CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario de Vox en la
Región de Murcia iniciará una toma de contactos con el resto de partidos
con el fin de tomar medidas de apoyo para la protección del
silvestrismo, una práctica perseguida por la Unión Europea.
La
diputada de la formación de extrema derecha Mabel Campuzano se ha
reunido con José Ramón Sánchez, secretario de la delegación de Murcia de
la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española (F.O.C.S.E),
que ha puesto de manifiesto "las dificultades que esta tradicional
actividad está encontrando en los últimos tiempos".
La norma europea solo permite la caza de aves silvestres
"con fines investigación, enseñanza, repoblación y reintroducción, así
como para la crianza orientada a dichas acciones".
El silvestrismo
centra su actividad en la captura de ejemplares por su canto, motivo por
el que el Gobierno regional dejó de conceder permisos en 2017.
Sánchez
ha solicitado que, "tal y como ya ha ocurrido en otros países como
Austria o Francia, sea protegida por parte de las instituciones, como
elemento representativo de nuestra cultura".
Campuzano ha indicado que
las dificultades con las que se encuentra el desarrollo del silvestrismo
"se enmarcan dentro del ataque sistemático a nuestras tradiciones
culturales" y que "la defensa de estas forma parte del ADN de Vox".
Europa, a la caza del silvestrismo
Hace escasos meses, la Unión Europea frenó una sanción a España por la caza anual de miles de pájaros cantores.
Bruselas consideró que se había detenido esta práctica por la que se
apresaban, a base de numerosas excepciones administrativas, siete
especies de aves, a pesar de que la ley establece una protección
estricta.
El silvestrismo busca pájaros salvajes por
sus trinos. Aunque la directiva de Aves prohíbe la caza de ejemplares
silvestres, cada año, las comunidades autónomas autorizaban la captura
de decenas de miles: entre 2013 y 2015 los cupos sumaron 900.000
ejemplares, lo que provocó que Europa iniciara el proceso de sanción.
Recientemente,
Andalucía, que también cuenta con un gobierno de derechas, ha aprobado
una proposición no de ley similar impulsada por el PP. La moción
solicita al Gobierno que abogue por esta práctica ante la Unión Europea.
Considera que el fin de las capturas ha dejado en la ilegalidad a
"40.000 españoles", es decir, a los aficionados a cazar jilgueros,
pardillos, verdecillos, pinzones, verderones, canarios y luganos para
alimentar sus coros que luego utilizan en concursos.
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