mundial en el sector aéreo, según adelantó hoy el presidente de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Giovanni Bisignani.

"Prevemos unas pérdidas de 4.700 millones de dólares en principio para todo el año, pero la cifra se actualizará en junio porque la situación se está poniendo cada vez peor", explicó Bisignani.

Pese a estas pérdidas, la cifra del presente año supondría una mejora con respecto a los 8.500 millones de dólares (6.360 millones de euros) que perdió el sector el pasado año, sin contar con las aerolíneas chinas, todavía pendientes de ser incluidas en el cómputo global.

Por regiones, las aerolíneas europeas acumularán 1.000 millones de dólares (748 millones de euros) en pérdidas, aunque las que saldrán peor paradas serán las compañías de Asia Pacífico, que alcanzarán unas pérdidas por valor de 1.700 millones de dólares (1.270 millones de euros).

Bisignani explicó que las compañías que el pasado año ante el alto precio del petróleo no pudieron hacer reservas de combustible, se verán este año beneficiadas --con el barril a un precio de entre 50 y 60 dólares--, teniendo en cuenta que hay aerolíneas que "todavía están pagando el petróleo a 120 dólares el barril".

El director general de la IATA señaló que el sector aéreo se está viendo afectado por el descenso del número de pasajeros que viajan en clase 'business' (-20% desde enero), así como por la fuerte caída en los 'yields' --ingreso medio por pasajero--.

Por contra, Bisignani destacó la ligera mejora en los primeros meses del año del transporte de carga, que podría haber tocado fondo y haber iniciado su recuperación. "Si en abril y en mayo continua la recuperación, será un indicador preciso de que lo peor ha pasado", indicó.

El director general de la IATA consideró que es la primera vez que el sector aéreo tiene que hacer frente a una crisis global y recordó que los atentados del 11-S se notaron sólo en Europa y Estados Unidos y "tras tres meses de caídas los ingresos volvieron a subir".

Así, mientras que en 2001 cerraron once compañías aéreas a consecuencia de los atentados, desde que empezó la presente crisis económica 40 aerolíneas han quebrado. "Y cerrarán más compañías", consideró Bisignani.

El director general de la IATA confirmó haber mantenido un encuentro con la secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, el director general de Aviación Civil, Manuel Ameijeiras, y el presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Juan Ignacio Lema, en el marco de la firma de un acuerdo con el Ministerio de Fomento por el cual se reconoce a la IATA el status de organización internacional.

Bisignani aprovechó el encuentro para trasladar al Gobierno español los problemas referentes al control del tráfico aéreo y ofreció al Ejecutivo la colaboración del sector. "El problema es que el tráfico está muy caro", recalcó Bisignani.

El director general de la IATA señaló la importancia de resolver el conflicto, teniendo en cuenta que podría contribuir en el desarrollo del sector turístico, y recordó que otros países ya han aplicado rebajas en las tasas aeroportuarias.

"Los Gobiernos deben darse cuenta de que estamos en un momento muy difícil, la peor situación para la aviación civil de todo el mundo desde hace 60 años", recalcó Bisignani.

BBVA acuerda con el ICO adelantar las facturas de pymes y autónomos con ayuntamientos y diputaciones

MADRID.- BBVA ha firmado un nuevo convenio de colaboración con el ICO por el que ofrece a sus clientes pymes y autónomos cobrar por adelantado sus facturas pendientes con las entidades locales, como ayuntamientos, diputaciones provinciales y cabildos insulares, según informó la entidad.

El banco que preside Francisco González inicia una campaña con el fin de llegar al mayor número de empresas para que puedan beneficiarse de las condiciones de esta línea, que nace bajo el eslogan de 'cobrar tus facturas pendientes con las entidades locales ya no será un problema'.

BBVA subrayó que de esta forma se anticipa "una vez más" y pone a disposición de sus clientes soluciones financieras novedosas muy competitivas con el objetivo de proporcionar liquidez a las empresas mediante al anticipo del cobro de facturas pendientes con las entidades locales.

