LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes
en Lorca Gloria Martín ha presentado en la Fiscalía de la Región de
Murcia una denuncia por un posible delito de prevaricación contra la
secretaria de la Consejería de Fomento e Infraestructuras en funciones
de la Región de Murcia, Yolanda Muñoz.
La
denuncia está relacionada con el proceso de justificación de las ayudas
públicas concedidas a los damnificados por los terremotos de Lorca,
porque según Martín hay "indicios" de que Muñoz está dictando órdenes
"injustas y contrarias a la ley".
Martín
ha señalado que su decisión de plantear la denuncia en la Fiscalía
obedece al empeño de Muñoz de "no entrar en razón" e insistir en el
"abuso de su autoridad" a pesar de las múltiples advertencias que han
hecho desde la plataforma de afectados por la devolución de ayudas y
desde su formación política.
La
edil de IU se ha referido a órdenes de la secretaria de Fomento por la
que ésta desestima recursos de reposición planteados por los afectados,
en los que éstos solicitan acogerse a la prescripción del derecho de la
Comunidad de Murcia a exigir el reintegro de las ayudas.
Según
Martín, Muñoz habría desoído el triple dictamen de los servicios
jurídicos del ayuntamiento de Lorca, de la Comunidad y de la Abogacía
del Estado que establecen que el cómputo de cuatro años para la
prescripción se inicia "cuando finaliza el plazo de justificación de las
obras" que tenían los beneficiarios de las ayudas.
La
edil de IU asegura que Muñoz no tiene en cuenta esa fecha, sino que
computa los 12 meses completos que el beneficiario de la ayuda tenía
para afrontar las obras, los agotase o no.
El
criterio defendido por la plataforma de afectados y por las
Administraciones sí está siendo aplicado en las órdenes dictadas por
otros cargos de la Consejería de Fomento pero no por Muñoz, ha
denunciado hoy Gloria Martín.
"Muñoz
no puede aplicar un criterio distinto al de su propio departamento para
determinar los plazos de prescripción", ha defendido la concejala de
IU-Verdes, "y mucho menos cuando éstos son contrarios a la Ley y a los
informes jurídicos de tres administraciones públicas, que además son
conocidos por ella".
La
concejala ha afirmado que el criterio aplicado por Yolanda Muñoz está
suponiendo una judicialización del asunto por parte de los afectados.
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