MURCIA.- El colectivo No Te Prives,
junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
(FELGTB) recuerda a las Consejería de Educación, que, según la
legislación actual, los centros educativos de todo el territorio estatal
tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género sin contar con el consentimiento previo de las familias.
La
entidad LGTBI recuerda que la Ley Orgánica para la Mejora de la
Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de
Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del
Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la
Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la
Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, además de
la Ley 8/2016 de 27 de Mayo, establecen la obligatoriedad de que los
poderes públicos adopten medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que
sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno
desarrollo de la personalidad y de la formación en valores.
Así,
declara que la Consejería de Educación tiene, por tanto, la obligación
de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de
sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger
a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de
acceso a información motivada por LGTBIfobia.
Y es que, tal y como
manifiestan, solicitar el consentimiento de las familias para
que elijan la educación que recibe o no el alumnado contraviene el
interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.
Por
este motivo, el colectivo No Te Prives solicita a la Consejería de
Educación de la Región de Murcia que, retire de manera inmediata la
orden de instrucciones de inicio de curso que establece la obligación de
que las familias den su consentimiento para que el alumnado
curse formación en diversidad LGTBI.
Esta
demanda se enmarca en la campaña 'Tienen derecho a saber', iniciativa
de FELGTB a la que se han sumado entidades de distintas Comunidades
Autónomas para exigir de manera simultánea a sus respectivas Consejerías
que cumpla con su obligación de garantizar una correcta educación en
valores.
Además, se trata de una campaña que pretende ofrecer
una herramienta a la ciudadanía para que reivindique sus derechos en
este sentido por lo que invita a la población a sumarse y enviar sus
propias cartas a la Consejería con esta demanda.
Según
Jesús Costa Gómez, "la intención de esta acción es recordar a los
poderes públicos su obligación de cumplir y defender la legislación
actual en materia educativa y disipar las dudas que puedan estar
surgiendo como consecuencia de las campañas sensacionalistas
promovidas por organizaciones y partidos políticos que no comparten los
valores constitucionales, por mucho que los usen por bandera para hablar
de otros temas".
En este
sentido, Jesús Costa Gómez recuerda que "la Educación es un derecho de
los menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en
que sus menores se formen. Igual que el alumnado tiene derecho a
formarse en matemáticas, en inglés o seguridad vial, tiene derecho a formarse en educación afectivo-sexual, familiar y de género".
La aplicación de un 'PIN parental' que
la ultraderecha ha instaurado en nuestra Comunidad y que algunos grupos
afines están promoviendo en distintos puntos de la geografía
española "abre la puerta a que el sistema educativo reconozca también
como válidas otras ideas discriminatorias como el racismo o la
misoginia, u otras corrientes de pensamiento que pueden incluso poner en
riesgo la salud de los menores, como las creencias contrarias a la vacunación".
Además,
explica que el uso del término PIN parental pretende generar una falsa
sensación de protección a las familias. Así, añade que "el PIN parental
real protege a la infancia de contenidos inadecuados cuando navega a
solas por Internet. Sin embargo, este mal llamado "PIN parental" no es
más que un intento de censura que vulnera los derechos de menores
y docentes y anima al incumplimiento de las leyes".
"El alumnado no
necesita un PIN parental para la escuela puesto que el conjunto de
expertos en educación e infancia que conforma la comunidad educativa
vela tanto por su bienestar en el entorno escolar, como por
la conveniencia de los contenidos que estudian a cada edad".
No hay comentarios:
Publicar un comentario