La Línea ICO-Anticipos a Empresas y Autónomos fue aprobada por el Gobierno el pasado 23 de abril dentro de un paquete de medidas para favorecer el pago de las deudas de las entidades locales con empresas y autónomos.

Esta iniciativa, dotada con un máximo de 3.000 millones de euros, consiste en una línea de avales para posibilitar el descuento bancario de facturas endosadas por las empresas y los autónomos, por obras y servicios realizados a las entidades locales.

Según BBVA, que se define como referente en el segmento de negocio de pymes y autónomos, la acción comercial ha sido posible gracias a la rapidez con la que la que BBVA ha habilitado los procesos y la tecnología para que sus clientes puedan contratar estas líneas según las condiciones y ventajas ICO.

Airbus recorta las entregas del A380, con 14 unidades en 2009 y más de 20 en 2010

TOULOUSE.- El constructor aeronáutico europeo Airbus ha modificado el calendario de entregas del superjumbo A380 a consecuencia de la crisis del sector aéreo y debido a las peticiones registradas por parte de las aerolíneas de retrasar sus pedidos, según informó el grupo en un comunicado.

Concretamente, Airbus prevé entregar 14 aeronaves del modelo en 2009, frente a las 21 previstas en la anterior actualización, y sitúa las entregas en "más de 20 unidades" para 2010 frente a la anterior estimación que hablaba de entre 30 y 40 entregas.

La compañía señaló que de aquí en adelante, las tasas de producción y suministro dependen "de la demanda de las líneas aéreas y de la disponibilidad de financiación de los clientes".

Además, explicó que tomará las acciones necesarias y pertinentes para contrarrestar los efectos negativos del nuevo calendario de entregas del A380 en el flujo de caja del grupo, y aseguró que no impactará "de manera significativa" en el beneficio de explotación (Ebit) de Airbus.

Airbus explicó que, tal y como anunció en febrero, sigue con sus planes de reducir la producción del programa A320 desde 36 a 34 unidades por mes desde octubre de 2009. La producción de la familia A330 y A340 sigue un ritmo de 8,5 unidades al mes, mientras que el programa A350XWB sigue avanzando a la misma velocidad.

No obstante, el grupo confirmó su previsión global de registrar una cifra de entrega de aviones para 2009 similar a la obtenida en 2008, cuando entregó 483 unidades "un récord para la compañía".

El pasado mes de diciembre, el presidente de Airbus, Tom Enders, anunció satisfecho el cumplimiento de los compromisos de entrega del A380 para 2008, con 12 aeronaves.

easyJet duplica sus pérdidas en el primer semestre fiscal

LONDRES.- La aerolínea británica easyJet perdió 85,6 millones de libras esterlinas (97 millones de euros) en su primer semestre fiscal (octubre-marzo), casi el doble que los 'números rojos' de 43,3 millones de libras esterlinas (49 millones de euros), registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El deterioro del resultado neto se produjo principalmente por la volatilidad de los precios del crudo en el periodo, el efecto calendario, que situó la Semana Santa en abril, en lugar de en marzo como el año pasado, por los costes de adquisición de GB Airways y por los recortes de utilización de aeronaves realizados en la temporada de invierno.

No obstante, el consejero delegado de la compañía, Andy Harrison, aseguró que a pesar de las incertidumbres generadas por la crisis prevé que la 'low cost' "será rentable en el ejercicio completo" siempre que se mantengan los actuales precios del petroleo y niveles de divisas.

La cifra de negocio de la compañía alcanzó los 1.032 millones de libras esterlinas (1.169 millones de euros), un 15,8% más que en el mismo semestre del ejercicio fiscal anterior, cuando facturó 892 millones de libras esterlinas (1.010 millones de euros).

La aerolínea destacó que la mejora de los ingresos, ligeramente superior a lo esperado, obedece en parte a la exitosa integración de la adquirida GB Airways.

