MADRID.- Los parques naturales están cercados por el ladrillo. Comunidades como Murcia, Baleares o Castilla y León han desprotegido por ley, sin justificación ni exposición pública, decenas de miles de hectáreas de espacios naturales para urbanizarlos.
La nueva Ley de Suelo, gracias a una enmienda de última hora introducida ayer por el PSOE en el Senado, afirma que sólo se podrá urbanizar en aquellos espacios protegidos que hayan perdido sus valores naturales y para ello las autonomías tendrán que justificarlo ‘científicamente’.
Al texto se sumará la Ley de Patrimonio Natural que prepara el Ministerio de Medio Ambiente y que fija ‘la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística’.
En 2001, la Comunidad de Murcia tramitaba su Ley del Suelo sin sobresaltos. En el último momento, el PP introdujo una enmienda aparentemente técnica, pero de gran trascendencia. ‘Los límites de los Espacios Naturales Protegidos de Murcia se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria’, decía el texto.
La norma, así, reducía los espacios protegidos de Murcia a los lugares protegidos por Bruselas, lo que en la práctica suponía desproteger 14.000 hectáreas, en gran parte de las cuales ya hay proyectos urbanísticos en marcha. Y lo hizo sólo con una frase en una ley y sin justificación. El PSOE llevó la ley al Constitucional, que aún no ha fallado, y los planes urbanísticos, como la urbanización para 60.000 personas en Marina de Cope, prosiguen.
En 2003, el Gobierno balear que preside el ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas copió el modelo. En dos disposiciones adicionales de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos -ni siquiera de la Ley del Suelo- desprotegió 22.000 hectáreas del Parc de Llevant y del de Cala d Hort. Estos parques redujeron su superficie en más de un 90 por ciento y unas 20.000 hectáreas pasaron a ser urbanizables.
El ejemplo cundió. Castilla y León desprotegió en 2004 parte del pinar de Navas del Marqués (Ávila), una zona de área crítica para la cigüeña negra sin justificarlo, y hace un mes aprobó por ley en el último pleno de la legislatura, una urbanización en terreno protegido en Soria con el nombre de Ciudad del Medio Ambiente.
Para evitar trampas jurídicas como estas, el PSOE introdujo ayer una enmienda de última hora en el Senado a la Ley de Suelo que restringe la desprotección de espacios naturales.
La enmienda, aprobada con los votos de todos los partidos salvo el PP, establece: ‘Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos, por su evolución natural, científicamente demostrada’.
Además, esta desprotección ‘deberá someterse a información pública’ y en el caso de la Red Natura 2000, lugares protegidos por la Unión Europea, esta consulta ‘se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea’.
En la práctica, esto supone alargar durante meses la tramitación, dificultar los trámites y preservar los espacios naturales existentes, ya que las comunidades autónomas y ayuntamientos necesitarán informes científicos para aprobar estos cambios.
El senador socialista Eduardo de Orduña afirmó: ‘Gracias a esta ley, los espacios naturales no podrán alterarse a capricho sino mediante procedimientos razonados y justificados, no sólo porque alguien haya elegido ese lugar para construir’.
El coordinador de Ecologistas en Acción, Tho Oberhuber, apoyó la reforma: ‘Al menos este texto frena la desprotección sin justificación de parques naturales. Las autonomías podrán intentar construir en ellos, pero cada vez será más difícil’.
Los tribunales han comenzado a vetar urbanizaciones en espacios protegidos (como hizo en Las Navas del Marqués) y las comunidades se ven tentadas a aprobarlas por ley para evitar a los jueces.
La Ley de Aguas también establece que los nuevos planes urbanísticos deben contar con informes sobre la disponibilidad de agua. Con este tipo de medidas, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda intentan controlar el urbanismo, fundamentalmente en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La tercera pata de la contención del urbanismo salvaje es el Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El borrador de la reforma establece que en las zonas protegidas, la conservación del medio natural estará siempre por encima del urbanismo.
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2 comentarios:
Wow, casi no me lo puedo creer, la legislación puede funcionar y parar los pies a la locomotora del ladrillo... Dice mucho el que el PP no haya votado a favor de la enmienda.
COMUNICADO DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Área de Urbanismo - 12 abril 2007
Proyecto de Ley del Suelo
Ecologistas en Acción valora positivamente las modificaciones
introducidas en el texto de Proyecto de Ley de Suelo que se tramita en
el Senado. Actualmente la actividad urbanística es una de las
principales causas de destrucción del patrimonio natural, histórico,
cultural y paisajístico en el Estado español. Por ello, la organización
lamenta la actitud de obstrucción constante que está manteniendo el
Partido Popular a cualquier cambio en la situación urbanística actual.
La actividad urbanística lleva asociada una transformación del
territorio prácticamente irreversible. Los fortísimos impactos
ambientales y sociales derivados de una actividad urbanística moderada
se ven incrementados ante situaciones de sobredimensionamiento de la
construcción como el que estamos viviendo desde hace, al menos una década.
La Ley de 1998 sobre régimen del suelo y valoraciones da cobertura legal
a casi cualquier transformación urbanística del territorio, esté o no
justificada socialmente. Esta circunstancia ha favorecido que el
urbanismo, en general, haya perdido su finalidad social y subordinación
al interés general.
Ecologistas en Acción considera que el texto del Proyecto de Ley d e
Suelo que se tramita en el Senado contribuirá a frenar la escalada
especulativa y de corrupción que invade gran parte de la actividad
urbanística en el Estado español. Desde el punto de vista ambiental uno
de los aspectos más relevantes es la recuperación del protagonismo del
suelo que el texto denomina rural. A partir de ahora los instrumentos de
ordenación deberán justificar la necesidad de transformar el suelo rural
a urbanizado. El suelo que no sea necesario deberá ser preservado de la
urbanización. Este aspecto supone un cambio radical en la situación
actual. La actual Ley de 1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones, más
conocida como la ley del todo urbanizable, ha demostrado su fracaso en
la reducción del precio de la vivienda y sin embargo ha fomentado una
situación de caos urbanístico que debe ser corregido.
Otros aspectos de la nueva Ley a resaltar son los nuevos criterios de
valoración del suelo o la obligación de someter a evaluación ambiental
los planes urbanísticos y de ordenación del territorio. Tan importante
como estos resulta el hecho de que se intente incrementar la
transparencia del procedimiento urbanístico sometiendo los convenios
urbanísticos a información pública y dando un mayor protagonismo a la
participación pública en todo el proceso urbanizador.
Muy positivamente se valora la enmienda introducida para impedir la
reducción de la superficie de los espacios protegidos y de los espacios
incluidos en la red Natura 2000. De esta forma se impedirán casos como
los ocurridos durante la última legislatura en Murcia y Baleares, en los
que se han desclasificado espacios protegidos para permitir su
reclasificación y urbanización.
Ecologistas en Acción considera prioritario modificar el modelo
urbanístico actual y las normas que están permitiendo la destrucción y
el expolio natural y cultural de gran parte del territorio. Esta es una
exigencia de buena parte de la ciudadanía que se pone de manifiesto con
las constantes movilizaciones sociales que se vienen sucediendo durante
los dos últimos años. Por ello, lamenta la oposición constante del
Partido Popular al nuevo texto de Ley de Suelo.
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