CARTAGENA.-La Estación Biológica de Doñana, centro de investigación dependiente del CSIC, ha elaborado a petición de la Asociación de Naturalistas del Sureste un informe pericial sobre los efectos que para la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de la Sierra de La Almenara tendría la urbanización de La Zerrichera.
Este dictamen será aportado como prueba a los diversos procedimientos (contencioso-administrativo, penal y comunitario) iniciados para conseguir la paralización del proyecto.
Según el citado dictamen pericial, el proyecto urbanístico de La Zerrichera, en caso de ejecutarse, supondría “un importante impacto sobre el conjunto de la ZEPA, poniendo en riesgo la integridad del espacio y afectando a la coherencia global de la Red Natura 2000”.
Este impacto ha sido caracterizado como “crítico, irreversible, irrecuperable y cierto sobre los objetivos de conservación del espacio, particularmente sobre las poblaciones de aves rapaces del Anexo I” (de la Directiva Aves).
Además, según el mismo informe “resulta particularmente preocupante la transformación urbanística de un territorio de águila perdicera perfectamente caracterizado por datos de radioseguimiento. Esta transformación supondrá la pérdida de una parte importante (en términos de superficie) y relevante (en términos ecológicos) del área de campeo, supuestamente protegida, de una de las parejas de águila perdicera.
Además, esta pérdida de área de campeo puede acompañarse de un descenso de la productividad del territorio, un aumento de la mortalidad adulta o incluso, en el peor de los casos, el abandono del territorio. La hipotética deserción de este territorio supondría una perdida irreparable del patrimonio natural comunitario que la Red Natura 2000 pretende conservar”.
Estas son las principales conclusiones del informe elaborado por el prestigioso investigador Fernando Hiraldo (en la fotografía), actual director de la Estación Biológica de Doñana y uno de los más relevantes investigadores a nivel internacional en Biología de la Conservación.
El dictamen pericial de más de 20 páginas, analiza el proyecto promovido por el grupo Hispania y determina el estado de los objetivos de conservación de la ZEPA (Águila azor perdicera, Búho real, Camachuelo trompetero, Chova piquirroja, Halcón peregrino y Águila real).
A la vista de la información anterior se predicen los impactos que tendría el desarrollo urbanístico aprobado por el Gobierno Regional. Paradójicamente, toda la información de base para la realización del citado dictamen ha sido obtenida de la propia Consejería de Medio Ambiente a partir de su página web y publicaciones.
A juicio de la ANSE “la contundencia, claridad y solidez científica de este informe contrasta con la vaguedades e imprecisiones de la documentación que obra en el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental en relación con la afección del proyecto a la ZEPA”, demostrando inequívocamente que en caso de desarrollarse un proyecto urbanístico se produciría una afección a la Red Natura 2000. Por tanto, el desarrollo de un proyecto urbanístico supondría un incumplimiento de lo establecido en el Art. 6 de la Directiva Hábitats).
ANSE solicitó hace un año un dictamen pericial a la Estación Biológica de Doñana (uno de los centros de investigación en Ecología más prestigiosos del mundo) y dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el fin de aportarlo como prueba a los diferentes procedimientos puestos en marcha para evitar la ejecución del proyecto. En los próximos días, la Asociación remitirá este informe a los Tribunales y Autoridades Comunitarias para reforzar sus argumentos.
En el trabajo de campo se constató el proceso de recuperación ecológica tras el abandono de las roturaciones ilegales para su transformación a agricultura intensiva. Dichas transformaciones han sido el principal argumento del Gobierno Regional y del Grupo Hispania para justificar la ausencia de valores ambientales destacables en la finca, pese a constituir porcentualmente una parte muy limitada de la misma y haber sido abandonada.
Conclusiones del DICTAMEN PERICIAL elaborado por Fernando Hiraldo Cano, Director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).
1.- La protección de la Sierra de la Almenara (incluyendo Moreras y Cabo Cope) alcanzada con su designación como ZEPA es un objetivo irrenunciable de la Red Natura 2000. Su protección y conservación resulta absolutamente incompatible con la reducción material de la ZEPA por transformación urbanística.
2.- La actuación urbanística tendrá un importante impacto sobre el conjunto de la ZEPA, poniendo en riesgo la integridad del espacio y afectando a la coherencia global de la Red Natura 2000.
3.- La ejecución del proyecto urbanístico en el interior de la ZEPA tendrá un impacto crítico, irreversible, irrecuperable y cierto sobre los objetivos de conservación del espacio, particularmente sobre las poblaciones de aves rapaces del anexo I.
4.- Resulta particularmente preocupante la transformación urbanística de un territorio de águila perdicera perfectamente caracterizado por datos de radioseguimiento. Esta transformación supondrá la pérdida de una parte importante (en términos de superficie) y relevante (en términos ecológicos) del área de campeo, supuestamente protegida, de una de las parejas de águila perdicera.
Además, esta pérdida de área de campeo puede acompañarse de un descenso de la productividad del territorio, un aumento de la mortalidad adulta o incluso, en el peor de los casos, el abandono del territorio.
La hipotética deserción de este territorio supondría una pérdida irreparable del patrimonio natural comunitario que la Red Natura 2000 pretende conservar.- (ANSE)
2 comentarios:
El consejero de Medio Ambiente quiso dejar claro que él no llegó a ningún compromiso acerca de los actos nulos o anulables del procedimiento en investigación en el caso de que se produjera la imputación. “Anse y Ecologistas en Acción lo pidieron, pero yo no llegue a ningún compromiso”, añadió.
Además, Mercader descartó que la Comunidad indemnice al Grupo Hispania por no poder realizar su proyecto. El consejero argumentó que “la situación del Plan de Ordenación de Águilas es provisional, y no se han consolidado derechos para la empresa promotora de La Zerrichera.
El consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, explicó, durante una visita al Valle de Escombreras, que no será posible dar el visto bueno al Plan de Gestión del Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección de Aves de Cabo Cope y Sierra de la Almenara hasta que se reciban las conclusiones de un informe jurídico que está elaborando su departamento y que debe delimitar “los cambios que se han producido en las condiciones jurídicas de este procedimiento” dado que han pasado dos años desde que se inició.
Mercader no quiso o no pudo adelantar los extremos en que esos cambios puedan afectar al Plan de Gestión, que es la llave para autorizar o no la construcción de una urbanización con 4.000 viviendas, un campo de golf y un establecimiento hotelero en el paraje de La Zerrichera.
Los procedimientos autorizados por el Ayuntamiento de Águilas y la Comunidad están, precisamente, sometidos a una investigación judicial que ha desembocado en la imputación de altos cargos de la Administración municipal de Águilas y en el Gobierno regional.
Según Mercader, a día de ayer ninguno de los altos cargos de su departamento que figuran como imputados conocía los términos de esa imputación y esperaban conocerlos en breve. “Hay que darles 24 horas, para que conozcan qué se les imputa. Una vez se produzca el análisis de los extremos de la imputación judicial, Mercader dijo que serán los propios implicados los que “sabrán estar a la altura de las circunstancias”, como ocurrirá con el grueso del Gobierno regional.
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