El resultado antes de intereses, impuestos, amortizaciones y alquiler de flota (Ebitdar), registró unos números rojos de 40,9 millones de libras esterlinas (46,3 millones de euros), frente a los beneficios de 1,9 millones de libras (2,1 millones de euros) del primer semestre fiscal del ejercicio anterior.

La aerolínea explicó que sigue adelante con sus planes de expansión de la flota y aseguró que las reservas del segundo semestre fiscal se encuentran en línea con las registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior con un 40% reservado de la oferta de la temporada de verano.

"easyJet cuenta con solidez desde el punto de vista financiero, con depósitos de caja hasta el 31 de marzo que exceden los 1.000 millones de libras esterlinas, y cuenta con posiciones de mercado bien establecidas, por lo que el consejo confía en sus perspectivas de futuro", concluyó Harrison.

Navantia y su socio y competidor francés DCNS se reúnen en Cartagena siete meses después de la denuncia de plagio

CARTAGENA.- El presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén, se reunió hoy en Cartagena por primera vez con el nuevo director general y presidente del grupo empresarial naval francés DCNS, Patrick Boissier, informaron fuentes de la naviera militar española. El encuentro, de varias horas de duración, tuvo un carácter "muy cordial" y fue acordada por ambas compañías en los primeros días de mandato del directivo galo.

La reunión mantenida en la factoría de Navantia en Cartagena se produce siete meses después de que la constructora naval francesa denunciara a la española por "plagiar" el submarino de fabricación y diseño hispano-francés Scorpene para desarrollar el S80, el sumergible español dotado con sistema de Propulsión Independiente del Aire.

Las fuentes consultadas indicaron que la reunión fue pactada por las dos compañías navales el pasado mes de abril, hace unas tres semanas, cuando Boissier apenas había cumplido una semana en el cargo de presidente y director general de DCNS.

La decisión del nuevo presidente de DCNS ha sido interpretada en el sector naval militar español como un gesto de acercamiento y de apuesta por el diálogo con Navantia para poder solucionar el contencioso por el Scorpene y recuperar la relación de partenariado que ambas compañías mantienen desde hace años y que tiene como mejor exponente el Scorpene.

El pasado lunes, Navantia negó haber copiado el submarino Scorpene en el desarrollo del proyecto del sumergible S80 y manifestó su "máxima voluntad de diálogo" con el fabricante naval galo.

Un portavoz oficial del astillero público aseguró entonces que el submarino S80 es "radicalmente de Navantia" y rechazó la posibilidad de que la compañía que preside Juan Pedro Gómez Jaén haya "plagiado" el sumergible para poder desarrollar el nuevo submarino que liderará la Armada española.

Tras negar los hechos que el astillero galo DCNS atribuye a Navantia en una denuncia presentada en octubre de 2008 ante el Tribunal de Arbitraje de París, el portavoz afirmó que el contencioso con la firma francesa "se debe solucionar" porque afecta a un proyecto "de éxito" como el submarino Scorpene, del que ambas empresas han vendido conjuntamente diez unidades a tres países diferentes.

Aseguró, en este sentido, que Navantia tiene la "máxima voluntad de diálogo" y que está dispuesta a conversar con DCNS para "conseguir la mejor colaboración posible", toda vez que ambas compañía son "socios desde hace mucho tiempo" y el proyecto del Scorpene ha tenido un "absoluto y radical éxito".

El portavoz afirmó que la necesidad de diálogo entre el astillero militar español y el galo se refuerza por el hecho de que DCNS haya cambiado recientemente su equipo directivo y que dicho cambio debe reforzar la postura favorable a las conversaciones, en lugar de "dirimir las pequeñas disputas en los tribunales".

El paro en la Región se sitúa en 107.773 desempleados en abril

MURCIA.- El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia alcanzó en abril la cifra de 107.773 desempleados, lo que supone un aumento de 1.884 parados respecto a marzo (+1,78 por ciento), informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El paro registrado descendió en cuatro comunidades autónomas, encabezadas por Baleares con un descenso del 4,27 por ciento, seguida de Extremadura (-1,86 por ciento), Asturias (-0,82 por ciento) y Galicia (-0,39 por ciento).

