ALICANTE.- Varios colectivos y entidades de Alicante han recurrido ante la
Autoridad Portuaria el acuerdo de julio que aprobó la modificación de
una concesión y que posibilita la instalación de una planta de combustibles.
Según lamentaron en un comunicado, el recurso de resposición ante el
Puerto llega tras desatenderse las más de 1.300 alegaciones presentadas
contra un proyecto «insostenible» que supone un «retroceso inaceptable» en el proceso de integración puerto-ciudad y «una amenaza para la seguridad y el medio ambiente».
Entre
las entidades firmantes del recurso están las asociaciones de vecinos
Gran Vía Sur Puerto, Sant Gabriel, El Templete de Benalúa o La Voz de La
Florida, así como colectivos como Controversia y varias entidades
supramunicipales como Amigos de los Humedales del Sur de Alicante
(AHSA), el Área de Medio Ambiente y Territorio de Esquerra Unida en
l'Alacantí o los colectivos de ámbito autonómico Democràcia en Verd y la
Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana
CAVE-COVA.
El recurso pretende que se anule el acuerdo de julio y se suspenda su ejecución ante «la posibilidad de perjuicios de imposible o difícil reparación». Todos los recursos presentados se suman al que recientemente ha interpuesto Ecologistas en Acción.
Los
recurrentes denuncian «la opacidad del acuerdo, que ni siquiera ha sido
publicado en su integridad, incumpliéndose la Ley del Procedimiento
Administrativo Común, así como el incumplimiento del convenio firmado a
cinco bandas en 1995 (Ministerio, Generalitat, Ayuntamiento, Autoridad
Portuaria y CLH) para evitar que en el Puerto de Alicante se implantaran
en el futuro nuevas plantas de combustible tras la retirada al Bacarot
de los antiguos depósitos de Campsa».
Los colectivos tachan de «insultante» que la Autoridad Portuaria pretenda equiparar, en la contestación a las alegaciones, la peligrosidad de la macroplanta de combustibles
(110.000 toneladas en su primera fase) con los depósitos de combustible
de una simple estación de servicio situada en la calle Federico Mayo
(250 toneladas como máximo).
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, recalcó que el Puerto ha hecho «lo que tenía que hacer» aunque precisó que no ha autorizado su instalación porque «no tiene competencias».
«Lo que ha hecho el Puerto ha sido tramitar una modificación sustancial de una concesión donde desde cuando se creó se aprobó un plan especial
del Puerto por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat, hace trece
años, donde se aprobó un plan especial que preveía que ahí se podían
establecer depósitos», relató.
Al respecto, el presidente de la
Autoridad Portuaria explicó que el Ayuntamiento de Alicante ha tramitado
durante cinco años el plan especial y que, aseguró, no ha «dado
carpetazo en ningún momento».
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