ALICANTE.- El Gobierno está abierto a bonificar el peaje de la AP-7 si la Generalitat asume parte del coste, pero a corto plazo no está previsto liberalizar ningún tramo
de la autopista salvo que se dé alguna situación excepcional. Así lo ha
indicado en una respuesta parlamentaria a los diputados del PSOE en el
Congreso por las tres provincias de la Comunidad, entre ellos los
alicantinos Herick Campos y Patricia Blanquer, fechada el pasado 23 de
febrero. En ella, además, vuelve a señalar de manera implícita que la vía seguirá siendo de pago en el futuro, a juicio del diario Información.
Los diputados socialistas por Alicante, Valencia y Castellón habían
preguntado al Gobierno si ha previsto prorrogar la concesión de la AP-7
y, en caso negativo, qué tipo de gestión contempla. Además, querían
saber si se había respondido a las peticiones de la Generalitat para
«establecer un calendario de adecuación de la AP-7 a autovía libre de
peaje», y si antes del final de la concesión se prevé liberalizar algún
tramo.
La respuesta a esta última cuestión es una negativa tajante, excepto que «alguna circunstancia no prevista lo exija». También se reafirma que no se prorrogará la concesión, que vence el 31 de diciembre de 2019.
Sin embargo, parece que el peaje no sólo seguirá sino que ni siquiera
se rebajará, a no ser que medie dinero de la Generalitat.
Y es
que, en su respuesta a los parlamentarios socialistas, el Ejecutivo dice
que «el Ministerio de Fomento está abierto a negociar la implementación
de medidas de bonificación de peaje con la colaboración de las
comunidades autónomas», como ya se hace en otros territorios. Ésa es la
solución que, por ejemplo, se puso en marcha el pasado 1 de diciembre en
la AP-68 a su paso por La Rioja, gracias a la contribución económica
del gobierno regional. Desde entonces, los camiones en tránsito tienen
prohibido circular por la carretera N-232, que discurre en paralelo a la
autopista.
Así, a tenor de lo que dice el Gobierno, podría adoptarse una solución similar en la Comunidad Valenciana con las carreteras N-332 y N-340,
si la Generalitat compensara el coste del peaje de los camiones que se
verían obligados a circular por la AP-7.
Pero mientras tanto ni siquiera
se plantean soluciones provisionales para poder eludir las conflictivas
travesías de la N-332, sobre todo las de Altea y Oliva
-por las cuales preguntaban los parlamentarios de manera específica-,
que lastran las comunicaciones internas en las comarcas de la Marina
Baixa, la Marina Alta y la Safor, así como en la conexión del norte de
Alicante y el sur de Valencia con las dos capitales de provincia.
Acerca
de la continuidad del peaje a partir del 1 de enero de 2020, el
Gobierno vuelve a pronunciarse con la vaguedad expresada ya entre otros
por el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sin decir de
manera explícita que habrá que seguir pagando pero dejándolo ver.
En
concreto, el Ejecutivo señala que cuando caduque la concesión el Estado
«decidirá la forma de explotación de la autopista». Los diputados
socialistas pedían información concreta acerca de si la explotación
privada se sustituiría por otra concesión, si volvería a sacarse a
concurso y si habría algún canon.
Al hilo de estas respuestas,
el diputado Herick Campos lamenta «que el PP quiera mantener un peaje
que lastra la competitividad de la Marina Baixa, la Marina Alta y la
Safor», incluyendo Benidorm, así como de gran parte de la provincia de
Castellón.
A su juicio, ésta es «una nueva muestra de discriminación e
injusticia para con la provincia de Alicante», agravada por el
«abandono» de la N-332. Campos califica de «chiste de mal gusto» que se
condicionen las bonificaciones a la colaboración económica de la
Generalitat.
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