El paro subió, en cambio, en 13 autonomías, encabezadas por Canarias, con un aumento del 3,42 por ciento y Aragón (+2,48 por ciento). En esta clasificación, la Región de Murcia fue la séptima que experimentó una mayor subida, junto a Castilla-La Mancha, con un 1,78 por ciento.

En términos relativos, el aumento del paro en el mes de abril en la Región de Murcia fue del 1,78 por ciento respecto al mes de marzo. En relación a abril de 2008 el paro se incrementó en 47.850 personas, un 79,85 por ciento.

En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 59.734 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 48.039 personas.

Por sectores, el paro subió en Servicios en 1.007 personas, seguido del colectivo Sin Empleo Anterior en 689 personas, de Construcción en 107 personas, en Agricultura en 102 personas. Por su parte, Industria fue el único sector que registró un descenso del paro, con 21 personas desempleadas menos.

En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante el mes de abril se situó en 19.066 personas, lo que supone un aumento de 56 personas respecto a marzo (0,29 por ciento). Del total de desempleados, 16.007 son extracomunitarios y 3.059 son comunitarios.

El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia es Servicios con 7.147 desempleados, seguido de Construcción con 6.967, Industria (2.047), Agricultura (1.946) y Sin Empleo Anterior (959).

La afiliación media en Murcia pierde 604 trabajadores en abril

MURCIA.- La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en abril en 540.645 personas, que supone en términos absolutos una caída de 604 personas con respecto al mes anterior (-0,11 por ciento), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En términos medios la afiliación se redujo en 51.110 personas en los últimos 12 meses (-8,64 por ciento).

De las 540.645 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 367.034 pertenecen al Régimen General, 99.033 al Régimen de Autónomos, 65.239 al Agrario, 1.019 a Trabajadores del Mar, 8.321 a empleados del Hogar y ninguno a Minería y Carbón.

Editan el primer Atlas Regional del Transporte, en el que los ciudadanos podrán consultar rutas, horarios y tarifas

MURCIA.- La Entidad Pública del Transporte (EPT) de la Región ha editado el primer Atlas Regional del Transporte, en el que los ciudadanos podrán consultar todas las rutas, horarios y tarifas de dicha red al recopilar, de forma visual y descriptiva, esta oferta.

Este documento recoge información sobre las estaciones, paradas, rutas, líneas, operadores, trayectos, líneas de enlace, horarios y tarifas de todos los medios de transporte público que operan en la Región: autobús, tren de cercanías y tranvía, así como información sobre todos los servicios municipales de taxi, entre otros datos de interés.

En concreto, el Atlas del Transporte de la Región de Murcia incluye, en sus 692 páginas, toda la información relativa a las más de 250 rutas de autobús que realizan sus servicios a lo largo de los cerca de 7.000 kilómetros que conforman la Red Regional de Transporte público por carretera, así como los datos relativos a los servicios de cercanías y media distancia que se prestan en los 264 kilómetros que integran la red ferroviaria.

El documento incluye 114 planos con la descripción gráfica de cada uno de los itinerarios, y recoge también la totalidad de horarios, precios y rutas realizadas por los 581 vehículos que integran la flota regional de autobuses, compuesta por 27 empresas y que, junto a los servicios de tren, tranvía y taxi, dan servicio anualmente a más de 36 millones de usuarios.

Este libro, que se ha elaborado para "facilitar el acceso del transporte público por parte de los ciudadanos", está dividido en ocho bloques y un glosario.

Estos bloques se subdividen, a su vez, en los cuatro modos de transporte público diferente (autobús, taxi, tranvía y tren). Así, los cinco primeros corresponden al transporte público en autobús y los tres restantes al servicio de taxi, tranvía y el ferroviario. Todos ellos están identificados por un código de color, de manera que al ojear el atlas de una manera rápida se pueda acceder, de forma visual y directa, a cada uno de los mismos.

