Más de cuatro meses después de las violentas cargas practicadas por la policía española y de las que ni el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,
ni el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, han pedido
perdón ni en público ni en privado a las más de 1.000 personas que
necesitaron atención sanitaria aquel 1 de octubre, un juzgado de
Barcelona ha dado el primer paso para conocer la verdad.
Dos agentes
antidisturbios de la Policía Nacional han sido citados como
investigados, el juez ha solicitado las comunicaciones entre el centro
de control y los mandos de los antidisturbios y el coordinador del
dispositivo policial, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha sido
citado como testigo.
Es el primer paso para cauterizar el falso relato que ajeno a la
verdad se ha tratado de propagar: la violencia estuvo en los
manifestantes y la policía no tuvo más remedio que actuar ante la
obstrucción manifiesta a realizar su trabajo. Es muy posible que el
trabajo del juzgado número 7 de Barcelona quede
interrumpido en algún momento por instancias judiciales superiores que
consideren que el caso ya está siendo instruido por la Audiencia
Nacional o por el Tribunal Supremo.
Pero el hecho de que se hayan
presentado en este juzgado más de doscientas denuncias de heridos en las
cargas del 1 de octubre es un material suficiente para que se puedan
abordar individualizadamente cada uno de los graves sucesos que se
produjeron y sobre los que hay material fotográfico y vídeos
suficientes.
El tiempo transcurrido desde el 1-O quizás ayuda a tener una
perspectiva más ajustada de lo que en aquella negra jornada sucedió. La
manera como se ha negado la realidad de la violencia policial no ha
hecho sino reforzar la idea de que el sólido pacto entre PP, PSOE y Cs
también llevaba aparejado cerrar filas ante la gravedad de los hechos y
negarse a cualquier investigación independiente.
Ni la crítica
internacional de políticos, instituciones y entidades, ni el papel
jugado por los medios de comunicación de todo el mundo en la propagación
de unas imágenes inaceptables en cualquier democracia, de la policía
apaleando a ciudadanos que querían votar, había conseguido traspasar el
muro de la justicia.
Los ciudadanos que defendieron el derecho a votar merecen una
explicación. Los heridos que padecieron la violencia policial merecen
una explicación. Los que criticaron desde cualquier lugar la violencia
policial merecen una explicación.
La defensa de la verdad y llegar hasta el final en su búsqueda, a
veces no es ni fácil ni cómoda. Quizás por eso tan solo ya es una buena
noticia.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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