MADRID.- España
encadena varios años de sequía que afecta a todo el país pero que lleva
hasta la asfixia a comunidades como Murcia o Valencia, cuyos regantes
volverán a protestar este miércoles frente al Ministerio de Agricultura
para exigir soluciones. Tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez han
fijado este asunto como prioridad absoluta de la agenda política y PP y
PSOE ultiman estos días sus documentos internos que intercambiarán para
tratar de alcanzar un pacto de Estado sobre el agua antes del verano, tal como revela ABC.
El
objetivo es poner fin a años de disputas entre comunidades autónomas y
procurar un acuerdo global sobre cómo se reparten los recursos hídricos
en un país que se seca. Las lluvias de los últimos días sofocarán algo la situación de sequía pero los embalses siguen sedientos. Hasta tal punto llega la preocupación del presidente del Gobierno por el agua que a diario mira los niveles de los embalses en una aplicación de su teléfono móvil, donde antes consultaba la prima de riesgo de la deuda pública española.
Evitar la polémica
El
PP, según fuentes de la dirección nacional, propone como novedad crear
un Fondo público del Agua que permita conocer las reservas hídricas de
España y orientar en la medida de lo posible una gestión global de este recurso que escasea cada vez más por el cambio climático. El partido apuesta por potenciar las interconexiones de todas las cuencas, es decir, coordinar mejor las posibles transferencias de agua entre comunidades con dos condiciones: que haya un acuerdo bilateral y que se prioricen las necesidades de la cuenca cedente.
Aunque
los populares se cuidan mucho de dejar fuera de su documento cualquier
mención al polémico trasvase del Ebro, que fue caballo de batalla
política y que el PSOE rechaza de plano. También lo es la canalización
Tajo-Segura, que el Gobierno de Castilla-La Mancha, socialista, quiere
culminar porque sufren escasez.
«Nuestra propuesta no habla ni de
trasvase sí, ni de trasvase, no. El PP defiende las transferencias siempre priorizando la cuenca cedente», señalan desde la vicesecretaría de Política autonómica y local que dirigen Javier Arenas y Juan José Matarí.
Génova
cerrará «en diez días» su posición común sobre el agua tras haber
celebrado reuniones entre sus barones y responsables territoriales y el
Ministerio de Agricultura que preside Isabel Tejerina. El más
beligerante para agilizar este acuerdo ha sido el presidente de la
Región de Murcia, Fernando López Miras, que llegó a manifestarse en
diciembre junto a los regantes de su comunidad para exigir medidas al
Ministerio.
Poco antes, López Miras propuso al presidente Rajoy una reforma de la Constitución para incluir un «155 del agua» que garantice la solidaridad entre las comunidades, pero es una idea descartada por el PP.
Otra
de las propuestas que el líder murciano elevó a Génova es la creación
de una autoridad nacional que gestione todos los recursos públicos y que
más allá del Fondo público del Agua tampoco tiene concreción en el documento que el PP llevará al PSOE.
Regulador estatal
Pero López Miras insiste en que hace falta un regulador estatal: «Igual que hay un operador nacional de la energía, pedimos que pueda haber una gestión integral del agua. Igual
que cuando se aprieta el interruptor nadie pregunta de dónde viene la
luz, pedimos que haya un regulador nacional que calcule el agua que hay
en España y se reparta siempre en situación de excedente»,
opina el presidente de Murcia, que se queja de que el déficit hídrico
de su región es estructural y requiere de una planificación y política
completa, sin depender de «parches».
Mientras el PSOE sitúa la desalación como eje central de su política del agua, el PP concibe las desaladoras como un «elemento complementario», que hay que seguir explotando pero teniendo siempre presente que se trata de una fuente insuficiente.
El pacto de Estado fijará como objetivo mejorar la reutilización del agua
(España apenas reutiliza un 8%, aunque en regiones como Murcia roza el
100%). Otra asignatura pendiente son los planes de ahorro y eficiencia
en el uso del agua, de modernización de los regadíos... El PP incluye la
necesidad de culminar los planes de gestión del riesgo de crecidas,
para lo que hará falta desarrollar el sistema nacional de cartografía en
las zonas inundables.
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