Aunque nadie esperaba que tanto la Fiscalía como la Abogacía del
Estado se posicionaran este lunes a favor de la libertad provisional de
los presos políticos catalanes, una vez ha finalizado el juicio en el Tribunal Supremo
y a la espera de que se conozca la sentencia, es oportuno releer uno de
sus argumentos públicos: "El riesgo de reiteración delictiva que se
concreta en la actitud de permanente resistencia civil e institucional
frente al orden constitucional, que se ha acreditado especialmente con
la intervención de los acusados al ejercer el derecho a la última
palabra".
Conocemos, así, la valoración del Ministerio Fiscal de dos
cosas.
En primer lugar, como el mismo escrito dice, de los alegatos de los
presos políticos el pasado miércoles durante su turno de exposición en
el Tribunal Supremo en el que varios de los encausados, con una gran
dignidad, expusieron su papel en los hechos de octubre de 2017 y
defendieron con la mirada alta su actuación.
Destacaron en aquella
sesión, sin duda por la potencia del mensaje, las palabras de Jordi Cuixart, quien afirmó sin perder la sonrisa que le caracteriza que "ho tornarem a fer". A todo ello, la Fiscalía le llama reiteración delictiva, expresión también utilizada por la Abogacía del Estado.
En segundo lugar, los escritos son una constatación de que el informe del grupo de trabajo de la ONU,
que califica la prisión provisional de diversos acusados de arbitraria y
pide la puesta en libertad, va a ser papel mojado ya que no hay
voluntad alguna de seguir las directrices y recomendaciones de
organismos internacionales.
El Estado español sigue así encerrado en su burbuja doméstica como también se ha visto en la negativa a conceder las actas de eurodiputados a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín.
Fueron electos si uno se leyó la publicación de los nombres de los
eurodiputados que consiguieron su escaño al Parlamento Europeo en las
elecciones del pasado 26 de mayo, pero después de pasar el típex la Junta Electoral Central eso ya no es así.
En el caso de Puigdemont y Comín es porque si viajaran a Madrid serían detenidos y, en el de Junqueras, porque no se le permite formalizar el trámite en el Congreso de los Diputados y se le impide acceder por motivos torticeros a su acta de europarlamentario.
La interesante partida que juegan Puigdemont y Comín
con el Estado español y que acabará en pocas fechas en la justicia
europea está, a juicio de muchos observadores, enormemente abierta. La
estela de buenos resultados del abogado Gonzalo Boye
en sus reiterados pulsos con la justicia española teniendo Europa como
epicentro de las decisiones otorga, en este caso, expectativas para que
una vez más vuelva a ser así.
Si se diera este caso, el fracaso español
sería rotundo por lo fuerte que ha jugado el Estado y porque el escaño
de eurodiputado logrado por Puigdemont
le conferiría inmunidad parlamentaria, una circunstancia que las
autoridades de Madrid no se quieren ni plantear, ya que además de ser
terriblemente enojosa desarbolaría todos sus discursos.
Dicho en plata,
sería incluso más grave que cuando la justicia alemana puso en libertad a
Puigdemont desoyendo todos los argumentos del Tribunal Supremo y oponiéndose a su entrega por el delito de rebelión.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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