MURCIA.- Los dos investigados en el caso de la Desaladora de Escombreras que
han declarados este miércoles en el Juzgado de Instrucción de Murcia que
tramita la presunta actuación delictiva en su construcción y gestión
han negado que hubiera un plan preconcebido para que la obra, iniciada
con capital privado, fuese financiada finalmente con capital público.
Una
de las dos personas que han prestado declaración ha sido José Manuel
Ferrer, que fue gerente del Ente Público de Agua (EPA), un órgano puesto
en marcha por la Comunidad Autónoma de Murcia y que se considera por la
fiscalía y los investigadores que pudo servir, presuntamente, como
elemento para conseguir una financiación de la desaladora con fondos
públicos.
Como hizo este martes el exconsejero de Agricultura y
Agua Antonio Cerdá al abrir la ronda de declaraciones, Ferrer ha
defendido la legalidad de su actuación y ha dicho que la creación de la
EPA se trataba de coordinar las actuaciones llevadas a cabo por el
ejecutivo regional para un mejor uso de los recursos hídricos
disponibles y la optimización de los mismos.
Y ha añadido que las
gestiones iban dirigidas igualmente a conseguir mayores volúmenes de los
disponibles hasta entonces y que se precisaban incluso para el
abastecimiento a poblaciones. Fue la crisis económica la que, como dijo Cerdá, impidió que muchos de los objetivos que se marcaron se
viesen cumplidos finalmente.
En esta segunda jornada de
declaraciones ha sido interrogado igualmente en la condición de
investigado el letrado Andrés Arnaldos, que fue nombrado secretario
general del Ente en junio de 2007 y, posteriormente, asesor jurídico.
Este
ha defendido, según las mismas fuentes, la legalidad de las actuaciones
llevadas a cabo y que en todo momento se intentó que la desaladora, si
no podía ser rentable, que, al menos, costase lo menos posible a las
arcas comunitarias.
Los interrogatorios a los investigados se
llevan a cabo de forma exhaustiva tanto por la magistrada María del Mar
Azuar como por la fiscal del caso, Maribel Neira, que asumió esa función
recientemente al pasar a la situación de baja por enfermedad el
exfiscal superior del Tribunal Superior de Justicia Manuel López Bernal.
Los
interrogatorios se basan, fundamentalmente, en el contenido de una
causa que cuenta con miles de folios y con unos archivos informáticos
que aportan numerosos datos que se considera de gran interés para tratar
de acreditar si en torno a la Desaladora pudieron cometerse, entre
otros, los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y
falsedad, entre otros.
Las diligencias continuarán la próxima semana con la declaración de representantes de las empresas promotoras de las obras.
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