MURCIA.- UGT pone en marcha una campaña para conseguir que los fijos discontinuos
que han empezado a cobrar la pensión de jubilación en los últimos
cuatro años reclamen el derecho a que la Seguridad Social no los
penalice por haber tenido contratos a tiempo parcial y puedan cobrar
unos 80 euros más al mes, que suponen el 22% de subida.
El
Tribunal Constitucional ha eliminado esta penalización en una sentencia
y la Seguridad Social ha dejado de aplicarla partir del 12 de agosto,
pero el sindicato sostiene que un fallo del Tribunal de Justicia Europeo
permite su aplicación con efecto retroactivo, lo que permitiría revisar
la paga a unos 3.400 pensionistas de la Región, en su mayoría mujeres,
que se han jubilado en los últimos cuatro años.
Según han informado en rueda de prensa la vicesecretaria general de UGT, Matilde Candel, y la secretaria de Política Social, Eugenia Pérez, la desaparición del coeficiente corrector del 1,5% que se aplicaba hasta ahora en el cálculo de la pensión de los trabajadores con contrato a tiempo parcial supone una diferencia de casi 80 euros mensuales para una paga de 350 euros.
Los 3.400 pensionistas de la Región podrían beneficiarse proceden sobre todo del sector agroalimentario, la hostelería y el comercio.
Al no haberse recogido la retroactividad, que permitiría reclamar a los pensionistas que han empezado a cobrar la paga a partir de 2015, UGT anima a los jubilados a reclamar de forma individual con el propósito de conseguir que «el Gobierno tenga que acabar modificando la legislación».
El problema en este momento es que «no hay un gobierno que pueda tomar esta decisión», indicó Matilde Candel.
A su juicio, es la misma situación que se planteó con «las cláusulas suelo», cuando la Justicia europea obligó a aplicar con efecto retroactivo la revisión de las hipotecas, a pesar de que el Supremo era partidario de que se aplicara solo a los nuevos contratos hipotecarios.
Ante la complejidad del procedimiento, el sindicato va a encargarse de tramitar las reclamaciones a través de la Federación de Pensionistas con el fin de alcanzar el mayor número posible.
El Tribunal Constitucional considera que el coeficiente corrector del 1,5% aplicado hasta ahora por la Seguridad Social, que penalizaba la forma de computar los períodos trabajados a tiempo parcial, establecía una doble discriminación, ya que las bases de cotización que se toman para calcular la pensión son inferiores a las que corresponden a las jornadas a tiempo completo, puesto que se calculan proporcionalmente.
También reconocía que esta norma perjudica especialmente a la mujer, dado que más del 60% de los contratos a tiempo parcial van destinados a trabajadoras de los sectores con mayor presencia femenina.
Sin embargo, Matilde Candel y Eugenia Pérez entienden que «el Constitucional va en contra de la doctrina de la Unión Europea», dado que el Tribunal de Justicia de la UE reconoce la posibilidad de que la desaparición del coeficiente corrector se aplique también a los pensionistas que han jubilado desde el año 2015.
Según han informado en rueda de prensa la vicesecretaria general de UGT, Matilde Candel, y la secretaria de Política Social, Eugenia Pérez, la desaparición del coeficiente corrector del 1,5% que se aplicaba hasta ahora en el cálculo de la pensión de los trabajadores con contrato a tiempo parcial supone una diferencia de casi 80 euros mensuales para una paga de 350 euros.
Los 3.400 pensionistas de la Región podrían beneficiarse proceden sobre todo del sector agroalimentario, la hostelería y el comercio.
Al no haberse recogido la retroactividad, que permitiría reclamar a los pensionistas que han empezado a cobrar la paga a partir de 2015, UGT anima a los jubilados a reclamar de forma individual con el propósito de conseguir que «el Gobierno tenga que acabar modificando la legislación».
El problema en este momento es que «no hay un gobierno que pueda tomar esta decisión», indicó Matilde Candel.
A su juicio, es la misma situación que se planteó con «las cláusulas suelo», cuando la Justicia europea obligó a aplicar con efecto retroactivo la revisión de las hipotecas, a pesar de que el Supremo era partidario de que se aplicara solo a los nuevos contratos hipotecarios.
Ante la complejidad del procedimiento, el sindicato va a encargarse de tramitar las reclamaciones a través de la Federación de Pensionistas con el fin de alcanzar el mayor número posible.
El Tribunal Constitucional considera que el coeficiente corrector del 1,5% aplicado hasta ahora por la Seguridad Social, que penalizaba la forma de computar los períodos trabajados a tiempo parcial, establecía una doble discriminación, ya que las bases de cotización que se toman para calcular la pensión son inferiores a las que corresponden a las jornadas a tiempo completo, puesto que se calculan proporcionalmente.
También reconocía que esta norma perjudica especialmente a la mujer, dado que más del 60% de los contratos a tiempo parcial van destinados a trabajadoras de los sectores con mayor presencia femenina.
Sin embargo, Matilde Candel y Eugenia Pérez entienden que «el Constitucional va en contra de la doctrina de la Unión Europea», dado que el Tribunal de Justicia de la UE reconoce la posibilidad de que la desaparición del coeficiente corrector se aplique también a los pensionistas que han jubilado desde el año 2015.
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