No caben dilaciones sobre la aplicación inmediata de la condena de 5
años y 10 meses de cárcel a Iñaki Urdangarin que el Tribunal Supremo
acaba de comunicar y que exige su ingreso inmediato en prisión sin
demora ni favor de ningún tipo y menos aún por ser un miembro de la
Familia Real, aunque sus derechos procesales se deben respetar.
Sentencia sin duda trascendente que daña el prestigio de La Corona
por más que la infanta Cristina, cómplice y culpable de todo ello, se
haya librado de la condena penal y se niegue a reconocerlo, a pesar de
que el escándalo provocó la abdicación de su padre el rey Juan Carlos I
que asumió así su responsabilidad.
Bastante hemos visto con la no entrada en prisión de Rosalía Iglesias
(esposa de Bárcenas) a pesar de sus 15 años de condena aunque aún le
queda el recurso del Supremo, como para que alguien imagine alguna
argucia procesal o recurso al Tribunal Constitucional para retrasar el
ingreso en prisión de Urdangarin.
Sobre todo porque en la jurisprudencia del TC no existen precedentes
que, mientras toman una decisión sobre un recurso, dejen en libertad a
un condenado a más de 5 años de cárcel, como es el caso.
La sentencia confirma la responsabilidad civil de la infanta
Cristina, que ya salió bastante beneficiada en la condena penal de la
que fue excluida por la Audiencia de Palma porque por administradora al
50% de Aizoon tenía responsabilidad en la gestión como lo subrayó el
juez José Castro en el periodo de instrucción.
Enfrentándose el juez a fuertes presiones del aparato del Estado y en
especial al lamentable comportamiento del fiscal Pedro Horrach. El que,
a buenas horas, dice que de no haber sido por su inviolabilidad tenía
que haber llamado a declarar al rey Juan Carlos I.
El Monarca Emérito que, indirectamente y a igual que La Corona, sale
tocado de este caso con el que el rey Felipe VI mantuvo una prudente
distancia, y en el que se vieron actuaciones lamentables del Gobierno de
Rajoy y de ‘su’ Fiscalía del Estado (en el tiempo de Torres Dulce) y
también en el Poder Judicial y en el Tribunal que juzgó el caso en la
Audiencia de Palma.
Y no solo en lo relativo a la infanta Cristina sino también a
políticos como Camps, Barberá y Gallardón, a los que se les libró en la
sentencia de la Audiencia Provincial a pesar de los favores
injustificables que desde sus Instituciones se le hicieron a la trama de
Urdangarin y que sin duda ellos conocieron.
Porque ningún colaborador de tan destacados políticos podía tomar
decisiones de ayudas económicas con fondos públicos a un miembro de la
Familia Real, sin concurso público y sin el conocimiento de los máximos
gestores de la Comunidad de Valencia y los ayuntamientos de Valencia y
Madrid, máxime cuando esas peticiones procedían del rey Juan Carlos I
(al que se ha querido proteger) o de su entorno político y familiar.
Regalos económicos e injustificables que se sumaban a otros de las
grandes empresas del Ibex donde Urdangarin también pasó el cazo y que no
quisieron sumarse a la querella evitando una condena mayor.
La sentencia del llamado caso Nóos (un título de corte mayestático
con el que Urdangarin ya anunciaba el color púrpura y oro de su negocio)
es en todo caso importante para España aunque se la ha querido mezclar
en el tiempo con otras sentencias de Gürtel (de Madrid y Valencia) para
difuminar, inútilmente, su impacto social.
Sentencia y caso que debería ser causa y motivo para liquidar todos
los aforamientos políticos en España reduciéndolos a su mínima expresión
y solo para cuestiones concretas, a fin de que nunca vuelva a ocurrir
lo que hemos visto y vivido en el escandaloso caso Nóos.
Lo que, finalmente ha sido descubierto y condenado gracias al valor y
a tenacidad del juez José Castro que califica de ‘benévola’ -y con
razón- la sentencia por la exculpación penal de la Infanta y de
destacados políticos. Aunque la caída de Urdangarin y su esperada e
inminente entrada en la prisión debe ser considerado un triunfo, aunque
incompleto, de la Justicia y en favor del precepto constitucional que
proclama que todos somos iguales ante la Ley. En realidad casi todos
mientras existan excepciones como los aforamientos y la inviabilidad.
(*) Periodista
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