ROMA.- Después de la última controvertida decisión para combatir la pandemia, el Gobierno de Mario Draghi ya ha aclarado qué sucederá con los ciudadanos mayores de 50 años que sigan sin estar vacunados el próximo 1 de febrero. Y, mientras en la vecina Francia el presidente Emmanuel Macron se dispone a “joder” a los antivacunas, en Italia, como sucede en tantas ocasiones, la escala de grises es mucho mayor.
Ya hay quien acusa al expresidente del Banco Central Europeo de ser demasiado blando con estos más de dos millones de ciudadanos con mayor riesgo de terminar en la UCI de un hospital por no ponerse el escudo contra la covid. El motivo es que consideran que las multas base a las que se enfrentarán son de sólo 100 euros, menores que muchas infracciones de tráfico, según revela el diario catalán La Vanguardia.
El funcionamiento de la nueva medida impuesta en el país transalpino ante el avance de ómicron es complejo, pero lo que ha generado más críticas es esta cantidad de 100 euros –que se pagará una sola vez– a los que no estén vacunados aún estando obligados por decreto gubernamental, que el Estado encontrará al comparar el censo de la población residente con los datos de vacunación de los entes regionales o provinciales.
“Que quien se salte la obligación de vacunación tenga una multa equivalente a dos multas por aparcar convierte la obligación en una grotesca payasada”, ha tuiteado el mediático virólogo Roberto Burioni. Lo mismo opina el médico Nino Cartabellotta: “Conducir sin cinturón, hasta 323 euros. Conducir con teléfonos y dispositivos electrónicos, de 165 a 661. Rechazar la obligación de vacunación, 100 euros”, escribió en sus redes.
Pero quizás el ataque más punzante ha llegado de Martina Benedetti, una enfermera que se hizo viral al principio de la pandemia al mostrar en su rostro el resultado de largas horas cuidando de pacientes de coronavirus. Trabaja en la unidad de cuidados intensivos del hospital Marina di Massa, y en estos dos años se ha ocupado de todos los pacientes, tanto vacunados como antivacunas. Al conocer la multa, el jueves por la noche, decidió escribir una publicación de “rabia” . “100 euros es el precio de nuestra salud, de nuestras vidas”, lamentaba.
“Por la enésima vez seremos nosotros los que estamos en primera fila para limpiar todo el barro que deriva de la ausencia de decisiones fuertes y valientes. Son decisiones absurdas que caerán sobre nuestras espaldas, ya sobrecargadas de dos años de cansancio”, publicó en sus redes sociales, que se llenaron inmediatamente de amenazas e insultos.
El Ejecutivo se ha dado prisa en recordar que no sólo existe esta multa de 100 euros, sino que a partir del 15 de febrero entrará en vigor el pase covid reforzado para el trabajo para los mayores de 50 años. Es decir, que los que tengan esta edad –o la cumplan este 2022– y estén empleados, tanto en la empresa privada, como los funcionarios como los autónomos, deberán estar vacunados o haber pasado la covid recientemente para acceder al puesto de trabajo.
De no hacerlo, serán suspendidos de sueldo y se enfrentarán a hasta 1.500 euros de multa si son pillados trabajando sin estar vacunados. Para ellos ya no será suficiente con mostrar una prueba negativa, como todavía ocurre con los trabajadores más jóvenes.
Lo mismo sucederá para todos los ciudadanos en los lugares donde se requiere este pase covid reforzado –sólo con vacunación o por haber pasado la covid–, como restaurantes, cines, autobuses, trenes, estadios o gimnasios. En estos casos, las sanciones previstas son de hasta 1.000 euros.
Al final los 100 euros sólo afectan a la población mayor de 50 que no trabaja. Pero no llueve nunca a gusto de todos, y mientras desde la izquierda hay quien reclama que se aumenten las cantidades o se multe en más ocasiones, la oposición de ultraderecha de Hermanos de Italia lo condena como una “extorsión del Estado”, en palabras de su líder, Giorgia Meloni, que desde el principio ha guiñado el ojo al voto antivacunas.
Mientras, en Italia sigue vigente la obligación de llevar mascarilla al aire libre y el dispositivo de más protección (Ffp2) en lugares abarrotados como el metro o los cines. También se ha extendido la obligación de vacunación a todo el personal universitario, independientemente de su edad, al igual que al personal escolar, el sanitario y las fuerzas policiales.
Además, en las próximas semanas los no vacunados deberán hacerse una prueba negativa para ir a la peluquería o entrar en un banco. La incidencia nacional se ha doblado en los últimos siete días, con 1.669 casos por cada 100.000 habitantes. En Nápoles los hospitales están en una situación tan crítica que hay médicos que advierten que pronto podría ser necesario establecer un orden de prioridad para curar a los enfermos.
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