En concreto, el primer bloque es el referente al servicio de autobús, en el que se recogen las 253 rutas y los casi 7.000 kilómetros de recorrido que discurren por los 45 ayuntamientos de la Región. Así, el color amarillo corresponde a las 48 líneas urbanas, el naranja a las 41 líneas de carácter metropolitano; y la roja, a las 104 interurbano.

También está el bloque de estaciones de autobuses, que se identifica por el color azul, y los operadores de autobuses, en azul celeste.

Los siguientes son el del servicio de taxi, de color morado, donde se recoge los más de 100 operadores en la Región, ya que son 898 los taxis que hay en la Región, y se observan las tarifas según las franjas horarias y los suplementos que en cada caso se cobran en los diferentes trayectos; y el del tranvía, con sus diferentes paradas y tarifas; y el del tren.

Y es que se pretende recopilar toda la información para que sea de "fácil" manejo para los usuarios y se haga el transporte público cada vez más accesible.

También se persigue el "fomento del transporte público", después de que el pasado año, utilizaron en la Región de Murcia el transporte público más de 36 millones de ciudadanos; mientras se destaca la actualización del mismo, ya que cualquier modificación estará en tiempo real.

La Consejería pondrá inicialmente a disposición de los ciudadanos un total de 3.000 copias del Atlas del Transporte de la Región de Murcia, cifra que podrá ser ampliada en función de la demanda.

Por una parte, se han editado ejemplares en papel que tendrán una amplia difusión social, ya que estarán a disposición de los ciudadanos para su consulta en complejos turísticos y establecimientos hoteleros, en los ayuntamientos y zonas de interés público, como oficinas de información turística, de Informajoven y estaciones de autobuses, así como en las sedes de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y de la Entidad Pública del Transporte.

Asimismo, todas las personas interesadas pueden solicitar ya una de las copias en soporte digital que se han puesto a disposición de los ciudadanos en las oficinas de la Entidad Pública del Transporte y en la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, o descargarse el documento actualizado en la web 'www.entidadpublicadeltransporte.com'.

La edición del Atlas del Transporte supone el inicio de la puesta en marcha del primer simulador interactivo del transporte público de la Región de Murcia que, según avanzó el consejero, "estará a disposición de los ciudadanos en los próximos meses".

La recopilación de la información referente a los servicios, líneas, precios y el conjunto de empresas operadoras permitirá la creación de un portal web que ofrecerá a cada usuario una respuesta personalizada en función de sus necesidades.

La UDEF detiene por orden judicial a un notario de Lorca y promotor inmobiliario en Águilas

MURCIA.- Agentes de la Unidad Central de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, detuvieron hoy en Lorca al gerente de la urbanizadora aguileña 'Hacienda El Hornillo' y a un notario y propietario de esa misma empresa, por presunta prevaricación, soborno, cohecho y supuesto delito medioambiental, según informaron fuentes cercanas al caso. La oficina notarial ha sido registrada desde esta misma mañana por los agentes llegados exprofeso desde Madrid y que continuaron con esa labor hasta media tarde.

Los detenidos son, al parecer, el notario Sebastián Fernández Rabal y su empleado y apoderado, José Cáceres Olivares, director también del centro comercial 'Águilas Plaza', aunque está decretado el secreto de sumario. La operación, sin embargo, está "completamente abierta", por lo que no se descartan nuevos arrestos, según las mismas fuentes, en el entorno del notario, entre ellos el hermano de un alto cargo del PSOE en otra comunidad autónoma gobernada por el PP y algun posible testaferro. No sería de extrañar que este caso terminara salpicando también a socialistas andaluces.

Desde hace semanas ambos detenidos esperaban un desenlace así y el registro de sus oficinas, según personas muy próximas, porque hace meses que el notario era vigilado por la Policía y tenía intervenidos todos sus teléfonos tras varias denuncias por supuestas irregularidades urbanísticas, medioambientales y fiscales, una de ellas la de 'Prolitoral', una asociación ecologista de Cartagena, y otra por parte de Izquierda Unida por la recalificación ilegal de una parcela protegida.

