MADRID.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha recibido una carta del abogado murciano Diego de Ramón, presidente de Unión Democrática de la Región de Murcia (UDeRM), en la que solicita una amplia auditoría (2004, 2005 y 2006) de las inversiones urbanísticas de las cajas de ahorro en la Región de Murcia, casi 3.000 millones de euros, tras la apertura de numerosas diligencias judiciales como consecuencia de una proliferación de constantes modificaciones del planeamiento urbano, y donde siempre aparecen estas entidades.
El objetivo de esa petición es comprobar si existe proporcionalidad entre el porcentaje de ingresos aprobado “ad hoc”, la inversión de determinadas y concretas cajas de ahorro en proyectos inmobiliarios para viviendas de renta libre (no VPO) y el capital destinado por las mismas a prestaciones sociales en su respectiva área geográfica de actividad. A Diego de Ramón le extraña que algunas cajas modestas y con pocos recursos económicos y de desarrollo, caso de “Caja Murcia”, puedan acumular tanto dinero para invertir en tan poco tiempo, hasta de forma casi monopolística.
Además, el presidente de UDeRM y candidato de la Coalición Ciudadana Regional a la presidencia de la Comunidad Autónoma, señala como detalle “curioso” que siempre inviertan en esos proyectos las mismas entidades financieras (Caja Murcia, Caja Mediterráneo, la “Kutxa” y Caja Madrid, aparte de unas cuantas otras). Y espera que la auditoría que solicita en su carta, para análisis de esas más que multimillonarias inversiones, sirva para frenar la corrupción urbanística que actualmente impera en la Región de Murcia tras conocerse el dato de más de 300.000 proyectos visados por el correspondiente Colegio de Arquitectos.
El conocido letrado cuantifica en millones de euros las inversiones de esas entidades de teórico objetivo y fin social (La Zerrichera 105, Lo Poyo 220, Polaris World 1.000, Novo Carthago 900, Zincsa 142) en la Región de Murcia y no especifica las que se realizan en Noroeste y Altiplano aunque del municipio de Murcia señala que la cantidad es indeterminada pero alta su estimación.
Diego de Ramón recuerda al gobernador Fernández Ordóñez la labor de policía bancaria, española y europea, que ejerce el Banco de España y su obligación, por tanto, para averiguar también las coincidencias entre quienes toman las decisiones en los órganos de las cajas y las autoridades municipales y regionales que aprueban luego dichos planes urbanísticos, modificando incluso planes preexistentes de protección ambiental.
El presidente de UDeRM matiza a la autoridad monetaria que desea esa auditoría en cada una de las cajas de ahorro que operan en la Región de Murcia, para saber si cumplen con los fines sociales en la participación de inversiones y si aquellos son, o no, apariencias para fines políticos totalmente distintos.
Pide se compruebe también el consenso, objeciones, discrepancia o reserva para ello de los representantes políticos en los consejos de administración de las citadas cajas de ahorro y la aprobación final por la correspondiente Consejería de Economía y Hacienda, de las inversiones sociales y los programas de inversión inmobiliaria concentrada.
El conocido abogado murciano traslada a Fernández Ordóñez la sospecha sobre la “Kutxa” guipuzcoana por la inversión de 220 millones de euros en La Zerrichera y Lo Poyo al ser una cantidad que supera los resultados obtenidos por esta entidad (194,6) en el último ejercicio y por estar implicada en un proceso judicial penal, a instancias de la propia Fiscalía del TSJ murciano, en el que no se descarta su imputación final.
Llama De Ramón la atención del gobernador del Banco de España, tanto de la sobredimensionada y sectorial inversión, como de lo concentrada en pocas promociones así como la posible captación de dinero en el paraíso fiscal de las islas Caimán donde, “a través de sociedades se está burlando a la Hacienda Pública española por un importe de 240 millones de euros/año, según la línea de investigación ya abierta por la Agencia Tributaria, a través de distintos instrumentos financieros (avales, créditos sindicados, fondos, dinero de inversión etc.)”.
Concluye su carta el letrado, para justificar su envío, expresando su creencia de que no se han atendido aquí, en la medida equilibrada del mercado financiero, la libre competencia respecto a otras entidades de crédito y las inversiones sociales a las que obligan los fines fundacionales de las cajas de ahorro “al ser pequeñas Cajas, con escasos recursos de inversión por el monto antes referenciado, lo que evidencia que las inversiones sociales se hayan relajado, hasta el punto de descuidar sus verdaderos fines” del los que entiende tutela y/o es garante el propio Banco de España.
Sin perjuicio de lo anterior, Diego de Ramón adelanta al gobernador que va solicitar la intervención en este caso, del Banco Central Europeo, del comisario de la Competencia de la Comisión Europea y del Defensor del Pueblo de la Unión Europea.