Una filtración le tenía alertado y esperando el registro de su notaría, de un momento a otro. Meses atrás desde una de las dos urbanizaciones en marcha en El Hornillo, 'Dos bahías" o 'La Colina", cayeron al mar grandes rocas, que obligaron a la Dirección Provincial de Costas a abrir un expediente informativo por invasión del espacio público marítimo-terrestre al ceñirse en exceso a la línea del litoral.

En concreto, los registros realizados hoy comprenden los de una vivienda del notario en Lorca y la sede de su notaría, de la que han requisado un maletín y cuatro cajas con documentos, y también la oficina de negocios de la empresa, en Águilas. Se da la circunstancia de que el gerente es persona muy conocida en esta localidad al presidir la Hermandad de la Virgen de los Dolores, su patrona.

Las detenciones son, en principio, por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Murcia, cuyo titular es el magistrado Antonio Alcázar, el mismo que instruye el 'caso La Zerrichera', en Águilas, por lo que podría tratarse de una pieza separada del mismo, a raíz de las diligencias practicadas, según otras fuentes que señalan la gran sintonía, protección política y complicidad entre el notario ahora detenido y el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, imputado en ese caso también por presunto cohecho y prevaricación.

Precisamente este alcalde se reunió hoy con su abogado Miguel López Navares, hijo del gobernador militar antigolpista de Alicante el 23-F y esposo de la notaria de Águilas, la lorquina Isabel Marzal Musso. Fuentes próximas a éste círculo se muestran completamente seguras de que el notario y su empleado serán puestos en libertad esta misma semana, una vez que declaren ante el juez, sin concretar en que basan tal seguridad procesal.

Los detenidos estuvieron en tránsito hasta media tarde en los calabozos de la Comisaría de Policía de Lorca desde donde salieron con destino a los de la Jefatura Superior, en Murcia, donde mañana pasarán a disposición judicial para explicar el notario al juez, entre otros extremos, la naturaleza de un extraño viaje a Suiza en septiembre de 2006 en compañía del gerente detenido y familiar de un alto cargo de la Universidad de Murcia, ya desde la época como rector del hoy consejero de Ordenación del Territorio, José Ballesta, su gran mentor.

Al parecer, en ese viaje 'gratis total' participaron otras varias personas aunque no el famoso ganadero Victorino Martín, padre de la futura consuegra del notario.

Fernández Rabal, también primo segundo de la consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma, Inmaculada García, a su vez vecina en Murcia e íntima del ex consejero imputado, Francisco Marqués, comparte el despacho notarial en la Corredera lorquina con otros dos compañeros, Vicente Gil Olcina y Fernando Jiménez Peral; el primero, hermano del ex rector de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, hoy patrono de la Fundación 'Cajamurcia' y de la Fundación del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, el 'think-thank' del "Agua para todos".

El notario detenido es o ha sido, asimismo, uno de los principales accionistas de la legendaria empresa exportadora 'Agrucapers' y participa en otras sociedades, como 'Inversiones El Hornillo", 'Centro Comercial Águilas Plaza" o la promotora del centro comercial 'Vega Plaza', de Molina de Segura, en compañía de un tal Alejo.

Fuentes del Ayuntamiento de Lorca recalcaron hoy que el Gerente de Urbanismo, el caravaqueño Manuel Alfonso Guerrero, conocido por la opinión pública murciana a raíz del 'caso La Zerrichera', no está detenido y se encuentra desarrollando su trabajo "tranquilamente, porque no tiene nada que ver con esto".

Este alto funcionario de la Comunidad Autónoma ha negado al notario al declarar desde Caravaca de la Cruz, donde pasa unos días de vacaciones, que no lo conoce de nada 'ni había oído hablar de él en toda mi vida' pese a ser Fernández Rabal una persona muy relevante en toda la comarca del Bajo Guadalentín por su condición de urbanizador y promotor inmobiliario en Águilas, y ocupar en Lorca un cargo prominente como fedatario público desde hace ya bastantes años, aparte de ser destacado militante del PP.